Marco Antonio Pumari, exdirigente cívico de Potosí, denunció este lunes que ya pasaron tres años de un secuestro “cobarde” perpetrado por aquellos que se creen que “su cargo será eterno”. Sin embargo, señaló que ha decidido continuar “de pie” más allá de la adversidad porque “más grande” es el amor por sus hijos y la patria.

“Ya pasaron tres años desde que llegaron más de dos mil policías a mi tierra para secuéstrame, tres años fuera de mi hogar, tres años de un secuestro cobarde perpetrado por aquellos que creen que su cargo es eterno”, señala parte de una carta manuscrita por Pumari desde la cárcel de Cantumarca de Potosí.

Añadió que estos tres años “no significan nada” en comparación con el sufrimiento del pueblo por la “irracionalidad” de un gobierno que no comprende que Bolivia necesita paz y reconciliación para salir de esta crisis que el propio “masismo ocasionó”.

“Se equivocaron mis verdugos, no estoy derrotado. Estoy más fuerte y preparado para seguir luchando por mi tierra y por toda nuestra Bolivia, porque son tres años que fortalecieron mis principios, convicciones y mis ideales”.

Atropellos

Dijo que el miedo que le tienen y por el cual está secuestrado, se expone en “todos los atropellos que le hacen”. Enfatizó que no les guarda rencor y, “más aún”, pide a Dios que les perdone por “todo el daño que están ocasionando”.

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Demandó a sus “verdugos” que “recapaciten, (porque) están a tiempo (y) dejen de hacer sufrir al pueblo, porque ningún partido político es dueño” del país y menos de “nuestras vidas”.

En el documento, Pumari recordó que en la crisis de 2019 “todas” las regiones se unieron para luchar en contra de “aquel enfermo de poder” y que hoy el mismo gobierno le llama “criminal, pedófilo y delincuente confeso”.

A ello, añadió que la “cobardía” al no detenerlo demuestra que es un gobierno “débil”, pero “abusivo y tiránico” con el pueblo que se atiene a una justicia “corrupta” que encarcela a los inocentes y deja libras a los “verdaderos delincuentes.”

Llamado a la unidad

Pumari además convocó a la unidad, a la reconciliación del pueblo e indicó que la confrontación a la que quieren llevarnos los gobernantes debe parar. Pidió no ser “irresponsables” en heredar a “nuestros hijos un país sin identidad y en ruinas”.

“Desde mi encierro buscaré la unidad y la reconciliación de nuestro pueblo, generando una propuesta nacional donde no tenga lugar el odio, la venganza”.

El excívico de Potosí fue aprehendido el 9 de diciembre de 2021 por los delitos de destrucción y deterioro de bienes públicos cuando una turba incendió las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, en octubre de 2019, tras las elecciones generales de ese año.

Desde entonces guarda detención preventiva en el penal de Cantumarca y enfrenta un proceso penal por este caso.

El expresidente Evo Morales calificó de “gasto innecesario” el avión presidencial que compró en 2010 y criticó los recursos asignados para su uso en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“El Presupuesto General del Estado que el gobierno quiere imponer por decreto, no solo incluye gastos innecesarios como el del avión presidencial, sino castiga a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como el de los jubilados”, cuestionó el exmandatario en una publicación en sus redes sociales.

Por esa publicación, Morales fue criticado en redes sociales, debido a que fue Morales quien realizó la compra de esa aeronave (FAB-001 Falcon Dessault 900, de fabricación francesa). cuando era Presidente del Estado, en julio de 2010. Entonces esa compra significó un gasto para Bolivia de $us 38,7 millones y fue duramente criticado por la oposición, que calificó como un “lujo innecesario” del exmandatario.

Evo Morales

Luego de una lluvia de críticas por esa compra, Morales dijo que no se trata de un lujo, sino de “una herramienta de trabajo”.

El Proyecto de Ley del PGE 2025, contempla un gasto destinado al avión presidencial de unos Bs 38 millones. Eso destapó una serie de críticas respecto de los recursos previsto para la siguiente gestión.

Primero, el diputado de la opositora Comunidad de Ciudadana (CC) Alejandro Reyes consideró que es evidencia de que se pretende seguir “solventando lujos”.

Entretanto, el senador evista Félix Ajpi afirmó que el Gobierno debe presentar la “justificación” para los recursos que se destinan para cada ítem.

Avión presidencial

“Hay miles de personas que apenas sobreviven con rentas que no superan los 1.000 bolivianos, sin embargo, se les pretende arrebatar la Renta Dignidad de Bs 350 de una manera injusta, convirtiendo este beneficio en marginal y no universal”, agregó Morales en su publicación.

Finalmente, Morales consideró que la Asamblea Legislativa “tiene la misión de rechazar este nuevo atentado contra los más pobres y humildes del país”.

Hay expectativa por el PGE 2025. La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aporbó el poryecto de ley y remitió la norma para su análisis en el pleno camaral. Luego de eso, en caso de tener la luz verde de la Cámara Baja, debe el documento debe ser remitido al Senado.

