Nacional

sábado 31 jul 2021 | Actualizado a 05:56

El Gobierno se plantea una reforma judicial a través de modificaciones a la Constitución

Esta semana, el Ministerio de Justicia conformará su equipo de “notables” para discutir y posteriormente definir la pertinencia o no de cambios a la modificación de la Constitución.

Iván Lima y Claudia Benavente en el Piedra, Papel y Tinta. Foto: Roberto Guzmán

/ 30 de noviembre de 2020 / 02:43

El Gobierno está contrarreloj. Se ha propuesto hasta antes de fin de año plantear un proyecto de ley de necesidad de reforma constitucional para encarar la reforma judicial, que esencialmente deberá abordar la elección de magistrados por voto popular.

Una de las primeras acciones con ese fin es la conformación del equipo de “notables”. Con el expresidente de Bolivia y extitular de la otrora Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé en primera línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, se ha propuesto conformar ese plantel de asesores esta semana.

Una de las primeras tareas de ese equipo será considerar la propuesta del Ministerio de Justicia de reforma constitucional. “Éste es un proyecto de ley de reforma constitucional; que podamos decirle al país si va a ser necesaria una reforma constitucional o no”, dijo la autoridad en entrevista con La Razón.

Lima y su equipo en el Ministerio de Justicia ya hicieron un primer diagnóstico sobre la grave crisis del sistema judicial en el país. “Le digo los temas: la elección de los jueces por voto popular es un problema, el rol del Tribunal Agroambiental es otro problema que tenemos en el diseño de la Justicia y, el más importante para mí, la independencia judicial, la carrera judicial, que garanticemos a nivel de la Constitución la independencia de los jueces”, detalló

El Gobierno está apurado en la reforma judicial. Hasta fin de año deberá tener aprobada la ley de necesidad de reforma constitucional. “No tenemos mucho tiempo: el 3 de diciembre es una primera fecha (reunión del consejo de notables); el 10 deberíamos terminar el trabajo técnico y darle a la Asamblea al menos 10 días para que pueda, si fuera el caso, aprobar una ley de necesidad de reforma de  la Constitución”, dijo Lima.

Más información en nuestra edición impresa.

Comparte y opina:

Congreso de Estados Unidos presupuesta investigación sobre el rol de la OEA en los comicios de 2019 en Bolivia

El año pasado, 28 congresistas ya habían demandado al gobierno de Donald Trump que pida cuentas a la OEA sobre su papel en los comicios.

La misión de la OEA en las elecciones anuladas de 2019.

/ 29 de julio de 2021 / 13:23

La Cámara de Representantes de Estados Unidos incorporó en el presupuesto del año fiscal 2022 la propuesta de investigación del rol que tuvo la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones bolivianas de octubre de 2019, informó este jueves en su sitio web la congresista Jan Schakowsky.

El proyecto de investigación había sido propuesto por las congresistas Schakowsky y Susan Wild, y ahora está inscrito en la Ley de asignaciones estatales, operaciones extranjeras y programas relacionados (SFOPS) del Congreso estadounidense.

Los representantes Schakowsky y Wild, junto a otros congresistas, desde 2020 “han insistido en obtener respuestas a preguntas específicas sobre las declaraciones y acciones altamente controvertidas de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en Bolivia que alegan fraude en las elecciones bolivianas de 2019”, destaca el sitio web de Schakowsky.

La congresista detalla que “a pesar de las repetidas cartas del Congreso, los funcionarios de la OEA no han respondido a las preguntas de los miembros del Congreso sobre la base de las afirmaciones de la OEA en Bolivia”.

En 2020, al menos 28 congresistas estadounidenses, entre los que estaba el veterano Berny Sanders, demandaron a su gobierno a que pida cuentas a la Secretaría General de la OEA sobre su actuación en la crisis política boliviana de octubre de 2019.

 En septiembre de 2020, el senador Sanders había escrito en su cuenta de twitter que la OEA —financiada por EEUU— afirmó “falsamente que las elecciones del año pasado en Bolivia habían sido ‘fraudulentas’ (…) Después vino un golpe militar y represión. Necesitamos una rendición de cuentas AHORA para asegurar elecciones libres y justas en Bolivia el próximo mes”.

