Nacional

miércoles 4 ago 2021 | Actualizado a 04:25

Los generales Arce, Calderón, Kaliman y Orellana serán llamados a declarar por Senkata

La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas habían salido a las calles al amparo del Decreto Supremo 4078, que libraba de procesos penales a los efectivos.

Un militar manipula un arma de guerra durante la represión de Senkata, el 19 de noviembre de 2019. Foto: APG-archivo

/ 9 de diciembre de 2020 / 16:16

El abogado de las víctimas de Senkata, Fernando Peñaloza, confirmó este miércoles que la Fiscalía llamará a declarar a cuatro generales, de la Policía y de las Fuerzas Armadas, por los hechos de violencia en noviembre de 2019 en El Alto y la zona Sur de La Paz.

“Se trata de los generales Gustavo Arce San Martin, Yuri Calderón, William Kaliman y Sergio Orellana. En las próximas horas llegarán las citaciones para estos miembros de la Policía y del Alto Mando militar a fin de que esclarezcan estos hechos”, informó el abogado.

El 19 de noviembre de 2019, un convoy de más de 50 cisternas salió de la planta de Senkata a La Paz con un fuerte resguardo de la Policía Boliviana y tanquetas y elementos de las Fuerzas Armadas. Durante el operativo los elementos tuvieron que dispersar con agentes químicos y reprimir a las personas que bloqueaban en el lugar.

La represión combinada terminó con 10 fallecidos, según las investigaciones preliminares, en uno de los peores episodios de la crisis política vivida tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

“Ellas son las personas que habrían propiciado los hechos de masacre tanto en la zona de Senkata como en la zona sur”, expresó Peñaloza.

La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas habían salido a las calles al amparo del Decreto Supremo 4078, que eventualmente libraba de procesos penales a los efectivos. El 24 de noviembre, luego de duras críticas hasta de organismos internacionales la norma fue abrogada.

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Activan denuncia penal contra 4 vocales del TSE por candidatura del alcalde Reyes Villa

Reyes Villa ganó las elecciones subnacionales de marzo y juró al cargo en mayo.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Foto: Rodwy Cazon-La Razón.

/ 3 de agosto de 2021 / 23:59

Los vocales del TSE María Angélica Ruiz Vaca Diez, Nancy Gutiérrez Salas, Rosario Baptista y el exvocal Salvador Romero fueron denunciados penalmente por el diputado del MAS Jhonny Pardo por la aprobación de la resolución que habilitó la candidatura del actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

La red Cadena A informó del proceso presentado contra los vocales del TSE.

A inicios de año, el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba había inhabilitado a Reyes Villa bajo el argumento de que tenía pendiente un requerimiento de pago ejecutoriado y un proceso coactivo fiscal ejecutoriado. Sin embargo, el TSE decidió revocar esa decisión y habilitar al candidato.

En febrero, el diputado del MAS Héctor Arce, dijo que el TSE apeló a una interpretación semántica de la norma para habilitar a Reyes Villa.

Reyes Villa ganó las elecciones subnacionales de marzo y juró al cargo en mayo.

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Líder del grupo RJC se acoge a su derecho al silencio e irá a una audiencia cautelar

Se trata de Milena Soto, detenido en la ciudad de Cochabamba. Se encuentra aprehendida y en las próximas horas se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel

Milena Soto, parte de la agrupación Resistencia Juvenil Cochala (RJC)

Por Carlos Corz

/ 3 de agosto de 2021 / 22:48

Milena Soto, parte de la agrupación Resistencia Juvenil Cochala (RJC), se acogió a su derecho al silencio y aguarda la audiencia de medidas cautelares en Sucre. Fue aprehendida en la ciudad de Cochabamba y trasladada a Sucre para que responda a la acusación que pesa en su contra.

El fiscal Daniel Fernández informó que se imputará formalmente a Soto, quien fue incluida en el proceso abierto por los delitos de organización criminal, porte o portación de artefactos explosivos y destrucción de bienes públicos en noviembre de 2019 cuando se exigía en Sucre la renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa.

Fue el Ministerio de Gobierno el que solicitó la ampliación de la investigación contra una más de las líderes de la RJC. “El Ministerio Público ha encontrado indicios de responsabilidad en calidad de autora respecto a esta persona”, explicó el fiscal.

