La pandemia de COVID-19 dejó entre 2019 y 2020 cerca de 241.000 mujeres de las áreas urbanas sin trabajo, un tercio más que los hombres. La situación afectó a los sectores informales y por cuenta propia, revela un estudio de Oxfam Bolivia.

“La crisis ha impulsado un masivo traslado de mujeres hacia la ‘inactividad’. Un ejército de casi 1,5 millones de mujeres hoy conforma la población económicamente inactiva (el doble de los hombres), y en muchos casostendrán que enfrentar la dedicación exclusiva al trabajo doméstico y de cuidado sin remuneración, lo que podría empobrecer a muchos hogares en Bolivia”, revela el estudio entregado este mes.

Según el estudio, diversas investigaciones y encuestas demuestran que en pandemia las mujeres han tomado la mayor responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidado. “En este tiempo, frente al cierre de las escuelas y los centros de cuidado de personas dependientes, el teletrabajo y la necesidad de atender enfermos por COVID-19 y otras enfermedades, fueron las mujeres quienes, en mayor medida, cubrieron las necesidades de cuidado de más de 4,5 millones de habitantes (niños, niñas adolescentes, personas con discapacidad,

adultos mayores y enfermos) en condición de dependencia”. Otro dato que aporta el estudio es que antes de la cuarentena rígida, las mujeres dedicaban, en promedio, “siete horas al día al cuidado de niños entre 6 y 12 años”. “En la crisis de salud, esta cantidad subió a 13 horas diarias”.

“Una gran parte de las mujeres encuestadas dijo que la actividad que causó más cansancio fue apoyar a los niños en sus actividades escolares, a causa de las clases virtuales. Por otra parte, el tiempo dedicado al cuidado de adultos mayores pasó de cinco a
ocho horas al día”,se lee en el documento de Oxfam.

Este trabajo doméstico y cuidado que sostiene la vida facilitó las oportunidades para que los 8 millones de bolivianos y bolivianos que hoy se encuentran en edad de trabajar, se inserten con mayor posibilidad a un trabajo remunerado.

Según Oxfam, “la pandemia profundizó las desigualdades que ya se vivían antes”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dice que hay “una reducción de la ocupación femenina, que podría significar un retroceso de 10 años en las tendencias regionales en contra de la autonomía económica de las mujeres”.

Desde las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta en Chimoré, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, brindó un informe detallado sobre la implementación de la política de erradicación y racionalización de la hoja de coca y destacó que la eliminación de cultivos ilegales alcanzó 3.262 hectáreas desde abril.

“Hasta este 20 de julio de la presente gestión se ha podido racionalizar y erradicar 3.262 hectáreas en toda Bolivia (…): 2.344 en Cochabamba, 471 hectáreas en La Paz y el resto en Santa Cruz. Este dato es importante porque hemos iniciamos el trabajo de campo de erradicación y racionalización recién el 1 de abril”, señaló la autoridad.

Del castillo criticó a la gestión del gobierno de Jeanine Añez, que, en su criterio, abandonó en ese periodo la erradicación de la hoja de coca.    

“Precisamente, el gobierno de facto, el cual, como todos saben, trató de boicotear la erradicación de la hoja de coca y la cambió por persecución a los productores de la hoja de coca. Su gobierno, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 20 de julio de la misma gestión, erradicó solamente 531 hectáreas; estamos diciendo que nosotros hemos erradicado seis veces más en el mismo periodo de la gestión 2020”, justificó el titular de Gobierno.

Del Castillo recordó que la meta de la actual gestión es de 9.000 hectáreas erradicadas, 2.000 de los Yungas de La Paz y 7.000 en el Trópico de Cochabamba.

También indicó que para alcanzar este propósito se han movilizado 1.750 efectivos militares, policiales y civiles, todos ellos especializados en tareas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. De éstos, 772 se sitúan en los Yungas y 978 en el Trópico; en sintonía, existen 21 campamentos de erradicación, 15 en el Trópico y seis en los Yungas.