La OEA emitió en 2019 un informe que alimento el discurso del fraude en las elecciones, y desembocó en el derrocamiento de Evo Morales. El reciente martes, un informe pericial objetó al organismo hemisférico liderado por Luis Almagro, al señalar que no hubo manipulación informática dolosa, con lo cual se cerró la investigación de la Fiscalía.

Comparte y opina:

Novillo ratifica ausencia de registro de material antidisturbios argentino en archivos militares

El “material bélico” por el que el general Terceros agradeció al embajador argentino solo está descrito en un papel sin sello, señaló el ministro de Defensa.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Foto: APG

/ 29 de julio de 2021 / 12:48

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, reveló que el “material bélico” por el que el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en 2019, Jorge Terceros, agradeció a la embajada argentina no tiene registro de recepción formal en las Fuerzas Armadas.

En una conferencia de prensa, Novillo informó este jueves que en la institución castrense no existe un documento de recepción formal, un registro en regla de dicho material. Lo que sí hay, dijo, es el informe, sin sellos correspondientes, de un suboficial que da cuenta de la recepción de los referidos implementos.

“Indagando, dentro de estos 27 ítems (que ingresaron legalmente el 13 de noviembre de 2019) no se encuentran registrados los seis puntos de cargamento bélico descritos en la carta de agradecimiento de Terceros al embajador de Argentina en Bolivia en ese entonces, Normando Álvarez”, destacó Novillo.

Tras indagar en los archivos militares, sin embargo, Novillo señaló que lo único que se encontró fue un “acta de entrega y recepción de estos seis ítems de agradecimiento”. En esta acta, dijo, están “exactamente a detalle” los referidos materiales agradecidos por Terceros. Lo llamativo es que este papel no lleva ni firma ni sello, aunque sí figura el nombre de un suboficial.

Tampoco existe un registro formal de la entrega de este material a la Policía, añadió.

La ausencia de estos registros formales ratifica la internación irregular de municiones de Argentina el 13 de noviembre de 2019, subrayó el ministro; este material habría ingresado al país junto a pertrechos debidamente autorizados (el total de “27 items” señalado). 

En el informe del suboficial, detalló luego, no está ni siquiera la firma del mismo, sino solo su nombre, por lo que se lo convocó para que aclare su participación en el hecho.

Toda la documentación que viene recabando Defensa sobre el material bélico presuntamente internado de forma ilegal en 2019, fue derivada al Ministerio de Justicia, a fin de que se la utilice en la investigación que lleva adelante en el caso, aseveró Novillo.

El escándalo estalló tras descubrirse la carta de Terceros a Álvarez, del 13 de noviembre de 2019, a un día de posesionada la presidenta transitoria Jeanine Áñez y a tres del derrocamiento de Evo Morales. Por este caso se abrió un proceso en Argentina, contra el expresidente Mauricio Macri y excolaboradores de su gobierno.

Comparte y opina:

Presidente argentino se suma a postura de López Obrador y Arce para sustituir a la OEA

Fernández dice que “ha dejado de ser un organismo que funcione y sirva a América Latina", por lo que resulta necesario "recrear un nuevo ámbito que exprese mejor" a la región.

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Alberto Fernández.

/ 29 de julio de 2021 / 11:16

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se sumó a los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Bolivia, Luis Arce Catacora, en sentido de cuestionar la utilidad que la OEA tiene hoy para la región y pensar en otro organismo más representativo.

En declaración al canal C5N de Argentina, Fernández aseveró que la Organización de Estados Americanos (OEA) “ha dejado de ser un organismo que funcione y sirva a América Latina», por lo que resulta necesario «recrear un nuevo ámbito que exprese mejor» a la región.

Desde 2015, la Secretaría General de la OEA está ocupada por el excanciller uruguayo Luis Almagro. Tras cumplir su primer periodo de cinco años, en mayo de 2020, Almagro fue reelecto para un segundo mandato, hasta 2025. Como no ocurrió en el pasado, cuando los secretarios generales eran reelegidos por consenso, Almagro logró continuar como secretario en medio de un voto dividido.

México dio la primera señal contra la actual OEA. En la 21 Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en México el 24 de julio, el presidente López Obrador afirmó que “la propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades”.

Criticó duramente al secretario general Almagro por su gestión en la OEA, a la que consideró “una de las peores” en la historia del organismo. “En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto”, había sentenciado.

Al día siguiente, el presidente Arce se sumó al planteamiento de su colega de México para sustituir a la OEA por otra entidad hemisférica “verdaderamente autónoma”.

