Nacional

lunes 16 may 2022 | Actualizado a 08:43

Exdiputada del MAS denuncia a Camacho, a su padre y a exjefes militares y policiales por terrorismo

El excívico Luis Fernando Camacho respondió que no es cobarde y que acudirá a cualquier citación. La exdiputada Lidia Patty presentó la denuncia por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales

/ 30 de noviembre de 2020 / 22:23

La exdiputada del MAS Lidia Patty presentó a la Fiscalía una denuncia por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición en contra del excívico Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, y los excomandante de las FFAA y de la Policía por los hechos que derivaron en las renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019, por un “golpe de Estado”.

“Estos señores tienen que ser juzgados, han incumplido nuestra Constitución”, aseguró la exlegislador sobre la denuncia que tiene como víctimas al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García, a los expresidentes del Senado Adriana Salvatierra y de Diputados Víctor Borda.

Ni bien se conoció la denuncia, Camacho aseguró que “no hizo nada ilegal” y que no es cobarde, por lo que esperará la citación para ir a declarar. “Lo que hubo fue un fraude por parte del masismo y sin duda un acto de cobardía frente a un pueblo que se paró, no le debemos nada a nadie y no hemos cometido ningún delito”, insistió.

En parte del memorial, se hace un repaso de lo ocurrido y se cita una declaración que habría hecho Camacho, líder de la protesta cívica, sobre “qué logro evadir el bloqueo gracias al apoyo de la policía y militares, quienes le brindaron paso por sus hangares”.

También se menciona que en contra de la normativa vigente, “el Alto Mando Militar al mando del General Willams Carlos Kaliman Romero, acompañado de sus coautores del alto mando militar DELIBERARON en fecha 10 de noviembre del 2019” (sic) y poco después hicieron conocer su “sugerencia” de renuncia a Morales.

En la denuncia están Kaliman, el general Carlos Orellana, entonces comandante de operaciones y luego comandante de las FFAA, Flavio Gustavo Arce San Martín, jefe de Estado Mayor, y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Se pone como testigos a los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana; de Gobierno Carlos Romero; de Salud, Gabriela Montaño; de Culturas Wilma Alanoca; y de Defensa Javier Zavaleta.

Morales dejó el cargo presionado por las denuncias de fraude electoral, un motín policial, un prolongado paro y bloqueo cívico, y la “sugerencia” de los miliares de renuncia.

Patty pide en la denuncia la aprehensión y detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro para los denunciados por riesgos de fuga y otros.

Los exjefes policiales y militaron también están incluidos en un informe legislativo que aconsejó un juicio de responsabilidades contra la expresidente Jeanine Áñez,

(30/11/2020)

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Ordenan aprehensión del exdiputado Quispe por denuncia del viceministro Siles

El viceministro de Justicia, César Siles, denunció al exdiputado Rafael Quispe por haberlo denunciado de formar parte de una red de corrupción sin pruebas

Rafael Quispe cuando cumplía funciones de asambleísta nacional.

/ 21 de marzo de 2022 / 20:17

El exdiputado, exviceministro y excandidato a la gobernación de La Paz Rafael Quispe tiene una orden de aprehensión en el marco de una denuncia por difamación presentada por el viceministro de Justicia, César Siles. La orden lleva la firma del exfiscal y ahora juez Edwin Blanco.

“Se declara la rebeldía de Rafael Arcangel Quispe Flores, disponiéndose además se expida el correspondiente mandamiento de aprehensión del referido ciudadano”, establece parte del mandamiento de aprehensión que tiene fecha del 10 de febrero.

Quispe fue denunciado debido a que en junio de 2021 acusó a Siles de formar parte de una red de corrupción que cobraba para cargos a jueces.

En una entrevista con la red PAT, Siles afirmó en junio de 2021 que Quispe no presentó ninguna denuncia y anunció la presentación de una demanda “de acción privada” por difamación, calumnia e injuria.

A través de su cuenta en Twitter, Quispe aseguró que no conoce del caso ni al demandante.

“El mismo fiscal del caso Jhiery Fernández, ahora contra mí. No conozco el caso ni al demandante, nunca tuve relación con él. Esperemos que la justicia obre con la verdad. Solo esperemos hermanos”, sostuvo.

El juez Blanco tiene una acusación penal por su participación como fiscal en el caso del médico Fernández, quien fue acusado de la violación de un menor siendo inocente.

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Apuntan vetar a candidatos a Defensor del Pueblo vinculados a la ‘ruptura del orden constitucional’

El proyecto de reglamento de selección y designación del Defensor del Pueblo establece 18 criterios de incompatibilidad, entre ellos haber emitido opiniones racistas o discriminadoras

La Asamblea Legislativa tendrá la misión de elegir al nuevo Defensor.

