El Procurador General del Estado, Wilfredo Chavez, negó hoy que haya entablado una demanda contra el Estado, rechazando de este modo la denuncia que hizo Comunidad Ciudadana (CC) en su contra por un proceso que Chávez, como abogado, patrocinó contra una autoridad de Impuestos Nacionales en el pasado reciente.

La autoridad, designada por el presidente Luis Arce Catacora en noviembre de 2020, dijo que “no existe una sola demanda en la que Wilfredo Chávez haya patrocinado contra el Estado boliviano”, destacó esta tarde el Procurador en una declaración a radio Éxito, en La Paz.

Si bien el cuestionamiento contra la designación de Chávez CC la había hecho a los días de su designación, su jefe de bancada, Carlos Alarcón, puso el tema en agenda la mañana de este lunes porque, dijo, mañana, martes 26, se vence el plazo para objetar la designación del actual Procurador.

En lo referido al plazo, Chávez señaló que el tiempo para que la Asamblea Legislativa pueda objetar su designación acabó el 12 de enero, pues ya pasaron los 60 días permitidos desde el 12 de noviembre, cuando fue nombrado Procurador. Son 60 días, dice Chávez, contando con los días de receso parlamentario de fin de año, cuando, dijo, no se suspenden los “plazos procesales y constitucionales”.

Alarcón, en conferencia de prensa, se había quejado del presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, a quien acusó de dilatar el tratamiento de la objeción que plantea CC no convocando a una sesión plenaria de la Asamblea con dicho fin.

Con respecto al motivo de la objeción, Alarcón señaló que Chávez no cumple el requisito de no haber patrocinado un caso contra el Estado, pues, “revisando la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, dijo, se encontró un caso donde Chávez figura como abogado patrocinante “a un particular en contra del Estado en un tema impositivo”.

El impedimento está en el artículo 12, de los requisitos para ser Procurador, de la Ley 064 de la Procuraduría General del Estado, que dice que para ser esta autoridad debe “no haber tenido ni patrocinado procesos judiciales y acciones en contra del Estado durante los últimos cinco años anteriores a su nombramiento”.

En su defensa, el procurador Chávez afirma que CC en su acusación está confundiendo los términos. “Yo no he demandado jamás al Estado boliviano. Sí he demandado a autoridades coyunturales en un cargo público, que es diferente, no es el Estado como tal”, señaló acerca del proceso que siguió como abogado a un Gerente Distrital de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que es a lo que se refiere Alarcón.

Para insistir en la diferencia entre un proceso contra el Estado y otro a alguna autoridad pública, Chávez mencionó la defensa que hizo del expresidente Evo Morales en 2020 contra el Órgano Electoral: “he accionado defendiendo al expresidente Morales ante el Tribunal Supremo Electoral, que es parte del Estado, pero no he demandado al Estado boliviano en organismos internacionales, ni en tribunales nacionales”, dijo.

El Procurador reconoció que como abogado patrocinó varios procesos contra “entidades públicas”, porque, dijo, “entiendo yo, como abogado patrocinante, se habían violado derechos y garantías constitucionales; pero ese es otro tema, (si no se hiciera eso) sería un estado de indefensión, y los abogados tendríamos que dedicarnos solo a escribir y no a litigar”.

Con respecto a la sesión en que se trate la objeción planteada por CC, la misma Ley 064 establece que la objeción que pueda hacer la Asamblea Legislativa Plurinacional, será posible sólo cuando haya sido aprobada “por dos tercios de votos de los miembros presentes”.

La celebración del 12 aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia estuvo marcada por la afirmación común de que en estos meses se empezó a recuperar la democracia, tras el año del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Tras la ofrenda a la Madre Tierra a cargo de sacerdotes andinos y ministros, dos hechos marcaron el inicio de la celebración: cuatro estrofas del himno nacional y el minuto de silencio por Felipe Quispe, “El Mallku”, fallecido el miércoles y sepultado el jueves.

Como se hizo pocas veces, en el acto se entonó el “segundo himno” patrio, la cueca Viva mi patria Bolivia, de Apolinar Camacho.

Antes del discurso del presidente Luis Arce, que empezó a las 10.35, disertaron la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; la secretaria ejecutiva de la Federación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, Segundina Flores; el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi; y el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

Prada enfatizó en la “retoma de la construcción del Estado Plurinacional”, y agradeció a los movimientos y organizaciones sociales por el retorno a la democracia.

Fue la ejecutiva de las “Bartolinas” quien recordó que son 12 años del Estado Plurinacional “menos  uno”, precisamente, el del gobierno interino de Áñez.

Por su lado, Guarachi habló que en la gestión de la economía Bolivia retrocedió a la época de los 70 y 80, y que todavía se encara la reconstrucción económica. «En 11 meses (de gobierno transitorio) hemos vuelto a la década de los 80 (de la dictadura), cuando se mercantilizó la educación y la salud. No podemos volver a eso, la patria es nuestra», dijo.

Aunque siempre marcado por el discurso reivindicacionista de la cultura andina, el vicepresidente David Choquehuanca también dedicó una parte de su alocución al descalabro económico, “endeudamiento acelerado”, y al clima de hostigamiento y persecución que se vivió en el anterior régimen interino.

Pero fue el presidente Arce el más directo en la evaluación del gobierno de Añez. Explícito, Arce señaló que en octubre de 2019 hubo una “interrupción de 37 años de democracia”; tras la imposición, dijo, de la narrativa de un “fraude electoral”, vino la autoproclamación de Áñez.

Como no hizo antes, el mandatario describió el “quiebre constitucional” en el hecho de que Áñez haya asumido la Presidencia por sí misma y que la banda presidencial le haya sido impuesta por un jefe militar en traje de campaña. No olvidó señalar la insubordinación por parte de algunos jefes militares al pedir la renuncia del expresidente Evo Morales.

No venganza, sino justicia fue el aserto con que cerró el tema, recordando que está en curso la investigación de los hechos de octubre por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En cuanto a la pandemia del COVID-19, el Presidente enfatizó la instrumentalización del mal, para modular —dijo— la actividad política de entonces.

Cerró el mandatario su alocución con la consigna del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones de octubre de 2020: ¡Vamos a salir adelante!

Ya fuera del acto oficial, hubo la toma de la “foto oficial” de todos los asistentes.

El punto sobre la i

En el Día Nacional del Acullico (cada 11 de enero desde 2017), en la Vicepresidencia del Estado se presentó el libro Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, una investigación de Patricia Chulver y Jesús Sanez, patrocinada por la Fundación Acción Semilla y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El texto tiene la virtud de poner nuevamente en agenda la producción masiva de la Hoja Sagrada, ya no solo en vista al mercado local, sino de otros países, limítrofes y no. El libro, además, vuelve a plantear que al margen del hecho económico en sí, la propuesta de viabilidad del mercado ampliado de la coca, al menos hoy, es esencialmente política.  Pero en esto hay que ver una línea de continuidad, antes que una ruptura: la hoja de coca, como un hecho de reivindicación cultural siempre tuvo un carácter político.

La hoja de coca, desde 1961, año en que se establece la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, fue parte de polémica política: una vez que en dicha Convención expresamente se dice (artículo 49, inciso 2e) que “la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención” (el plazo del cuarto de siglo feneció en 1989), en septiembre de 1975, el gobierno de facto presidido por Hugo Banzer Suárez se adhirió a la Convención sin presentar reserva alguna a la misma. Y es que el menosprecio estatal por la coca viene de antes, del propio gobierno de la Revolución Nacional, pues fue en la propia Convención, en marzo de 1961, cuando Bolivia (bajo el gobierno de Paz Estenssoro) fue signataria de la misma (conteniendo su artículo anti-acullico).

Es a este carácter político a que el 11 de enero reciente se refirió el vicepresidente Choquehuanca al afirmar que “en 1961 hemos permitido que la hoja de coca entre a la Lista 1 de plantas prohibidas [Lista 1, sustancias consideradas “muy adictivas o de probable uso indebido”]”.

Por eso, al año siguiente de la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2007, recordó Choquehuanca, “se empezó a trabajar para que la hoja y la cultura se respeten, que la comunidad acepte el acullico y nuestra cultura, y es así que se establece una ley que respeta el acullico”.

Bolivia, bajo el segundo gobierno de Evo Morales, en junio de 2011, comunicó oficialmente que denunciaba (se retiraba de) la Convención de 1961; ello para que el 1 de enero de 2012 pida nuevamente su readmisión, pero esta vez con la reserva de que rechaza los artículos del documento que condenan al acullico como “una forma de cocainismo y adicción”, como diría a este suplemento en una entrevista pasada el politólogo neerlandés Martin Jelsma.

Bolivia logró reingresar a la Convención, armada de su reserva, solo un año después, el 1 de enero de 2013. A su retorno se habían opuesto solo 15 de 183 países, número que no alcanzó el tercio de Estados miembros necesario para vetar a un país.

Así, desde esa fecha, el acullico y otros usos lícitos de la hoja de coca son reconocidos como legales en el territorio nacional.

En la presentación del referido libro, Choquehuanca, en su peculiar estilo, habló de poner en agenda en lo inmediato el objetivo de exportar hoja de coca: “Bolivia debe encarar el reto de hacer conocer al mundo las propiedades alimenticias, medicinales y ancestrales de la Hoja Sagrada”, aseveró en su discurso.

Pero he aquí de nuevo la prevención de los estudiosos: hablar de la exportación de coca en primer lugar es superar el práctico veto que todavía pesa sobre la hoja en su estado natural; una tarea entre estudios científicos y acciones políticas en la diplomacia boliviana.

De aquí que la investigadora Chulver enfatice que para promover la exportación se puede acudir a dos acciones: uno, “solicitar la desclasificación o reclasificación de la hoja de coca, ya que está dentro de una de las listas más duras” de estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas; y, dos, la posibilidad de celebrar lo que se llaman “acuerdos inter se (entre sí, en latín)” entre dos países para asuntos de exclusivo interés mutuo.

En lo primero, pedir que la hoja de coca sea sacada de la drástica Lista 1, Chulver insiste en que “la idea de la reclasificación tampoco es una locura porque es algo que se ha discutido en Viena (Austria) el año pasado”, por eso ve importante “llevar este debate a esferas diplomáticas”.

En declaraciones a este suplemento, a fines de 2019, el politólogo Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en el tema, advertía que acaso éste sea el camino más largo, pues implica toda una revisión de investigación y literatura científica por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su debate.

En cuanto a los acuerdos inter se, también Jelsma (en el libro de Chulver) recuerda la vigencia de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo que dice que “dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas”.

Y, esto precisamente (la posibilidad de acuerdos bilaterales que incluso modifiquen un tratado mayor en contra), destaca Chulver, es lo que se está explorando con el cannabis (marihuana) “entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos”. De la misma manera, aterriza todo esto Chulver, “para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter seentre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”.

La potencialidad de los mercados bilaterales, destaca el estudio de Chulver y Sanez, por ahora contempla al menos seis países posibles importadores de coca: Ecuador, México, Argentina, Irán, España y Holanda.

En el caso de Ecuador, ya en noviembre de 2018 hubo la intención de la exportación de derivados de coca, mediante un acuerdo bilateral; lamentablemente no llegó a concretarse.

Sobre México, los autores informan que “este país ha manifestado explícitamente al Estado boliviano su interés en desarrollar conocimiento e investigación científica de las propiedades medicinales de plantas o productos naturales, incluida la hoja de coca desde 2017, lo que reafirmó en diciembre de 2018”.

En cuanto a Argentina, acaso el mayor mercado exterior de la hoja de coca boliviana, Chulver destaca la Ley Nacional 23.737, vigente desde 1989, que establece procedimientos específicos para la extracción, manipulación, importación y fabricación de sustancias prohibidas. “Dentro de esta ley se encuentra el artículo 15, en el cual se habla exclusivamente de la hoja de coca: ‘la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes’”.

En lo relativo a Irán, el trabajo de Chulver y Sanez destaca que este país “ha ofrecido a Bolivia la transferencia de nanotecnología para el desarrollo industrial. En el ámbito de la hoja de coca, se comprometió a enviar una comisión de alto nivel para hacer un diagnóstico con el objetivo de mejorar el sistema de salud pública y a realizar una investigación científica sobre las cualidades de la hoja de coca”.

Finalmente, en cuanto a España y Holanda, la investigación detalla que en España, en 2016, hubo una “oleada de medios de comunicación que anunciaban la consolidación de mercados de productos derivados de la hoja de coca”. Se trata, remarca, de un mercado que “además de abarcar el consumo de la población migrante boliviana, que hasta 2016 era de 89.115 residentes, también tiene población colombiana, peruana, española y catalana”.

Finalmente, en referencia a Holanda, el libro cuenta: “Si vemos el resto de Europa, podemos tomar el ejemplo de la bebida llamada Coca Blue, que se comercializa bastante y está elaborada con coca peruana, publicitada como coca boliviana. La botella tiene un valor de 240 euros. La exportación [de hoja de coca] es formalizada y acompañada con resguardo policial hasta Holanda, donde se produce la descocainización de la planta, para después ser transportada hasta Irlanda, donde se produce el licor”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón