El exvocal electoral Antonio Costas, tras ser detenido en octubre de 2019, fue llevado a un recinto policial; allí, enmanillado, sufrió un “callejón oscuro”. A su colega Idelfonso Mamani, contagiado con el COVID-19, simplemente se le quitó sus medicamentos.

Estas fueron algunas de las penosas circunstancias que revelaron las dos autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2019, entrevistados en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta.

Los dos, junto al resto de los vocales del TSE de entonces, fueron acusados de delitos electorales con base en el polémico Informe Preliminar de Auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de la elección del 20 de octubre de 2019.

Costas relató que fue detenido un domingo por la noche en su domicilio. Fue enmanillado desde su casa. En vez de llevarlo a la Fiscalía, como correspondía, lo trasladaron al Comando de la Policía para exhibirlo, junto con los vocales detenidos, ante los medios de comunicación.

Fue en el recinto policial que tuvo que pasar por el “callejón oscuro”, dos filas paralelas que forman las personas haciendo un callejón por el cual tiene que pasar la víctima bajo los golpes que le propinan desde ambos lados.

“Abuso. ¿Tú sabes lo que es el callejón oscuro, no? Yo soy una persona de 64 años. Estaba ahí ese grupo de policías que parecían las tortugas ninja… A mí me hubiera gustado, al que me estaba dando un golpe, contestarle, pero no podía, estaba agarrado (enmanillado); me golpearon”, contó Costas sobre lo que le pasó.

Medio en broma, medio en serio, el ingeniero Costas contó a Piedra, papel y tinta que siendo su persona el impulsor de la biometrización del padrón electoral, vio cómo de humillante era el acto del prontuariado del detenido.

“Debemos ser tal vez de las personas que más veces hemos entregado nuestras huellas biométricas. En todos los lugares que pasábamos, nos hacían ese procedimiento, tan humillante, de prontuariarnos; en las celdas, en la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen)”.

Idelfonso Mamani, por su parte, reveló un hecho que no se conocía: antes de la elección (18 de octubre), tanto fuera del órgano electoral como en sus domicilios, los vocales eran objeto de hostigamiento. “El Tribunal ha estado cercado, los domicilios de los vocales han estado cercados”.

Lo que Mamani deplora es la saña con que las autoridades judiciales, fiscales y policiales trataron a los vocales del TSE, la máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el cuarto órgano de poder del Estado.

“Para los exvocales, se eliminó cualquier garantía constitucional. Durante la audiencia cautelar, por ejemplo, a mí no me permitieron ni hablar, apenas dos palabras; pero los acusadores eran toda la sala, que gritaban, insultaban”.

Mientras Costas estuvo en el penal de San Pedro tres meses, logrando su detención domiciliaria el resto de 2020, Mamani estuvo recluido en dicho centro penitenciario paceño durante un año.

Ambas autoridades fueron contagiadas con el COVID-19. Lo peor fue para Mamani. Contagiándose en junio (2020), el exvocal, “gracias a Dios, simplemente”, logró salir del penal a un hospital; empezando a recuperarse, por la falta de camas que había, decidieron derivarlo a un centro de recuperación, munido más bien de un lote de medicamentos para su recuperación; pero fue ahí que empezó su calvario.

“Me están llevando al centro de recuperación, pero los del gobierno, seguramente, se enteran y antes de que termine de sentarme en el centro de aislamiento, con un grupo de patrullas, me conducen al penal. Para ingresar al penal, me quitan todo el medicamento, la lista que tenía que comprar luego; me meten  a una celda de castigo, de puro cemento, que no tiene ni cama ni nada”.

El ya célebre “cambio drástico de tendencia” en el sistema de conteo rápido de las elecciones de octubre de 2019, difundido por el excanciller de Costa Rica Manuel González (jefe de la misión de la OEA) fue hecho con base en un error de uso de una aplicación informática, precisó este lunes el exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2019, Antonio Costas. En la entrevista también estuvo el exvocal del mismo TSE, Idelfonso Mamani.

Hay que recordar que el anuncio del cambio drástico de tendencia fue lo que disparó la crisis poselectoral de octubre de 2019, hecho el lunes 21 por la noche. El anuncio ocasionó que sectores “confirmaran” el presunto “fraude” y que en las siguientes horas se incendiaran los tribunales electorales departamentales de Santa Cruz y Potosí.

El cambio drástico de tendencia habría ocurrido en el último 5% del conteo rápido y era “difícil de explicar” había dicho González la noche del 21, implicando una fundada sospecha de que se manipuló el resultado.

“Este señor Irfan Noorudin [politólogo de la universidad de Georgetown contratado por la OEA para el análisis de los resultados de las elecciones de 2019] reconoce que se equivocó en el ordenamiento de la cronología para hacer el análisis de la tendencia; en lugar de colocar la variable cronológica ‘fecha-hora’, utiliza una variable alfanumérica”, detalló Costas al programa por streaming de La Razón Piedra, Papel y Tinta, hoy, lunes 18.

De modo que (como también desde otro estudio lo denunciara el Centro de Investigaciones en Política y Economía —CEPR, por sus siglas en inglés— en junio de 2020), el susodicho “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares” (Manuel González), era una presunción basada en ese error.

Noorudin reconoció este hecho públicamente, y pese a esto la OEA no rectificó su informe sobre el “fraude” en Bolivia sobre la base del “cambio de tendencia”.

“La tendencia es cronología, y cuando aportó una variable que no tiene el formato correcto, destruye la cronología, porque a continuación del 1, está el 10, luego el 100, cuando está en formato alfanumérico. Entonces, ya vemos nomás que el informe de la OEA era absolutamente intencionado y político”, señaló el ingeniero Costas.

Por su parte, Mamani reclamó de los partidos que denunciaron fraude en 2019 el que hasta ahora no presentaran pruebas sobre el supuesto ilícito.

Todos los partidos (nueve) que participaron de la elección, dijo, tienen “su propio cómputo”, en el sentido en que a todos se les entregó una copia (de 12) del acta de cómputo de cada mesa. De modo que si vieron que el resultado publicado por el Órgano Electoral era fraudulento, todos tenían la posibilidad de impugnarlo con las actas como prueba.

“A partir de esto, ellos tienen sus propios cómputos; pero ocultan sus propias actas y cómputo y dicen que se hizo fraude”, destacó Mamani en la entrevista.

El punto sobre la i

En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

Thomas Becker, estadounidense, abogado de las víctimas de octubre de 2003; también colabora con los familiares de las víctimas de las masacres de 2019. Becker estuvo en Sacaba (Cochabamba) el día de la masacre, el 15 de noviembre de 2019; por su trabajo, también conoció de cerca lo ocurrido en Senkata el 19. Pocos como este activista en derechos humanos para sopesar las similitudes y diferencias de lo ocurrido en Senkata en octubre de 2003 y noviembre de 2019.

—De primera, ¿qué similitudes hay entre 2003 y 2019 en relación a las muertes en Senkata?

—Voy a comenzar por los decretos, porque éstos abrieron la puerta para la violencia más extrema. En 2003, el Decreto 27209, que movilizó a las fuerzas estatales para transportar el gas, fue llamado el ‘Decreto de la muerte’; Goni mandó a los soldados y mucha gente murió el 12 de octubre. En 2019, Áñez dictó el Decreto 4078, que también movilizó las fuerzas estatales, pero esto fue más extremo que en 2003, porque ofreció inmunidad a los soldados que maten a personas; es un decreto totalmente ilegal; muchos especialistas en derechos humanos expresaron su preocupación.

—¿Un mismo discurso también?

—Hemos visto pretextos y excusas muy similares. Los dos gobiernos dijeron que los responsables son terroristas, comunistas, narcotraficantes; el discurso era casi igual. Es importante recordar que hay miembros de los dos gobiernos. Jaime Aparicio fue embajador de Goni y de Áñez. Él fue testigo de Sánchez Berzaín y de Goni en nuestro caso, y su discurso era casi igual en 2003 y 2019; ha dicho que en los dos casos los manifestantes estaban allá para explotar la planta. Y en la Clínica de Harvard hemos analizado si hubo el intento de explotar la planta, y en los dos casos no había ninguna prueba. El Grupo (Interdisciplinario) de Expertos (Independientes) GIEI analizó esto y tampoco encontró prueba. Yo hablé con los fiscales durante el gobierno de Áñez, y ellos me dijeron que no podían encontrar ningún cartucho de dinamita. Pero la narrativa sigue, en 2003 y en 2019: hay todavía mucha gente que piensa que iban a explotar la planta.

—¿Muertos en ambos lados?

—En 2019 es más en blanco y negro; en 2003, del lado de las fuerzas estatales hubo dos muertos y dos heridos. En 2019, en Sacaba y en Senkata, cero policías, cero militares recibieron bala, ni un policía ni militar murió, ni fue herido.

—Lo de 2019 parece más urbano; en 2003 había gente del campo.

—En 2003 había más apoyo de la clase media, y ahora (2019) hay una división más fuerte, y la clase media no está apoyando a las víctimas tanto como en 2003; la diferencia es que en 2003 no había muchas investigaciones; ahora tenemos investigaciones de la CIDH, del Grupo de Expertos, de la ONU, de la Red Universitaria de Derechos Humanos, de la Clínica de Harvard, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo; muchas instituciones han investigado lo que pasó y han dicho que son masacres, hubo ejecuciones extrajudiciales; hay mucha prueba imparcial, internacional, que ojalá pueda impulsar los casos un poco más rápido que en 2003, porque entonces no existió como ahora.

—El GIEI destaca la violencia racista en 2019.

—En 2003 y 2019 los que murieron fueron indígenas, los que mataron, aunque eran una mezcla, pero generalmente no eran indígenas. Es casi igual, las víctimas en 2003 son aymaras y quechuas, lo mismo que en 2019. Nosotros hemos investigado muchísimo los dos casos; las palabras son casi exactas; yo he recibido muchos testimonios de personas que han dicho que los soldados dijeron cosas muy racistas, cuando disparaban a la gente, como: ‘indios de mierda’, ‘animales’, ‘perros de mierda’, ‘maricones’, etc., muchas palabras antiindígenas, muy machistas, en los dos casos. Pasó también que mientras había personas que trataban de ayudar a otras, soldados les disparaban; esto pasó en 2003 y en 2019.

—La teoría de Murillo de que se han matado entre ellos. ¿Se llegó a decir lo mismo en 2003?

—Sí, han culpado a las víctimas; han dicho que las víctimas han disparado, en los dos casos. La tecnología ha complicado y ha ayudado. Por un lado, cuando el ministro de Defensa López dijo ¡ningún soldado disparó una bala!, hay pruebas, hay videos, mostrando a soldados disparando; pero hay personas que todavía creen esta narrativa, pero es absolutamente claro que es una mentira. Por un lado, hay más evidencia, videos, pero también la tecnología está complicando las cosas, porque muchas personas, especialmente en esta situación tan polarizada, buscan información en las redes sociales; miran memes, y deciden qué es verdad o no basados en información de redes sociales, pero no en información concreta, académica, clínica, como las investigaciones del GIEI, de la Clínica de Harvard o de la ONU.

—En 2019, dicen los informes, se obstaculizó las investigaciones, las autopsias. ¿Pasó lo mismo en 2003 o esto fue exclusivo de 2019?

—No, no. También había bloqueos de investigación. En 2003 fue un mes de violencia, y las familias, como en 2019, temían que iban a desaparecer cuerpos, han dicho que no recibieron información concreta. Para el juicio de responsabilidades de 2003, con Rogelio Mayta, teníamos que conseguir necropsias, porque las autopsias no eran suficientes, y en 2019 han bloqueado personas y han destruido pruebas. En 2019, en Sacaba, por ejemplo, varios testigos me dijeron que los militares, después de matar personas, usaron mangueras de agua para limpiar la sangre y recogieron las balas, para que la gente no pudiera tener pruebas.

—En todos los informes sobre 2019 se destaca la existencia de grupos civiles que se daban la autoridad para detener. ¿Pasó lo mismo en 2003?

—Ha pasado un poquito, pero no como en 2019. En parte porque, por ejemplo, el grupo de los motoqueros estaban trabajando como policías; había policías vestidos de civil, trabajando juntos. En El Alto, en 2003 fue casi El Alto contra el gobierno; pero en 2019, en general El Alto se manifestaba, pero en algunos barrios, en Ciudad Satélite, por ejemplo, he hablado con varias víctimas de abusos, cuando los soldados o los policías han trabajado con los vecinos para detener a una persona, para atacarla, para torturarla. En 2019, grupos como los motoqueros son muy organizados, han recibido apoyo directo del gobierno de Áñez y han cometido abusos, y son abusos documentados. Todo lo que digo está basado en investigación, en documentación, no es una simple opinión. Son grupos paraestatales que recibieron plata, armas, apoyo y han trabajado junto con los policías; y eso no había tanto en 2003.

—¿Qué posibilidades de justicia hubo y hay en 2003 y en 2019?

—Complicado decirlo. Inmediatamente después de 2003 había mucha población que quería un juicio, pero las víctimas tenían que pelear y pelear, no había dos tercios (en el Congreso de entonces); todos en esta época dicen que Goni y Sánchez Berzaín son responsables, pero al principio no querían apoyar un juicio. Lo bueno es que el juicio de responsabilidades que manejó Rogelio Mayta y el juicio contra Goni (en Estados Unidos) sirven como precedentes, que pueden presionar muchísimo más. La comunidad internacional, en general, sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; y yo creo que será una vergüenza si los políticos no apoyan un juicio de responsabilidades; pueden complicar la situación política internacional, porque la comunidad internacional sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; el informe del Grupo de Expertos es muy claro sobre lo que pasó, el informe de Harvard es muy claro, la ONU, etc.; esto no pasó en 2003. Que haya estos informes puede abrir el camino a una justicia más rápida, pero hay una polarización ahora, que es fuerte, y la clase media no apoya como apoyaba en 2003. En 2019 hay prueba más fuerte y más directa, lo que no existía en 2003.

—¿Alguna diferencia?

—Lo que le pasó a Patricia Arce (exalcaldesa de Vinto), por ejemplo; fue secuestrada y torturada; esto se hizo viral; en todos los países del mundo se ha visto lo que pasó con Patricia Arce. Yo creo que internacionalmente la gente sabe qué gobierno fue Áñez, Murillo está preso en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero; hay muchas señales de que este gobierno fue violento y que ha cometido varios delitos. Entonces, la sociedad internacional puede ayudar a presionar más que en 2003, cuando no había mucha información.

—Ud. estuvo en Sacaba el día de la masacre; nadie se lo contó.

—La verdad, lo que vi nunca voy a olvidar; tengo pesadillas. Yo recuerdo los momentos, por ejemplo, cuando tenía que entrar al hospital, tenía que hacerlo en forma secreta, porque me bloqueaban. Hablé con una víctima, él perdió su ojo; al ayudar a una persona, un soldado le disparó en el ojo. Yo fui la primera persona con quien habló. Y lloraba con el ojo que todavía tenía. Y me decía: ‘tú vas a ver, mañana van a decir que es nuestra culpa, que somos comunistas, narcotraficantes, somos indios’. Y, la verdad, fue muy difícil creer esto porque fue tan extremo; lo que vi fue que todos los huecos de las balas mostraban que las balas llegaban desde donde estaban los soldados; la evidencia fue muy clara. Varios medios de comunicación han dicho exactamente lo que dijo el gobierno, que se dispararon entre ellos, que fue un conflicto. No fue un conflicto, fue una masacre. Y lo que fue muy triste para mí era la falta de esperanza; en 2003 había más esperanza, pero en 2019, la gente tenía miedo; ellos decían: ‘la sociedad boliviana no va a creernos’, y eso pasó. En 2003 Goni se fue y la sociedad sabía lo que pasó, pero en 2019, después de las masacres, ha habido una persecución extrema. Había un ambiente muy difícil para organizar, movilizar, buscar justicia; fue más complicado en 2019-2020 que en 2003.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón