Luego de una investigación, la Defensoría del Pueblo identificó una serie de “deficiencias y limitaciones” en los Institutos de Investigaciones Forenses (IDIF) del país, por lo cual puso en duda los informes forenses emitidos que suelen ser piezas importantes en procesos judiciales.
“La garantía del debido proceso se ve cuestionada porque el principio de inocencia es afectado ante la existencia de una duda razonable en los informes del IDIF elaborados por profesionales no especializados ni calificados en determinadas áreas, que a la vez pueden considerarse como pruebas poco confiables, desembocando así en una situación de vulneración de derechos, tanto de la víctima como de los encausados, haciendo ineficiente el acceso a la justicia.”, indicó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Estas conclusiones y preocupaciones fueron reflejadas en el informe Situación de los Institutos de Investigación Forense en Bolivia presentado este lunes, en el cual se ratifican varias de las observaciones detectadas ya en un estudio de la Defensoría de 2013, por lo cual la institución considera que las recomendaciones emitidas en esa ocasión, hace siete años, no fueron tomadas en cuenta.
Además de reportar que hay áreas sin los profesionales adecuados, también se informó que “no todas las dependencias de los IDIF cuentan con la división de Recepción y Custodia de Evidencias (RCE), ni tampoco se les dota de los instrumentos para la conservación de pruebas, lo que puede desembocar en que la prueba recolectada se deteriore”.
“Más del 50% de los Institutos de Investigación Forenses carecen de condiciones físicas adecuadas por la falta de salubridad, comodidad y privacidad y que el 43% no cuenta con un espacio de archivo, aspecto que evidencia un manejo inadecuado de la documentación, lo cual se convierte en una barrera u obstáculo para el adecuado acceso a la justicia”, informó la Defensoría.
Falta de coordinación entre los IDIF y establecimientos de salud, la omisión de la atención prioritaria de mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y presencia de oficinas en solo el 10% de los municipios del país, son otras de las observaciones del informe de la Defensoría, en el que también se incluyó nuevas recomendaciones para optimizar el trabajo.
(30/11/2020)