Nacional

martes 24 nov 2020 | Actualizado a 02:55

Nadia Cruz: Informe de la CIDH debe permitir el esclarecimiento y la lucha contra la impunidad

“Desde la visión de los derechos humanos es necesario un reencuentro de paz, que se sancione a los responsables de los delitos de lesa humanidad para que no vuelvan a repetirse nunca más”, aseguró la defensora Nadia Cruz

Fuerzas militares en inmediaciones de la planta de Senkata, El Alto, el 19 de noviembre. Foto: APG - archivo

/ 22 de noviembre de 2020 / 18:51

El informe que emita el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitirá avanzar hacia un reencuentro de paz y el esclarecimiento de los hechos de violencia de noviembre del 2019 en Bolivia, en el marco de la memoria, verdad y justica, dijo este domingo a La Razón la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

“Desde la visión de los derechos humanos es necesario un reencuentro de paz, que se sancione a los responsables de los delitos de lesa humanidad para que no vuelvan a repetirse nunca más”, declaró la autoridad al destacar la importancia del trabajo que cumplirá la misión de expertos de la CIDH en el nuevo contexto político que vive el país desde el 18 de octubre.

En noviembre de 2019 se produjeron los hechos de violencia de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y en otros lugares que dejaron un saldo de 38 muertos, sin que el Ministerio Público haya abierto causa ni investigado, advirtió Cruz.

“No hay ni un solo caso abierto”, afirmó y cuestionó la “inacción” del Ministerio Público y del Fiscal General, Juan Lanchipa, lo que –en su criterio- genera otro tipo de responsabilidad por violación los derechos humanos.

El restablecimiento del orden constitucional en Bolivia, como resultado de las elecciones generales del 18 de octubre, permitirá que las víctimas den su testimonio de los hechos sin presiones ni hostigamiento como ocurrió durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

Bajo el Gobierno transitorio se produjo una revictimización de los familiares de las víctimas y no pudieron dar testimonio por temor a sufrir represalias.

La Defensoría del Pueblo espera que los informes confidenciales de las fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas salgan a la luz no solo para conocer quiénes actuaron en esos acontecimientos, sino para establecer sanciones.

“Hasta ahora no se ha podido conocer la lista de los efectivos que actuaron en las acciones violentas”, sostuvo.

Cruz advirtió que en materia de derechos humanos no se puede hablar de reconciliación porque muchas veces ese concepto lleva a la impunidad y, lo que se quiere, es que se establezcan responsabilidades penales para que ese tipo de delitos de lesa humanidad “no vuelvan a repetirse nunca más” en Bolivia.

La misión del GIEI, que tendrá una agenda propia y desarrollará su labor por los próximos seis meses, está integrada por expertos en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos y su labor de esclarecimiento se puso de relieve en el caso de Ayotzinapa (México) y Nicaragua.

La Defensoría del Pueblo acompañará el trabajo de esta misión y colaborará con la información disponible sobre violaciones de derechos humanos durante la crisis política de 2019.

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Justicia iniciará juicio de responsabilidades a consejeros de la Magistratura de no renunciar este martes

El ministro de Justicia, Iván Lima, espera que los consejeros del Consejo de la Magistratura den el paso al costado para encarar de lleno la reforma judicial

El ministro Iván Lima

/ 23 de noviembre de 2020 / 23:59

Los consejeros del Consejo de la Magistratura tienen hasta este martes para dar un paso al costado y renunciar, porque de lo contrario el miércoles se les inicia un juicio de responsabilidades por el daño provocado a la sociedad debido a la falta de designación de 151 jueces, anunció este lunes el ministro de Justicia, Iván Lima.

“El Ministerio de Justicia va a iniciar un juicio de responsabilidades si no dan un paso al costado, esa es la decisión política que se ha asumido”, informó en el programa Noche Sin Tregua de la red Cadena A.

No haber nombrado a 151 jueces en un año y otras denuncias hicieron se asuma la decisión que dará paso a una reforma judicial.

“Así elijan jueces este jueves, el año que hemos perdido los bolivianos en nuestra vida, patrimonio y libertad ya no tiene reparación, el inicio de un juicio de responsabilidades es inminente”, insistió.

El Consejo de la Magistratura está a cargo de los magistrados Dolka Gomez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, quienes fueron elegidos en las elecciones de 2017 por seis años. Tienen como una de sus responsabilidades la elección de los jueces.

De darse un juicio de responsabilidades, el proceso se desarrolla en la Asamblea Legislativa. La Cámara de Diputados hace de acusador o fiscalía y el Senado de juzgado.

Además de incumplir con su responsabilidad de designar jueces, “no se entiende como han creado ese monstruo administrativo”, dijo.

“Queda empezar rápidamente la reforma judicial, ojalá que reflexionen y den ese paso al costado que se pide”, sostuvo Lima.

