Nacional

sábado 6 mar 2021 | Actualizado a 18:49

Cruz culpa a la Fiscalía por la impunidad en las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata

La Defensora participó en la misa por los 10 fallecidos de hace un año, en la intervención militar y policial en la zona de El Alto.

La misa de este jueves en Senkata. Foto y videos: Álvaro Valero

/ 19 de noviembre de 2020 / 11:05

Al recordarse un año de las “masacres” de Sacaba y Senkata, en la que fallecieron 20 personas, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, responsabilizó a la Fiscalía de que los crímenes de lesa humanidad se mantengan en la impunidad, ya que la investigación se encuentra en la fase preliminar y no hay imputados y menos sancionados por lo ocurrido.

“A un año de la masacres de Senkata y Sacaba, de las muertes registradas en la zona Sur de La Paz, en Betanzos, en Montero y en el norte integrado cruceño, estos hechos se mantienen impunes porque el Ministerio Público hasta la fecha no ha hecho nada porque las investigaciones avancen” cuestionó la defensora, al participar en una misa en la zona alteña.

El 19 de noviembre, un operativo militar y policial, amparado en un decreto de “impunidad” firmado por el entonces gobierno transitorio de Jeanine Áñez, intervino la planta de Senkata para bajar combustibles a la ciudad de La Paz, en medio del conflicto poselectoral. La intervención derivó en la muerte de 10 personas.

“Considerando que el Ministerio Público no ha imputado a nadie, no ha permitido a las víctimas acceder a la justicia y ha permitido que se mantenga esta impunidad tras un año de lo ocurrido en el país el año pasado, la tarea fundamental de hoy es unirnos para buscar que se haga justicia”, remarcó la autoridad, según una nota de prensa de su institución.

Cruz dijo que la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que investigará los hechos entre septiembre y diciembre de 2019, abre la esperanza para que las víctimas y sus familiares puedan lograr el acceso a la justicia y que la población, finalmente, conozca lo que ocurrió.

La anterior Asamblea Legislativa sugirió al Ministerio Público un juicio de responsabilidades contra Áñez y su gabinete que firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades a los militares en los operativos que realizaran junto a policías ante el clima de protestas tras la renuncia obligada del presidente Evo Morales.

Los fallecidos por la intervención en Senkata fueron los siguientes:

-Devi Posto Cusi, de 31 años.

-Pedro Quisbert Mamani, de 37 años.

-Edwin Jamachi Paniagua, de 31 años.

-Joel Colque Patty, de 22 años.

-Juan José Tenorio Mamani, de 22 años.

-Antonio Ronald Quispe Ticona, de 24 años.

-Clemente Eloy Mamani Santander, de 24 años.

-Milton David Zenteno Gironda, de 22 años.

-Rudy Cristhian Vásquez Condori, de 23 años, quien producto de las heridas sufridas en los enfrentamientos, falleció el 20 de noviembre.

-Calixto Huanaco Aguilar, falleció producto de los hechos de violencia. Estaba hospitalizado en la UTI del Hospital de Villa Dolores, su deceso se produjo al mediodía del 27 de noviembre.

(19/11/2020)

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Se confirma vacunación irregular a cuatro personas en el COSSMIL y hay más denuncias en Tarija y Sucre

Un militar y tres administrativos están implicados en el hospital militar. El viceministro Jorge Silva ve encubrimiento porque no se informó que el capitán recibió en enero una primera dosis.

/ 4 de marzo de 2021 / 09:34

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, reveló este jueves que se confirmó la vacunación irregular de un militar y otros tres administrativos en el hospital militar COSSMIL y que hay otras denuncias en Tarija y Sucre.

En entrevista con La Razón Radio, indicó que se enviaron 94 dosis de Sinopharm al nosocomio paceño y que en la lista de beneficiarios, se observó la dotación de cuatro. El alegato de los implicados fue que las vacunas ya estaban sin sello y que por ello se las administró, empero, hay irregularidades.

Por ejemplo, dijo Silva, se logró establecer el maltrato por parte del capitán, quien figura como director administrativo, para ser beneficiado. Y además, lo ocurrido a fines de febrero fue su segunda dosis, o sea, el hospital no informó de la primera dosis suministrada en enero, lo que muestra encubrimiento.

El viceministro remarcó que se sancionará lo sucedido por parte del Ministerio de Salud y los encargados del COSSMIL, con procesos penales y administrativos. Adelantó que junto a personal de Salud se pidió informes sobre las denuncias en Tarija y Sucre.

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Comisión legislativa y Defensoría evidenciaron ‘persecución política’ contra Dockweiler

Dos informes apuntan a la Fiscalía, investigadores policiales y los exministros Iván Arias y Yerko Núñez, además de Andrei Bonadona, gerente de Mi Teleférico en la gestión transitoria de Jeanine Áñez.