/ 3 de marzo de 2022 / 17:28

Entre los 18 criterios de incompatibilidad para la elección del próximo Defensor del Pueblo están el haber expresado opiniones o desarrollado acciones de discriminación, racismo o participado de acciones de “ruptura del orden constitucional”, establece el proyecto de reglamento para seleccionar y designar al Defensor del Pueblo que está en manos del Legislativo.

Según el documento al que accedió La Razón, uno de los criterios de inelegibilidad prevé: “No haber expresado, en algún momento de su trayectoria, opiniones públicas o desarrollado acciones contra los derechos fundamentales, en particular, si fueron expresadas o desarrolladas en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de todas las personas”.

Los candidatos para Defensor del Pueblo “no deben haber participado o estar involucrados en actos de gobiernos militares o de facto, ni en la ruptura del orden constitucional”.

Para el Gobierno de Luis Arce y el MAS, lo ocurrido en la crisis de 2019 implicó la ruptura del orden constitucional y un golpe de Estado. En ese noviembre una crisis agudizada por la movilización cívica denunciando fraude electoral, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión acabó en la renuncia del expresidente Evo Morales.

De hecho, los hechos que se investigan de ese entonces se los denomina Golpe de Estado I y Golpe de Estado II. La exsenadora Jeanine Áñez tomó la presidencia del Senado y luego el poder en sesiones legislativas sin quórum y sin respetar las normas legales de sucesión, según la Fiscalía. Áñez se encuentra en la cárcel desde marzo de 2020.

La actual defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

También quedarán en el camino aquellos postulantes que hayan desempeñado un alto cargo en los gobiernos subnacionales y quienes hayan tenido un cargo dirigencial político o militancia hasta ocho años antes de su postulación.

La calificación de los postulantes estará dividida en méritos, capacidad profesional y trayectoria en derechos humanos.

Quien salga elegido reemplazará en el cargo a Nadia Cruz, quien ejerció el cargo de forma interina tras la dimisión de David Tezanos Pinto por problemas conyugales.

En el Legislativo deberá aprobarse el reglamento y lanzarse la convocatoria. El MAS fijó como parte de la agenda legislativa la elección del nuevo Defensor del Pueblo.

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Gutiérrez: Ascendieron promociones 89 y 90 de las FFAA, aprobaron ‘preclusión’ de promociones 87 y 88

La sesión reservada del Senado se instaló con presencia de legisladores del MAS, Creemos y parte de CC. La senadora Andrea Barrientos denunció que no se les permitió el ingreso a la sesión

/ 20 de enero de 2022 / 19:53

En sesión reservada y ausencia de senadores de Comunidad Ciudadana (CC) por “impuntuales”, el Senado aprobó este jueves la lista de ascensos en las Fuerzas Armadas. El senador del MAS Rubén Gutiérrez informó que las promociones 87 y 88 fueron marginadas del proceso por “preclusión” y se terminó ascendiendo a las promociones militares 89 y 90.

“Es una sesión reservada, corresponde informar a la población, se ha dispuesto la preclusión de las promociones 87 y 88, eso significa que no hay vacaciones, pero sí las promociones 89 y 90 han sido ascendidos a generales de Brigada, generales de División y contraalmirantes del Ejército, Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Armada Boliviana”, explicó.

Gutiérrez aseguró que el Senado solo aprueba la propuesta de ascensos enviada desde el Ejecutivo y que son aprobadas en las Fuerzas Armadas.

La mañana de este sábado fue instalada la sesión senatorial, que inmediatamente después fue declarada en reserva para tratar el tema de ascensos militares y la aprobación de la designación de Teresa Subiera como embajadora ante el Vaticano.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que la sesión convocada con 24 horas de anticipación se instaló a las 09.00.
La senadora de CC Andrea Barrientos explicó que llegaron a las 09.10 y que ya no les dejaron participar de la sesión.

“La sesión ha sido convocada a las 09.00 y las puertas se han cerrado a las 09.10, se han bloqueado ascensores de asambleístas para que no podamos entrar (cuatro senadores) al hemiciclo, además de ello han vulnerado nuestros derechos, no nos han dejado entra a una sesión reservada que ha sido manejada de una manera irregular”, denunció.

Gutiérrez informó que hubo quórum reglamentario con la presencia de senadores del MAS y de Creemos, mientras que Rodríguez explicó que los senadores pueden recurrir a cualquier instancia si consideran que hubo alguna irregularidad en la sesión instalada.

El expresidente y jefe de CC Carlos Mesa se sumó a los cuestionamientos.

