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lunes 18 ene 2021 | Actualizado a 12:23

La CIDH comienza la investigación de seis meses de los hechos luctuosos de 2019

“Vamos a garantizar de forma absoluta su independencia, su acceso a toda la información que sea requerida”, afirmó el Ministro de Justicia.

Autoridades de Estado y miembros de la GIEI en la firma del protocolo. Foto: José Lavayén

/ 23 de noviembre de 2020 / 15:28

El Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron este lunes un acuerdo que define el protocolo para la actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegó al país para investigar la vulneración de derechos y las muertes suscitadas entre septiembre y diciembre de 2019.

La GIEI está conformada por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Jaime Vidal fungirá como Secretario Ejecutivo de esa comisión.

“Vamos a garantizar de forma absoluta su independencia, su acceso a toda la información que sea requerida. Es un compromiso del Gobierno de Bolivia que los archivos de las Fuerzas Armadas, los archivos de la Policía, y de todos los órganos de la justicia y el Ministerio Público sean accesibles para su trabajo”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, en el acto que se desarrolló en la Cancillería boliviana.

Pidió que el análisis de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 cuente con la participación del pueblo. “Hay heridas abiertas, hay definitivamente un proceso de reconstrucción de diálogo en el país y lo que queremos es que este grupo y el trabajo que vamos a hacer con ustedes sea participativo, que sean escuchados todos los bolivianos”, acotó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, dijo que “los últimos meses de 2019 han estado signados por la muerte y el dolor para el pueblo boliviano”. “En medio de ese dolor, del luto, la consternación, los bolivianos y bolivianas, el 18 de octubre pasado, nos hemos regalado la esperanza en las urnas”, indicó.

Aseguró que la reconciliación “tendrá que escudriñar en la profundidad del alma del pueblo boliviano”. “No podemos tener reconciliación si no hay justicia, no podemos tener reconciliación si las víctimas de esos sucesos no encuentran la respuesta a su clamor de justicia, y eso es lo que estamos empezando a construir hoy día, a través de la suscripción del protocolo, a través de la presencia de los expertos internacionales”, remarcó.

Hizo énfasis en la importancia de la “transparencia y credibilidad” del proceso que llevará adelante la GIEI, “porque de esa transparencia y credibilidad depende, en gran medida, que la verdad sea conocida, que la justicia llegue y que los bolivianos y bolivianas prosigamos en la senda de la reconciliación que venimos andando”.

A su turno, la representante del GIEI Patricia Tappatá señaló que su visita a Bolivia “tiene el objetivo de contribuir a que se conozca la verdad y a formular recomendaciones, para que acontecimientos tan dolorosos, con pérdidas de vida de seres humanos que fueron únicos y son irrepetibles, no vuelvan a ocurrir”.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Internacionales llega a este país para coadyuvar en las investigaciones que llevan adelante las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, para cooperar con el conocimiento de la verdad sobre los graves sucesos de violencia que ocurrieron entre los meses de septiembre y diciembre de 2019”, aseveró.

“La sociedad boliviana debe saber que ejerceremos nuestro trabajo con imparcialidad y responsabilidad”, añadió Tappatá.

Flavia Piovesan, relatora de país de la CIDH, organismo independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que durante la visita de la comisión, entre el 22 y el 25 de noviembre de 2019, sostuvieron reuniones “con las altas autoridades de todas las ramas del poder público” y con “organizaciones de diversos sectores de la sociedad” de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba.

Dijo que en aquella oportunidad recibieron información sobre operaciones de fuerzas conjuntas, entre militares y policías, en las que diversas personas resultaron heridas “por golpes, por disparos o por la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos y objetos contundentes”.

“En base a toda la información recolectada, la comisión encontró fuertes indicios de graves violaciones a derechos humanos cometidos en el curso de la contención y represión a las protestas, a manos de agentes del Estado”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la CIDH, Joel Hernández, destacó “la voluntad del Estado Plurinacional de Bolivia en el establecimiento de un mecanismo independiente, internacional, que pudiese coadyuvar con las autoridades bolivianas para el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”.

También resaltó “la voluntad” de las autoridades bolivianas para “poder avanzar, finalmente, en el inicio de los trabajos del GIEI con la garantía de independencia, de autonomía”. Reconoció la trayectoria de los expertos que llegaron al país y dijo que “son personalidades con una alta calidad moral y un elevado conocimiento técnico en la materia”.

“Estamos nosotros convencidos, en la comisión, que este proceso, el que está por iniciar el GIEI, es indispensable para la reconciliación nacional y para la consolidación de la paz social en el país”, aseveró Hernández.

Este lunes empezó el trabajo de la GIEI en el país y éste deberá extenderse hasta mayo de 2021.

