Nacional

viernes 20 may 2022 | Actualizado a 13:21

La FTC reporta a la fecha 2.000 hectáreas de coca reducidas y perfila llegar a las 8.000 en 2021

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que personeros de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDCC) hicieron conocer su preocupación por el incremento de los cultivos de coca en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

/ 27 de noviembre de 2020 / 17:06

En lo que va de este año se redujeron 2.000 hectáreas de coca excedentaria e ilegal, debido al “poco tiempo trabajado” y por factores como la pandemia, pero para el próximo año se perfila la disminución de más de 8.000 hectáreas, informó el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), general Carlos Martín Salinas.

En esa misma línea y en el marco de una visita a Chapare, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que personeros de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDCC) hicieron conocer su preocupación por el incremento de los cultivos de coca en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

“Hemos evidenciado que en el gobierno de facto no habían realizado ni una erradicación ni una racionalización de cultivos excedentarios en el Trópico de Cochabamba”, aseguró tras un sobrevuelo por la región, una de las productoras de hoja de coca junto a los Yungas, en el norte de La Paz.

Salinas informó que las tareas de erradicación y reducción de cultivos acabarán antes del 10 de diciembre y que hasta el momento se alcanzó solo 2.000 hectáreas debido a los problemas registrados en este año como el de la pandemia.

La Fuerza de Tarea Conjunta, instancia operativa en las labores de control de los cultivos de coca, paró sus actividades por 172 días.

(27/11/2020)

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El dirigente universitario Max Mendoza reaparece, acusa y rechaza congreso en Potosí

Rodeado por dirigentes, Mendoza aseguro que “no hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal”.

Max Mendoza y el Consejo Nacional de Dirigentes de la Confederación Universitaria Boliviana.

/ 20 de mayo de 2022 / 00:03

Tras una avalancha de denuncias y al menos cuatro procesos penales en su contra, el dirigente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Max Mendoza, reapareció la noche de este jueves en un video sin responder a las denuncias de los años de permanencia en la universidad y su sueldo superior a los Bs 21.000, aunque afirmó: “No hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal”.

También anunciaron que no acudirán al XIII Congreso de Universidades que fue convocado para la próxima semana en Potosí, por falta de garantías y observaciones al presídium del rector de la Tomás Frías, Pedro López. En ese encuentro se elegirá a dirigentes del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y se perfilan hacer ajustes en el andamiaje universitario.

Rodeado por dirigentes identificados de la Federación Universitaria Local (FUL) de diferentes universidades públicas, Mendoza se encargó de contra-denunciar a exdirigentes que lo acusan de irregularidades en su gestión y permanencia en la dirigencia de la máxima instancia de representación universitaria nacional.

A los exdirigentes y denunciantes Jonás Ariel Flores y a Ismael Peralta se los vinculó con exautoridades del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez. Mendoza no habló de los cuestionamientos a los 33 años de permanencia en la universidad, a los más de 10 años como dirigente, a sus viajes al exterior y al sueldo que recibió desde 2018 por más de Bs 21.000 como dirigente de los estudiantes universitarios.

“Todo este tipo de denuncias que se han venido presentando son en su gran mayoría calumnias a la Confederación Universitaria de Bolivia y a las federaciones Universitarias Locales. Nosotros nos vamos a defender de todas la denuncias que nos están planteando porque mi persona y los ejecutivos de la FUL no hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal, y tenemos las instancias para descargos”, explicó sin dar mayores detalles.

Ante los hechos denunciados se activaron al menos cuatro denuncias contra el universitario de 52 años por delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Desde el Legislativo se puso atención a este caso. El diputado del MAS Héctor Arce reveló que Mendoza se aplazó en 200 materias y obtuvo una calificación de 0 en otras 100, además denunció de viajes al exterior, cobros de viáticos y el cobro del sueldo de más de Bs 21.000, que le fue retirado.

“Estamos tranquilos porque no hemos cometido ningún delito, menos penal. En ese sentido, una vez que se esclarezca este tema hemos tomado la determinación de tomar acciones legales contra aquellas personas que están difamando el honor de la dirigencia nacional”, advirtió el cuestionado dirigente.

Para la próxima semana, está convocado el XIII Congreso de Universidades que fue avalado por el propio Mendoza. Sin embargo, ahora decidió no acudir y propuso que se desarrolle en un plazo de 30 días.

No obstante, el Congreso, por lo menos hasta el momento, está confirmado.

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UMSA: Consejo Universitario anula resolución para sancionar por memes contra dirigente Quelali

La resolución 144/2022 instruía la contratación de un perito para investigar y sancionar a los autores de memes contra el dirigente de la FUL Álvaro Quelali

Israel Centellas.

