La Fiscalía de La Paz apelará la sentencia contra los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López que recibieron una sentencia de ocho años de prisión, luego de ser hallados culpables en el caso Gases Brasil.

Rosario Venegas, fiscal departamental de La Paz en suplencia legal, confirmó la información. En su criterio, la pena privativa de libertad contra las exautoridades “es muy corta”.

“La Fiscalía solicitó la pena máxima de 10 años para cada acusado por delitos de corrupción, pero los miembros del tribunal determinaron condena de sólo tres, siete y ocho años; por ello, vamos a presentar el recurso de apelación cuando seamos legalmente notificados con esa sentencia”, indicó la fiscal a los periodistas.

La fiscal justificó esa apelación y dijo que “durante la investigación se obtuvieron pruebas contundentes que demuestran la participación de los implicados”.

Fiscalía

Por su parte, el fiscal Omar Yucra, consultado sobre el tema, ratificó que pedirán la ampliación del tiempo de la pena.

“El Ministerio Público no va a permitir que se deje en la impunidad ningún acto delincuencial que se ha cometido en contra del Estado boliviano”, dijo en una improvisada conferencia de prensa.

El caso Gases Brasil investigó los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

SI bien Murillo y López fueron sentenciados a ocho años, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad y uno fue absuelto de culpa.

Los sentenciados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

El fiscal Omar Yucra informó este martes que el estado de “refugiado” que tienen los exministros Luis Fernando López Julio, en Paraguay, y Arturo Murillo, en Estados Unidos, “frena” su extradición para cumplir la sentencia de ocho años que dictó la Justicia en su contra.

“Se tiene conocimiento de que el mismo (caso de Murillo) se encuentra en trámites en oficinas de la Cancillería. En cuanto a López Julio se ha solicitado la extradición y también se encuentra en trámite, sin embargo, el aspecto de refugiado que tiene en Paraguay está obstaculizando dicha extradición”.

El 4 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz declaró culpables a Murillo y López en ese caso. Los sentenció a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

En tanto, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad y uno fue absuelto de culpa.

Los sentenciados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez, en 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó este martes que el debate y las sesiones en la Cámara de Diputados “no es nada sencillo” y que ello deriva en “burocracia” para la aprobación de leyes.

“En la Cámara de Diputados no es nada sencillo y fácil llevar el desarrollo normal de las sesiones”, dijo en una conferencia de prensa.

El legislador chapareño del Movimiento Al Socialismo (MAS), y formado políticamente bajo el ala de Evo Morales, abordó el tema a propósito de una supuesta solicitud suya para que se elimine el delito de estupro.

Andrónico Rodríguez

Según Rodríguez, esa propuesta de norma fue planteada por la senadora Andrea Barrientos, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), y fue remitida a Diputados en abril de este año.

“La aprobación de una ley tiene un procedimiento larguísimo y un trámite totalmente burocrático. Necesariamente tiene que pasar por una cámara de origen y saben cómo está en la instancia de la Cámara de Diputados”, complementó Rodríguez.

En los hechos, el debate legislativo retrasó la aprobación de varias leyes, debido a que las tres fuerzas políticas con representación política en la Asamblea Legislativa no pudieron hallar consensos.

Incluso, tanto el MAS como las opositoras CC y Creemos, vieron “atomizadas” sus bancadas y eso derivó en pugnas y hasta acusaciones de “tratos” entre oficialistas y opositores.

Cámara de Diputados

No fue diferente en la Cámara de Senadores, donde también recurrieron a consensos para viabilizar la aprobación de normas.

Una de las normas más retrasadas por esas diferencias fue la Ley de Elecciones judiciales, cuyos comicios debían celebrarse en 2023, pero luego de una serie de escollos, se celebrarán el 1 de diciembre de este año.

Otro de los “grandes desafíos” de la Asamblea Legislativa tiene que ver con la aprobación de créditos internacionales, con recursos destinados a infraestructura, preinversión, salud, electrificación, riego y otro tipo de obras.

El Gobierno pidió, reiteradamente, la aprobación de esas normas, para paliar la crisis por falta de dólares y combustibles.

En medio de un escándalo por supuesto estupro que involucra al expresidente Evo Morales, éste ahora comparó al presidente Luis Arce con la expresidenta transitoriaJeanine Áñez, a quienes acusó de “usar las mismas armas”.

“No existe diferencia entre el gobierno de facto de Jeanine Añez y el gobierno de Luis Arce. Utilizando las mismas armas, intentaron involucrarme con el narcotráfico y la corrupción, nunca pudieron ni podrán hacerlo”, publicó Morales en sus redes sociales.

Morales está en el ojo de la tormenta, luego de conocerse el caso de estupro y la notificación que emitió la Fiscalía de Tarija para que declare el jueves por dicha investigación.

El expresidente afirmó que ese proceso “es inventado” y dijo que se defenderá de la acusación que abrió de oficio la Fiscalía departamental.

Evo Morales

“Ahora, después de la masiva Marcha para Salvar Bolivia y para encubrir la grave crisis económica, Luis Arce y sus colaboradores utilizan el mismo caso con el que Añez nos perseguía por un inventado estupro que fue rechazado por la justicia hace varios años”, agregó.

Según él, un juez rechazó en 2020 el proceso por la supuesta comisión de estupro; y, en su criterio, no se puede volver a juzgarlo por el mismo hecho.

Morales y la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron que el Gobierno “persigue” política y judicialmente a los dirigentes del Trópico de Cochabamba con el fin de “proscribir al MAS” e inhabilitar a su líder como candidato a las elecciones nacionales de 2025.

“Es importante que la comunidad internacional sepa que esta persecución judicial se une a la serie de procesos contra líderes populares en la última década. También es importante reafirmar que continuaremos resistiendo judicial y políticamente, pues nos sabemos acompañados del pueblo, la razón y la verdad”, complementó Morales.

El lunes, el además líder cocalero dijo que el “lawfare” es el nuevo Plan Cóndor de la región.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz acusaron este martes a los voceros y abogados de Evo Morales de utilizar “tácticas de amedrentamiento” en la cobertura de la investigación penal que involucra al expresidente.

La ANPB y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz “rechazamos la descalificación, irrespeto y agresividad de voceros y abogados del señor Evo Morales Ayma en contra de periodistas y conductores de programas que realizan la cobertura y el análisis de la investigación penal que involucra al expresidente”, se lee en el comunicado.

Morales está investigado por supuestamente embarazar a una adolescente de 15 años en 2015, cuando ejercía como presidente, y luego haber reconocido a la bebé. La víctima es oriunda de Yacuiba, en el departamento de Tarija. También están investigados los padres de la víctima, en particular la madre por haber recibido beneficios de esa relación.

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El lunes surgió también una nueva denuncia contra el exmandatario por presunta violación contra dos menores de edad en 2014.

De acuerdo con la directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, las víctimas pertenecen a un sindicato del Trópico de Cochabamba y habrían ido a trabajar a Palacio de Gobierno de La Paz en labores de limpieza.

‘INACEPTABLE’

“Es inaceptable que el expresidente y sus vocero/as y abogado/as utilicen tácticas de amedrentamiento y desprestigio de periodistas en lugar de responder con la verdad y respetando el derecho de la ciudadanía a estar bien informada, especialmente en un caso tan delicado como la supuesta comisión de trata y tráfico y estupro que involucra a una menor”, afirman los gremios de periodistas.

Repudian también el trato recibido por la periodista Jimena Antelo, a quien la defensa de Morales le atribuyó “nexos con el Ministerio de Gobierno», «poniendo en duda su integridad personal”.