El candidato a la Alcaldía de La Paz por el MAS y exgerente de Mi Teleférico, César Dockweiler.

/ 3 de marzo de 2021 / 20:13

Una comisión del Senado y la Defensoría del Pueblo hallaron evidencias de que el candidato a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler, fue víctima de persecución política y judicial, hostigamiento y acoso laboral durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, junto a otros exempleados de Mi Teleférico, por parte de los exministros Iván Arias (hoy rival electoral de Dockweiler) y Yerko Núñez, y el exgerente de la estatal Andrei Bonadona.

La primera resolución es de la Defensoría, del 11 de diciembre de 2020. Señala que en una nota del 16 de diciembre de 2019, entre otras, Dockweiler denunció persecución política destinada a lograr su aprehensión, desprestigiarlo y anularlo políticamente, y que fue víctima de amenazas a la integridad física, “fabricación” de denuncias penales, inicio de procesos penales, vulneraciones al debido proceso, uso de medios de comunicación para desprestigio y hostigamiento familiar.

El 12 de noviembre de 2019 llegó al poder Áñez, tras la renuncia obligada del entonces presidente Evo Morales, asfixiado por protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude en las elecciones que Morales había ganado el 20 de octubre de ese año, con una diferencia que le garantizaba no ir a segunda vuelta con su rival clave: Carlos Mesa.

Desde entonces, se activó una serie de procesos contra Morales y excolaboradores, en entre ellos Dockweiler. Tal como denuncia Human Rights Watch (HRW) en un documento titulado La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, Áñez y su gobierno “abusaron del sistema de justicia” para perseguir a colaboradores y partidarios de Morales con más de un centenar de procesos judiciales, “los cuales parecen responder más a motivaciones políticas”, por lo cual se demandó retirarlos.

Testimonios clave

La Defensoría afirma que en Mi Teleférico, durante el mandato de Áñez, se “coaccionó a su personal para obtener informes y declaraciones” contra Dockweiler. “Los testimonios de trabajadores coinciden en que una vez se posesionó al nuevo Gerente General de la empresa y su equipo, éstos se dedicaron a la tarea de coaccionar al personal con el objetivo de incriminar a la anterior administración (de Dockweiler), bajo amenazas de iniciarles procesos administrativos y penales”.

Esta “persecución” fue de la mano, indica la Defensoría en su resolución, de una orden de aprehensión contra Dockweiler e incluso se solicitó la activación del sello azul de la Policía Internacional (Interpol). Y eso no es todo, ya que hubo vulneración de los derechos de otros exfuncionarios de Mi Teleférico a los que se activaron procesos, con una “presión directa” de Núñez y Arias, quienes fueron ministros de Obras Públicas, lo cual fue determinado por los testimonios recabados.

La Defensoría concluye que se puede evidenciar “hostigamiento generalizado y sistemático a personas identificadas” con el MAS, en especial contra Dockweiler y otros tres empleados de Mi Teleférico; “motivación política en el inicio de procesos”, cuyo principal objetivo era la persecución a Dockweiler; “amplia cobertura mediática sobre los procesos penales seguidos a (Dockweiler) que afectaron su imagen”; “pronunciamientos estigmatizantes de altas autoridades de Gobierno y la Policía”.

“Los ex Ministros de Obras Públicas y Vivienda Yerko Núñez Negrete e Iván Arias, así como el Gerente Ejecutivo de Mi Teleférico Andrei Bonadona, ejercieron una presión social y mediática y realizaron actos reservados a la policía y la fiscalía, ya sea a través de pronunciamientos en los medios de comunicación, o en la participación activa en actos investigativos” (sic), lo que va en contra la división de poderes establecido por la Constitución Política, remarca el informe defensorial.

Por ello, la entidad pide acciones disciplinarias a la Fiscalía General, y que el Fiscal Departamental de La Paz active investigaciones contras las personas que son apuntadas por hostigamiento, acoso laboral y persecución política; aparte, que el Comandante de la Policía instruya pesquisas y acciones disciplinarias y penales contra los policías que vulneraron derechos, y que Mi Teleférico verifique los testimonios sobre actos de hostigamiento contra Dockweiler y otros exfuncionarios.

Aparte, el 22 de diciembre de 2020, tras la presentación de dos denuncias y otras notas por parte de Dockweiler a la Asamblea Legislativa, sobre que es procesado y perseguido ilegalmente por “delitos infundados de corrupción” y otros relacionados contra la seguridad del Estado como terrorismo y sedición, la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral presentó un informe sobre este tema, en medio de pedidos para inhabilitar al candidato.