“Hacemos eco de las palabras del hermano, @lopezobrador, en la idea de sustituir a la @OEA_oficial por otro organismo verdaderamente autónomo, que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo Estado” (sic), publicó el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

Han pasado dos días desde que la Fiscalía General del Estado hiciera pública una pericia informática, elaborada por la Universidad de Salamanca, que muestra que en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia no hubo una manipulación dolosa del resultado que habría implicado un fraude electoral.

Una vez que la OEA desde el principio señaló que la “manipulación dolosa” del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en 2019 fue la forma de llevar a cabo el fraude en dichas elecciones, hasta el momento el organismo no se ha pronunciado sobre la pericia que desmiente su tesis.

Comparte y opina:

El censo no es solo para repartir escaños y dinero

La información que se recoge sirve para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y sectorial.

Es una herramienta para ver cuántos somos y cómo estamos.

Por Iván Bustillos

/ 25 de julio de 2021 / 19:22

El punto sobre la i

El país está haciendo su tarea en cuanto a la regularidad de los censos. “En el siglo XXI estaríamos cumpliendo las recomendaciones internacionales de que cada 10 años hay que realizar un operativo, un recuento, inventario, de los recursos humanos del país y del hábitat de estas personas”, celebra el sociólogo especializado en estudios de población y docente universitario René Pereira Morató. En efecto, en el nuevo siglo se empezó con el censo de 2001, luego vino el de 2012 (que tuvo muchos cuestionamientos), y ahora se proyecta el del 16 de noviembre de 2022 (con una media de 10 años de distancia).

Hasta 2012 el país tuvo un total de 11 censos, informaba Pereira Morató en la revista Temas Sociales Nro. 35 (de julio de 2014) de la carrera de Sociología de la UMSA: cinco desde la creación de la república hasta 1900 (en 1831, 1835, 1845, 1854 y 1882), y seis desde 1900 a la fecha (en 1900, 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012).

“Bolivia no tiene una tradición censal”, asegura el sociólogo, lo que entre otras cosas “demuestra que el Estado boliviano le otorga muy poca importancia al dato poblacional para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y seccional”. El censo, en lo básico “hace un recuento, un inventario sincrónico, en un momento del tiempo, de cuántos somos y cómo estamos los bolivianos”. Una fotografía global por la que se conoce, entre otras cosas, las desigualdades en cuanto a vivienda y acceso a servicios, la base de la representación política (la distribución de escaños parlamentarios); la distribución de los recursos a través de la coparticipación tributaria; la movilidad interna, de departamento a departamento o de campo a ciudad o viceversa; la migración internacional (una pregunta incorporada en 2012 y que se debería volver a hacer en 2022, demanda Pereira Morató, para “saber si el flujo de bolivianos a la diáspora se ha intensificado o se ha mitigado”). “El censo sirve para la planificación del desarrollo, y no solamente para distribuir plata”, sentencia.

INNOVAR. Pero el censo también debería servir para innovar el conocimiento. Si bien ya se mide la migración interna en el país, para el registro de 2022, por ejemplo, dice el sociólogo poblacional, se debería incluir el tema de la “multilocalidad” (el hecho de trasladarse de la gente de un lugar a otro, por trabajo principalmente, pero sin cambiar de residencia); el caso de los alteños que “bajan” solo a trabajar a La Paz, o viceversa; “esto hay que dimensionarlo, para saber las presiones que esta población multilocal está ejerciendo en algunos muncipios”, destaca el especialista.

La boleta censal de 2022 debería, además, incorporar los nuevos temas, como el propio impacto del COVID- 19, la situación de la atención de la salud, el cambio climático, insiste.

Pero si hay algo de que el docente universitario está convencido, como lo estuvo en 2012 la unión de instituciones la “Ruta del Censo”, es que el operativo de registro de ese año fue, se lo dijo en su momento, “un censo fallido”. No solo, dice, porque se trató de un “censo autoritario, con una boleta censal vertical y poco o nada transparente”, sino también porque no se llevó adelante una tarea “precensal” fundamental: la actualización cartográfica, esto es, “el inventario de todos los predios, casas, viviendas, comunidades, edificios”. Se usó, dijo, la cartografía del censo de 2001 con algunos añadidos; todo lo cual, sin embargo, resultó insuficiente.

