Nacional

domingo 25 jul 2021 | Actualizado a 18:12

Con una misa y una marcha, familiares de los caídos en Senkata piden justicia

Este jueves se recuerda un año de la “masacre” en la zona de El Alto, por el operativo de militares y policías que dejó 10 fallecidos.

Fotos: ABI. Videos: Álvaro Valero

/ 19 de noviembre de 2020 / 11:31

A un año de la “masacre” de Senkata, en El Alto, en la que fallecieron 10 personas por el operativo militar y policial para bajar combustible de la planta de YPFB a la ciudad de La Paz, familiares de las víctimas organizaron una misa y una marcha en la que demandaron justicia.

“Pedimos una verdadera justicia, no puede haber paz si no hay salud para los heridos, libertad para los detenidos y perseguidos; exigimos atención para las viudas, educación para los huérfanos, estamos cansados de jueces y fiscales que operen como veleta de acuerdo con el viento del poder del tiempo”, dijo el cura en su sermón.

Autoridades y activistas por los derechos humanos acompañaron la ceremonia litúrgica. En el acto, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, culpó al Ministerio Público de la impunidad imperante en las investigaciones por los fallecimientos ocurridos en los conflictos del año pasado, entre ellos los 20 ocurridos en las “masacres” de Senkata y Sacaba (Cochabamba).

El 19 de noviembre de 2019, Senkata fue el objetivo de un operativo conjunto bajo el paraguas de un decreto firmado por la entonces presidenta transitoria Jeanine Áñez y su gabinete, que libraba de responsabilidades a los militares en medio del clima de protestas después de la renuncia obligada del presidente Evo Morales.

La anterior Asamblea Legislativa sugirió al Ministerio Público un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus colaboradores. Este jueves, familiares de los muertos recorrieron calles de El Alto exigiendo justicia.

Los fallecidos por la intervención fueron los siguientes:

-Devi Posto Cusi, de 31 años.

-Pedro Quisbert Mamani, de 37 años.

-Edwin Jamachi Paniagua, de 31 años.

-Joel Colque Patty, de 22 años.

-Juan José Tenorio Mamani, de 22 años.

-Antonio Ronald Quispe Ticona, de 24 años.

-Clemente Eloy Mamani Santander, de 24 años.

-Milton David Zenteno Gironda, de 22 años.

-Rudy Cristhian Vásquez Condori, de 23 años, quien producto de las heridas sufridas en los enfrentamientos, falleció el 20 de noviembre.

-Calixto Huanaco Aguilar, falleció producto de los hechos de violencia. Estaba hospitalizado en la UTI del Hospital de Villa Dolores, su deceso se produjo al mediodía del 27 de noviembre.

(19/11/2020)

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El secretario del GIEI ratifica que su informe incluirá un plan de investigación y de reparación

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó en Twitter que, tal como establece el acuerdo, “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

Operativo militar-policial en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019.

/ 24 de julio de 2021 / 12:08

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó al gobierno de Luis Arce, el viernes, el “borrador” de su informe sobre la crisis y la violencia entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, y ratificó que incluirá un plan de investigación y otro de reparación para las víctimas.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron a La Razón que el documento fue entregado a la misión de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce. Ahora, el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó este sábado en Twitter que: “El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas”.

“Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”, complementó. “Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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El Gobierno ya recibió en Washington el ‘borrador’ del informe del GIEI y ahora tiene 10 días para su revisión

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), al mando del embajador Héctor Arce, recibió el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis y violencia de entre septiembre y diciembre de 2019.

Los miembros del GIEI-Bolivia que investiga los hechos violentos de 2019. Foto: Álvaro Valero

/ 24 de julio de 2021 / 10:03

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce, recibió ya el “borrador” del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó con el Gobierno boliviano la llegada de este equipo a Bolivia para averiguar los conflictos y la violencia de entre septiembre y diciembre de 2019, confirmaron la entrega.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, también informó este sábado sobre la entrega, mediante su cuenta de Twitter: «El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos» (sic)

«Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo'», complementó. «Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019», finalizó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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El censo se realizará el 16 de noviembre de 2022 y Arce promulga decreto que lo declara prioridad nacional

El Presidente hizo el anuncio mediante su cuenta de Twitter, y garantizó los recursos y el respaldo institucional para se lleve a cabo el censo de población y vivienda.

/ 21 de julio de 2021 / 11:04

El presidente Luis Arce informó sobre la promulgación de un decreto que declara prioridad nacional al censo de población y vivienda, garantizando los recursos para que se lleve a cabo el 16 de noviembre de 2022.  

“Hoy en Gabinete aprobamos el Decreto Supremo que declara prioridad nacional el Censo de Población y Vivienda 2022. Nuestro Gobierno, como comprometió garantiza el financiamiento y respaldo institucional para realizar el Censo Nacional en noviembre 2022”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, en conferencia de prensa, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, confirmó que el censo se realizará el 16 de noviembre del siguiente año.

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Bolivia se solidariza con China por las inundaciones que azotan a Zhengzhou

Las lluvias provocaron hasta el momento el fallecimiento de 25 personas y casi 200.000 evacuados por la situación de emergencia.