/ 19 de mayo de 2022 / 22:03

El Honorable Consejo Universitario (HCU) dejó sin efecto la Resolución 144/2022 que establecía la contratación de un perito para investigar y sancionar a los autores de memes en contra del cuestionado dirigente estudiantil de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSA Álvaro Quelali.

“La contratación como perito informático de la Universidad Mayor de San Andrés; dependiente de Secretaría General, (…), cuya función específica será resguardar y preservar la inviolabilidad de las plataformas, sistemas, páginas y redes sociales institucionales, además de identificar a aquellos posibles agresores, a fin de iniciar las acciones disciplinarias o jurisdiccionales correspondientes”, establecía parte de la resolución anulada.

Según un boletín de prensa de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el secretario general de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Israel Centellas, explicó que hubo una mala interpretación por parte de las personas que elaboraron el documento ahora anulado.

“Lastimosamente, al momento de redactar la resolución cometimos un error, que lo asumimos desde la Secretaría General. Eso da a entender que el rector Oscar Heredia estaría resguardando o protegiendo la imagen de Quelali, algo totalmente falso, ese no es el sentido de la resolución, porque el Rector habla de lo que se puede hacer para defender el honor y la honra de toda la comunidad universitaria, no de una persona”, aclaró Centellas.

El primer párrafo de la resolución anulada, donde se menciona a Quelali, hace referencia al contenido de un meme que fue leído durante una sesión del HCU y aclarada como tal en el acta que dio paso a la Resolución 144/2022. El extracto de esa lectura fue incluido erróneamente en dicho documento, lo que generó malas interpretaciones y tergiversación del objetivo de la resolución.

“Es hidalgo reconocer que han existido errores, pero no del Rector, sino de la unidad que ha construido la resolución”, aclaró Centellas.

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Áñez exige al TCP ‘ratificar’ constitucionalidad de la sucesión presidencial de 2019

La expresidenta Jeanine Áñez tomó el poder en noviembre de 2019, tras la dimisión del expresidente Evo Morales y una reunión de líderes de la oposición y de cívicos

La expresidenta Jeanine Áñez en una de sus pasadas audiencias. Foto: APG.

/ 19 de mayo de 2022 / 20:06

La expresidenta Jeanine Áñez demandó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “ratifique la constitucionalidad de la sucesión presidencial” de 2019, cuando como consecuencia de la crisis política de ese entonces tomó el poder a la renuncia del expresidente Evo Morales y de las autoridades en la línea de sucesión.

Acompañada de tres abogados, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, estuvo en Sucre, sede del control constitucional. “Presentaron esta mañana en Sucre una petición firmada por Jeanine Áñez al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para que ratifique la constitucionalidad de la sucesión presidencial”, establece un mensaje compartido en su muro de Facebook.

La posición hace alusión a un comunicado que emitió el TCP en 2019 y sobre el que Áñez se apoya para asegurar que la toma del poder fue parte de una sucesión constitucional. No obstante, en agosto de 2021 el control constitucional, en respuesta a la Fiscalía, aclaró que no emitió ningún fallo sobre la constitucionalidad de la sucesión presidencial de Áñez.

“De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión por parte del Gestor Procesal Tutelar, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”, señala uno de los puntos de respuesta a la Fiscalía que indaga al caso.

El TCP aclaró que en ese entonces emitió solo un “comunicado”, en el que toca aspectos como vacío de poder y de la sucesión constitucional “ipso facto” que alcanza al Vicepresidente, como parte de la línea de sucesión.

La expresidenta enfrenta un juicio penal por la forma cómo se hizo de la Presidencia del Senado, que luego le permitió llegar al poder, sin cumplir la norma legal ni el Reglamento de Debates. No hubo quórum en la sesión y no podía hacerse de la Presidencia de Senado, porque era de la minoría, según la investigación fiscal. Una reunión extralegislativa con líderes de oposición y cívicos trazó la línea de sucesión.

El juicio fue suspendido en puertas de una sentencia, porque la defensa demandó de inconstitucionalidad los delitos por los que es juzgada: Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

El Tribunal que juzga a Áñez excluyó de la prueba de los acusados el “comunicado” del TCP.

Morales dimitió el 10 de noviembre de 2019 acorralado por las protestas cívicas que denunciaban un fraude electoral, un motín policial t la “sugerencia” militar de dejar el cargo. Álvaro García también dimitió, al igual que los presidentes del Senado y de Diputados presionados por los movilizados. Víctor Borda, expresidente de Diputados, reveló que renunció porque su hermano fue tomado como rehén y su casa era incendiada.

