Nacional

jueves 6 may 2021 | Actualizado a 11:17

Nelson Cox renuncia a la Defensoría para ser precandidato a la Alcaldía cochabambina

En agosto de 2018 Cox juró como Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba en la gestión de David Tezanos y continuó en la de Nadia Cruz.

Nelson Cox

/ 4 de diciembre de 2020 / 20:10

Nelson Cox renunció este viernes a la representación defensorial para el departamento de Cochabamba para habilitarse como precandidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Alcaldía de la capital cochabambina, en vista a las subnacionales de marzo próximo.

“Hoy decido continuar en esta causa de los derechos humanos desde la posibilidad de otro espacio que Dios mediante se pueda presentar en el escenario subnacional, debido a la aceptación que realicé ante los pedidos de compañeras y compañeros para que pueda ser precandidato a Alcalde municipal”, explicó en parte de la carta de renuncia que circuló en redes sociales.

En agosto de 2018 Cox juró como Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba en la gestión de David Tezanos y continuó en la de Nadia Cruz.

Cox, quien el jueves recibió el respaldo de organizaciones sociales a su candidatura a Alcalde, ejerció, además, como Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales en el gobierno de Evo Morales.

(04/12/2020)

Comparte y opina:

Organismo de DDHH argentino denuncia impunidad sobre las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata

“Porque cada día que pasa aleja a las víctimas de estas masacres y sus familiares del derecho a la verdad y a la justicia”, cuestionó el martes la organización.

El velatorio de las víctimas de Senkata bajo el puente de la zona en El Alto. Foto: La Razón

/ 6 de mayo de 2021 / 00:14

El martes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, una organización que promueve los derechos humanos, denunció que el Estado de Bolivia aún no da señales sobre el esclarecimiento de las “masacres” de Sacaba y Senkata, durante el gobierno de Jeanine Áñez en 2019.

Ante la falta de investigaciones por parte del Estado boliviano, la organización llamó la atención de las autoridades para que cumplan con las exhortaciones de la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, que conoce la denuncia de CELS desde el 20 de agosto de 2020.

“Porque cada día que pasa aleja a las víctimas de estas masacres y sus familiares del derecho a la verdad y a la justicia”, cuestionó el martes la organización.

El 15 de noviembre de 2019, al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los elementos de seguridad, el gobierno de Áñez instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas intervenir las protestas que entonces eran convocadas en contra de la administración transitoria, cinco días después de la renuncia del presidente Evo Morales. Entonces, una columna multitudinaria de campesinos y cocaleros fue interceptada por las fuerzas combinadas en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba.

La intervención policial-militar terminó con la muerte de al menos nueve personas ese día. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que las muertes ocurrieron porque los manifestantes se dispararon entre sí.

Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra manifestación de civiles fue intervenida por las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en Senkata, en El Alto, La Paz. El resultado fue otros nueves fallecidos.

Entonces, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, deslindó responsabilidades de parte de las Fuerzas Armadas en los hechos y afirmó que el Ejército no disparó “ni un solo cartucho”.

“En ambos casos, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad dispararon indiscriminadamente contra manifestantes y terceros, dejando un total de 27 muertos y cientos de personas heridas”, recuerda CELS.

En comunicación dirigida por CELS y otras organizaciones de derechos humanos a Agnés Callamard, relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, solicitaron a la funcionaria “que declare la responsabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia de Bolivia por las ejecuciones extrajudiciales y las demás violaciones contra la integridad cometidas en las masacres de Sacaba y Senkata”.

CELS recordó que tres meses y medios de esa solicitud, un conjunto de varias relatorías de la ONU instó al Estado boliviano a tomar acción porque “existe un asunto que justifica una atención inmediata” del caso.

Además, invitaron al Estado a adoptar “todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, así como a tomar “las medidas efectivas para evitar que tales hechos se repitan”. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desplazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), trabaja por seis meses en Bolivia con el objetivo de esclarecer los hechos luctuosos en la crisis poselectoral de 2019.

En un informe preliminar, la CIDH, organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que en Sacaba y Senkata hubo masacres y graves violaciones a los derechos humanos.

Comparte y opina:

En un foro junto a Sánchez Berzaín, Almagro cuestiona la democracia en Bolivia

El vocero presidencial Jorge Richter cuestionó la posición de Luis Almagro y aseguró que su posición refuerza su actuación en la crisis del 2019

El secretario general de la OEA, Luis Almagro. Foto de archivo: AFP.

/ 6 de mayo de 2021 / 00:04

En un encuentro en el que participó el exministro Carlos Sánchez Berzaín, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que en Bolivia el órgano judicial está cooptada y hay persecución política, pero además –dijo- forma parte del “tremendo fracaso” en lo económico, productivo y social.

Almagro y Sánchez Berzaín, uno de los principales acusados por las más de 60 muertos en octubre de 2003, coincidieron en el denominado Foro de Defensa de la Democracia en las Américas, organizado por Interamerican Institute for Democracy.

El vocero presidencial Jorge Richter cuestionó la posición de Almagro, quien es cuestionado por la administración de Luis Arce por su actuación en los hechos de 2019 que derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales.

“Se ha referido en malos términos a Bolivia, de que no somos una democracia completa porque tenemos uno cuantos vicios, y esa persona debería tener objetividad para referirse a cada uno de los Estados miembros de la OEA”, aseguró y añadió que esa su posición refuerza lo que ha significado su partición en 2019.

Durante su intervención se refirió a la crisis en El Salvador y advirtió que si el presidente Nayib Bukele “actúa incorrectamente en los próximos tiempos agarraría el camino donde ya están Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, con poderes judiciales cooptados con una dinámica de persecución política”.

Almagro cuestionó a los asistentes si van a “reglar que un país más vaya por ese lado”, pero también aseguró que “Nicaragua y Bolivia son tremendos fracasos” cuando se habla de desarrollo económico, productivo y social.

“Nunca podemos confundir democracias imperfectas con dictaduras”, planteó y de inicio aludió a Sánchez Berzaín y sus iniciales diferencias ya superadas.

Comparte y opina:

El Senado pide a la Unión Europea evaluar y reconducir el rol de sus delegados en Bolivia

Los senadores emitieron una declaración para rechazar la resolución del Parlamento Europeo contra la detención de Jeanine Áñez y califican esa acción de intervencionista.

Sesión de la Cámara de Senadores. Foto: Senado

/ 5 de mayo de 2021 / 20:13

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles una declaración camaral que rechza la resolución del Parlamento Europeo, que condena la detención de Jeanine Áñez, al considerarla «intervencionista e injerencista», y pide indagar sobre el rol de los representantes europeos en Bolivia durante los conflictos poselectorales 2019.

«Se solicita a los Estados miembros de la Unión Europea investigar, evaluar y reconducir el rol de determinados representantes políticos y diplomáticos de la Unión Europea en Bolivia, en el surgimiento de los conflictos y convulsión social del 2019, que posibilitó un golpe de Estado en el país», reseña parte del documento.

La semana pasada, el Parlamento Europeo condenó —en una resolución “no legislativa” — el arresto de la expresidenta Jeanine Áñez, detenida desde el 13 de marzo, acusada por presuntos de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, junto a dos de sus ministros, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra.

La Cámara de Senadores rechazó la «acción intervencionista e injerencista del Parlamento Europeo, promovida por representantes europeos de ultraderecha» y exige «respeto a la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo boliviano».

Además, recomienda al Órgano Ejecutivo socializar la declaración camaral con los miembros de la Unión Europea, además de los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Andino, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Naciones Unidas y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos.

El Parlamento Europeo, con votación de eurodiputados de extrema derecha y conservadores, consideró que en 2019 hubo un “fraude” y no un “golpe de Estado”. También pidió la liberación de Áñez.