Por este caso están en la cárcel otros líderes de la RJC: Mario Bascopé y Yassir Molina.

El excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, condenó la detención de Soto.

«Se trata de bolivianos que lucharon contra el fraude. Estamos con ellos y con todos los perseguidos que lucharon y defendieron la democracia», sostuvo el excívico que lideró las protestas de 2019 que acabaron, junto a un motín policial y la «sugerencia» militar de renuncia, con la renuncia de Evo Morales.

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Chávez califica de ‘participación delincuencial’ la cita de la UCB de 2019 y critica a la Iglesia

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró que la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta el momento solo presentó un informe y no la auditoría del proceso eleccionario de 2019

El procurador Wilfredo Chávez en la Comisión de Gobierno, Defensa y FFAA este martes. Foto: Rodwy Cazon

/ 3 de agosto de 2021 / 22:29

“No somos colonia ni del Vaticano, ni de la Unión Europea” y quienes asistieron a la cita en la Universidad Católica Boliviana (UCB) para tratar la sucesión, tras la renuncia de Evo Morales, tuvieron una “participación delincuencial, pues se estaban atribuyendo el derecho del pueblo”, aseguró el procurador del Estado, Wilfredo Chávez.

Chávez compareció este martes en la Comisión de Gobierno de Diputados e hizo un recuento de todo lo ocurrido en la crisis de noviembre de 2019. Dijo que la Iglesia Católica no tenía ninguna atribución para convocar a reuniones políticas, junto a la Unión Europea, más aún, sostuvo, cuando Bolivia es un país laico y sin ningún tipo de tutela.

A esa convocatoria acudieron actores políticos como el expresidente Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, Ricardo Paz y Jerjes Justiniano. Se empezaron a reunir el 10 de noviembre, poco después de la dimisión de Morales, y viabilizaron que la senadora Jeanine Áñez tome el poder.

“Tenemos que indicar que la participación de estos actores, al margen de ser una participación contraria a la Constitución, es una participación ilegal, es una participación delincuencial, pues se estaban atribuyendo los derechos del pueblo, eso es un delito”, cuestionó Chávez.

También asistieron a esa cita la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra, la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras Teresa Morales y la exdiputada Susana Rivero.

Áñez tomó el poder el 12 de noviembre, luego de haberse declarado presidenta del Senado en una sesión sin quórum y sin corresponderle ese cargo que debe recaer, según el Reglamento de Debates, en un legislador de la mayoría, según se denunció.

Justamente la Procuraduría activó una ampliación de la denuncia del caso golpe de Estado y este martes la Justicia ordenó que Áñez guarde detención por seis meses. Está recluida desde marzo por el caso golpe de Estado, acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

En ese noviembre de 2019, las denuncias de fraude electoral alentaban las protestas cívicas que se agravaron con un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunció irregularidades en las justas de octubre. Se vino un motín policial y la “sugerencia” militar a Morales de renunciar.

Chávez aseguró que la OEA hasta el momento solo entregó un informe de la auditoría y no propiamente la auditoría que debía realizar al proceso eleccionario anulado.

“La democracia ha sido quebrantada en noviembre de 2019 y la Procuraduría tiene y tenía que intervenir en este proceso y lo va a seguir haciendo, nosotros tenemos ese mandato constitucional al que no vamos a renunciar”, aseguró.

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Tras ataque a estatua de Colón, embajador español sugiere un debate sobre identidad

El embajador español Francisco Javier Gassó Matoses dijo “no compartir” la destrucción de bienes públicos. Un grupo de manifestantes atacó la estatua de Cristóbal Colón

El lunes, un activista produjo destrozos en el monumento de Cristóbal Colón en El Prado de La Paz.

/ 3 de agosto de 2021 / 18:38

Tras el ataque a la estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de La Paz, el embajador español Francisco Javier Gassó Matoses dijo “no compartir la destrucción” de bienes públicos y sugirió, por el contrario, un debate “acerca de la propia identidad”.

