Nacional

domingo 24 oct 2021 | Actualizado a 09:11

Militares en reserva marchan en protesta por el proceso contra el general Cuéllar por el caso Sacaba

"Molestia por la falta de justicia con nuestros camaradas. Cómo la justicia civil va a investigar una operación militar ", sostuvo uno de los movilizados

Movilización de los militares en reserva por la avenida Mariscal Santa Cruz en La Paz

Por Paulo Cuiza

/ 27 de noviembre de 2020 / 22:26

En un hecho singular, militares del servicio pasivo marcharon este viernes en las principales capitales del país demandando respeto a las Fuerzas Armadas y en rechazo al proceso penal abierto en contra del comandante de la guarnición militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, por la violencia y muertes en Sacaba, en noviembre de 2019.

«Molestia por la falta de justicia con nuestros camaradas. Cómo la justicia civil va a investigar una operación militar ¿qué saben ellos? no tiene sentido, si quieren hacer una cosa seria que el Parlamento haga un juicio de responsabilidades, ahí irá la señora capitán general (Jeanine ÁÑez), seguirá el ministro, luego el comandante hasta llegar al general Cuéllar que es el quinto o sexto», advirtió el general Tomás Peña y Lillo en la ciudad de La Paz a la red Uno.

En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los militares en reserva protestaron contra la acción judicial contra Cuéllar, que en la semana fue aprehendido, imputado por el delito de asesinato y el jueves beneficiado con la detención domiciliaria en tanto prosigan las investigaciones sobre lo ocurrido en el puente Huayllani del Municipio de Sacaba, Cochabamba, donde ocho productores de coca perdieron la vida en la operación policial-militar el 15 de noviembre del año pasado.

En La Paz, los militares se movilizaron por la avenida Mariscal Santa Cruz, sujetando una larga bandera tricolor y pidiendo el respeto por su institución. Similar panorama se vivió en la ciudad de Cochabamba por la avenida Ramón Rivero y también en la capital cruceña.

Cuéllar forma parte de la lista de involucrados en la investigación para establecer responsabilidades en los hechos de violencia de Sacaba. En ese entonces, cocaleros marcharon con rumbo a la ciudad de Cochabamba en apoyo a Evo Morales, quien para entonces ya había dimitido a la presidencia.

Un informe aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional por los legisladores salientes recomendó juicio de responsabilidades contra la expresidente Áñez, sus exministros y jefes policiales y militares por las acciones no solo en Sacaba, sino también en Senkata, en la ciudad de El Alto, donde también hubo muertos y heridos en noviembre de 2019.

(27/11/2020)

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Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata con el pliego de demandas. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el lunes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

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El Gobierno convoca al diálogo a trabajadores de AASANA tras amenaza de nuevas protestas

El viceministro Israel Ticona calificó de “irresponsable” la advertencia de los trabajadores de AASANA de entrar en un “paro colectivo”.

Una pasada movilización de los trabajadores de AASANA. Foto: La Razón.

/ 23 de octubre de 2021 / 18:00

El viceministro de Transportes, Israel Ticona, convocó a los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) al diálogo, después de que su dirigencia advirtió con volver a las protestas.

“Hago conocer que (el viernes) hemos hecho una invitación a la Federación de Trabajadores de AASANA para un diálogo abierto (el próximo martes con el fin de) abordar los 14 puntos de su pliego petitorio para encontrar una solución a este conflicto de la institución”, dijo. 

Este llamado surge después de que el Gobierno tomó conocimiento de un nuevo pronunciamiento de los trabajadores que advierten –según Ticona– con un paro colectivo inminente.

Ticona calificó de “irresponsable” esa amenaza porque, en su criterio, “si van a un paro colectivo habría incidentes y accidentes en las operaciones aéreas”.

Por tanto, “pedimos a los hermanos (trabajadores) ser un poco más serios con esta posición porque como Gobierno estamos en plena predisposición de encontrar soluciones a su pliego petitorio”, insistió. 

Arminda Choque e Israel Ticona en conferencia de prensa. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

En la misma línea, la directora nacional de AASANA, Arminda Choque, remarcó que la “seguridad operacional es responsabilidad de todos” y lamentó se realicen ese tipo de advertencias.