(23/11/2020)

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El GIEI investigará sobre la base de tres ejes y la CIDH aboga por la reconciliación

La investigación de la CIDH comenzó este lunes y se extenderá por seis meses. Las pesquisas indagarán las muertes individuales o colectivas durante noviembre de 2019, entre otros.

Los expertos de la CIDH en Bolivia, este lunes durante su presentación en La Paz

/ 23 de noviembre de 2020 / 22:24

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigarán los hechos de violencia ocurridos desde septiembre hasta diciembre, entre ellos en Senkata y Sacaba, sobre tres ejes: análisis técnico, plan de investigación y de atención integral a las víctimas de los hechos de violencia.

Mientras que la CIDH abogó por la reconciliación. La relatora de la comisión, la brasileña Flavia Piovesan, ratificó este lunes el “pleno compromiso” que asumió esta institución para contribuir al proceso de diálogo y reconciliación en Bolivia.

El experto Julian Burger explicó que el grupo de expertos efectuará tres actividades centrales en su labor de investigación.

La primera actividad está relacionada al análisis técnico de las líneas de “indagación adoptadas por las autoridades bolivianas para determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas”.

La segunda tiene que ver con la elaboración de un plan de investigación de los actos de violencia y la violación de los derechos humanos en los dos hechos que se dieron después de la renuncia del expresidente Evo Morales, obligado por la presión social. La tercera actividad será aportar un “análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos de violencia”.

Mientras que Piovesan aseveró en el acto de firma del protocolo de trabajo: “La Comisión Interamericana reitera ante la sociedad civil boliviana su pleno y firme compromiso para contribuir con el proceso de diálogo y de reconciliación nacional, y de desactivar las tensiones potencialmente violentas que hoy podrían subsistir en las relaciones sociales del país».

La investigación de la CIDH comenzó este lunes y se extenderá por seis meses. Las pesquisas indagarán las muertes individuales o colectivas durante noviembre de 2019; la desaparición forzada de personas; los casos de tortura; detenciones irregulares o arbitrarias; actos de racismo o discriminación; vulneraciones a la libertad de expresión; y persecución judicial o extrajudicial.

El trabajo de la comisión contempla también indagar sobre incendios y destrucciones a la propiedad pública o privada; las amenazas y hechos afines o similares cometidos en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales de 2019.

La comisión está compuesta por cinco expertos en derechos humanos: Patricia Tappatá y Juan Méndez (Argentina), Magdalena Correa (Colombia), Marlon Weichert (Brasil) y Julián Burger (Inglaterra). Asimismo, Jaime Vidal fungirá como secretario ejecutivo.

(23/11/2020)

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CC advierte a misión de la CIDH que el MAS busca inclinar la balanza a los ‘hechos’ de Sacaba y Senkata

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, pidió a la comisión internacional extender su investigación a otros hechos de violencia

Carlos Alarcón, jefe de Bancada de CC.

/ 23 de noviembre de 2020 / 21:53

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, le advirtió a la comisión de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el MAS “pretende inclinar” la balanza en la investigación de los “hechos ocurridos en Sacaba y Senkata” al tratar de posicionar la tesis de golpe de Estado en la violencia de noviembre de 2019.

En una carta dirigida a Jaime Vidal, secretario ejecutivo del equipo interdisciplinario, y firmada por Carlos Alarcón, jefe de bancada de CC, con la referencia de “investigación completa, independiente e imparcial”, se pidió a los expertos ampliar su trabajo a los hechos de violencia de “Montero, La Paz, Vila Vila y El Alto”.

“Con esta falsa premisa e inexistente de ‘golpe de Estado’, el gobierno actual del MAS, pretende inclinar el fiel de la balanza en la investigación y sanción de los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, en el contexto de una actuación violenta de grupos afines al MAS y de una intervención de la fuerza pública militar y policial”, establece parte de la misiva.

La misión internacional explicó en reiteradas ocasiones que su trabajo comprenderá desde septiembre hasta diciembre. Además, que recogerá los testimonios de todos los involucrados en los hechos de violencia.

Morales dimitió en noviembre, tras las denuncias de fraude electoral, un motín policial, un prolongado paro cívico y la sugerencia militar de renuncia.

Alarcón aseguró que los hechos de violencia ocurridos fuera de Senkata y Sacaba se dieron cuando Morales estaba en el poder, por lo que, en su criterio, deben ser considerados como “Terrorismo de Estado”, independientemente de que no hayan intervenido fuerzas policiales y militares.

En Senkata y Sacaba murieron 18 personas por impactos de bala. El presidente Luis Arce calificó este lunes los hechos de “masacre” y comprometió justicia a las víctimas.

Para Alarcón, las protestas de noviembre contra Morales se trataron de “una insurgencia ciudadana de protesta frente a un régimen autoritario y abusivo”.

