El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre la crisis que enfrenta el país tras la suspensión del proceso de elecciones judiciales, una medida que pone en peligro el derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales.

El proceso, a poco más de un mes de su realización, quedó en suspenso tras un fallo emitido por la Sala Constitucional de Pando, que declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esta decisión surge por presuntos incumplimientos en los criterios de equidad de género, plurinacionalidad y representación territorial en la conformación de las listas de candidatos.

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Riesgo

Callisaya, a través de sus redes sociales, expresó su preocupación por lo que calificó como un “riesgo de paralización del proceso electoral judicial”. La autoridad defensorial destacó que este estancamiento profundiza la “fragilidad institucional democrática” del país y advirtió sobre las consecuencias de la prolongación indefinida de los actuales mandatos judiciales.

“El derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades no debe ser limitado”, enfatizó Callisaya. Además, señaló que la falta de renovación de las autoridades judiciales podría conducir a “salidas no democráticas” si no se actúa con responsabilidad y celeridad.

Fallos

El fallo de la Sala Constitucional de Pando se produjo tras el recurso presentado por María Esther Caero, candidata al TSJ por ese departamento. Caero argumentó que las listas de postulantes no cumplieron con los requisitos establecidos, lo que llevó a la anulación de la convocatoria no solo en Pando, sino en todo el país.

Simultáneamente, otro fallo en el departamento de Beni también ha impactado en el proceso electoral. Hugo Vargas, exaspirante al TSJ por ese departamento, presentó un amparo constitucional tras ser inhabilitado; afirmó haber obtenido un alto puntaje en su postulación. Durante la audiencia, el juez Charles Mejía denunció un intento de amedrentamiento por parte de la Policía.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había advertido sobre el riesgo de parálisis en el proceso electoral judicial. Además, existen al menos tres amparos constitucionales adicionales en curso que podrían poner en mayor peligro los comicios programados para el 1 de diciembre.

El Defensor del Pueblo cerró su pronunciamiento subrayando la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez. Pidió que envíen un “mensaje claro y correcto” a la población, para evitar una crisis de confianza en las instituciones democráticas del país.

Tras los fallos que paralizaron las elecciones judiciales, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, consideró que las resoluciones emanadas por las salas constitucionales de Beni y Pando son un “golpe a la democracia”. 

“Consideramos que este es un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años, quien habla está ligado a procesos electorales en los últimos 10 años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas».

«Nos preocupa de sobremanera el hecho de que no se dé seguridad jurídica al trabajo que realiza el Órgano Electoral, tanto a los electores como también a los candidatos”, indicó Vargas en conferencia de prensa.

Añadió que no se quisiera “entender” que este es un “golpe judicial” a la ejecución de los procesos electorales. “Esperamos que quienes van a revisar estos fallos puedan actuar precautelando ese derecho que tienen las bolivianas y los bolivianos a decidir, a ir a las urnas este primero de diciembre”.

Demanda

La autoridad demandó a quienes van a revisar estos fallos o vayan a resolver las medidas cautelares que se interponga, se apeguen al principio de partición de decidir el voto de quienes deben estar en los cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y “no sigamos teniendo autoridades que están ejerciendo más allá del mandato constitucional”.

La tarde de este martes, la Sala Constitucional de Pando y la Sala Constitucional Primera de Beni, determinaron, por separado, declarar desierta la elección de magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los fallos surgen a raíz de dos amparos constitucionales presentados por expostulantes a magistrados del TSJ, quienes consideran que se vulneraron sus derechos.

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En el caso de Pando, la abogada María Esther Caero hizo un reclamo en el sentido de que fue excluida de la lista de candidatos por otras dos postulantes que no cumplieron con la calificación mínima de 130 puntos. Además, que se habilitó a Silvia Clara Zurita, sin que ella residiera en la ciudad de Cobija, sino en Cochabamba.