Conclusiones

Tras la investigación, la comisión concluyó que la Fiscalía General admitió procesos penales a denuncia de Mi Teleférico, pero omitió pronunciarse y brindar información bajo una supuesta “confidencialidad” que resulta “injustificada e ilegal”. Pese a ello, se consiguió la documentación y se “presume la existencia de injerencia” de exautoridades del gobierno transitorio y la designación de abogados exclusivos para que hagan una seguimiento de estas investigaciones del Ministerio Público.

“Se presume la vulneración de los principios de objetividad y legalidad del Ministerio Público, al haberse establecido con precisión el incumplimiento de formalidades, plazos y sobre todo la falta de una revisión de los cuadernos procesales, haciendo que todo ello se convierta en una investigación penal que adoleció de vicios procesales y procedimentales durante toda su tapa investigativa, además vulnerando el principio de independencia del Órgano Judicial”, asevera la comisión.

Asimismo, la comisión legislativa apunta a investigadores policiales por no cumplir las formalidades de ley, y señala que las órdenes de aprehensión y resoluciones de imputaciones formales adolecieron también de legalidad, sin respetar los derechos, principios y garantías del denunciante. Y complementa que “se ha evidenciado una presumible participación y actuación de las autoridades del Órgano Ejecutivo dejando de lado y pisoteando la división de los Órganos de Poder”.

En ese marco, lanza los dardos contra Arias, Núñez y Bonadona, quienes “manipularon información, establecieron de forma sistemática la construcción de pruebas a través de informes y declaraciones, así como actos investigativos que incumplieron plazos una vez efectuada la denuncia contra Dockweiler en su calidad de exgerente de Mi Teleférico”, lo cual “contaminó la investigación y el proceso penal, generando la vulneración de garantías constitucionales del denunciante”.

El informe legislativo avaló así la “persecución política” contra Dockweiler y ordenó la emisión de minutas de comunicación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales, para que garanticen que Dockweiler no sea inhabilitado en su candidatura; además de la Procuraduría General, los ministerios de Gobierno y de Justicia, “recomendando la restauración de los derechos fundamentales vulnerados” al exgerente de Mi Teleférico por los procesos.

El 12 de febrero, el Legislativo aprobó el Decreto Presidencial 4461 de amnistía e indulto por razones humanitarias en favor de más de 1.000 personas procesadas en el gobierno de Áñez, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020. Además, la anterior semana, el Tribunal Constitucional aclaró al TSE que ningún candidato puede ser inhabilitado si certifica, mediante una entidad nacional o internacional, que fue víctima de persecución política, o que fue refugiado o asilado político.

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García: Por la extrema derecha, el riesgo de un golpe seguirá presente en el mundo y en Bolivia

El exvicepresidente dio una entrevista al programa La Pizarra. Señala que la región vive una segunda ola de progresismo moderado, sin liderazgos carismáticos. Dice que uno de los retos en Bolivia en sancionar a los “responsables y financiadores del golpe de Estado”.

/ 27 de febrero de 2021 / 22:06

El exvicepresidente Álvaro García afirmó que al no tener la extrema derecha un compromiso con la democracia, el riesgo de un golpe de Estado seguirá presente en el mundo, el continente y en Bolivia, y opinó que América Latina vive una segunda ola de progresismo moderado, pero sin liderazgos carismáticos.

García brindó este sábado una entrevista al programa de radio La Pizarra, conducido por Alfredo Serrano. “En América Latina estamos viviendo una segunda oleada de progresismo moderado sin la presencia de liderazgos carismáticos. Del lado de las fuerzas conservadoras hay un proceso de abdicación de la centro derecha para potenciar las aguas de la extrema derecha”.

Remarcó que esto obedece a un “fenómeno mundial que se da tanto en las clases medias como en los sectores populares con un discurso muy claro: Si la democracia es un estorbo, fuera democracia. En el mediano plazo, la sociedad va a estar polarizada entre una derecha violenta y un progresismo más pluralizado”.

“El relevo no es carismático y su éxito radica en la posibilidad de consolidar y proteger los derechos sociales frente al avance conservador. Si esto sucede la oleada progresista puede continuar, si no, estaremos en un péndulo entre el progresismo y la derecha. La extrema derecha no tiene ningún compromiso con la democracia y el riesgo de un golpe de Estado va a estar presente en el continente, en el mundo y en Bolivia”.

En este marco, aseguró que “la nueva oleada progresista debe encarar la lucha territorial porque los adversarios de la derecha están dispuestos a matar”.

La exautoridad del gobierno de Evo Morales contó sobre su exilio, primero en México y luego en Argentina. “Tenía cuatro o cinco libros en el maletín, mi cepillo de dientes, algo para escribir y la llave. A eso le agregué la bandera de Bolivia con un puñado de tierra del trópico que nunca volví a tocar hasta que el día que llegué a Chimoré con Evo para devolverla en un gigantesco acto con más de un millón de personas. Luego volví y abrí la puerta de mi casa con la llave, fue muy emotivo”.

