La expresidenta Jeanine Áñez se refirió al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao como alguien al que “le tienta más la defensa del poder que de las personas”, en referencia a las conclusiones de éste sobre la violencia en 2019.
“En el mundo de los DDHH, hay gente seria que defiende los derechos de las personas frente al poder. Y hay los otros; los que defienden al poder frente a las personas. Al señor Abrao, le tienta más la defensa del poder que de las personas (sic)”, escribió la mandataria en sus redes sociales.
En una entrevista con La Razón, el domingo, Abrao develó una serie de elementos —consignados en el informe preliminar de la CIDH sobre la violencia y las muertes de 2019— sobre la actuación del gobierno de Áñez sobre la represión de las Fuerzas Armadas y de la Policía a las protestas poselectorales, cuyo saldo fue una treintena de fallecidos.
“Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos”, dijo.
El activista brasileño —cuyo contrato al frente de la CIDH no fue extendido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro— dijo que el gobierno anterior frenó la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“El gobierno interino fue poniendo trabas y posponiendo la instalación del GIEI, originalmente prevista para febrero hasta después de las elecciones para que el último día renunciara oficialmente a su instalación. Fue necesario el nuevo gobierno para rescatar su continuidad”, dijo Abrao.
El gobierno de Áñez había calificado aquel informe —en el que la CIDH estableció que las muertes de Sacaba, Senkata y otros fueron resultado de una masacre— de sesgado e imparcial. Incluso, a decir de Abrao, condicionó a que el documento no sea base para una nueva instigación del organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Abrao también observó los antecedentes previos y posteriores de la llegada al poder de Áñez. “La injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, la vacante y controversial sucesión presidencial, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles, la emisión del Decreto 4078 para otorgar amnistía penal irrestricta a las fuerzas de seguridad fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de derechos humanos”, afirmó.
El GIEI ya está instalado en el país, buscará esclarecer los hechos violentos de 2019 en un plazo de seis meses. En los últimos días estuvo en el Chapare y Cochabamba, y este lunes se reunió con el fiscal general, Juan Lanchipa.