Accionante

En el caso de Beni, el abogado Hugo Vargas, postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Beni, reclamó que fue inhabilitado, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

Vargas indicó que el miércoles el TSE tendrá una sesión de sala plena para analizar los alcances y se asumirá un pronunciamiento como Órgano Electoral. “Entendemos que la decisión sería de paralizar la elección del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional más no así del Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM), sin embargo, esto va a ser analizado por sala plena el día de mañana”.

Ante la cuestionaste de si se “podría” paralizar las elecciones judiciales, dijo que se esperará los informes del equipo jurídico para sumir las acciones legales que correspondan.

Indicó que una acción con “probabilidad es asumir una medida cautelar y pedir al Tribunal Constitucional que pueda de manera inmediata revisar estos fallos, a objeto de dar la seguridad jurídica a la ejecución de los procesos electorales”.

Proceso

Agregó que ambos fallos no “afectarían” a la elección del Tribunal Agroambiental (TA) ni del Consejo de la Magistratura (CM), empero, aclaró que se hará un análisis en la sala plena si corresponde continuar con el proceso electoral para estas dos instancias o “alguna” otra acción que corresponda.

Sobre la acción constitucional y la audiencia de Pando, aclaró que no estaban enterados y no se los había notificado, mucho menos la decisión que se habría tomado. «Nos llama poderosamente la atención, que no hubiéramos sido notificados, que no hubiéramos conocido de esta audiencia».

La Sala Constitucional Primera de Beni declaró este martes desierta la convocatoria para las elecciones judiciales e instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que remita las observaciones a la Asamblea Legislativa para que retire a los candidatos que incumplieron los requisitos meritocráticos y subsanen las listas.

«Al evidenciarse la ausencia de equidad, género, idoneidad, meritocracia y participación originaria indígena campesina, tanto en las listas del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a los departamentos; se debe establecer la declaratoria de desierta las convocatorias a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional ante el incumplimiento de las exigencias constitucionales de género y representación plural, así como el de representación departamental y el número de dichos tribunales» (sic), señala parte de la resolución de la Sala Constitucional.

Asimismo, se ordena al Tribunal Supremo Electoral la remisión a la Asamblea Legislativa de todas las listas de candidatos a efecto «de que si consideran pertinente puedan ser subsanadas, respetando todos los parámetros establecidos en la presente resolución».

Accionante

Hugo Vargas, expostulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por el departamento de Beni, presentó un amparo constitucional en una sala constitucional de Beni, debido a que fue inhabilitado, pese a que; según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

En el proceso de la audiencia, el vocal constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni (DTB), Charles Mejía, denunció este martes un intento de amedrentamiento por parte de la Policía y del Ministerio de Gobierno, luego que los uniformados rodearan la sede judicial mientras se realizaba una acción de amparo constitucional contra las elecciones judiciales. 

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“Como verán estamos rodeados de policías. Nos quieren aprehender por ejercer la función jurisdiccional. Estamos llevando un amparo constitucional que resuelve las elecciones judiciales y nos vemos sorprendido con la presencia de más de 30 efectivos policiales que pretenden aprehendernos y privarnos de la libertad en una clara injerencia a la actividad del juez”, denunció Mejía.

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya advertían de un riesgo al proceso electoral judicial, no solo con este amparo, sino otros tres en curso.

Fallo

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Sotelo, informó este martes que la sala constitucional de Pando concedió la tutela a una accionante en el que se dispuso declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo para ese departamento, sino a nivel nacional.

El proceso judicial está en vilo, pese a que ya cumplieron con varias actividades del calendario electoral para los comicios fijados para el 1 de diciembre.

Incluso, se hizo la presentación de las 10 boletas de sufragio que se entregarán a los ciudadanos para elegir a las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, Jorge Sotelo, confirmó este martes que una sala constitucional de aquella región dispuso declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo para ese departamento, sino a nivel nacional luego que se diera curso a la acción de amparo constitucional presentado por María Esther Caero.

Sotelo informó que la mañana de este martes se llevó a cabo una audiencia en la sala constitucional donde se conoció la acción de amparo constitucional iniciado por la abogada Caero, quien sería candidata mujer por el TSJ del departamento de Pando.