Al respecto, al anunciar la fecha del censo, el miércoles 21, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, dijo que el censo se desarrollará en tres etapas, antes, durante y después de la jornada de empadronamiento, “y tendrá en la actualización cartográfica una de las tareas más importantes”.

Ahora, si un efecto de mediano y largo plazo tiene el censo, esto es que sus resultados serán la base de futuras acciones de gestión pública. “Es un cúmulo de información, muy importante para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas”, destaca el politólogo Marcelo Silva.

Un mecanismo de recojo de información que, por lo demás, debe actualizarse permanentemente. Por ejemplo, afirma Silva, a propósito de la pandemia del coronavirus y su efecto en la vida diaria de la gente, en la boleta censal se tendría que ver la forma de incorporar la pregunta sobre el acceso real de los bolivianos a internet.

Por otra parte, el censo, en últimas, lo dice el politólogo, de lejos no se reduce a la distribución de recursos y escaños: “Es un error, definitivamente, concentrar la mirada en el hecho de la información estadística y poblacional, que va a permitir recursos y una nueva redistribución de escaños o de representación política”.

ESCAÑOS. Por lo demás, en lo relativo a los escaños parlamentarios (que teóricamente aumentarán por el incremento de población en ciertas regiones), Silva insiste en que toda discusión debe arrancar conociendo los resultados, ver si las proyecciones que se han hecho desde el censo de 2012 se cumplen. No está bien limpiarse la boca antes de comer, destacó a este suplemento: decir que ya se tiene tantos y cuantos diputados más porque se cree que la población “aumentó mucho”.

Pero el lío de los escaños aún tiene una fatalidad insalvable, remarca el politólogo: que cualquier incremento de diputaciones para un departamento, necesariamente es a costa de la reducción en otro; de ahí lo agrio del tema, “porque nuestra Constitución tiene un error: da un número definido de diputados, lo cierra en 130; lo ideal hubiese sido que la Constitución maneje márgenes; por ejemplo, que la Cámara de Diputados está compuesta por entre 130 y 200 diputados”.

En cuanto a nuevas realidades que se hayan configurado en los últimos 10 años, para Silva lo primero a considerar en el mecanismo censo es que éste sobre todo debe ser para recoger “información técnica”, una “foto completa de que así tal cual está la sociedad boliviana”; ésta precisamente es su riqueza, la objetividad del dato que recoge. En este sentido si se quisiera conocer, por ejemplo a la población boliviana LGTB, esta pregunta podría entrar en la boleta específicamente para indagar las características objetivas de la misma; por eso, no solo para este caso, sino para muchos otros, “el tratar de meterle algún otro matiz religioso, filosófico, de suma discusión, político en exceso, es tratar de sacarle un photoshop (distorsionarla) a esa fotografía real que tenemos”.

Una prevención que también hace el politólogo es que el censo tampoco es una panacea universal, que todo lo vaya a curar: “El censo no va a cambiar por sí mismo ni la representación, ni la asignación de recursos, ni la composición, ni las preferencias de la población; el censo solamente va a revelar información”.

Y, finalmente, está un tema que volverá a plantear un encendido debate, como ocurrió en los dos anteriores censos, de 2001 y de 2012: la autoidentificación étnica, la pertenencia a algún pueblo indígena.

Lo problemático del hecho es que hoy mismo involucra a los dos anteriores censos: si en 2001, 62% de la población censada dijo pertenecer a un pueblo indígena, en el censo de 2012 esta cifra bajó nada menos que a 41%. Como si en el censo de noviembre de 2022 se fuera a resolver la incógnita de hacia qué cifra finalmente se acerca esta tercera respuesta.

Un tanto reacio a creer que el tema de la autoidentificación étnica tenga la misma importancia que en los censos 2001 y 2012, el sociólogo poblacional Pereira Morató prevé una presencia más bien modesta de la cuestión en la boleta censal de 2022. “Esta pregunta de la etnicidad sirvió para demostrar que somos un país indígena y que tenemos un presente indígena; ahora es otra situación, no creo que el tema étnico resulte de tanta importancia, pero puede ser que me equivoque”.

Para el politólogo Silva, el tema de la identificación de la gente con los pueblos indígenas es muy importante porque está en el “espíritu de la Constitución”. Finalmente somos un Estado “plurinacional”, y no cabe el hecho de que el país no sepa la proporción demográfica de las “naciones” que conforman su “plurinacionalidad”.