(23/11/20)

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IDIF tilda de ‘sesgado’ informe de la Defensoría y defiende la idoneidad de su personal

“Estamos avanzando de a poco, todos los estudios técnicos científicos requeridos al Instituto son cumplidos de manera eficaz, eficiente, oportuna y con celeridad, de acuerdo a las normas y protocolos internacionales”, afirmó el director nacional del IDIF.

El director nacional del IDIF, Andrés Flores. Foto: Fiscalía

/ 30 de noviembre de 2020 / 16:05

Luego de que la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pusiera en evidencia “deficiencias” de los Institutos de Investigaciones Forenses (IDIF), el director nacional de esa institución, Andrés Flores, respondió a esas observaciones señalando que el informe es sesgado y no refleja los avances generados en los últimos años.

La Defensoría del Pueblo, a través de un informe titulado IDIFs no garantizan el acceso a la justicia, identificó una serie de “deficiencias y limitaciones” en esos institutos. Cruz puso en duda los informes forenses que realiza el IDIF, ya que “son elaborados por profesionales no especializados ni calificados en determinadas áreas, que a la vez pueden considerarse como pruebas poco confiables”.

Además de reportar las deficiencias profesionales, el informe de la Defensoría del Pueblo también señala que “no todas las dependencias de los IDIF cuentan con la división de Recepción y Custodia de Evidencias (RCE), ni tampoco se les dota de los instrumentos para la conservación de pruebas, lo que puede desembocar en que la prueba recolectada se deteriore”.

Ante esas aseveraciones, Flores aseguró que cuenta con el personal idóneo porque, a partir de 2019, mediante la actualización del manual de puestos y funciones del IDIF, cualquier persona relacionada al área de ciencias forenses debe cumplir con criterios específicos de especialización.

“Estamos avanzando de a poco, todos los estudios técnicos científicos requeridos al Instituto son cumplidos de manera eficaz, eficiente, oportuna y con celeridad, de acuerdo a las normas y protocolos internacionales, ya que pertenecemos a la Sociedad Iberoamericana de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, sostuvo.

También resaltó que “se tuvo una participación activa en la pandemia con el reconocimiento de cadáveres en vía pública y domicilios, exponiendo las vidas”, y que “a pesar que no es la función del IDIF, se ha mandado a los médicos forenses a atender los casos, pero el informe defensorial no hace ninguna mención al respecto”.

(30/11/2020)

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Molina denuncia ‘sabotaje’ a los proyectos de instalación de redes de gas

“Luego de un año de paralización de las actividades del sector hidrocarburos todos los proyectos de conexiones de redes de gas prácticamente han sido parados, y esto no necesariamente porque hayan faltado los recursos”, afirmó el Ministro de Hidrocarburos.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. Foto: APG

/ 30 de noviembre de 2020 / 14:54

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, denunció este lunes un “sabotaje” por parte de la anterior administración gubernamental con relación a los proyectos de instalación de redes de gas. Aseguró que la paralización de esas obras no se debió a falta de recursos económicos.

“Luego de un año de paralización de las actividades del sector hidrocarburos todos los proyectos de conexiones de redes de gas prácticamente han sido parados, y esto no necesariamente porque hayan faltado los recursos”, afirmó en conferencia de prensa.

Molina señaló que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuenta con aproximadamente $us 250 millones para ejecutar los proyectos de conexión de redes de gas y tildó de “sabotaje” la paralización de esas obras. “Es realmente un sabotaje al pueblo boliviano, a las necesidades de las distintas poblaciones que carecen del servicio de redes de gas o de conexiones de gas domiciliario, que no se haya impulsado ni ejecutado ningún proyecto”.

Dijo que actualmente la empresa estatal está en un proceso de rearticulación de esos proyectos, para así “reiniciar lo que ya se había planificado durante 2019 y que durante 2020 prácticamente ha sido paralizado sin ninguna explicación”.

“Es importante manifestar que YPFB tiene, a partir de su presidente, toda la predisposición y el equipo técnico como para ejecutar estos proyectos de conexiones de redes de gas domiciliario”, insistió.

(30/11/2020)

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Choquehuanca rememora al Mariscal de Zepita y resalta la hermandad entre Perú y Bolivia

“Ha sido presidente del Perú por un año y presidente de Bolivia por 10 años, el único mandatario boliviano que fue presidente de otra nación”, afirmó el Vicepresidente.

Foto: ABI

/ 30 de noviembre de 2020 / 14:49

Conmemorando los 228 años del nacimiento del Mariscal Andrés de Santa Cruz, el vicepresidente David Choquehuanca participó este lunes de un acto desarrollado en la localidad de Huarina, donde resaltó la hermandad histórica de Perú y Bolivia, países que comparten idiomas, cultura y tradiciones.

“Hermanos, Perú y Bolivia compartimos el sagrado Lago Titicaca, hablamos aymara, hablamos quechua, compartimos nuestra música, nuestra cultura, somos hermanos y hoy nuevamente hemos venido a abrazarnos, a reavivar ese pensamiento de nuestro hermano Mariscal Andrés de Santa Cruz”.