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En el MAS dan por hecho continuidad de Cruz en la Defensoría, desde la oposición hablan de ‘ilegalidad’

El legislativo fracasó en cuatro oportunidades en elegir al nuevo Defensor del Pueblo en reemplazo de Nadia Cruz. La sesión fue suspendida sin fecha ni hora de reinicio

Nadia Cruz en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

/ 19 de mayo de 2022 / 18:25

La elección del nuevo Defensor del Pueblo se empantanó al no alcanzar ninguno de los candidatos los 2/3 de voto para ser elegido. En el MAS denunciaron un “golpe institucional” de la oposición y dan por hecho la continuidad de Nadia Cruz en el cargo de Defensora del Pueblo.

Mientras que desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedraza aseguró que la falta de un nuevo Defensor del Pueblo demuestra lo difícil que es para el Movimiento Al Socialismo (MAS) buscar acuerdos y consensos.

En la sesión del miércoles una cuarta votación volvió empantanar la elección, porque ninguno logró los 2/3 de respaldo. Ante esa situación, la mayoría oficialista decidió aplazar la elección de la autoridad sin fecha ni hora de reinicio.

El diputado del MAS Juan José Jáuregui aseguró que Cruz se mantendrá en el cargo, al que llegó con un interinato tras la dimisión de David Tezanos Pinto.

“La oposición está empeñada en bloquear la designación, está empeñada en gestar un golpe institucional a la Defensoría del Pueblo, en consecuencia, Nadia Cruz se queda”, afirmó y explicó que en caso de renuncia de Cruz se deberá elegir a otra interina con simple mayoría y sin necesidad de una “ley corta”

Según el artículo 12 de la Ley del Defensor del Pueblo, en caso de cumplimiento de mandato “la Defensora o el Defensor del Pueblo podrá ser reemplazado interinamente por cualquier Delegada o Delegado Defensorial Adjunto, mismo que será nombrado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación”.

De los 164 legisladores que sufragaron en la sesión del miércoles, 99 apoyaron a Pedro Callizaya y 47 a Evelin Cossio. El primero tiene el respaldo de la mayoría del oficialismo y el segundo de Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa, mientras que Creemos del excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho optó por no respaldar a ninguno y exigir un nuevo proceso.

Pedraza cuestionó que Cruz permanezca en el cargo.

“Están buscando el mecanismo de prórroga de esta señora a partir de una ilegalidad”, afirmó el legislador de CC.

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El Gobierno destina más de Bs 842 MM a las estatales de producción de alimentos Eba y Emapa

Los recursos económicos estarán destinados a mejorar la producción y la oferta de productos de las firmas estatales. Otros Bs 10 millones van al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

/ 19 de mayo de 2022 / 17:06

Más de Bs 842 millones fueron destinados por el Gobierno a las estatales Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (Eba) y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para el desarrollo de diferentes proyectos productivos. Además, se destinó Bs 10 millones para el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

De acuerdo al decreto 4722, aprobado el 18 de mayo, se busca “ampliar o incrementar la capacidad de producción de las plantas procesadoras de Eba y Emapa, además de diversificar la cartera de productos, dotar de servicios complementarios y ampliar o remodelar la infraestructura necesaria.

Se destinó a la empresa Eba Bs 256.569.938 para la ampliación de la planta de procesamiento de lácteos de Achacachi y Challapa, implementación de la planta procesadora de derivados de almendras y para la industria de productos del Chaco.

Mientras que para Emapa se dispuso Bs 586.320.960. Los recursos deberán ser destinados a la construcción de una planta procesadora de papa en Chuquisaca y una de transformación de subproductos de soya en el municipio cruceño de San Julián.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó el 15 de mayo que el Gobierno continuará apoyando a las empresas públicas, luego que generaran Bs 2.873 millones en utilidades en el 2021.

“Se ha permitido que las empresas públicas tuvieran un año de diferimiento para aliviar y darles oxígeno para que puedan recuperarse (en 2020) y no nos hemos equivocado, los resultados han sido adecuados, hay un nivel de utilidades muy importante y vamos a seguir invirtiendo”, aseguró en una entrevista en los medios estatales.

Según los datos oficiales y con excepción de 2020, las utilidades de las empresas públicas fueron positivas desde 2006 hasta 2021. El pasado año las utilidades llegaron a Bs 2.873 millones, pero además –siempre en función a datos oficiales- tienen un superávit corriente que implica que sus gastos de funcionamiento son cubiertos con los ingresos.

En el decreto 4722 también se autoriza destinar Bs 10.930.715 al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para la conclusión de los estudios a diseño técnico de preinversión y su supervisión: Implementación de la industria química básica en Bolivia, de la industria de cárnicos en Beni y de la industria de productos del Chaco.

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