Nacional

jueves 21 oct 2021 | Actualizado a 23:58

Novillo a las FFAA: La Justicia Ordinaria está por encima de la militar en casos como Sacaba y Senkata

El Ministerio de Defensa dejó en claro que en materia penal los procesos son personales, como ocurre con el general Alfredo Cuéllar.

Un militar en Senkata durante el operativo de noviembre de 2019.

/ 8 de diciembre de 2020 / 16:54

El Ministerio de Defensa salió a aclarar a las Fuerzas Armadas que la Justicia Ordinaria está por encima de la militar cuando se trata de hechos de violencia y muerte como en Sacaba y Senkata en 2019, y que el proceso abierto contra el general Alfredo Cuéllar muestra que los eventuales delitos son personales y no involucran a la institución armada.

“En materia penal, las responsabilidades de los individuos son ‘intuito personae’, es decir, de orden estrictamente referido a la persona; por tanto, en el caso de la detención y procesamiento del Gral. Cuellar no corresponde que toda la institución armada se sienta afectada para actuar en ‘espíritu de cuerpo’”, establece un comunicado.

Cuéllar, entonces comandante de la guarnición militar de Cochabamba, se encuentra con detención domiciliaria acusado por asesinato. El general fue vinculado a los hechos de violencia y muerte en Sacaba, en noviembre de 2019, cuando perdieron la vida 10 personas por heridas de bala.

Actuaron en ese hecho fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas al amparo del Decreto Supremo 4078 promulgado por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, para evitar que una marcha de cocaleros entre a la ciudad de Cochabamba en respaldo al entonces presidente renunciante Evo Morales.

El documento publicado en el muro de Facebook del Ministerio de Defensa también dejó establecido que “la justicia militar es un fuero o prerrogativa especial reglamentada para temas específicos. En cambio, cuando se trata de tutelar (proteger o amparar) un bien jurídico como es la Vida, la regla establece que es la justicia ordinaria la que está por encima de cualquier fuero especial”.

De esa forma respondió, indica el ministerio, al “falso debate de que si el caso que nos ocupa debe ser sustanciado y dirimido por la justicia militar o por la jurisdicción ordinaria”. Es más, recuerda que hay jurisprudencia en esta materia y que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional ya definió el curso de acción en estos temas.

“Destacamos nuevamente la férrea convicción del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de apegarse estrictamente al ordenamiento jurídico nacional”, señala el comunicado de Defensa.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó el fin de semana que no hay “privilegio ni fuero cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, en referencia a los cuestionamientos por el proceso abierto en contra del general Cuéllar.

“Todos los bolivianos respondemos por nuestros actos ante la justicia y es la justicia la encargada de realizar todas las investigaciones, yo creo que no hay fueros ni privilegios para ningún boliviano de manera excepcional cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, advirtió.

El presidente Luis Arce demandó de las Fuerzas Armadas su contribución al esclarecimiento de las muertes de noviembre de 2019. Además de recordar la obligación de todas las instituciones del Estado de apoyar dichas investigaciones, el mandatario reflexionó: “No es posible eludir la justicia”.

“Quiero decirles de manera muy sincera a las FFAA, que no es posible eludir la justicia, como gobierno y Estado boliviano estamos obligados por mandato de la CPE y las leyes a contribuir proporcionando la información para esclarecer las muertes durante el gobierno de facto”, tuiteó Arce el lunes a las 12.47.

(08/12/2020)

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Salud dispone de formulario de consentimiento para vacunación a adolescentes de 16 a 17 años

El Ministerio de Salud habilitó el formulario de consentimiento informado que deben llenar los padres de familia o tutores para la protección de los adolescentes

Vacunación a jóvenes en Bolivia. Foto: Álvaro Valero

/ 21 de octubre de 2021 / 23:51

El Ministerio de Salud habilitó el documento de “consentimiento informado” para que los padres de familia o tutores los firmen y autoricen la vacunación contra el COVID-19 a menores de 16 y 17 años.

El documento da cuenta de las ventajas de la inmunización, las eventuales reacciones adversas divididas en muy frecuentes, frecuentes y poco frecuentes. Y, finalmente, se debe llenar los datos del padre y tutor, y del beneficiario.

Se utilizará la dosis de Pfizer para proteger a este grupo de la población, con lo que se busca ampliar el rango de edad de los beneficiarios. Hasta antes, solo estaba autoriza la inmunización de los mayores de 18 años.

También está en curso la protección con tercera dosis, como parte del plan de lucha contra el COVID-19.

Encuentra el documento acá —>>> Ministerio de Salud

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En Bolivia se vuelve a superar los 500 nuevos casos de COVID-19 día

Santa Cruz tiene el mayor número de nuevos positivos. Desde marzo de 2020, los contagios sumaron 508.702

/ 21 de octubre de 2021 / 23:32

Los nuevos casos de COVID-19 volvieron a superar en esta semana los 500 contagios, y Santa Cruz continúa con el mayor número de contagios. El total acumulado subió a 508.702 contagios desde marzo de 2020.

De los 536 nuevos positivos, 262 están en Santa Cruz, 106 en Cochabamba, 56 en La Paz, 40 en Chuquisaca, 38 en Tarija, 16 en Oruro, 15 en Potosí, 3 en Beni y Pando reporta un silencio epidemiológico con cero.

Los decesos de la fecha suman 4 y el total ascendió a 18.891. Hay 18.622 casos activos y 2.048.828 descartados.

A la fecha 471.189 personas se recuperaron.

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Bolivia supera la barrera de los Bs 200.000 MM en depósitos bancarios

El presidente Luis Arce informó del récord que alcanzaron los depósitos en el sistema financiero a julio de lo que va de este año. El PIB creció en el primer semestre en 9,36%

/ 21 de octubre de 2021 / 21:23

Los depósitos de los bolivianos en la banca superaron la barrera de los Bs 200.000 millones hasta julio de 2019, lo que es un factor más que muestra la reactivación de la economía, informó el presidente Luis Arce.