INDÍGENAS. Y el tema no solo es, añade, demográfico o del solo interés estadístico, sino que también se debe considerar la fortaleza o debilidad de lo indígena en diferentes ámbitos: “De un proceso de crecimiento o consolidación, por ejemplo, de la democracia comunitaria, de las autonomías indígenas, de los idiomas (nativos) aún vigentes”.

Debido a lo problemática que resultó la implementación de la pregunta de pertenencia étnica en los dos anteriores censos, y a que no siempre se razonó la identidad indígena desde la pluralidad (que se pensó lo originario solo como lo aymara y quechua), para Miguel Vargas Delgado, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), lo que toca hoy día es que “la pregunta (en la boleta censal) va a tener que ser discutida de manera participativa, con todos los actores de los pueblos indígenas, tanto de tierras bajas como de tierras altas”.

En lo relativo a la persistencia de la confrontación mestizo-boliviano versus indígena-plurinacional (lo que se vio en los anteriores censos), Vargas Delgado a tiempo de reconocer que éste será un debate aún de un largo tiempo, el punto está en que se busque atenuar la polarización: “Éste va a ser un debate que no va a concluir; sin embargo, lo mestizo no tiene que implicar la negación de la presencia y la existencia de una diversidad de naciones y de pueblos (indígenas) que han pervivido y perviven en nuestro país por siglos. Tiene nomás que darse las condiciones para no perder de vista que evidentemente somos un país mestizo pero fundamentalmente somos un país plurinacional, multiétnico”.

Ciertamente al margen de la cuestión de pertenencia o identificación étnica, la mayor utilidad del censo de 2022 para los indígenas, especialmente de los de tierras bajas, está en la identificación y el dimensionamiento del estado de vulnerabilidad económica y social en que se encuentran estos pueblos; de su “vulnerabilidad específica y concreta, cuando se trata de acceso a recursos económicos, salud, educación”, remarca Vargas Delgado. Con la pandemia de coronavirus COVID-19, la situación de los pueblos indígenas empeoró.

En cuanto a la autoidentificación como indígena o no, sin embargo, Vargas Delgado cuestiona que esto se lo entienda como blanco y negro y de una vez y para siempre. “Tenemos que entender que la autoidentificación, la identidad étnica, y cualquier otra identidad no es algo estático; es una construcción permanente, social, no se va a quedar anclada; en esa perspectiva, siempre habrá una movilidad en términos de la autoidentificación étnica”, destaca.

Si bien el censo del 16 de noviembre de 2022 será esencialmente un procedimiento técnico, no deja de tener importancia la participación ciudadana y de entidades para aportar a la mejora del registro masivo. “Este censo podría ser científico, académico, si es un censo participativo, si hay una corresponsabilidad ciudadana; si solamente vamos a dejar (solos) a los técnicos del INE y a las fuerzas políticas que digitan algunos temas y algunos intereses, realmente vamos a reproducir las fallas anteriores. La sociedad civil debe, tiene que participar en todas las fases del censo”, remarca el sociólogo Pereira Morató.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

Comparte y opina:

Del Castillo revela que pertrechos fueron entregados a la Policía en la residencia argentina

Del Castillo informó que en los depósitos policiales se trató de “esconder” las municiones rotulando sus envases con otras denominaciones.

Parte del material antidisturbios mostrado este lunes por el ministro Eduardo del Castillo. Foto: Ministerio de Gobierno.

/ 19 de julio de 2021 / 12:33

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que las municiones antitumultos que llegaron irregularmente de Argentina (bajo la cobertura de otro material legalmente internado) fueron entregados a efectivos policiales bolivianos en predios de la residencia de la embajada de ese país en La Paz.

El ministro detalló que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019, un contingente policial llevó “personal diplomático argentino” del exhotel Radisson al aeropuerto de El Alto; allí ya había aterrizado el avión Hércules trayendo al grupo uniformado Alacrán, el que tras bajar del avión descargó cajas plásticas, de madera, embaladas “con estopines, municiones y otros”.

“Este personal uniformado (Alacrán) indicó que la coordinación ya se había realizado con el comandante general de la policía boliviana (Yuri Calderón)”, detalló Del Castillo.