De acuerdo con el presidente del TDJ de Pando, el reclamo que realizó la accionante fue en el sentido que fue excluida de las listas, además que habilitaron a la abogada Silvia Clara Zurita, pero que ella no residiría en la ciudad de Cobija, sino en Cochabamba. 

“Ese fue uno de los aspectos y otro, el que puedan ser excluidas otras candidatas del Tribunal Supremo de Justicia, Eva Romero y Silvia Mercado, en sentido de que ellas no hubieran cumplido con la calificación de 130 puntos. Esto fundamentalmente establecido en el artículo 37 de la Ley Transitoria para Elecciones Judiciales del 6 de febrero del 2024, la ley 1549”.

Explicó que luego de haber convocado a Caero y las otras tres interesadas se dispuso en la parte resolutiva: “aplicar el artículo 37, en sentido fundamentalmente, lo que se ha podido comprender que la demanda ha sido dirigida fundamentalmente contra la Asamblea Legislativa mediante el vicepresidente del Estado, (David Choquehuanca), y también contra la comisión que ha llevado adelante esta preselección”.

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Añadió que en la parte dispositiva también “se ha dispuesto en aplicar esta ley. Primero en el caso de Silvia Zurita, (porque) no cumpliría con el requisito de residencia y en el caso de estas dos abogadas (Romero y Mercado), no hubieran cumplido con la calificación de los 130 puntos. Como segunda disposición ha dispuesto la exclusión de estas tres personas, la primera por no ser residente de la ciudad de Cobija, Pando y las dos por no cumplir el artículo 130”.

Además, señaló que el artículo 37 establecería que en caso de que no se cumplan los 130 puntos, en su defecto “debería” tenerse excepcionalmente otro tipo de representación indígena originario y esto tomando en cuenta los postulantes a nivel nacional.

“También se ha dispuesto declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no solamente para el departamento de Pando, sino a nivel nacional. Esta resolución desde luego va a ser remitida, entiendo que se está transcribiendo, se está realizando la resolución, va a ser notificada y seguramente habrá posiblemente las solicitudes de complementación y enmienda y será remitida al Tribunal Constitucional para fines de revisión”.

El vocal constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni (DTB), Charles Mejía, denunció este martes un intento de amedrentamiento por parte de la Policía y del Ministerio de Gobierno, luego que los uniformados rodearan la sede judicial mientras se realizaba una acción de amparo constitucional contra las elecciones judiciales. 

“Como verán estamos rodeados de policías. Nos quieren aprehender por ejercer la función jurisdiccional. Estamos llevando un amparo constitucional que resuelve las elecciones judiciales y nos vemos sorprendido con la presencia de más de 30 efectivos policiales que pretenden aprehendernos y privarnos de la libertad en una clara injerencia a la actividad del juez”, denunció Mejía.

La autoridad dijo que no se puede permitir esta situación, ya que no se está en “una dictadura”. Reiteró que no puede interferir la Policía, el Ministerio Público y el Ministerio Público las decisiones de un tribunal de garantías.

“Es lamentable que en la propia casa de justicia se pretenda amedrentar a un juez. Tenemos la grabación de una llamada que nos hizo el ministro de Gobierno, (Eduardo del Castillo), tenemos el video que nos dijo que por órdenes del fiscal departamental estaban aquí presentes para aprehendernos”.

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Hugo Vargas, expostulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Beni, presento un amparo constitucional en una sala constitucional de Beni.

El profesional accionante fue inhabilitado en la preselección, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

Los vocales del TSE advirtieron de un riesgo al proceso electoral judicial, no solo con este amparo, sino otros tres en curso. De manera extraoficial se conoció que una sala constitucional concedió la tutela a una accionante en Pando que también había paralizado las judiciales.

El proceso judicial está en vilo, pese a que ya cumplieron con varias actividades del calendario electoral para los comicios fijados para el 1 de diciembre. Incluso, se hizo la presentación de las 10 boletas de sufragio que se entregarán a los ciudadanos para elegir a las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial.