Nacional

viernes 30 jul 2021 | Actualizado a 07:16

Novillo a las FFAA: La Justicia Ordinaria está por encima de la militar en casos como Sacaba y Senkata

El Ministerio de Defensa dejó en claro que en materia penal los procesos son personales, como ocurre con el general Alfredo Cuéllar.

Un militar en Senkata durante el operativo de noviembre de 2019.

/ 8 de diciembre de 2020 / 16:54

El Ministerio de Defensa salió a aclarar a las Fuerzas Armadas que la Justicia Ordinaria está por encima de la militar cuando se trata de hechos de violencia y muerte como en Sacaba y Senkata en 2019, y que el proceso abierto contra el general Alfredo Cuéllar muestra que los eventuales delitos son personales y no involucran a la institución armada.

“En materia penal, las responsabilidades de los individuos son ‘intuito personae’, es decir, de orden estrictamente referido a la persona; por tanto, en el caso de la detención y procesamiento del Gral. Cuellar no corresponde que toda la institución armada se sienta afectada para actuar en ‘espíritu de cuerpo’”, establece un comunicado.

Cuéllar, entonces comandante de la guarnición militar de Cochabamba, se encuentra con detención domiciliaria acusado por asesinato. El general fue vinculado a los hechos de violencia y muerte en Sacaba, en noviembre de 2019, cuando perdieron la vida 10 personas por heridas de bala.

Actuaron en ese hecho fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas al amparo del Decreto Supremo 4078 promulgado por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, para evitar que una marcha de cocaleros entre a la ciudad de Cochabamba en respaldo al entonces presidente renunciante Evo Morales.

El documento publicado en el muro de Facebook del Ministerio de Defensa también dejó establecido que “la justicia militar es un fuero o prerrogativa especial reglamentada para temas específicos. En cambio, cuando se trata de tutelar (proteger o amparar) un bien jurídico como es la Vida, la regla establece que es la justicia ordinaria la que está por encima de cualquier fuero especial”.

De esa forma respondió, indica el ministerio, al “falso debate de que si el caso que nos ocupa debe ser sustanciado y dirimido por la justicia militar o por la jurisdicción ordinaria”. Es más, recuerda que hay jurisprudencia en esta materia y que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional ya definió el curso de acción en estos temas.

“Destacamos nuevamente la férrea convicción del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de apegarse estrictamente al ordenamiento jurídico nacional”, señala el comunicado de Defensa.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó el fin de semana que no hay “privilegio ni fuero cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, en referencia a los cuestionamientos por el proceso abierto en contra del general Cuéllar.

“Todos los bolivianos respondemos por nuestros actos ante la justicia y es la justicia la encargada de realizar todas las investigaciones, yo creo que no hay fueros ni privilegios para ningún boliviano de manera excepcional cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, advirtió.

El presidente Luis Arce demandó de las Fuerzas Armadas su contribución al esclarecimiento de las muertes de noviembre de 2019. Además de recordar la obligación de todas las instituciones del Estado de apoyar dichas investigaciones, el mandatario reflexionó: “No es posible eludir la justicia”.

“Quiero decirles de manera muy sincera a las FFAA, que no es posible eludir la justicia, como gobierno y Estado boliviano estamos obligados por mandato de la CPE y las leyes a contribuir proporcionando la información para esclarecer las muertes durante el gobierno de facto”, tuiteó Arce el lunes a las 12.47.

(08/12/2020)

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Convocan a Asamblea de la Cruceñidad para definir acciones contra el ‘cierre’ del caso fraude electoral

En la reunión convocada para el lunes, también se solicitará a la OEA un pronunciamiento oficial sobre su informe de irregularidades en las justas de 2019

Reunión del Comité Pro Santa Cruz este jueves.

/ 30 de julio de 2021 / 00:01

El Comité pro Santa Cruz convocó la noche de este jueves a una reunión de la Asamblea de la Cruceñidad para el lunes con la finalidad de definir acciones en contra del “cierre del caso fraude electoral” y solicitar a la OEA un pronunciamiento oficial sobre su informe de irregularidades en las justas que derivaron en la dimisión de Evo Morales.

A la cabeza de Rómulo Calvo, se reunió el ente cívico y convocó a la máxima instancia de decisión cruceña ante el informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que descartó manipulación en los resultados de las elecciones de 2019.

La Fiscalía solicitó el trabajo pericial y sobre esa base requirió el archivo del caso “fraude electoral” y el sobreseimiento de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acusados. El proceso aún está abierto y las partes deberán impugnar o aceptar la posición expuesta por el fiscal General, Juan Lanchipa.

“Convocar a la Asamblea de la Cruceñidad para el día lunes 2 de agosto a las 18.30 horas, con los siguientes puntos: Acciones a seguir ante el cierre del caso del fraude electoral de las elecciones del año 2019”.