“La Directiva masista del Senado utiliza la chicana, el abuso y el engaño para aprobar el ascenso de generales de las FFAA, impidiendo el ingreso de senadores de oposición a la sesión y forzando los 2/3. Nuevamente el MAS denigra a las FFAA propiciando ascensos ilegítimos”, cuestionó.

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Pérez del Castillo denuncia que seguro de buses Pumakatari fue utilizado en otras obligaciones

A partir de un informe del alcalde Iván Arias, la concejal del MAS aseguró que el dinero del seguro por la quema de los buses fue utilizado en la gestión de Luis Revilla y en la actual.

Un bus Pumakatari

Por Carlos Corz y Roberto Guzmán

/ 13 de enero de 2022 / 23:18

El alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó que el seguro pagado, más de Bs 80 millones, por la quema de los 66 buses Pumakatari en la crisis de 2019 fueron usados en otros fines, por lo que se pone en riesgo la reposición de los motorizados, denunció la concejal Roxana Pérez del Castillo.

La concejal requirió un informe al ejecutivo edil para conocer “¿cuál el uso de estos recursos? y en caso de no haberlos ejecutado ¿dónde se encuentran?”

Parte de la respuesta fue: “Dichos recursos fueron utilizados en la gestión 2020 para efectuar los diversos pagos que se iban realizando producto de las obligaciones que generó la administración edil”.

Pérez del Castillo informó que la respuesta hace presumir que los recursos pagados por la aseguradora fueron usados en otros fines en la gestión del exalcalde Luis Revilla y del propio Arias.

“Lo que podemos entender es que se ha gastado una parte (del pago de la aseguradora) en la gestión 2020 y que también ha gastado el señor Arias. Lo importante es que esos recursos no están en arcas del Gobierno Autónomo Municipal”, explicó la concejal.

La Compañía de Seguro Fortalece hizo efectivo el pago del seguro el 19 de junio de 2020 y que asciende a Bs 80.149.402,68, según el informe edil.

Los 66 buses Pumakatari fueron quemados durante la crisis de 2019 que acabó con la renuncia del expresidente Evo Morales. Por este hecho fue procesado el dirigente vecinal Jesús Vera, quien a su vez inició un proceso penal contra Revilla por una denuncia de sobreprecio en la compra del lote de buses ediles.

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Informe revela que Murillo y López llegaron a la frontera en avión militar y junto a Marinkovic

El exministro Branco Marinkovic volvió a Santa Cruz tras dejar a sus colegas Arturo Murillo y Fernando López en Puerto Suárez

/ 11 de enero de 2022 / 23:04

Tres días ante de que fuera posesionado Luis Arce como Presidente de Bolivia, los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López fueron llevados en un vuelo militar desde Santa Cruz hasta la fronteriza Puerto Suárez. En la aeronave también iba el exministro Branco Marinkovic, según documentos oficiales a los que tuvo acceso La Razón.

El informe atribuido a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) da cuenta que el vuelo decoló pasado el mediodía del 5 de noviembre de 2020 y retornó a la terminal aérea de El Trompillo pasadas las 16.00 de ese día, sin dos de sus pasajeros: Murillo y López.

Solo retornaron Marinkovic, exministro de Economía, y Fernando Sandóval, identificado como funcionario del Ministerio de Defensa.

Un informe de la Policía de noviembre de 2020 daba cuenta que los exministros salieron de Puerto Suárez hacia Corumbá, en territorio de Brasil. Murillo sigue camino rumbo a Estados Unidos, donde fue detenido acusado de lavado de dinero y pago de sobornos con el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en el gobierno de Jeanine Áñez.

Se conoce que López permanece en Brasil.

En ese entonces de 2019, el comandante de la FAB era el general Gonzalo Terceros, ahora en la cárcel por el caso Golpe de Estado. El general también está vinculado al transporte de gases desde Argentina hasta Bolivia.

Marinkovic permaneció como refugiado por al menos 10 años en Brasil, para evitar ser detenido en el anulado caso Terrorismo. Una vez dimitió el expresidente Evo Morales y tomó el poder Áñez, retornó a Bolivia y fue parte del gobierno de Áñez.

Gary Prado aseguró que Marinkovic volvió a Brasil, donde tiene negocios.

Murillo y López son procesados en Bolivia por las masacres de Sacaba y Senkata, donde perdieron la vida más de una veintena de personas por impactos de bala como consecuencia de la intervención policial-militar a movilizaciones en apoyo a Morales.

Según la Fiscalía, el 5 de noviembre de 2020 solicitó la activación de alerta migratoria que se activó un día después. El exdirector de Migración Marcel Rivas está en la cárcel, por la acusación de haber favorecido la huida de los dos exministros.

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