Foto: AFP

/ 21 de julio de 2021 / 10:39

Mediante un comunicado, la Cancillería expresó su solidaridad a China por las lluvias e inundaciones que azotan a la ciudad de Zhengzhou, donde hasta el momento se reportaron 25 fallecidos y casi 200.000 evacuados por la situación de emergencia.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia a nombre del Gobierno y pueblo boliviano expresa su profunda solidaridad con el hermano pueblo de la República Popular China por las fuertes lluvias e intensas inundaciones que afectaron la ciudad de Zhengzhou, capital de la provincia Henan, provocando la evacuación de alrededor de 100.000 personas y dejando a cientos atrapados en estaciones de metro, escuelas y oficinas, así como víctimas mortales en aumento”.

El documento añade que Bolivia “se adhiere al sentimiento de dolor que embarga a las familias afectadas, a quienes expresa sus condolencias por las irreparables pérdidas humanas y hace votos por la pronta recuperación de los heridos”.

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La trama en Argentina para el envío de munición a Bolivia comenzó el 7 de noviembre

Ese día se cambió la regulación para la salida de materiales controlados de ese país, según la denuncia presentada el lunes contra el expresidente Mauricio Macri, tres de sus exministros, un exembajador, dos exdirectores y tres gendarmes.

El expresidente Mauricio Macri y la exministra Patricia Bullrich. Foto: lanacion.com.ar

/ 13 de julio de 2021 / 09:52

Instalada la denuncia penal contra el expresidente argentino Mauricio Macri y nueve excolaboradores, el gobierno de Alberto Fernández señala que la trama para el envío irregular de pertrechos a Bolivia comenzó el 7 de noviembre de 2019, cuando se cambió la regulación para la salida de materiales controlados, o sea, tres días antes de la renuncia de Evo Morales en Bolivia y a cinco de la autoproclamación de Jeanine Áñez.

“Los denunciantes afirman que todo el operativo para llevar adelante ese respaldo a los golpistas comenzó el 7 de noviembre de 2019 cuando el entonces director de ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), Eugenio Cozzi, modificó la regulación de la salida definitiva o temporaria del país de materiales controlados. Esa decisión administrativa que flexibiliza los requisitos para las salidas temporarias de armamentos termina por eliminar las exigencias de informar a la aduana”, publica Página 12.

El escándalo explotó la anterior semana, cuando se reveló una carta de agradecimiento del 13 de noviembre de ese año, de Jorge Terceros, entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), para el entonces embajador argentino Normando Álvarez, por la provisión de “material bélico”. Álvarez negó haber recibido la misiva, cuya copia fue encontrada por su sucesor, Ariel Basteiro, y fue confirmada en los archivos de la FAB.

Todo esto sucedió en medio del derrocamiento de Morales, quien dimitió a la presidencia el 10 de noviembre, asfixiado por protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, además de un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude en las elecciones generales de ese año, que precisamente había ganado el jefe del MAS sin necesidad de ir a un balotaje.

El presidente argentino Fernández pidió disculpas a su par de Bolivia, Luis Arce. “Sentí mucha vergüenza porque Argentina haya prestado armamento y gases para reprimir a un pueblo que se estaba oponiendo a un golpe de Estado… Está certificado por documentación argentina que del país salieron 70.000 balas de goma para Bolivia en un vuelo del 12 de noviembre. ¿Sobre eso yo qué puedo explicar? No puedo explicar nada porque lo hicieron durante la gestión anterior (de Macri)”, afirmó el lunes a Radio 10.

Fernández fue protagonista en la partida de Morales de Bolivia, el 11 de noviembre, luego de una odisea por el “bloqueo” al avión de México que lo debía recoger desde el Chapare, su bastión en Cochabamba. Incluso el presidente argentino reveló que Macri se opuso a dar refugio al boliviano. “Macri me dijo que traer a Evo Morales era traer un problema de Bolivia a la Argentina. Me avergonzaba escucharlo pidiéndome que reconociera el mandato de Jeanine Áñez. Argentina tiene una historia trágica con los golpes de Estado”.

En Bolivia se develó que apenas posesionada en su cargo, con el apoyo de reuniones extralegislativas que ahora son investigadas, Áñez y su gobierno activaron la alerta por la falta de material antidisturbios para hacer frente a las protestas por la renuncia de Morales. Ello derivó en que incluso se gestione un “préstamo” de Ecuador, entonces al mando de Lenín Moreno, lo que también es indagado por una denuncia en ese país.

Se apunta al “contrabando” del material desde Argentina, sobre todo los 70.000 cartuchos antidisturbios, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de gas. La denuncia presentada por el gobierno de Fernández incluye a Macri, los exministros Patricia Bullrich (Seguridad), Óscar Aguad (Defensa) y Jorge Faurie (Cancillería), además del exembajador Álvarez, dos exdirectores (entre ellos Cozzi) y tres miembros de Gendarmería que enviaron a Bolivia al grupo de élite Alacrán, vuelo en el que llegó el armamento antidisturbios.

Según la denuncia penal, todos participaron de “un hecho delictivo (que) consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”. En Bolivia, el vocero presidencial, Jorge Richter, adelantó que la Fiscalía seguramente se pondrá manos a la obra en una investigación.

Macri rechazó las acusaciones el reciente fin de semana, mediante redes sociales. “Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y, al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza’ sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme. En un solo acto Alberto Fernández logró devaluar su palabra y su firma”.

La expresidenta boliviana Áñez se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz, por el caso Golpe de Estado que fue abierto por la exdiputada Lidia Patty, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), para investigar el derrocamiento de Morales. El 15 y 19 de noviembre de 2019, bajo el paraguas de polémico decreto de Áñez que dio inmunidad penal a los militares, en medio de operativos conjuntos se produjeron las “masacres” de Sacaba y Senkata, con el saldo de 20 fallecidos por impactos de bala.

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