En una entrevista con La Razón, quien fuera secretario ejecutivo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, develó que la “injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político” de 2019 y otros hechos alertaron a organismos de derechos humanos.
“La injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, la vacante y controversial sucesión presidencial, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles, la emisión del Decreto 4078 para otorgar amnistía penal irrestricta a las fuerzas de seguridad fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de derechos humanos”, dijo el activista brasileño.
Luego de las fallidas elecciones del 20 de octubre del año pasado, cuestionadas por presuntas irregularidades develadas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el país se desató una crisis política que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la sucesión “ipso facto” de la otrora senadora Jeanine Áñez.
Movilizaciones cívicas, un motín policial y la sugerencia de “renuncia” de Morales planteada por las Fuerzas Armadas precipitaron los hechos, que luego se complicaron con protestas a favor del mandatario derrocado más tarde intervenidas de manera conjunta las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana al amparo del Decreto Supremo 4078, que otorgaba inmunidad penal a los efectivos.
Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19 de noviembre fueron los hechos luctuosos emblemáticos que la CIDH, organismo independiente de la OEA, consideró que fueron masacres. Inicialmente, en cada uno de los operativos hubo nueve fallecidos, cifra que al final fue mayor.
“Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos. Se registró vulneración a los derechos a la integridad física y la salud de un elevado número, de 804 personas heridas. Se verificó cientos de detenciones arbitrarias. Los testimonios recabados denunciaron el uso de torturas, malos tratos y otras formas de abuso”, resumió Abrao en entrevista con La Razón.
El exjefe de la CIDH, no ratificado por diferencias por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que la oportuna intervención de la CIDH en la crisis evitó más muertes a causa de la “violencia autoritaria”.
Abrao, además defendió la postura preliminar de la CIDH en sentido de que las muertes en Sacaba y Senkata fueron resultado de sendas masacres. Y denunció que el gobierno de Áñez frenó la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ya investiga los sucesos luctuosos de 2019.
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