Los cívicos cruceños a la cabeza del hoy gobernador Luis Fernando Camacho jugaron un papel central en las protestas que, sumadas a un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia de Evo Morales, derivaron en la dimisión de Morales y la toma de poder de Jeanine Áñez, encarcelada por el caso “golpe de Estado”.

El informe de la OEA fue base de las protestas. “Solicitar el pronunciamiento oficial de la OEA sobre el informe electoral realizado por este organismo internacional que reveló el fraude cometido por el gobierno de Evo Morales en las elecciones de 2019”, refiere otro de los puntos de la agenda.

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Embajador Arce dice que EEUU se une a voces que piden indagar acción de la OEA en Bolivia

El embajador en la OEA, Héctor Arce, explicó que tiene carácter de “conminatoria” la aprobación congresal para que el Departamento de Estado de EEUU indague el papel de la OEA en las elecciones de 2019

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce.

/ 29 de julio de 2021 / 23:00

El embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, aseguró que el gobierno de Estados Unidos se sumó con la “conminatoria” al Departamento de Estado a las voces que sugieren una investigación sobre la participación del organismo hemisférico en las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia.

“El gobierno norteamericano, prácticamente, se une a las voces que sugieren que debe haber una profunda investigación sobre todos los hechos que se han dado de la participación de la OEA” con sus dos informes sobre las elecciones que derivaron en violencia y la dimisión de Evo Morales, sostuvo el embajador en una entrevista con Gigavisión.

Este jueves se conoció que la Cámara de Representantes de Estados Unidos incorporó en el presupuesto del año fiscal 2022 la propuesta de investigación del rol que tuvo la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones bolivianas de octubre de 2019, informó la congresista Jan Schakowsky.

El proyecto de investigación había sido propuesto por las congresistas Schakowsky y Susan Wild, y ahora está inscrito en la Ley de asignaciones estatales, operaciones extranjeras y programas relacionados (SFOPS) del Congreso estadounidense. El Departamento de Estado deberá encargarse de esta investigación.

La misión de observadores del organismo administrado por Luis Almagro denunció en 2019 que hubo irregularidades en las justas de 2019, lo que agravó una crisis alentada, justamente, por denuncias de fraude electoral. A ello se sumó un motín policial y la “sugerencia” militar al expresidente Morales de dimitir.

El Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), revisó el proceso electoral y estableció que no hubo ninguna alternación en los resultados oficiales. El trabajo lo hizo por requerimiento de la Fiscalía que investigaba la denuncia fraude electoral.

Arce calificó de “extremadamente grave” el accionar de la OEA e informó que en la propia instancia hay desconfianza que corre el riesgo de extenderse a otras misiones electorales.

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Arce destaca plan para atraer inversiones en hidrocarburos y asegura que hay interés por gas

El presidente Luis Arce aseguró que Perú, Brasil y Argentina tienen interés en el gas boliviano. YPFB plan con 17 proyectos hidrocarburíferos

El presidente Luis Arce, tras el lanzamiento del plan en Santa Cruz.

/ 29 de julio de 2021 / 21:34

Lanza un plan con oportunidades de exploración y negocios en 17 proyectos hidrocarburíferos. El presidente Luis Arce destacó la iniciativa del Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y aseguró que hay interés en Perú, Brasil y Argentina por la provisión del gas boliviano.

“Mercados se tan abriendo, hay oportunidades de negocio incluido el propio Brasil que sigue interesado. El Perú nos ha manifestado claramente que quiere el gas boliviano”, explicó Arce en el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Reactivación del Upstream 2021.

La estatal petrolera tiene una carpeta de 17 proyectos exploratorios distribuidos en siete de los nueve departamentos, orientados a descubrir 5 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural con una inversión aproximada de $us 1.400 millones en éste y el próximo año.

El plan abarca las zonas del subandino sur y norte, Boomerang y Madre de Dios. La primera contempla los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz; el Boomerang comprende Santa Cruz y Cochabamba, y Madre de Dios abarca Pando, Beni y norte de La Paz, respectivamente.

“Estamos seguros que los mercados se van a ampliar, las oportunidades se van ampliando”, destacó Arce a poco de regresar de Perú y sostener reuniones con el presidente Pedro Castillo sobre diferentes temas, entre ellos el gas.

Arce destacó que uno de los pilares de la economía son los hidrocarburos, por ello la importancia de afianzar los trabajos de exploración para incrementar las reservas.

En 2006 el expresidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos. Arce recordó que desde entonces al menos $us 41.000 millones se generaron en renta petrolera en últimos 14 años.

“YPFB asumirá el rol operativo para que se ejecuten estos proyectos por cuenta propia como también, en sociedad estratégica a través de contratos de servicios petroleros (CSP) con empresas operadoras que se encuentren en el país o en el exterior, en la perspectiva de atraer nuevas inversiones”, refiere un boletín institucional.