“Por primea vez en la historia de Bolivia, los depósitos del público, es decir los ahorros de nuestra gente en el sistema financiero nacional, superaron la barrera de los Bs 200.000 millones hasta julio de 2021. ¡En unidad estamos reactivando la economía!”, destacó en un mensaje en Twitter.

Según un informe de agosto de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en los “últimos doce meses, los depósitos en el sistema financiero aumentaron en Bs 10.611 millones (5,6%), con lo cual, a junio de 2021 el saldo total asciende a Bs 199.277 millones. Este comportamiento es explicado, principalmente, por los aumentos en los depósitos a plazo fijo y en caja de ahorros, que suman Bs 9.340 millones”.

Mientras que el número de cuentas de depósito vigentes asciende a 13,2 millones, mayor en 894.373 (7,3%) con respecto a junio de 2020. La cartera de créditos, el saldo de las colocaciones asciende a Bs 192.015 millones, al 30 de junio de 2021, superior en Bs 5.909 millones (3,2%) al observado en similar periodo del año pasado.

Arce informó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció en el primer semestre en 9,36%.

“Volvimos a la senda del crecimiento económico con justicia social. Este es el resultado del trabajo planificado, responsable y coordinado junto a nuestro pueblo”, posteó el presidente.

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El Gobierno califica de ‘fracaso’ protesta, gremiales se dividen y una facción firma acuerdo

La dirigencia de Rodolfo Mancilla sostiene que la ley 1386 de lucha contra las ganancias ilícitas no los alcanza. Francis Figueroa, desde Santa Cruz, declaró un cuarto intermedio en las protestas

Protesta gremial en la ciudad de La Paz.

/ 21 de octubre de 2021 / 20:29

Un grupo de la dirigencia nacional de los gremiales se reunió con el Gobierno y acordó trabajar en el reglamento de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas 1386, mientras que el bando liderado por Francisco Figueroa declaró un cuarto intermedio en la protesta y el lunes definirá nuevas acciones. Para el Gobierno, las protestas de esta jornada fueron un fracaso.

Gremiales del ala de Figueroa convocaron a un paro para este jueves y viernes, pero en los últimos días optaron por ir solo a las movilizaciones. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hubo, en la mañana, marchas en demanda de la anulación de la ley que consideran hará un mayor control sobre su sector.

En Potosí, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), determinó cumplir con el paro de 48 horas que había definido la dirigencia de Figueroa, quien desde Santa Cruz organiza en la llamada cumbre intersectorial más protestas. Se determinó un cuarto intermedio y el lunes se retomará reuniones para definir nuevas acciones de protestas.

Mientras que en La Paz, otro grupo de gremiales se reunió con autoridades del Gobierno. “Se nos ha explicado y se ha establecido que la ley 13 86 no tiene alcance ni afecta a comerciantes minoristas de Bolivia y los gremialistas participaremos en la reglamentación de la ley”, informó el dirigente Rodolfo Mancilla tras la reunión en la Casa Grande del Pueblo.

Mancilla cuestionó la dirigencia de Figueroa y lo vinculó con los intereses del excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “Nuestro compromiso es firme con nuestro proceso de cambio”.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, calificó de fracaso el paro que convocó inicialmente Figueroa y descartó que la ley que aprueba la estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas afecte los intereses de los gremiales, choferes o de cualquier ciudadano.

“Ha sido un total fracaso este paro convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz y por el gobernador Camacho y alguno que otro loco en algún departamento”, afirmó en alusión a que el bloque de oposición política-cívica se pronunció en apoyo a la protesta.

“Es mentira que esta ley, la 1386, afecte la economía de los hermanos transportistas y de los hermanos gremiales, es mentira. Están queriendo utilizar este instrumento para gestar un segundo golpe de Estado, lo ratifico”, insistió.

Figueroa explicó que se declaró un cuarto intermedio en las protestas y que el lunes se retomará la coordinación para nuevas movilizaciones, sin embargo aseguró que persistirán protestas en Potosí, Cochabamba y Tarija.

El ministro Edgar Montaño (c) durante la conferencia de prensa de este jueves conjuntamente representantes de dos sectores de transportistas. Foto: Min Obras Públicas

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El Legislativo anula decreto de amnistía e indulto para procesados en el gobierno de Áñez

El decreto presidencial de amnistía fue aprobado en febrero para beneficiar a los perseguidos y sentenciados en el gobierno de Jeanine Áñez, sin embargo el GIEI advirtió que puede ser distorsionada su aplicabilidad

El pleno de la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa.

/ 21 de octubre de 2021 / 17:47

La Asamblea Legislativa Plurinacional anuló este jueves el decreto presidencial de amnistía e indulto aprobado por el gobierno de Luis Arce en favor de los procesados en la gestión de Jeanine Áñez, en cumplimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

El senador del MAS Adolfo Flores explicó que con la abrogación de la norma aprobada en febrero de 2021 se cumple una de las recomendaciones de los expertos que investigaron la violencia y muerte de 2019.

“Hemos tomado la decisión de abrogar el decreto y expresar que ese decreto tenía el perdón de penas de sentenciados y por el camino político los perseguidos políticos. Entendemos que solo han sido beneficiados los que tienen sentencia”, sostuvo.

El decreto de febrero establece que serán beneficiadas las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

El GIEI advirtió que esa norma debe ser anulada porque solo cuestiona el procedimiento y puede llegar a beneficiar a quienes fueron parte de la violencia y muerte de noviembre de 2019, en el gobierno de la expresidenta Áñez.

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