Morales y García renunciaron a sus cargos el 10 de noviembre de 2019, asfixiados por las protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año, en que ganó Morales sin necesidad de ir a un balotaje.

El 11 de noviembre de 2019, Morales y García tomaron un avión con destino a México, que les otorgó asilo; el poder fue asumido por Jeanine Áñez. Posteriormente obtuvieron refugio en Argentina. Volvieron a Bolivia un año después de su exilio, tras la victoria electoral de Luis Arce, de su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS), con 55,10% de los votos. El MAS señala que todo lo sucedido fue parte de un golpe de Estado.

Sobre los retos de los nuevos líderes progresistas en el gobierno, García dijo a La Pizarra que hay varios. “Uno es cómo relanzar la economía. Aun en el carácter moderado es necesaria una dosis de audacia, En el tema médico la gente espera un compromiso por parte del Estado para que proteja su salud y complete el esquema de vacunación. Otro reto, en el caso de Bolivia, es que los responsables del golpe tengan una sanción rápida por parte de la Justicia. Esto debe suceder también con quienes lo financiaron”.

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Reyes Villa juega una última carta, pese a que el TSE define su inhabilitación como inapelable

El candidato inhabilitado para terciar por la Alcaldía de Cochabamba presentará un recurso extraordinario de revisión, ya que asegura que certificó el pago de su deuda de Bs 2,3 millones con el Estado, emergente de una sentencia civil en su contra.

Manfred Reyes Villa, candidato inhabilitado a la Alcaldía de Cochabamba.

/ 27 de febrero de 2021 / 09:15

Manfred Reyes Villa, el polémico exprefecto que tiene más de una decena de juicios pendientes y con sentencia, no quiere tirar la toalla tras su inhabilitación como candidato a la Alcaldía de Cochabamba. Presentará un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a que las reglas de la entidad señalan que la decisión es inapelable.

El viernes, el aspirante de Súmate recibió un balde de agua fría que se veía venir, por la deuda Bs 2,3 millones emergente de una sentencia civil por la compra irregular de seis vehículos “de lujo” cuando fungía como prefecto. La exautoridad dijo que cumplió con la obligación, pero el TSE indicó que no acreditó ello y que el fallo judicial estaba ejecutoriado.

“Vamos a presentar una revisión extraordinaria para que nos habiliten, o sea, no es un tema de fondo o de preocuparse, más bien le pido a la familia cochabambina que tengamos calma, que no hagamos absolutamente nada que pueda dañar la unidad de los cochabambinos como están queriendo ellos”, señaló Reyes Villa el viernes, en una conferencia de prensa.

Y añadió: “Nosotros somos gente de unidad, de paz y vamos a hacer que se respete la ley, que creo que todavía vivimos en un Estado de Derecho. Imagino que el Tribunal Supremo Electoral va a validar el pago y nos va a habilitar”. Es que la determinación dolió más porque Reyes Villa encabeza cómodamente las encuestas para las subnacionales del 7 de marzo.

Sin embargo, la decisión es inapelable y definitiva. Así lo confirmó a La Razón el vocal electoral Óscar Hassenteufel, el jueves, cuando anunció que el tema de Reyes Villa se trataría en Sala Plena, por los siete vocales. Eso sí, el viernes, ningún integrante del TSE emitió alguna declaración sobre el tema y la entidad emitió su posición mediante un comunicado.

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Exministra Roca ya tiene imputación fiscal por la compra de 324 respiradores chinos en la gestión de Áñez

Se calcula un daño económico de más de $us 6 millones. La excolaboradora del gobierno de Jeanine Áñez asegura que no participó en el proceso de contratación.

La exministra de Salud Eidy Roca.

/ 27 de febrero de 2021 / 08:01

La Fiscalía cumplió el viernes con la imputación anunciada contra Eidy Roca, exministra de Salud del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en la compra de 324 respiradores chinos.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, confirmó esta decisión del Ministerio Público, y dijo que se espera que también se acuse formalmente al exembajador Mohammed Mostajo, en una entrevista con Bolivia TV.

Ríos señaló que se verificó que los equipos chinos no pueden ser empleados en terapia intensiva, sino que son simplemente ventiladores para emergencias, y que se calcula un daño económico superior a los $us 6 millones.

Mediante su cuenta de Twitter, Roca emitió un pronunciamiento esta semana. “Tengo que decir al pueblo entero que mi persona no participó en el proceso de contratación de los mismos (respiradores”, pues en el mes de abril (de 2020) yo cumplió funciones en la dirección de Promoción de la Salud del Ministerio Público (…) No entiendo por qué se me vincula a este tema”.

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