(23/11/2020)

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Arce califica de ‘masacre’ la violencia en Senkata y Sacaba, compromete justicia para las víctimas

En Sacaba y Senkata perdieron la vida 18 personas por impactos de bala, como resultado de los operativos policiales—militares. La misión de expertos de la CIDH empezó la investigación

Operativo. Fuerzas militares en inmediaciones de la planta de Senkata, El Alto, el 19 de noviembre. Foto: APG - archivo

/ 23 de noviembre de 2020 / 19:54

En el inicio de la investigación de la misión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los hechos de violencia antes y después de las elecciones de 2019, el presidente Luis Arce calificó de “masacre” lo ocurrido en Sacaba y Senkata y comprometió que la justicia llegará a las víctimas.

“Lo ocurrido en #Sacaba y #Senkata fue una masacre. Torturaron, criminalizaron y violaron los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos. La #CIDH investigará todos los casos”, afirmó Arce en parte de un post sobre el trabajo de la misión internacional.

La violencia en Sacaba, Cochabamba, dejó ocho muertos por impactos de bala, cuando fue detenido por una fuerza combinada de policías y militares un numeroso grupo de cocaleros que se dirigía en una marcha de apoyo a Evo Morales hacia la ciudad de Cochabamba. Decenas de movilizados resultaron heridos.

Mientras que en Senkata, En la ciudad de El Alto vecina de La Paz, las fuerzas combinadas llegaron hasta la planta engarrafadora de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para desbloquear el paso de cisternas con combustible. Ese operativo se saldó con 10 muertos de bala, todos de lado de los movilizados.

Los exministros Arturo Murillo y Fernando López, hoy fuera de Bolivia, coincidieron en manejar la tesis de que los disparos salieron de los propios movilizados.

Seis meses se extenderá la investigación de la misión de expertos y abarcará desde septiembre hasta diciembre de 2019. Los hechos más violentos se dieron tras la dimisión de Morales, en medio de las denuncias de fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la sugerencia militar de renuncia.

“La justicia llegará para quienes sufrieron el duro golpe del gobierno de facto, hace un año”, comprometió Arce.

Las fuerzas combinadas operaron amparadas en un decreto, posteriormente anulado, que los eximía de responsabilidad penal por las acciones que desarrollen para restablecer la paz.

(23/11/2020)

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Joel Hernández sobre el GIEI: Se buscará verdad y justicia para las víctimas de 2019

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica a La Razón las expectativas ante la investigación que realizará desde este lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en territorio boliviano.

Foto: Twitter@mreparaguay

/ 23 de noviembre de 2020 / 19:53

El mexicano Joel Hernández García preside desde marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado y diplomático atendió en exclusiva a La Razón, vía telefónica, para describir las expectativas del organismo hemisférico ante la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) a suelo boliviano, que desde este lunes investigará los hechos de violencia y la vulneración de derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019. Remarca el compromiso del Estado boliviano; indica que la comitiva buscará la reparación de las víctimas de la crisis, sobre todo con “verdad y justicia”; explica cómo fue el proceso para la elección de los cinco especialistas, y expresa su confianza y satisfacción de que están dadas las condiciones para que el GIEI realice un trabajo independiente e imparcial.

—¿Cuál es la expectativa de la CIDH ante este trabajo que el GIEI realizará en Bolivia?

—Es una gran satisfacción para la Comisión que se instale el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes porque se tiene la expectativa de que el grupo coadyuve con las autoridades nacionales en la investigación de los hechos de violencia que ocurrieron en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado.

—En Bolivia se habla de que esta investigación es un paso para la reconciliación tras la crisis, para que el pueblo boliviano sepa la verdad de lo sucedido en esos hechos luctuosos, ¿que espera la CIDH?

—Precisamente que el GIEI coadyuve con las autoridades en estas investigaciones. Creemos que en la medida que exista una investigación independiente de los hechos, de manera auténtica, con base en el principio del debido proceso, se va a alcanzar justicia para las víctimas de esas violaciones. Y esto es algo muy fundamental, en todo proceso de memoria, la verdad y la justicia, y eso se buscará. Por lo tanto nuestras expectativas son que esta coadyuvancia que va a realizar el grupo interdisciplinario, sí va precisamente para reparar violaciones a las víctimas.

—¿Por qué se tardó en la instalación del grupo, habiendo ya un acuerdo firmado el 12 de diciembre?

—La pandemia puso en espera todo este proceso. Como sabemos, el mundo se puso en pausa y además de la firma del acuerdo con el Estado Plurinacional de Bolivia, que sucedió el año pasado, el 12 de diciembre, era necesario echar a andar todo el proceso de implementación, una parte lleva a la negociación y al acuerdo de un protocolo de actuación, lo que tiene en sí mismo su tiempo. Pero en este contexto de pandemia todos los procesos se fueron dilatando, tanto es así que es hasta ahora, en noviembre, cuando existen las condiciones de viaje, es que los cinco expertos pueden llegar a Bolivia. Antes hubiera sido muy difícil. Entonces, yo lo veo como un retraso debido a esta situación de pandemia que padecemos en todo el mundo.