El Vicepresidente señaló que el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana fue un intento de restauración del Tawantinsuyo, iniciativa que llevó adelante Santa Cruz. Aseguró que “un día las fronteras ya no van a ser limitantes para que nos podamos abrazar, para que podamos soñar juntos cómo podemos salir adelante, cómo podemos vencer el racismo, cómo podemos construir hermandad”.

Señaló que el 30 de noviembre se recuerda el “nacimiento de un gran visionario”, de un “gran integracionista” y de un “defensor de los derechos de nuestros pueblos”. Dijo que Santa Cruz quiso construir la unidad en el continente, comenzando por la unión de Bolivia y Perú.

“Ha sido presidente del Perú por un año y presidente de Bolivia por 10 años, el único mandatario boliviano que fue presidente de otra nación. Nuestro hermano Mariscal de Santa Cruz llegó lejos. Durante su gobierno, Bolivia fue el único país de América Latina sin deuda externa”.

Recordó que “el grado de respeto que alcanzó (Santa Cruz) en el ámbito internacional era tal que hasta el Cónsul de Bran Bretaña en Bolivia se refirió diciendo: ‘Confieso que me acerco a este indio, con más respeto que al Rey de Inglaterra’”.

En el acto también participaron otras autoridades de Estado como el canciller Rogelio Mayta; el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, además del embajador de Perú en Bolivia, José Manuel Boza.

(30/11/2020)

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El GIEI y la Fiscalía comprometen colaboración mutua para esclarecer la violencia de 2019

“La agenda de trabajo va a ser amplia y nosotros vamos a brindar toda la información que la comisión requiera”, afirmó el fiscal Lanchipa.

Foto: Fiscalía General del Estado

/ 30 de noviembre de 2020 / 14:29

Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvieron este lunes una reunión, en Sucre, con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en la que se comprometió la colaboración mutua para esclarecer los hechos de violencia suscitados entre septiembre y diciembre de 2019.

“Nosotros, como Ministerio Público, hemos hecho conocer la amplia y plena predisposición en el trabajo que ellos vienen desarrollando, vamos a coadyuvar”, afirmó el fiscal en conferencia de prensa.

Detalló que, en esta primera reunión, el grupo de expertos solicitó información general sobre el trabajo de investigación, sobre las pericias que realizó el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y particularmente sobre las indagaciones que se hizo respecto a los hechos de Senkata y Sacaba.

“La agenda de trabajo va a ser amplia y nosotros vamos a brindar toda la información que la comisión requiera”, remarcó.

A su turno, el secretario ejecutivo de la GIEI, Jaime Vidal, destacó la importancia de esa reunión y remarcó la predisposición que tiene el organismo para colaborar al Gobierno y a las víctimas en el esclarecimiento de lo ocurrido en 2019.

“Tenemos toda la disposición de poder coadyuvar en estas investigaciones, poder ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a avanzar hacia la identificación de los hechos ocurridos en el periodo en cuestión”, sostuvo.

Acotó que “uno de los mandatos del GIEI será también apoyar al Estado en la elaboración de un plan de reparación integral a las víctimas de estos hechos de violencia”.

Según Vidal, tras concluir su agenda de trabajo en Sucre, el GIEI tiene previsto viajar a Santa Cruz para investigar los hechos suscitados en Montero.

(30/11/2020)

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Del Castillo informa que la semana pasada se incautó 497 kilos de droga

“Hemos afectado al narcotráfico con casi $us 1 millón en los operativos realizados el fin de semana”, afirmó el Ministro de Gobierno.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Foto: Álvaro Valero

/ 30 de noviembre de 2020 / 08:46

La semana pasada, entre el 23 y el 29 de noviembre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizó 174 operativos que derivaron en la incautación de un total de 497 kilos de droga, informó este lunes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Desde el 23 de noviembre hasta el día 29 de noviembre hemos realizado 174 operativos, secuestrado un total de 447 kilogramos de cocaína y 50 kilogramos de marihuana, haciendo un total de 497 kilos. Hemos afectado al narcotráfico con casi 1 millón de dólares en los operativos realizados el fin de semana”, afirmó.

El ministro detalló que se secuestró vehículos que estaban siendo empleados para el tráfico de las sustancias controladas, entre ellos una flota que pretendía trasladar cocaína desde Cochabamba hacia La Paz.

Durante el fin de semana la FELCN realizó tres operativos. En el primero se aprehendió a tres personas y se incautó 221 kilos de cocaína; en el segundo se interceptó dos vagonetas que cargaban 40 paquetes de clorhidrato de cocaína; y en el tercero, desarrollado en la carretera La Paz-Oruro, se secuestró 90 paquetes equivalentes a 81 kilos de cocaína.

(30/11/2020)

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