Lo peculiar vino después, reveló: Una vez que a las siete de la mañana del 13 de noviembre se trasladó el material a la residencia de la embajada argentina, en esta legación “uniformados de Argentina realizan la entrega a la Policía Boliviana una cantidad (del material antidisturbios) los efectivos reciben, sin ningún tipo de documentación, cajas de municiones, cajas de proyectiles, cajas de granadas, para la Policía Boliviana, y gran parte fue entregada a la Fuerza Aérea, sin ningún tipo de documentación”.

También puede leer: El Gobierno investiga si el ‘material faltante’ del envío argentino fue usado en ‘masacres’: https://bit.ly/3hVilxD

Como parte de la indagación que se está haciendo del destino que finalmente tuvo la munición enviada desde Argentina en 2019, en los depósitos de la Policía Bolivia se vio que de alguna manera se trató de “esconder” dicho material, añadió.

Mostrando fotografías, reveló que se intentó esconder la munición rotulando sus contenedores con otras denominaciones. “De manera dolosa, de manera malintencionada, habrían tratado de esconder estas municiones dentro de las instalaciones de la Policía Boliviana, donde en una bolsa de cuero tiene un letrero que dice ‘guantes’, cuando en su interior se encontraba las municiones que ingresaron a nuestro país de manera irregular”, destacó el ministro.

“Solo para la Policía Boliviana, de manera irregular, sin cumplir con la normativa vigente, ha ingresado cerca de 27.000 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS”, informó.

Se presume que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) recibió una mayor cantidad del material antidisturbios, “aunque no se ha constatado de que sea el mismo tipo de material”.

El ministro identificó a los tres máximos responsables en Bolivia del ingreso irregular del material contra disturbios: el comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros; el comandante de la Policía, general Yuri Calderón, y el embajador de Argentina (Normando Álvarez).

Los tres pudieron haber vulnerado los artículos 6, 26, 28, 29 de la Ley 400, y los artículos 29 y 50 de su reglamento.

De la Ley 400, de Control de Armas de Fuego, el artículo 6 se refiere a la información que deben dar la Policía y las Fuerzas Armadas sobre el uso e inventario de las armas y munición que tengan; el 26, que las entidades llamadas a autorizar “la internación temporal” de armamento y municiones son el Ministerio de Defensa y la Cancillería; el 28 trata exclusivamente de la referida autorización a las representaciones diplomáticas; y, el 29 norma la donación de armas y municiones extranjeras, señalando que la única entidad que puede recibir dichos obsequios es el Ministerio de Defensa.

Del Castillo además ratificó que lo ocurrido en noviembre de 2019 consistió en dos ingresos de armas y municiones, uno legal y otro irregular, doloso. El primero fue la llegada oficial de Alacrán, grupo de élite de la Gendarmería Argentina, junto con su dotación de reglamento. Y, uno segundo, irregular, lo que el Ministerio de Seguridad argentino en su denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y otros, calificó de práctico contrabando.

La referida denuncia si bien admite que es un hecho a precisar mejor, habla del ingreso irregular de 70.000 cartuchos antidisturbios (balines), y del traslado encubierto de poco más de 600 granadas de mano de gas de hostigamiento y 100 spray de gas pimienta.

La acusación en que se derivará por estas irregularidades contra los oficiales Terceros y Calderón, y el exembajador Álvarez, es de “tráfico ilícito de armas” (artículo 149 del Código Penal), apuntó Del Castillo en la conferencia. La pena para ambos uniformados (por ser parte de la fuerza pública armada) puede llegar a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

El material antidisturbios, “se presume”, dijo Del Castillo, fue utilizado en los operativos en Sacaba y Senkata. Una vez que las cifras de que habla la denuncia contra Macri en Argentina son mayores a las que hoy dio a conocer el ministro; “presumimos”, dijo, “que el cargamento ilegal, una gran parte fue a la Policía Boliviana; otra gran parte fue a la Fuerza Aérea, y (en cuanto a) la otra parte, la diferencia, estamos investigando dónde se encuentra o si esta fue utilizada en las masacres de Sacaba y Senkata”, concluyó.

Por lo menos preliminarmente, Del Castillo adelantó que, habiendo sido encontrada una parte de la munición en los depósitos de la Policía, lo que obviamente no se usó en la represión, “habrá que ver si el material destinado a la Fuerza Aérea sí fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata”, aseveró.

Comparte y opina: