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domingo 17 ene 2021 | Actualizado a 18:11

Fiscalía policial dice que investiga motín de 2019, pero que no hay denuncia formal

El director Nacional de la Digipi, coronel Néstor Villca, informó el martes a La Razón que la investigación fue abierta la semana pasada con base en la denuncia que presentó el exministro Carlos Romero.

La conferencia de Carvajal y Villca, de este viernes. Foto: Rodwy Cazón

/ 4 de diciembre de 2020 / 13:11

La Fiscalía General Policial anunció este viernes que se ha iniciado una investigación por el motín policial de noviembre de 2019 a partir de un monitoreo realizado por la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) de Cochabamba, a pesar de que hasta la fecha no se ha presentado una denuncia formal.

El fiscal general policial, coronel Luis Carvajal Delgado, informó en conferencia de prensa que la sala de monitoreo de la Digipi de Cochabamba recabó la información sobre los supuestos implicados en el motín policial de noviembre de 2019, publicados en una nota de prensa, y la derivó a la Fiscalía Policial, que la investiga actualmente.

También aclaró que hasta la fecha no se ha presentado “ninguna denuncia formal”. “Al momento no se ha presentado ninguna denuncia formal ante instancia disciplinaria, por lo menos ante la Fiscalía Policial de Cochabamba, para poder recabar los elementos de prueba”, señaló.

La Razón publicó el miércoles que la Policía, a través de su Fiscalía, abrió causa contra los denunciados de haber instigado y conducido el motín policial de noviembre de 2019.

La información la dio a conocer el director nacional de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi), coronel Néstor Villca, quien señaló a este medio que la investigación fue abierta la semana pasada con base en la denuncia que presentó el exministro de Gobierno, Carlos Romero.

La causa es una acción disciplinaria llevada adelante por un fiscal policial, informó Villca. Aclaró que, como en todo proceso judicial, se presume la inocencia del acusado y éste tiene todos los recursos legales a su alcance para defenderse de la acusación.

“Es una investigación que por las circunstancias, y también por el problema que se ha suscitado en esa oportunidad (en noviembre de 2019 principalmente), existen varios actores; por esto es un proceso que va a tomar un tiempo en la investigación. Ya se ha abierto el caso, y ya tiene conocimiento la Fiscalía Policial para realizar este trabajo”, señaló Villca.

Carvajal, quien estuvo acompañado de Villca en la conferencia de prensa, aclaró este viernes que “la Fiscalía Policial actúa bajo el imperio de la norma que tenemos dentro el sistema disciplinario”. “Quien denuncia tiene que presentar las pruebas necesarias a objeto de que el fiscal policial pueda valorar las mismas, tanto las pruebas de cargo como las de descargo y así emitir un criterio para determinar si esa conducta se adecúa a un tipo administrativo”.

Por su parte, el Director Nacional de la Digipi declaró de manera escueta: “Quiero de manera tajante y precisa manifestar que en las horas precedentes han estado circulando informaciones referente a estos hechos explicados por el fiscal general que están fuera de la realidad”.

(04/12/2020)

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Cruz: Política de prevención aplicada por Añez contra el COVID-19 fue insuficiente e inoportuna

El informe defensorial critica las medidas aplicadas por el gobierno transitorio, que solo generó temor en la población. Una clara muestra es la ‘apertura innecesaria’ de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas, señala.

/ 15 de enero de 2021 / 12:04

En un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, obtenida en 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019, se evidenció que durante la primera ola de la pandemia del COVID-19 o nuevo coronavirus, la respuesta estatal durante la administración de la presidenta Jeanine Añez fue “insuficiente” e “inoportuna”.

“La respuesta estatal no fue oportuna en cuanto a medidas de prevención y atención COVID-19, pues el primer caso se presentó el 10 de marzo de 2020 y la ley nacional de acciones de prevención, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19 data del 1 de abril de 2020”, indicó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al presentar el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y Covid-19 en Bolivia”.

Para la autoridad, la política de prevención contra el COVID-19, aplicada por la anterior gestión de gobierno, generó temor en la población, pues convirtió la protección de un bien jurídico, como es la salud pública, en un discurso que justificaba la instrumentalización del derecho penal. Así, dijo, el resultado fue la apertura innecesaria de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas.

También alertó que la prevención contra la COVID-19 en el área rural ha tenido un alcance limitado y que el Estado afectó y puso en riesgo la integridad, vida y salud de las naciones y pueblos originarios campesinos. Asimismo, señaló que la exclusión de los centros de salud de primer nivel generó un colapso en el segundo y tercer nivel de atención.

El informe defensorial también contempla una serie de recomendaciones a las autoridades del actual gobierno, entre las que la Defensora destacó que se debe “incorporar la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) a las medidas de prevención y atención de la COVID-19 e incluir a los establecimientos de primer nivel de atención en la prevención, atención y tratamiento de la pandemia”.

También dijo que se debe modificar la Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19, para incorporar medidas dirigidas a poblaciones altamente vulnerables, particularmente a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

“Hay que elaborar una normativa que se adecue a la excepcionalidad para la adquisición de equipos de bioseguridad, mobiliario, medicamentos, insumos, reactivos, equipamiento y la contratación de recursos humanos para los establecimientos de salud”, enfatizó la autoridad, según una nota de prensa.

Además, demandó que es necesario “dotar de ventiladores para las UTI a los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención, bajo las características técnicas recomendadas por la OMS e instancias científicas” y garantizar la dotación y distribución de oxígeno para el Sistema Nacional de Salud.

La Defensora indicó que se debe asegurar el abastecimiento de los medicamentos para el tratamiento de COVID-19 en el mercado interno, así como elaborar un protocolo de intervención para los rastrillajes a fin de uniformar el objetivo y las acciones asumidas.

En las conclusiones del informe, también se establece que el Ministerio de Salud, durante la primera ola del COVID-19, no ha promovido ni realizado estudios científicos para el uso de medios alternativos de tratamiento de la COVID-19, lo que generó que la población use estos medios sin una regulación necesaria y de manera indiscriminada.

Otro aspecto que contempla el documento, es que en la gestión pasada hubo una falta de regulación de los aranceles del subsector privado lo que ha vulnerado el acceso a la atención de salud. Esa ausencia permitió que los actores privados, amparados en una desigual libertad contractual, cometan abusos y arbitrariedades al momento de aceptar o recibir pacientes que adolecían de este virus.

Entre otras de las recomendaciones, el informe aconseja que el Ministerio de Educación debe incorporar dentro del currículo base la enseñanza de métodos y alternativas de prevención de enfermedades a partir de la gestión educativa 2021. Señala que los gobiernos autónomos municipales deben proveer a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención generadores de oxígeno para asegurar su abastecimiento, que deben programar de manera oportuna y sostenible la búsqueda de personas contagiadas y asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de material e insumos de bioseguridad.

La Defensora indicó que el Viceministerio de Comunicación debe desarrollar, en coordinación con el  Ministerio de Salud, una estrategia comunicacional masiva para la generación e implementación de campañas educativas e informativas de prevención, contención y tratamiento de la infección.

También señaló que es importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional regule, mediante ley, los límites máximos de aranceles para la prestación del servicio de salud en el subsector privado de salud. (15/01/2021)

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La Asfi recibirá reclamos por internet sobre diferimiento de créditos y período de gracia

El tipo de reclamo puede ser: refinanciamiento, reprogramación, período de gracia, cobro de seguros, cobros adicionales por tarjeta de crédito o desconocimiento de la normativa vigente.

Por Miguel Lazcano

/ 15 de enero de 2021 / 08:34

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) habilitó un enlace (link) en su página web para que los consumidores financieros presenten su reclamo en caso de que el banco, entidad financiera de vivienda, cooperativa o institución financiera de desarrollo no acepte la solicitud de reprogramación, refinanciamiento, diferimiento o período de gracia de su crédito.

El formulario digital incluye los datos del consumidor financiero, de la entidad financiera y operación crediticia, el nombre del oficial de crédito o persona que brindó la atención y el tema específico del reclamo, que puede ser: refinanciamiento, reprogramación, período de gracia, cobro de seguros, cobros adicionales por tarjeta de crédito o desconocimiento de la normativa vigente. En el reclamo se debe hacer una descripción del hecho.

Las autoridades del Ministerio de Economía y la dirigencia de la mayor parte de los transportistas sellaron el miércoles un acuerdo por el cual se otorga a los prestatarios del sistema financiero seis meses de gracia adicionales sin pago de capital ni intereses. Otro sector, como el de los choferes confederados, no aceptó la propuesta gubernamental.

El convenio, que amplía el diferimiento de créditos con este período de gracia, causó molestia y preocupación no solo en el sistema financiero nacional, sino en los gremios empresariales como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) que advirtieron de un “desequilibrio económico” producto de estas acciones.

La CEPB advirtió, a través de un comunicado, que la determinación “produce el corte del flujo de recursos y debilita la moral de pago construida en décadas, poniendo en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero”.

Según la CNI, el periodo de gracia de seis meses afectará “negativamente la cultura de pago que durante décadas se cultivó en la economía boliviana”. “Las decisiones de política pública deben velar no sólo por el corto plazo y unos sectores, sino por el largo plazo y el conjunto de los sectores de la economía boliviana”, indicó esa institución.

En otro comunicado, esta vez del Gobierno, se descartó una crisis financiera por la medida adoptada por el Ejecutivo para desactivar un paro del transporte. “El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desmiente el supuesto atentado contra la estabilidad y vulneración del Sistema Financiero, reitera a las Entidades de Intermediación Financiera el compromiso de responsabilidad que tienen con la población boliviana y las convoca a sumarse al esfuerzo del Gobierno para lograr un futuro con estabilidad y retomar la senda del crecimiento económico”, señala el documento. (15/01/2021)

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El COED La Paz pide apoyo al Gobierno para aplicar una cuarentena rígida de 7 días

También pide la declaratoria de Emergencia Sanitaria y el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas para cumplir con la restricción masiva.

La Paz en cuarentena, fue entre marzo y junio.

Por Miguel Lazcano

/ 13 de enero de 2021 / 16:02

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz envió una nota al presidente Luis Arce Catacora pidiendo apoyo “para la aplicación de medidas de restricción masiva (cuarentena rígida) en el área metropolitana del Departamento de La Paz por el lapso de 7 días” y la declaratoria de Emergencia Sanitaria.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, indicó que el COED determinó solicitar al Gobierno nacional la adopción de medidas de restricción masiva debido al “enorme riesgo” de pasar a la fase 5 por la pandemia de coronavirus. También dijo que se ha solicitado el apoyo de la Policía Boliviana para cumplir con este cometido.

“La reunión de COE Dptal de anoche determinó solicitar la adopción de medidas de restricción masiva como la cuarentena en consideración al enorme riesgo de pasar a la Fase5 de la enfermedad y la multiplicación de los fallecidos en La Paz. No puede hacerse sin Policia ni Gobierno (sic)”, publicó el alcalde Luis Revilla en su cuenta de Twitter.

En la carta enviada al Jefe de Estado se alerta de la situación epidemiológica que atraviesa el departamento y el riesgo de colapso del sistema sanitario departamental.

En ese marco, se propuso a Arce considerar varias acciones, entre las cuales está la declaratoria de Emergencia Sanitaria, producto de la segunda ola de contagios del COVID-19 en el territorio nacional.

Asimismo, el COED pide que, a través del Ministerio de Trabajo, se suspendan las actividades laborales en todas las instituciones del sector público y privado, exceptuando las actividades del sector salud, farmacias y centros de abastecimiento.

Solicita también que se autorice, a través del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Defensa, el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en las acciones de vigilancia y control de la restricción masiva.

Por último, la carta sugiere a Arce “reducir los horarios de trabajo en las oficinas de la administración pública nacional, departamental y municipal, así como el número diario de funcionarios que asisten regularmente a la prestación de servicios, durante el periodo de la posible emergencia nacional que pueda ser declarada”.

La secretaria municipal de Salud de La Paz, Verónica Hurtado, señaló que declarar la cuarentena sólo en la capital no serviría de nada, porque el resto de municipios seguirían en movimiento y requiriendo los servicios de la ciudad sede de gobierno, por lo cual la propuesta es que las restricciones sean a nivel departamental.

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Inspectores laborales verificarán medidas de bioseguridad y teletrabajo en empresas

El Decreto Supremo 4404 establece protocolos y medidas de bioseguridad para proteger la salud y la vida de la población ante la pandemia de la COVID-19.

Por Miguel Lazcano

/ 13 de enero de 2021 / 13:16

La ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, anunció este miércoles que el Gobierno trabaja en un decreto supremo para que los inspectores laborales puedan verificar el cumplimiento del teletrabajo así como todas las medidas de bioseguridad en las distintas instituciones, tanto públicas como privadas.

«Hoy el gabinete del presidente Lucho está trabajando un nuevo decreto en el que faculta al Ministerio de Trabajo a realizar las respectivas inspecciones de cumplimiento del teletrabajo o de cualquier medida que se esté asumiendo para frenar el contagio en las oficinas», indicó la Ministra en contacto con radio Panamericana. 

«Hemos solicitado que en el decreto se faculte a nuestros inspectores de trabajo realizar, como cualquier inspección laboral, el cumplimiento obligatorio tanto de medidas de bioseguridad como estas otras medidas efectivas de teletrabajo», agregó la autoridad, según ABI.

Navia recordó que desde  el 1 de diciembre está vigente el Decreto número 4404 así como una Resolución Ministerial que se refieren a la implementación de medidas preventivas para las actividades laborales y la implementación de acciones de bioseguridad frente al COVID-19.

El decreto mencionado establece protocolos y medidas de bioseguridad, medidas para el Sistema Nacional de Salud, actividades económicas, jornada laboral y otras, para proteger la salud y la vida de la población ante la pandemia de la COVID-19, en la etapa de recuperación y preparación ante un eventual incremento de casos. 

Entre otros aspectos, esa norma dispone el uso obligatorio de barbijo, lavado permanente de manos, uso del alcohol al setenta por ciento (70%) y/o alcohol en gel y el distanciamiento físico, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad y el Índice de Alerta Temprana.

La Ministra de Trabajo pidió a los empleadores implementar esas medidas de bioseguridad y explicó que los trabajadores que tengan alguna denuncia de incumplimiento de estas disposiciones pueden efectuar las quejas correspondientes. (13/01/2021)

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Choferes desconfían de los bancos y piden una ley sobre reprogramación de créditos

La Asfi emitirá una resolución en la que se pondrá en vigencia la figura de la “prórroga”.

Mario Silva, secretario Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia.

/ 13 de enero de 2021 / 10:19

La Confederación de Choferes de Bolivia pedirá este miércoles, en la reunión que sostendrán estar tarde con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la aprobación de una ley en la que se incluya todos los acuerdos a los que se arribe sobre la reprogramación de créditos.

El secretario Ejecutivo de este gremio, Mario Silva, dijo —en entrevista con la Red Uno— que su sector desconfía de las entidades financieras porque no cumplen con lo dispuesto por el Gobierno o la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

En la reunión de esta tarde “lo que sí vamos a pedir es el estricto cumplimiento” de los ofrecimientos que hizo el Ministerio de Economía a través de la Asfi, sostuvo Silva y advirtió que si el acuerdo no se plasma en una ley que sea tratada por tiempo y materia por la Cámara de Diputados, su sector irá a un paro de 48 horas.

“Asoban (Asociación de Bancos Privados de Bolivia) no hace caso a la Asfi, no hace caso al Gobierno, ni siquiera a un decreto, por eso pedimos una ley que puedan tratar los diputados por tiempo y materia”.

El 5 de este mes, el Gobierno decidió otorgar un período de gracia de cuatro meses para la reprogramación y/o diferimiento de créditos con cuotas diferidas en beneficio de aquellos prestatarios que se acojan a la medida.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que en la reunión de este miércoles con la dirigencia del autotransporte se presentarán “elementos adicionales” para “perfeccionar el acuerdo” con este sector, aunque no proporcionó mayores detalles.

El que sí lo hizo fue el director de la Asfi, Reynaldo Yujra, quien dijo que se emitirá una resolución en la que se pondrá en vigencia la figura de la “prórroga”, período en el cual los prestatarios no pagarán ni capital ni intereses a los bancos mientras negocien una reprogramación o refinanciamiento. (13/01/2021)

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