El debate acerca de la toma del Capitolio (Washington), ayer, a manos de seguidores del presidente Donald Trump, se extiende al país. Al menos tres líderes políticos, Evo Morales, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, se acusaron de similitudes y afinidades con el mandatario estadounidense.

Empezó el exmandatario y presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que en su cuenta de Twiter apuntó hacia la similitud entre lo ocurrido ayer y la acción de “golpe de estado” en que habría incurrido la “extrema derecha” boliviana, tanto entre octubre y noviembre de 2019 como tras las elecciones de octubre de 2020.

“Debemos defender la democracia en todo el mundo de los grupos racistas y fascistas que mediante la fuerza y la violencia promueven golpes de Estado desconociendo la voluntad popular”, destacó Morales.

En “hilo” (la seguidilla de tuits que se publican consecutivamente) luego Evo fue más específico, aludiendo directamente a la expresidenta del gobierno transitorio Jeanine Añez.

“La extrema derecha racista y violenta de Estados Unidos actúa como sus operadores políticos en #Bolivia, por eso asaltó el Congreso de ese país después de perder las elecciones y denunciar «fraude» sin pruebas. #TrumpYAñezGolpistas”.

Luego de las elecciones del 18 de octubre de 2020, en que el MAS, con Luis Arce como candidato, ganó la elección con 55,1%, grupos radicales se movilizaron para desconocer el resultado de los comicios, alegando precisamente un “fraude” sin presentar ninguna prueba.

A la media hora, le respondió Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), llevando la comparación al plano de las personalidades de Evo Morales y Donald Trump.

“Si se quiere hacer comparaciones, que sea entre Trump y Evo: ambos crean violencia, caos, hunden a sus países por su amor desmedido a sí mismos, por su insana idea de que o es con ellos o no es. El narcisismo pone en riesgo la democracia, que es un juego cooperativo e impersonal”.

Por su parte, el excandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, también por Twiter, coincidió con Doria Medina en la correspondencia que habría entre Evo y Trump, ironizando la experiencia de cada cual: “Demócratas repudiamos el asalto golpista, de turbas Trumpistas, a la catedral democrática, pero ¿Evo? Él cercó el Congreso (3 veces como Pres) y ciudades, bloqueó oxígeno en pandemia, hizo fraude buscando 4° mandato inconstitucional, etc. Trump es un aprendiz pelirrojo de Evo”. (07/01/2021)

Cerca del medio de día de hoy, miércoles, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó un nuevo “cuarto intermedio” de la audiencia en que se lleva adelante un proceso disciplinario contra la vocal Rosario Baptista Canedo, por supuestamente haber cometido faltas graves y muy graves en el ejercicio de sus funciones.

Hasta donde se supo de fuentes del organismo electoral, la audiencia continuará mañana jueves.

En medio del hermetismo que comprende el caso, se supo que Sala Plena convocó a una vocal suplente.

A la fecha, la vocal está suspendida; el proceso disciplinario empezó ayer, martes, y anoche se decidió el primer cuarto intermedio. Se acusa a Baptista de no atender a autoridades electorales ni entregarles información acerca de la denuncia que hizo en noviembre pasado sobre irregularidades en el padrón electoral nacional.

Baptista es la vocal del TSE que a principios de noviembre de 2020 en una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció la existencia de un “servidor alterno” del padrón electoral nacional, que habría incidido en el resultado de varias elecciones; le pedía a Almagro una auditoría de las elecciones del 18 de octubre de 2020.

Inmediatamente la Sala Plena del TSE expresó su rechazo a dicha declaración, calificándola su presidente, Salvador Romero, de “fantasiosa”, exigiéndole a Baptista aclare el alcance de su aseveración. Poco después, Baptista, en otra carta a Almagro, se desdijo de que dudaba de la transparencia y solidez de las elecciones del 18 de octubre.

Con respecto a la supuesta existencia de un “servidor externo”, en esta semana también se conoció el informe de la empresa Dreamlab Technologies, que a través de un análisis de confiabilidad del padrón electoral aseguró que no existe el referido bloque de datos alternos al padrón.

El informe conclusivo de la empresa contratada por el TSE para hacer un análisis técnico sobre la confiabilidad del padrón electoral, desmintió la denuncia que la vocal Baptista efectuó en noviembre ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Como resultado de las pruebas y análisis ejecutado, no se identificó un bloque de datos alterno, técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto dentro de la infraestructura, siendo los elementos que forman parte del flujo y el repositorio final de datos sigue el flujo normal de la aplicación y opera de acuerdo a lo expuesto por el personal en concordancia con los resultados de las pruebas realizadas”, señala el informe en la parte de “hallazgos y recomendaciones”.

(06/01/2021)

El año que empieza al parecer será de elevada tensión en la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto al “caso boliviano”, el papel que jugó el organismo internacional y su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, en la crisis postelectoral de 2019. Dos organismos parlamentarios, el Parlamento del Mercosur, Parlasur (que reúne a legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y el Parlamento Andino (que integran parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) están pidiendo cuentas sobre lo hecho. Por otro lado, llevando las cosas más allá, el presidente del Parlasur, el legislador argentino Óscar Laborde, anunció que personalmente, como parlamentario del Mercosur, alista una demanda penal contra el secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, por la presunta intencionalidad que hubo de su parte para promover el derrocamiento de un presidente electo en las urnas.

“Voy a iniciar, como parlamentario en el Mercosur, una causa penal para ver si hubo intencionalidad en lo actuado por Luis Almagro, porque no es la OEA, sino la Secretaría General la que debe administrar lo que hacen las observaciones electorales; que se diga si hubo capciosidad, si hubo intencionalidad, si hubo una complicidad necesaria, si hubo desidia, ¿qué fue lo que llevó a actuar de esa manera a Luis Almagro? ¿o hubo una intencionalidad política?”, señaló Laborde en una entrevista, el 25 de diciembre, en el programa GPS Internacional en Radio M24 de Uruguay. “Habrá que probar si efectivamente hubo acción criminal que merezca algún castigo en lo penal”, destacó. 

El integrante del Parlasur cuestiona que Almagro haya tomado partido en el conflicto boliviano, en vez de ejercer la neutralidad, como corresponde a un organismo multilateral como es la OEA, reclama: “Luis Almagro incumplió la tarea que debe tener un secretario general de llevar diálogo, serenidad, promover la paz; es el que debe lograr el equilibrio entre las expresiones políticas, porque para eso está el secretario general; los Estados tienen a veces posiciones enfrentadas, y ahí delegan al secretario general, que tiene la tarea de que todo transite en paz, en armonía. Lo que hizo Almagro es todo lo contrario, todos coinciden en que es muy funcional a la política de los Estados Unidos; lo que ha actuado en Venezuela y en Bolivia  demuestran que la OEA, o por lo menos su secretario general, tiene una intencionalidad política”.

Laborde destaca que la funcionalidad de Almagro con la política de Estados Unidos en realidad es con la administración del presidente Donald Trump. Con el ascenso del demócrata Joe Biden se espera, augura, que la situación cambie. 

“Los estados miembros de la OEA tendrán que dar una opinión sobre lo actuado, qué consecuencias trae sobre Luis Almagro y sobre, si hubiera, algún otro responsable; si cabe acciones administrativas o si cabe acciones judiciales por haber actuado capciosamente”. concluye.

PARLASUR

Por otro lado, el 21 de diciembre de 2020, en entrevista con el canal estatal boliviano, Laborde anunció que el Parlasur llevará adelante una investigación sobre el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA y el rol del secretario general en la narrativa del “fraude electoral” que se instaló en octubre de 2019, entre otras cosas, a raíz del referido informe de la OEA.

“Solo queremos saber qué tenía o contenía, qué había en ese informe de la OEA que hacía pensar que había indicios de irregularidad; porque en ese informe se basaron para finalmente producir un golpe de Estado en Bolivia. Así lo determina el Parlasur. Queremos saber si efectivamente hubo algún indicio, alguna prueba o no, o simplemente fue un accionar político; esa es la intención de la investigación”, informó Laborde. 

La iniciativa del Parlamento del Mercosur surge, admitió, debido a los estudios críticos al informe de la OEA que efectuaron universidades y centros de estudio, los cuales restan validez a lo hecho por la OEA.

“El estudio que propiciamos tiene que ver con la investigación que ha habido de diferentes centros europeos y del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el nuestro propio, que coinciden en que no hay elementos ni irregularidades tales que justifiquen el haber convocado a que se vote nuevamente a partir de eso; hubo toda una situación que derivó en un golpe de Estado. La OEA informó, tras la elección, que se necesitaría hacer una nueva elección y este efectivamente fue el motivo para que algunos le pidieran la renuncia a Evo Morales, y cuando éste dice que hay que votar nuevamente, ya estaba desencadenado el golpe, y la OEA no dijo nada”, reclama el parlamentario.

El pedido de investigación se lo viabilizará tanto a través de los Estados miembros del Parlasur como del propio organismo: “El Parlamento del Mercosur pedirá a su Estados miembros que inicien una investigación; nosotros mismos nos dirigiremos a la OEA para eso. Vamos a iniciar nosotros una investigación con los elementos públicos que tenemos, pero también pedimos a la OEA y a sus Estados que averiguen qué sucedió para que Luis Almagro tuviera tanta influencia en sugerir sospechas sobre la transparencia de la elección y que ocasionó una situación económica crítica, la ruptura institucional, varias muertes”.

ANDINO

En el caso del pedido del Parlamento Andino, se trata de la “Declaración sobre los derechos humanos y democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia” aprobada en la sesión plenaria ordinaria del 26 de noviembre de 2020. En su parte resolutiva, entre otras cosas, determina: “Solicitar la realización de una Auditoría del Informe de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 y exhortar a las representaciones diplomáticas de los países miembros del Parlamento Andino en la Organización de Estados Americanos (OEA) a motivar su tratamiento”.

La determinación, señaló a este medio el actual presidente del Parlamento Andino, el diputado supranacional Adolfo Mendoza, “ya ha sido comunicada a las cancillerías de todos los países miembros del Parlamento Andino y al Consejo (Permanente) de la Organización de Estados Americanos, para que las representaciones diplomáticas de los países andinos activen esta auditoría en el seno mismo de la OEA”.

Tras afirmar que la OEA “está en la obligación de generar” dicha auditoría, el parlamentario andino coincide con su colega Laborde, del Parlasur, en que la indagación alcanza al secretario general Almagro: la investigación debería “establecer el papel que jugó el señor Almagro en las elecciones en Bolivia en 2019”.

El parlamentario andino recordó que en el Informe de la OEA sobre las elecciones de 2019, en rigor, no se concluye en que hubo “fraude”, que esta calificación más fue obra del secretario general Almagro: “en el propio informe no se habla del extremo de un fraude, y precisamente porque sucede eso, se pone en cuestión la afirmación del señor Almagro sobre la existencia de este fraude en las elecciones de Bolivia”.

A tiempo de destacar la “fuerza jurídica y política” de la declaración del Parlamento Andino, el legislador supranacional aseveró que se sumará la petición de auditoría al Informe de la OEA que hicieron 28 congresistas demócratas de Estados Unidos, además de los estudios que hicieron universidades, medios de comunicación y grupos de académicos sobre la consistencia del referido texto.

Mendoza adelantó que la representación supraestatal boliviana (nueve legisladores) “activará” una propia investigación “sobre los alcances de la actuación del señor Luis Almagro y del propio informe de la OEA en la interrupción constitucional de noviembre del año pasado”.

El parlamentario andino coincidió con su colega presidente del Parlasur en sentido de que las representaciones de los países miembros de ambos bloques en la OEA “deben activar los mecanismos institucionales en la OEA para llevar adelante esta solicitud”. Adelantó que se coordinará con el Parlasur para llevar adelante un acción común en la OEA.

En relación al trámite que tendrá el pedido del Parlamento Andino, Mendoza apunta hacia la jerarquía de la declaración: “Al ser una solicitud formal, también esperamos una respuesta formal de la OEA”. La declaración fue enviada a la OEA a fines de noviembre: “Suponemos que en la próxima reunión de la OEA se tratará este tema”, destacó.

POLÉMICA

El cuestionado informe de la OEA, “Análisis de Integridad Electoral”, presentado el 4 de diciembre de 2019, señala que los auditores encontraron “manipulación dolosa” en los comicios en dos planos: uno, en lo relativo a las actas, su alteración y hasta “falsificación de las firmas de los jurados de mesa”, y, dos, la manipulación informática, que hubo un “redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”. La OEA también halló “parcialidad” en la autoridad electoral, que permitió el referido desvío del flujo de información. Ahora, a punto seguido, el informe reconoce que su trabajo de todos modos ha sido “un ejercicio de auditoría acotado”, limitado al poco tiempo que dispuso y, acaso lo principal, a que varias contrastaciones que pudo hacer no fueron posibles debido a la violencia desatada en esos días, especialmente a la quema del material y de los tribunales electorales.

El equipo auditor de la OEA llegó a cinco hallazgos, señala el informe: “1. Los sistemas de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y de cómputo definitivo estuvieron viciados; 2. Existieron irregularidades y falsificaciones en el llenado de actas electorales. 3. La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado y/o reemplazado. 4. Las actas del cómputo no son confiables. No obstante, del análisis detallado se destaca que las actas ingresadas en el último 4,4% tienen un número llamativo de observaciones. 5. La tendencia mostrada en el último 5% del conteo es altamente improbable”.

Pero acaso el origen de la perspectiva tomada luego por la OEA sea la declaración del 21 de octubre de 2019 de su Misión de Observación, cuando manifestó su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”. Apenas un par de semanas después, el 10 de noviembre, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) alertaba que la Misión electoral de la OEA no proporcionó evidencia que sustente las declaraciones realizadas el 21 de octubre, cuando habló del inesperado y drástico cambio difícil de explicar. Aquí sus críticos ya señalaban que la evolución del conteo rápido era “consistente con una proyección del resultado final” que daba a Morales como ganador con el 10% de distancia con respecto al segundo, Carlos Mesa.

Luego, el 27 de febrero el Washington Post publicó el artículo ¿Did Evo Morales win?[¿Ganó Evo Morales?] escrito por los investigadores John Curiel y Jack R. Williams del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Estados Unidos. Contratados por el CEPR para estudiar el caso, publicaron sus conclusiones en este periódico. Allí afirman que “Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre”.

El 12 de junio, el CEPR vuelve a la carga, esta vez con la publicación en español de su informe sobre el informe final de la OEA. Allí señala: “Encontramos que la OEA cometió graves faltas metodológicas, ocultó información y tergiversó irregularidades inocuas para sustentar declaraciones anteriores”. El CEPR señaló además que la OEA omitió mencionar que las actas con irregularidades inocuas tenían una votación estadísticamente equivalente a la de las actas contiguas sin irregularidades, y que enterró u ocultó por completo los resultados de sus ejercicios de verificación de la coincidencia de las actas del conteo preliminar con las del conteo definitivo.

El artículo que coronó las observaciones a la auditoría de la OEA fue el publicado el 25 de agosto por el CEPR, donde se dice que “un gran error de codificación revela otra falla garrafal en el análisis de la OEA sobre las elecciones bolivianas en 2019”. “El error fue revelado la semana pasada después de que Irfan Nooruddin, un politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington, DC a quien la OEA había contratado para analizar los resultados de las elecciones, publicara sus datos por primera vez. El economista del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) David Rosnick identificó que en los datos de Nooruddin las marcas de tiempo estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente. Éste fue un error vital para el análisis de la OEA, ya que sus alegaciones de un ‘cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares’ dependían de la cronología de cuándo se informaron los votos. La OEA no tenía una cronología real del conteo de votos de Bolivia, a pesar de que hizo acusaciones sobre un cambio en la tendencia de los votos a lo largo del tiempo que sugería la existencia de un fraude”, dijo Rosnick entonces.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

En la inauguración del Año Judicial 2021, en Sucre, el procurador general del Estado, Wilfredo Chavez, llamó a recuperar los planes e iniciativas de reforma judicial que ya se proyectaron en la Cumbre de Justicia de 2016, durante el tercer gobierno de Evo Morales.

Chávez señaló, por ejemplo, que “normativamente hablando” está vigente la Ley 898 de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia (diciembre de 2017).

La referida norma establece la conformación y funciones que debería tener dicha comisión, dando un plazo de “tres gestiones” para que fiscalice y haga seguimiento de las acciones de reforma emanadas de la Cumbre. Integran la comisión los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, además del Fiscal General, el Procurador y los ministros de Justicia y de Gobierno.

La Cumbre de Justicia tuvo lugar entre el 10 y 11 de junio de 2016, en Sucre.

En su alocución de este miércoles, el Procurador apuntó que “es tiempo de evaluar las conclusiones de la Cumbre, que las autoridades nos sinceremos para ver los resultados y ver qué falta, las conclusiones que falten. En seis meses podemos sacar estas decisiones y dar resultados al país. Creo que ha pasado mucho tiempo, tenemos opción este 2021 de cumplir ese mandato de la ley”.

Chávez también expresó su posición acerca de la polémica que hay sobre la forma de elección de los altos magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, que hoy, por Constitución, es a través del voto universal.

El Procurador reivindicó la elección por voto ciudadano: “Cuando hablamos del Órgano Judicial, hablamos de un órgano huérfano, que le faltó toque de legitimidad por el voto; por ello, apoyamos el voto popular como base de legitimidad de esta autoridad, y creo que no nos hemos equivocado. Hay que mejorar el sistema, hay que ver las conclusiones de la Cumbre”.

Precisamente, la forma de elección de los altos magistrados fue uno de los temas de mayor discusión en la Cumbre de 2016. Su conclusión fue mantener el voto universal, porque se la considera la mejor forma de garantizar la independencia de la Justicia; aunque al mismo tiempo se insiste en que se mejore la forma de “preselección” de los candidatos, que se enfatice en los méritos.

La propuesta de mantener el sufragio universal para la elección de los magistrados de las altas cortes difiere de la expresada por el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, quien en diciembre adelantó que su posición es cambiar esta forma de designación, por una que priorice la meritocracia. Lima dijo que incluso ya tenía un proyecto de reforma parcial de la Constitución para este cambio.

Tampoco hay acuerdo entre el Procurador y el Ministro de Justicia sobre la forma de proceder este año. Para avanzar un plan de largo aliento de la reforma de la justicia, el ministro Lima conformó una comisión de juristas “notables” (nueve) que tendría dos grandes tareas: siempre y cuando hubiera consenso, la elaboración de una ley de reforma constitucional con el solo fin de renovar la justicia, y, dos, un plan de largo plazo de cambios del ámbito judicial.

Chavez, como se vio, más bien es partidario de revisar los mandatos de la Cumbre de 2016.

(06/01/2021)