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Tras 116 años, las labores legislativas dejan el viejo Palacio y se trasladan al nuevo edificio

En el gobierno de José Manuel Pando se dispuso su construcción del hoy viejo edificio legislativo y en 1905 fue inaugurado como sede definitiva. El nuevo edificio tiene 20 plantas

El nuevo hemiciclo de Diputados en el nuevo edificio. Foto: Rodwy Cazón

/ 29 de julio de 2021 / 19:36

El viejo Palacio Legislativo escuchó por última vez a sus inquilinos, diputados y senadores electos en 2020. Hace 116 años fue inaugurado y ahora da paso a la modernidad, a un nuevo edificio de 20 plantas que desde agosto cobijará las labores legislativas y los debates en plenaria.

Durante el gobierno de José Manuel Pando se dispuso su construcción y en 1905 fue inaugurado como sede del Congreso. Se encuentra ubicado a unos pasos del Palacio Quemado, que en 2018 también quedó como un museo con la inauguración de la Casa Grande del Pueblo, un edificio imponente levantado en la parte posterior.

El presidente de Diputados, Freddy Mamani, confirmó este jueves que la sesión de la fecha fue la última en “este hemiciclo parlamentario que representa al Estado republicano”, porque –anunció- “nos estamos trasladando al nuevo edificio”.

El viejo edificio del Legislativo fue construido con estilo neoclásico, respondiendo a los cánones arquitectónicos de la época. Fue testigo de la jura de Presidentes de Estado y de innumerables sesiones sobre leyes que marcaron la historia de Bolivia en más de un siglo.

Según una reseña publicada en la página de Diputados, el edificio donde hasta hoy funcionó el Legislativo, inicialmente fue la Capilla de un Colegio de la Compañía de Jesús, mientras que en el siglo XIX sirvió como salón de la Universidad Mayor de San Andrés, fundada en 1830.

“Durante el siglo XIX, cuando el Congreso sesionó en La Paz, lo hizo en este recinto, que tenía adjunto una cárcel pública, denominada el Loreto, donde el 23 de octubre de 1861 se cometió el famoso crimen conocido como las “Matanzas de Yañez”, se detalla.

Los diputados se despidieron, este jueves, del hemiciclo parlamentario. Foto: Cámara de Diputados

Ese histórico recinto ahora deja de ser sede del Legislativo y da paso a un moderno edificio construido en la parte posterior de la vieja infraestructura que da a la plaza Murillo, centro del poder político boliviano.

Será inaugurado el 2 de agosto y ahí se escuchará el primer informe-mensaje del presidente Luis Arce en ocasión del aniversario patrio. La construcción de la Casa Grande del Pueblo y del nuevo Legislativo fue impulsada en el gobierno del expresidente Evo Morales.

“La nueva construcción representa al Estado Plurinacional. Somos los privilegiados de vivir este momento histórico de trasladarnos de un hemiciclo a otro más moderno, el segundo más grande de Latinoamérica y uno de los más modernos”, destacó Mamani.

El edificio tiene 20 pisos y características que representan a las 36 nacionalidades reconocidas en Bolivia. El presupuesto para la adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico para la nueva infraestructura alcanza los Bs 21.126.202,75, según datos oficiales. De ese monto, más de 7 millones van a la compra de mobiliario.

Tiene una estructura metálica antisísmica y nuevos hemiciclos para las cámaras de Diputados y Senadores, oficinas para autoridades, áreas de archivos y cinco niveles de sótano que serán utilizados como parqueos. Tuvo un costo de al menos Bs 487 millones.

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Senado sanciona ley que permite a la UIF acceder a información en la lucha contra dos delitos

La Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo faculta también a la Aduana a “imponer sanciones”

El pleno de Senado.

Por Carlos Corz

/ 29 de julio de 2021 / 19:11

El Senado sancionó el proyecto de ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que fortalece a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con el acceso a información y faculta a la Aduana a “imponer sanciones” a quienes no declaren o lo hagan parcialmente sobre el dinero que llevan.

Se aplazó el debate el 14 de julio y fue retomado ayer hasta la aprobación de esta estrategia que responde, se explicó, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según el plan, se establece fortalecer la UIF con iniciativas como “acuerdos interinstitucionales entre la UIF y entidades públicas y privadas que generen y mantienen información de utilidad para la UIF y/o emitir normativa para la accesibilidad directa, irrestricta y continua a información relevante para la problemática LGI/FT”.

Justamente este aspecto fue cuestionado por la oposición, porque entiende que abrirá la puerta a que la UIF acceda a información confidencial y afecte el derecho a la privacidad de las personas.

Otro aspecto novedoso es la facultad que asigna a la Aduana de “imponer sanciones” a quienes “no presenten la declaración jurada correspondiente a la Aduna Nacional o cuando en dicha declaración no se hubiera consignado el monto o éste sea imprecisa en relación al transportado o cuando no se cumpliera con la autorización debida”.

La multa será del 30% “entre el monto total de dinero y/o de valor nominal del instrumento negociable transportado y el declarado o autorizado según corresponda, sin perjuicio de la acción legal pertinente”.

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