“No creo que esconder (el monumento) sea algo positivo, pienso que es importante debatir, hablar, reflexionar, compartir ideas y en ese sentido confiamos plenamente en las autoridades de municipales de La Paz y del resto de autoridades para que se abra ese debate si es necesario y que la propia ciudadanía considere cuál es su propia identidad y sus propios monumentos”, reflexionó.

El embajador español Francisco Javier Gassó

Un grupo de manifestantes atacó el lunes la estatua de Cristóbal Colón, fecha en la que se recordó el Día de la revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, en el pasado Día del Indio. El monumento, ubicado en el centro paceño, quedó con el rostro pintado y la nariz destrozada.

Colón descubrió en 1492 América, aunque el objetivo de ese viaje era encontrar una ruta alternativa para llegar a las Indias. Tuvo el apoyo de la corona española.

“No compartimos la destrucción de ningún tipo de bien público, ni nunca apoyamos un acto de violencia, no pensamos que sea positivo. Sí comprendemos de nuevo la necesidad de debatir acerca de la propia identidad, y en ese debate desde luego contarán con nuestro apoyo”, sostuvo el diplomático.

Sobre un eventual traslado del monumento, evitó hacer algún comentario y dijo que ese tema le corresponde a la Alcaldía.

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Subrayado del TCP en 2019: La sucesión ‘ipso facto’ corresponde al Vicepresidente

“Cualquier entendimiento distinto (sucesión del Vicepresidente) podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, subrayó en 2019 el TCP.

Áñez, con la banda y medalla presidencial en noviembre de 2019.

/ 3 de agosto de 2021 / 18:14

El comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el que Jeanine Áñez sustentó su proclamación en 2019 tenía un subrayado en texto negro a manera de límites para la sucesión tras la renuncia de Evo Morales: corresponde la asunción “ipso facto” al Vicepresidente de la República y “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión”.

Este martes, La Razón conoció de la ampliación escrita de las explicaciones del TCP a la comisión de fiscales que investiga el caso Golpe de Estado, cuya principal acusada es Áñez, actualmente bajo detención preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz.

Ese 12 de noviembre, dos días después de la dimisión de Morales, el comunicado era el documento clave para la proclamación de Áñez. Lo esperaba el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez y lo había cabildeado el exsenador Luis Vásquez, entonces asesor del expresidente Jorge Quiroga.

“(…) frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, señalaba el comunicado del TCP.

Dicho documento se refería a “la jurisprudencia constitucional contenida en la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001, que interpretó los artículos 91; y, 93.I y III de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), referidos a la sucesión presidencial, cuyos términos son similares a los contenidos en el art. 169.I de la CPE vigente”.

En 2001, el entonces presidente Hugo Banzer Suárez padecía un cáncer terminal. Aquejado por la enfermedad, renunció a sus funciones y dejó en manos de su vicepresidente, Jorge Quiroga, la sucesión constitucional.

Quiroga, entonces presidente en ejercicio, había interpuesto entonces ante el TCP una “consulta sobre la interpretación constitucional” con el fin de blindar su mandato, registrado como expediente 2001-02996-06-CCL

Con el magistrado Wilman Durán como relator, el TCP entonces había homologado la sucesión de Quiroga.

“(…) dado que aquí se está frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; si no que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República hasta la finalización del período constitucional; cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”, señala el parágrafo I del considerando III.

En 2019, el vicepresidente era Álvaro García, que había renunciado a la par de Morales en Chimoré, a las 16.52 de ese domingo 10 de noviembre. Según el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, luego de la renuncia del Presidente del Estado están en línea de sucesión constitucional el Vicepresidente, el titular de la Cámara de Senadores y, finalmente, el de Diputados.

Antes de Morales, a las 13.30, había renunciado el presidente de Diputados, Víctor Borda, y luego de la dimisión presidencial, también la titular de Senadores, Adriana Salvatierra.

Mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestiona que en la proclamación de Áñez fueron violentados los reglamentos legislativos respecto de la renovación de las directivas camarales a raíz de sendas renuncias, su oposición reivindica la tesis del “vacío de poder” que supuestamente ocasionó el oficialismo de entonces; justifica con ese problema la proclamación inmediata (La Razón contó 11 minutos y 20 segundos entre la frustrada instalación de sesiones en Senadores y la Asamblea Legislativa hasta la asunción de Áñez) de la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

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