Deudas

Choque agregó que, de acuerdo al pronunciamiento de los trabajadores, “supuestamente se les adeuda sueldos y salarios”.

Sin embargo, “desmiento categóricamente este tema; nosotros no debemos sueldos y salarios a la fecha, (aunque sí hay deudas) por horas extras a una parte del personal, que no fue pagada en 2020 (y los tres primeros meses de 2021)”, admitió.

No obstante, según la Directora, desde abril no se debe “un solo centavo por sueldos, salarios ni horas extras”. 

Reestructuración

También Choque dijo que los trabajadores hablan de una imposición de reestructuración. Pero “esta autoridad jamás ha ido a imponer una reestructuración”, enfatizó.

La funcionaria señaló que tras el conflicto de agosto, ella hizo en reiteradas ocasiones invitaciones a los representantes de los trabajadores para tratar este tema, pero no fue escuchada.

“Ni siquiera el cronograma que establecimos se cumplió pese a mis invitaciones”, sostuvo.

“Acoso y hostigamiento”

Choque denunció que desde el momento que asumió su actual cargo en AASANA ha sido “constantemente hostigada, acosada y hasta discriminada”.

Pero “no voy a permitir que (ahora) se me acuse de malos manejos administrativos y menos de corrupción; hice todo para ahorrar y ser lo más austera posible (…); tampoco voy a permitir que me digan falsamente que estoy despidiendo al personal”, puntualizó.

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La marcha de las víctimas de 2019 deja en la Casa Grande su pliego dirigido a Arce

El dirigente Roberto Jucumari, entre lágrimas, cuestionó que los periodistas no hagan cobertura de la marcha, como suelen realizar sobre otras movilizaciones en el país.

El dirigente Roberto Jucumari rompió en llanto. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 23 de octubre de 2021 / 15:44

Una delegación de la marcha de las víctimas de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) llegó la tarde de este sábado hasta la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz, para dejar su pliego petitorio dirigido al presidente Luis Arce.

Los marchistas no detallaron el contenido del documento, pero, de manera general, aseguraron que solo piden justicia. 

“Nosotros solo pedimos justicia; ¿hasta cuándo vamos a caminar? Me duele mucho (esta situación), me duele mucho; (espero) que estas lágrimas no sean en vano”, dijo entre sollozos Roberto Jucumari, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba).

El dirigente Roberto Jucumari. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

Las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez, comenzaron el 19 de octubre con una marcha de protesta en demanda de justicia desde la localidad de Caracollo, en Oruro, rumbo a la ciudad de La Paz.

Según Jucumari, la movilización prevé llegar a la sede de Gobierno el próximo lunes. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –cuyo saldo fue 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, en su informe final, el GIEI identificó el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno de Áñez, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, como el principal instrumento con el que se pretendió dotar de “cobertura legal” a la represión del Estado en la crisis poselectoral de 2019.

Reclamo a periodistas

Jucumari también cuestionó que los periodistas no hagan cobertura de la marcha, como suelen realizar sobre otras movilizaciones en el país.

“Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista”, apuntó.

Respuesta del Gobierno

El director general del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, aseguró que se atenderá el pliego petitorio.

“El Gobierno tiene la total predisposición y mantiene la intención de atención permanente a toda petición que sea legítima; nosotros vamos a analizar el pliego, vamos a valorar cada una de las solicitudes”, afirmó.

Aunque anticipó que “varios de los puntos ya están siendo atendidos o están en proceso de atención”.

Tito Tornero responde a marchistas. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

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Arce y Castillo hablarán del mar, el desvío del río Mauri y otros en gabinete bilateral

“El 30 será el encuentro presidencial y el VI Reunión Binacional Bolivia y Perú”, dijo el vicecanciller Freddy Mamani.

El vicecanciller Freddy Mamani, en La Razón. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 13:15

El Gobierno confirmó este sábado la visita a Bolivia del presidente del Perú, Pedro Castillo, quien tiene previsto reunirse con su homólogo boliviano, Luis Arce, el 30 de octubre, para abordar al menos cinco asuntos bilaterales.