—¿Este grupo qué tipo de relación tiene con la CIDH, puesto que el protocolo se firma con la Comisión?

—El grupo es resultado del acuerdo entre el Estado de Bolivia y la Comisión y como parte de ese pacto entre las dos partes, ambas han negociado un protocolo que rige la actuación in situ de los cinco expertos. Pero una vez que este grupo ha quedado establecido y una vez que va a empezar sus funciones con base en el protocolo, tiene un mandato propio con la garantía de desarrollar su trabajo de manera independiente e imparcial.

—¿En qué forma el GIEI es dependiente de la CIDH?

—Es dependiente desde un punto de vista formal, porque su creación la ha dado la Comisión, pero desde un punto de vista funcional, el grupo es independiente.

—¿Este grupo responde a las recomendaciones del informe que elaboró el anterior año la CIDH en cuanto a entablar un mecanismo de investigación internacional?

—Sí, correcto, fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión en la visita que realizó en el marco de la crisis poselectoral del año pasado. Y con el propósito de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, la Comisión recomendó el establecimiento de este grupo.

—¿Tuvo algo que ver en su conformación que el anterior gobierno interino de Bolivia haya calificado de “injusto” ese informe de la CIDH?

—El anterior gobierno suscribió el acuerdo por el cual se crea el GIEI. Para la Comisión, ese acto muestra un compromiso de atender esta recomendación que formuló. Por lo tanto, la CIDH ve este acuerdo como uno de Estado que trasciende gobiernos. Esa es la mirada de la Comisión de futuro, de que el GIEI pueda realizar su trabajo a partir del 23 de noviembre, una vez que se han hecho todos los preparativos necesarios, y uno muy importante el de contar con un marco jurídico claro para su actuación, como el que está contenido en el protocolo que se va a firmar este lunes.

—¿Cómo se eligió a los integrantes de este grupo?

—Fue una selección hecha por la CIDH, es una de las facultades que tiene. La Comisión la ha ejercido en su experiencia de establecimiento de grupos de expertos independientes. Ha sido así, por ejemplo, en el caso del grupo que se estableció en México para el caso Ayotzinapa (de los 43 desaparecidos en 2014), el grupo que se estableció en Nicaragua. y ahora el GIEI. La Comisión hace una selección, nombramiento de expertas y expertos atendiendo a la materia de su mandato y buscando los perfiles de personas más altamente calificadas.

—¿Se despeja cualquier duda que sembró el anterior gobierno, sobre todo con dos expertos, Patricia Tappatá y Juan Méndez, de Argentina, de quienes dijo que habían hecho una descalificación a la posesión de la presidenta interina Jeanine Áñez?

—Para la Comisión, al momento de la selección de los expertos se constató su alta calidad moral y su elevado prestigio profesional. Los cinco tienen esta característica de competencia y de autoridad moral y, para la Comisión, una vez seleccionados y nombrados no se tiene la menor duda de que su actuación estará a la altura de las exigencias de este grupo. Por lo tanto, la Comisión siempre ha estado convencida de la calificación de las cinco personas expertas.

—Hay expectativa en Bolivia sobre el trabajo que realizará el GIEI. El Gobierno ya adelantó que los expertos tendrán total acceso a lo que es información, archivos de lo sucedido de septiembre a diciembre, incluso archivos de la Policía y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve la CIDH toda esta apertura con la cual se espera al grupo?

— Celebro mucho dos hechos. Uno, el acuerdo firmado el 12 de diciembre del año pasado para el establecimiento del grupo y segundo, y muy importante, el protocolo que se va a firmar este lunes. El acuerdo es la expresión de compromiso, el protocolo es el marco normativo que permite la actuación del grupo en el terreno. Y constatando estos dos actos jurídicos para mí existen los elementos necesarios para que el grupo pueda realizar su mandato de manera totalmente independiente, imparcial y con eficiencia. Así que no me cabe la menor duda del compromiso expresado por las autoridades bolivianas de poder facilitar al grupo todos los accesos que sean necesarios para una simple razón: que el GIEI pueda hacer bien su trabajo y ello significa poder coadyuvar de manera eficiente con las autoridades bolivianas en el esclarecimiento de esos hechos. Así que, por parte de la Comisión, hay un amplio, un alto sentimiento de satisfacción para las autoridades bolivianas y para el pueblo de Bolivia, y las organizaciones de la sociedad civil que también han expresado, a lo largo de estos meses, su reiterado apoyo al grupo.

(23/11/2020)

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