De no aprobarse en la Asamblea Legislativa, el PGE entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2025.

Con un acto conmemorativo, en la Plaza 25 de Mayo, frente al monumento a Antonio José de Sucre, el departamento de Chuquisaca llevó a cabo un acto solemne para conmemorar los 200 años de la Batalla de Ayacucho.

El evento reunió a autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de representantes de diversas instituciones, quienes participaron en la tradicional entrega de ofrendas florales.

El Secretario General de Coordinación del Gobierno Departamental, Germán Yucra Serrudo, en representación del gobernador Damián Condori Herrera, lideró la ceremonia. En su intervención, destacó la relevancia histórica de la Batalla de Ayacucho como un momento clave en la consolidación de la independencia latinoamericana.

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La actividad forma parte de las iniciativas conmemorativas previas al Bicentenario de Bolivia, enfatizando el reconocimiento del legado del Mariscal Sucre. Las autoridades participantes señalaron que la gesta de Ayacucho es un símbolo de inspiración para trabajar por el progreso y bienestar del país.

La Gobernación de Chuquisaca infirmó que continuará desarrollando actividades conmemorativas, destacando el papel del departamento como cuna de la libertad en este importante periodo de la historia boliviana.

El expresidente Carlos Mesa consideró que la polarización es el principal problema de la democracia en el país.

“El principal problema es la polarización. Es la lógica de que en la sociedad hay dos posturas posibles solamente y que esas dos posturas son antagónicas y no se pueden compatibilizar en ningún caso”, dijo el exmandatario en entrevista con el diario paraguayo Última Hora.

El exmandatario se refirió así a la coyuntura política que atraviesa el país.

En su criterio, dicha “polarización” se debe a la “lógica de amigo-enemigo, estás conmigo o no”, que atribuyó al también expresidente Evo Morales.

Carlos Mesa

Asimismo, “debe ser rota porque, de lo contrario, se van a profundizar las brechas de carácter étnico, regional y de carácter económico”.

Según dijo el exjefe de Estado, esa situación “debe ser rota porque, de lo contrario, se van a profundizar las brechas de carácter étnico, regional y de carácter económico”.

“La palabra ‘pacto’ no es negativa, y la construcción de horizontes comunes entre posiciones distintas es posible, aunque depende del contexto de cada país”, consideró.

En el caso de Bolivia, calificó de “complicada” la situación, “ya que el fracaso del modelo económico, político y social propuesto por el mal llamado proceso de cambio está llevando al país a un punto de desastre nacional que no hemos visto en décadas”.

«Polarización»

En los hechos, la situación política en el país “se ha complicado” con el movimiento electoral hacia las elecciones presidenciales de 20525.

La diferencia entre oficialismo y oposición crecieron, pero, además, lo “fuerte” de la arena política se vivió con la pelea interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en el que ya no preside Morales, aunque busca una alternativa para ser candidato en las elecciones de 2025.

En cambio, la oposición aún no define su situación. Incluso, la anterior semana, el mismo Mesa dijo que está dispuesto a dar un paso al costado en su candidatura; eso con el objetivo de “unificar” al bloque y “vencer” en urnas al MAS.

En el marco de las elecciones judiciales del 15 de diciembre, Ruth Pontejo, presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, recordó las sanciones para aquellos candidatos que incumplan las normativas de propaganda electoral.

En entrevista con La Razón Radio, ratificó que, en estas elecciones, existe la estricta prohibición de realizar campañas electorales, limitándose únicamente a la difusión de méritos bajo supervisión del Órgano Electoral.

“El proceso electoral judicial no permite propaganda ni campaña electoral; esto es exclusivo del Órgano Electoral mediante la difusión de méritos”, explicó.

Aseguró que su despacho hace constante monitoreo para aplicar sanciones a los candidatos que violan esta disposición. Según la presidenta, los tribunales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuentan con equipos técnicos que monitorean posibles infracciones, ya sea de oficio o por denuncias presentadas por la ciudadanía.

Inhabilitaciones por campañas irregulares

Pontejo aseguró que los casos comprobados de propaganda no autorizada resultan en la inhabilitación de los candidatos involucrados. Este proceso implica una revisión inicial en los tribunales electorales departamentales, cuyos resultados son evaluados posteriormente por el TSE. 

“Estamos sustanciando procesos para declarar probadas o improbadas las inhabilitaciones. Es fundamental que los candidatos cumplan con las normas, porque cualquier infracción acarrea sanciones graves”, afirmó.

En algunos departamentos se han evidenciado presuntas campañas en La Paz y Oruro, donde vehículos y pancartas promovían abiertamente a ciertos postulantes. Al respecto, Pontejo indicó que estas actividades son monitoreadas por los equipos técnicos y, de ser necesario, se coordina con la Policía para retirar cualquier propaganda.

“Estas irregularidades no solo afectan el principio de igualdad entre candidatos, sino que también distorsionan la naturaleza del proceso”, puntualizó.

En las elecciones judiciales parciales del domingo serán elegidos 19 de 26 autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y del Consejo de la Magistratura.

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