Luego de que el Gobierno confirmara la fecha oficial del Censo Nacional de Población y Vivienda para el 16 de noviembre de 2022, el gobernador de Tarija, Óscar Montes, calificó de positiva la decisión, aunque consideró que el empadronamiento no modificará en gran medida la distribución de recursos.

“Es fundamental para hacer una buena planificación, tener ese diagnóstico que se consigue a través del censo, que nos va a mostrar cuál es la realidad por la que estamos atravesando”, declaró Montes a los medios.

La autoridad explicó que el censo permitirá a las autoridades políticas planificar decisiones importantes sobre las necesidades de la población en salud, educación, infraestructura o saneamiento básico, entre otras temáticas.

Montes consideró que el censo no modificará la distribución de recursos económicos en el país de manera significativa, excepto por Santa Cruz, que es el único departamento que las últimas dos décadas recibió un flujo migratorio importante.

“Más allá de quién se beneficia o perjudica, creo que es importante, que los bolivianos tengamos una radiografía del país que nos permita conocer exactamente en qué situación nos encontramos”, declaró.

En abril pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) abrió la posibilidad de que el empadronamiento se realice en 2024, lo que provocó la protesta de los representantes de varias regiones del país que consideraron de que la consulta debía realizarse lo antes posible.

Finalmente este miércoles el presidente Luis Arce escribió en Twitter: “Nuestro Gobierno, como comprometió garantiza el financiamiento y respaldo institucional para realizar el Censo Nacional en noviembre 2022”.

La Alcaldía de Cochabamba entregó el jueves equipamiento al Centro de Salud Ticti Norte, quepermaneció más de 10 años como un espacio ocioso, para que funcione como Centro Post COVID-19 ante la eventual llegada de la cuarta ola de la pandemia.

«Se está equipando este centro de salud para que en los siguientes días funcione como un centro de fisioterapia post COVID-19. Es importante prepararnos para una posible cuarta ola y, de manera coordinada con las autoridades de salud, contar con más ítems para el personal de salud», dijo el alcalde Reyes Villa en la inauguración.

El plan a corto plazo es que en la primera planta también funcione una sala de parto. El edificio, que hasta el jueves era un elefante blanco, fue construido con unos Bs 10 millones. Para el equipamiento, el gobierno locale invirtió Bs 677.128

La infraestructura de Ticti Norte cumple con las exigencias para que funcione como centro post COVID-19, que beneficiará a casi 40.000 habitantes con atención intermedia y de terapia pulmonar, para la recuperación de las personas que están pasando por la infección

El equipamiento consistió en la compra de 29 camas, juegos de sábana, almohadas, cubrecamas, velador metálico, mesa de alimentación, carro porta historias, equipos de computación, silla de ruedas, cama hospitalaria de tres movimientos, central de oxígenos, termómetro, tensiómetros, nebulizador, máscara de protección facial, entre otros equipos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó este jueves su alejamiento de la mediación que realizaba en el conflicto de los directivos de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de La Paz, luego de agotar todas las posibilidades en dos reuniones con el sector. 

“Comunico al pueblo boliviano, como Gobierno nacional hicimos todo lo posible para mantener el diálogo y resolver el conflicto de Adepcoca que ya mucho daño provocó en los Yungas; sin embargo, lamentamos que el señor Armin Lluta abandonara el mismo. De ahora en adelante, el tema se resolverá mediante sus propias normativas internas y la normativa legal vigente”, escribió en su cuenta Twitter.

El miércoles en la noche, el sector de Lluta dejó las negociaciones con el Gobierno y el grupo liderado por Elena Flores, y condicionó aceptar un “ampliado de unidad” a cambio que la oficina de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), que autoriza el comercio de la coca, deje de funcionar en el mercado paralelo abierto en Kalajahuira y se instale en las oficinas del mercado de Villa Fátima.

Tras la primera mesa de diálogo convocada por Del Castillo, el 6 de julio, el sector de Lluta rechazó el acuerdo de nueve puntos suscrito para solucionar el conflicto interno a través de una convocatoria a elecciones en 45 días con el acompañamiento y supervisión del Tribunal Electoral Departamental de La Paz.