Comparte y opina:

Extraditan a Brasil al acusado por narcotráfico Lima Lobo, la orden no se cumplía desde 2019

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Jesús Lima Lobo fue protegido por las exautoridades del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez. El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, trasladó y entregó a Lima Lobo a las autoridades brasileñas

El denominado pez gordo del narcotráfico Jesús Lima Lobo

/ 5 de mayo de 2021 / 18:10

El denominado pez gordo del narcotráfico Jesús Lima Lobo fue extraditado en las últimas a Brasil, por disposición judicial. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, recordó que el detenido ya tenía en 2019 una orden de extradición, pero el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez no dio curso por órdenes –dijo- del exministro Arturo Murillo, según testimonios.

“La excarcelación y extradición de Lima Lobo estaba autorizada el 12 de diciembre de 2019 sin embargo por decisión del régimen de facto esto no sucedió, al contrario este señor fue beneficiado en septiembre de 2020 con detención domiciliaria”, denunció y acusó al gobierno de Áñez de “proteger a los peces gordos del narcotráfico”.

Según las investigaciones, Lima Lobo tenía vínculos con carteles de Colombia y Brasil como el Primer Comando Capital (PCC). Fue detenido en la gestión del exministro Carlos Romero en Santa Cruz y traficaba droga desde la población de San Joaquín, en el Beni.

Einar Lima Lobo rumbo a Brasil.

“Tememos entendido de mara extraoficial de que hay testimonios de que el señor Arturo Murillo habría impedido la extradición de este sujeto”, aseguró y anunció que el mando policial de 2019 deberá ser investigado por este caso.

Sobre la denuncia de que el actual comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, habría recibido $us 35.000 para evitar la captura de Lima Lobo, Del Castillo lo atribuyó a una “guerra sucia” motiva por los ascensos dentro de la Policía.

“Esto (denuncia) es totalmente falso, el mismo señor Lima Lobo está siendo escoltado por el coronel Aguilera para ser entregado a las autoridades brasileñas. Esto ha sido desmentido, incluso por el señor Lima Lobo”, aseguró

Comparte y opina:

Con presencia de las FFAA, Arce entrega el edificio erigido sobre las oficinas de la COB asaltadas en 1980

El presidente Luis Arce hizo un repaso a la historia del movimiento minero y del asalto a la COB en 1980 con el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz

El presidente Luis Arce, durante el acto de la COB.

/ 5 de mayo de 2021 / 17:17

En un simbólico acto y con presencia del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Arce entregó este miércoles el edificio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) construido sobre la infraestructura que el 17 de julio de 1980 fue asaltada por paramilitares que asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz.

En ese predio, sobre el que ahora se erige la nueva infraestructura, funcionaba en esa ápoca la Central Obrera Boliviana (COB). En el asalto a la COB “acribillaron al compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Carlos Flores y a Gualberto Vega, ¡gloria a estos compañeros!”, sostuvo Arce en el acto transmitido por los medios estatales.

Durante el acto hizo un repaso a la lucha de los mineros y a sus “héroes anónimos” por la recuperación de la democracia en la dictadura. El general Luis García Meza tomó el poder en 1980 y se constituyó en una de las dictaduras más sangrientas de la historia boliviana.

Miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas participaron del acto celebrado en la nueva infraestructura de nueve plantas y un auditorio para 500 personas, ubicada en el centro de la ciudad de La Paz. Se invirtió más de Bs 13 millones

“No es una construcción fría de ladrillo y cemento, este edificio tiene vida, historia y con seguridad que seguirá siendo un símbolo de nuestras batallas para conquistar la independencia como pueblo y como estado plurinacional”, sostuvo.

La infraestructura lleva el nombre de Orlando Gutiérrez, exdirigente minero que murió en circunstancias que hasta ahora no se conocen.

Comparte y opina:

Últimas Noticias