Ante el anuncio de marchas y bloqueos desde el lunes en el país, el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista, Grover García, condenó este viernes que “algunos” líderes busquen desestabilizar el país con estas medidas de presión.

“Lo que vemos es que son temas políticos que quieren hacer respetar fuera del marco legal, por eso rechazamos y condenamos a aquellos líderes que quieren desestabilizar el país. Acá vivimos más de 11 millones de habitantes y debería de respetarse a esa voz y no conducir a una situación catastrófica”, indicó.

El dirigente afín al presidente Luis Arce indicó que estas medidas anunciadas para el 16 y 17 serán un perjuicio total para el país, debido a “que las marchas conducen a desestabilizar el país y los bloqueos van a perjudicar a los comerciantes, transportistas, familias y empresarios que exportan e importan a los diferentes departamentos”.

“La Dirección Nacional del MAS pide a aquellos sectores que quieren convulsionar, deben sentarse a dialogar, pero con peticiones que beneficien al país. No velar el interés de una persona, por eso se debería buscar diálogo”.

Una facción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” de La Paz determinó la instalación de nueve puntos de bloqueo a partir del 16 de septiembre, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca y el adelanto de las elecciones generales.

Los puntos de bloqueo determinados por los Ponchos Rojos están ubicados en las rutas, principalmente interprovinciales, y en la carretera entre La Paz y Oruro.

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De acuerdo con el instructivo de esta facción, las vías cerradas serán las carreteras a Oruro, Copacabana, Achacachi y Sorata, Desaguadero, Viacha, Río Abajo, Palca, Zongo y Yungas.

Marcha

También el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, ratificó la marcha programada desde el 17 de septiembre desde Caracollo, Oruro, hacia la ciudad de La Paz ante la demanda de un pliego petitorio que salió del ampliado realizado el 3 de septiembre en Villa Tunari, Cochabamba.

Entre las demandas planteadas en el encuentro están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

“(En el ampliado) se decidió una marcha pacífica a partir del 17 de septiembre bajo un pliego (petitorio). Dijimos que, si el Gobierno atiende hasta el 15 de este mes, no hay marcha; si no atiende, hay marcha el día 17. Lo que me sorprende es que hay muchos sectores que se van plegando”, dijo el dirigente político el miércoles.

Desde el Gobierno se señaló que la movilización convocada por Morales evidencia un plan de “desestabilización” con fines políticos personales.

“Lo que vamos a empezar lamentablemente a ver en nuestro país, a la cabeza del señor Evo Morales, es la puesta y ejecución en marcha del plan de desestabilización al gobierno democráticamente legal y constituido dentro del territorio nacional (sic)”, dijo Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, en días pasados.

El director de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este viernes que se espera un informe para valorar el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho, en prisión desde diciembre de 2022, a Santa Cruz para la instalación del juicio oral por el caso Decretazo, que está programado para el lunes 16 de septiembre.

“Estamos esperando los informes, hasta el final de la tarde tiene todavía el director para establecer todos los informes que ha solicitado. Estamos esperando ciertos informes que seguramente, a través de la dirección del Centro Penitenciario de Chonchocoro se dará a conocer a la autoridad competente”, explicó Limpias.

El 16 de julio, el Tribunal de Sentencia N° 8 de Santa Cruz suspendió, por cuarta vez, la instalación del juicio oral contra Camacho, ante la ausencia de la autoridad detenida en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

La autoridad cruceña es investigada por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; la Fiscalía pide seis años de cárcel.

Limpias reiteró también que se pidió a la autoridad competente se pronuncie sobre los informes que detallan los riesgos en el traslado de Camacho a Santa Cruz.

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“No es nomás ordenar y decir lleven, sin prever todas las cosas que pueden acontecer, no solamente en referencia al privado de libertad Luis Fernando Camacho. Estamos haciendo referencia de casos delicados en anteriores oportunidades que ha habido problemas con las víctimas e incluso agresiones que ha sufrido el personal policial”, dijo.