El vicecanciller Freddy Mamani, anunció que entre los puntos que abordarán ambos gobiernos en las comisiones, entre el 29 y 30 de octubre en Bolivia, están el energético, recursos hídricos y el desvío de las aguas del río Mauri, el más sensible, entre otros.

El 29 será una reunión técnica entre todos los profesionales de ambos países para la revisión de los ejes temáticos. “Y el 30 será el encuentro presidencial y el VI Reunión Binacional Bolivia y Perú”, dijo Mamani en declaraciones a radio Cepra.

Ratificó que el objetivo del encuentro, al igual que los cinco primeros, es fortalecer las relaciones de amistad y cooperación con Perú.

El desvío de las aguas del río Mauri es un tema sensible del encuentro binacional. Mamani explicó que en Puno se hicieron algunas acciones legales. El 8 de enero se anunció que Perú tenía todo listo para desviar las aguas que nacen en ese país.

“Probablemente no lleguemos a un acuerdo a nivel técnico, pero ese tema es uno de los más sensibles para nosotros”, aclaró el vicecanciller.

El desvío alcanza a 350 litros por segundo y amenaza con causar una catástrofe para decenas de comunidades aymaras, quechuas, urus y chipayas.

Otro de los temas que está en la agenda bilateral es la apertura del paso fronterizo San Lorenzo- Extrema, en la frontera de Bolivia, a través de Pando, con Perú.

Ilo

Mamani recalcó que Bolivia tiene muchas dificultades para la salida de la carga boliviana por Chile, es por ello que busca otras opciones como el puerto de Ilo.

“Una de las alternativas es el puerto de Ilo, en ese contexto se está trabajando”, aseveró.

En junio del 2019, los gobiernos de Evo Morales y Martín Vizcarra suscribieron 12 acuerdos y 92 compromisos bilaterales para la dinamización de la agenda común.

En 1992 Bolivia y Perú firmaron un acuerdo para el establecimiento de una franja al sur de Perú, que se extiende cinco kilómetros, a favor de Bolivia.

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Arce: En el Congreso de EEUU avanza ley en la que piden informe del rol de la OEA en justas en Bolivia

El embajador Héctor Arce informó que en la ley que se aprueba en el Congreso de EEUU se fija un plazo de 120 días para remitir ese informe al Legislativo

El embajador Héctor Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 22 de octubre de 2021 / 22:56

En el Senado de Estados Unidos se ajustó la redacción de un acápite referido a Bolivia, en un proyecto de ley de asignaciones, y se instruyó al Departamento de Estado solicitar un informe sobre el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia y remitirlo en un plazo de 120 días al Congreso, informó el embajador Héctor Arce.

Este interés de Washington por lo ocurrido en Bolivia está en un proyecto de ley de asignaciones que fue aprobado en la Cámara de Representantes (Diputados). También se aprobó en una comisión del Senado, pero con ajustes en la redacción que pone énfasis en el papel de la OEA y fija plazos, explicó en una entrevista con el canal estatal.

“En el Senado se ha aprobado una redacción mediante la que se conmina al Departamento de Estado solicitar información sobre lo ocurrido en Bolivia en las elecciones de 2019, el rol de la OEA y remitir esa información, además de la violación de los derechos humanos, y remitir todas esta información al Congreso de Estados Unidos en un plazo de 120 días”, precisó.

Un informe preliminar de la OEA denunció irregularidades en las elecciones de octubre de 2019 que agravó una crisis arrastrada con denuncias de fraude electoral. La protesta cívica, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. Estudios externos descartaron el informe de la OEA.

Justamente este viernes, en la sede del organismo, se realizó el evento denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, que expuso los estudios que cuestionaron el trabajo de la secretaría de Luis Almagro.

“Para desgracia de Francisco Guerreo, de Luis Almagro, de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho, este es un tema que está muy lejos de ser cerrado”, afirmó Arce en alusión a la carta de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA en la que rechazó la invitación a participar del evento de este viernes, porque ese “es un tema cerrado”.

Arce, embajador ante la OEA, informó que la Secretaría General no remite los elementos técnicos de la auditoría que realizó en las elecciones de 2019 a la delegación boliviana, pese a las siete solicitudes hechas a la fecha.

“Es el secreto mejor guardado del mundo”, cuestionó.

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