El titular de Régimen Penitenciario aclaró que todo lo que se hace es en el marco de lo legal, sin trasgredir la norma. “Lo que se está haciendo, a través de la dirección del centro penitenciario, son estipuladas en la ley. Hay una responsabilidad, sobre todo en el marco de la seguridad que se tiene en el penal de Chonchocoro.”

En octubre de 2023, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Camacho en el caso Decretazo. Se lo apunta por intentar delegar su cargo de forma interina a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, Camacho encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo a Aguilera. Con ese fin, la autoridad cruceña promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.

Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el vicegobernador.

Camacho cumple la detención preventiva en la cárcel de Chochocoro de La Paz, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

Desde el 4 de septiembre, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa abrió el registro para postulantes al cargo de Fiscal General del Estado. A nueve días, es poco el interés por conseguir esa designación.

Hasta la tarde de este viernes solo hubo tres registros en la oficina habilitada para el proceso, en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, en La Paz. Son dos mujeres y un varón que presentaron sus requisitos.

Se trata de Lizzie Mónica Riera, que ejerció como fiscal de provincia, jueza de coactiva administrativa fiscal y tributaria, jueza de la niñez y adolescencia, fiscal de justicia penal juvenil y trata y tráfico en Tarija.

Fiscal General

Asimismo, cuenta, según informó, con varios diplomados y especialidades.

“Lo que me anima a postularme es que tengo un plan de trabajo con perspectiva de género (…). He venido confiada, porque soy una mujer de fe”, dijo a los periodistas al presentar sus documentos.

El segundo fue el abogado paceño Jorge Morón, que cuenta con 10 años de experiencia profesional. “Lo que preocupa es (atender) la retardación de justicia. Es prioritario”, dijo.

Otro tema “relevante” que, según el jurista, se debe atender con prioridad es la corrupción en la Justicia.

La tercera profesional que presentó sus documentos para el proceso es la administradora de empresas Soledad Torrico Morales, aunque explicó que tiene estudios inconclusos en derecho.

Postulantes

“He visto muchas falencias en la atención al público. Es un ministerio que tiene que brindar acceso a la Justicia a todos”, dijo a los periodistas.

La Comisión Mixta de Justicia Plural tiene 45 días para realizar todo el proceso de preselección de postulantes.

Precisamente, la primera etapa es la presentación de los documentos de las y los postulantes. Esta fase concluirá el 18 de septiembre.

Los horarios para la recepción de la documentación son de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.30. En tanto, sábados y domingos son de 80.30 a 12.00.

Terminado el proceso, la Asamblea Legislativa designará por dos tercios de votos a quien reemplazará al actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que terminará su gestión de seis años constitucionales el 23 de septiembre.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, aclaró este viernes que las preguntas del referendo deber ser aprobadas hasta octubre de este año, esto con el fin de garantizar que el proceso se realice en febrero. Caso contrario, advirtió, correría el riego de una interposición con las elecciones generales.

El vocal electoral señaló que la revisión de las preguntas del referéndum es hasta que se logre y se cumpla los criterios de claridad, precisión e imparcialidad. Sin embargo, advirtió que el artículo 87 de la Ley 026 señala que no se puede realizar dos procesos electorales a la vez. 

«Al año tenemos las elecciones generales 2025. Va arrancar en abril. No tendría que haber una colisión con este proceso electoral y eso le da un tiempo a este referéndum. Sería hasta octubre de este año que debería estar arrancando, debería estar emitiéndose este decreto de convocatoria a este proceso, porque como Órgano Electoral requerimos cuatro meses para la organización”, explicó Tahuichi a la red Uno.

El jueves, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó que las preguntas 1 y 2, referidas a la subvención de la gasolina y diésel, “contienen términos abstractos e indeterminados” y que no existe certeza sobre la “gradualidad”.

En tanto, para la pregunta 3, sobre la reelección presidencial, se solicitó se pueda precisar el alcance legal de esta pregunta.

“Se está observando y solicitando que se pueda complementar estas preguntas para proceder a realizar una evaluación técnica conforme a lo que establece la normativa electoral vigente”, dijo.

Votación

El TSE confirmó en días pasados que las elecciones generales en Bolivia se desarrollarán el domingo 17 de agosto, por lo que la convocatoria a los comicios presidenciales debe realizarse el sábado 19 de abril. Según el artículo 94 de la Ley 026, el TSE “debe convocar a las elecciones con una antelación de al menos 120 días a la fecha de realización de la votación”.

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El vocal Tahuichi también añadió que, de noviembre de 2024 a febrero del siguiente año, se debería organizar el proceso de referéndum. “Eso nos da tiempo para que lo hagamos hasta febrero, posterior a eso hay un riesgo de colisión y eso no debería suceder”.

Mencionó que, en todo caso, el presidente Luis Arce debe pasar dos filtros, uno del TSE y otro del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), hasta más tardar octubre de este año. “Pasado octubre, le pone en enorme riego el proceso electoral 2025”, reiteró. 

Aclaró también que las preguntas del referéndum pueden ser remitidas las veces que sean necesarias al TSE hasta que cumplan los tres criterios técnicos, como la imparcialidad, precisión y claridad.

“Hasta que no exista (observaciones), recién el presidente tendría luz verde para poder proseguir este trámite con el Tribunal Constitucional, que tiene dos escenarios. El Constitucional podría declarar constitucionales las preguntas y le da luz verde para que pueda convocar mediante un decreto las elecciones de referéndum (sic). La otra posibilidad es que declare inconstitucionales y eso haría que se archive este proceso”. 

Corrección

Tras la observación de las preguntas del referéndum, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló este viernes que el Gobierno volverá a corregir y enviar nuevamente al Órgano Electoral las preguntas para su análisis técnico.

“El Tribunal (Supremo Electoral) nos dice aclare más la(s) pregunta(s). Entonces vamos a cumplir lo que nos dice (y) vamos a volver a mandar corregidas. Eso lo está viendo el Departamento Jurídico y el Ministerio de Justicia”, informó la autoridad.

Luego del hallazgo de 12 paquetes de cocaína en un basurero de un avión de Boliviana de Aviación (BoA), una comisión de fiscales y la policía antidroga intervinieron la tarde de este viernes el centro de control de monitoreo del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.

La droga fue hallada en un avión que se dirigía de Santa Cruz a Madrid; sin embargo, la aeronave salió previamente de la terminal aérea de Cochabamba.

Las autoridades secuestraron las grabaciones de las cámaras de vigilancia para buscar indicios sobre quién o quiénes podrían estar involucrados con las sustancias controladas.

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BoA

Al respecto, desde BoA explicaron que la estatal “está prestando toda la colaboración requerida y necesaria con las autoridades para el esclarecimiento del hecho”.

Mediante un comunicado explicaron que el jueves durante el proceso de limpieza e inspecciones de seguridad en la aeronave que debía realizar el vuelo 08776 Santa Cruz-Madrid, detectaron 2 paquetes sospechosos en el interior de la cabina.

De inmediato se informó del hallazgo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

“Luego de las inspecciones y habiéndose tomado conocimiento del posible acto ilícito de tráfico de sustancias controladas, nuestra empresa está prestando toda la colaboración requerida y necesaria con las autoridades designadas; para el esclarecimiento de este hecho”, refiere la nota.

Asimismo, explica que se aplicaron los procedimientos y protocolos de seguridad; lo que provocó demora en los vuelos internacionales a Madrid y Miami, que fueron regularizados este viernes.

En la misma línea, el director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, dijo que están atendiendo todos los requerimientos de la Fiscalía y anunció “mano dura” a quienes estén implicados en el “incidente”

Por este caso, hay 37 personas aprehendidas con fines investigativos. De ellas, 26 corresponden a la tripulación que llegó desde Cochabamba y a la que se aprestaba a partir a Madrid; y 11 que son parte del personal de limpieza.

No es el primer caso que involucra a la estatal en el tráfico de drogas. En mayo de 2023 se conoció que un cargamento de casi media tonelada de droga llegó en febrero; hasta el aeropuerto de Barajas en Madrid, en un vuelo de BoA.