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miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 21:02

Arce viajará a Brasil a un chequeo médico de rutina tras superar el cáncer de riñón

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó en conferencia de prensa que el Mandatario no hará uso del avión presidencial, que se trata de de un «viaje particular» y que lo hará en vuelo comercial.

Luis Arce Catacora.

/ 11 de diciembre de 2020 / 16:51

El presidente Luis Arce viajará el domingo 13 de diciembre a Brasil para un chequeo médico de rutina tras superar un cáncer de riñón entre 2018 y 2019. Su retorno está previsto para el 15 para presidir la reunión de Gabinete de los miércoles. El vicepresidente David Choquehuanca asumirá la presidencia interina.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó en conferencia de prensa que Arce no hará uso del avión presidencial, porque se trata de un «viaje particular» y que por esa razón viajará a Brasil en un vuelo comercial.

“Él (Arce) hará el viaje este domingo 13 de diciembre y va a retornar al país el martes 15 de diciembre al final de la tarde, lo que quiere decir que para el miércoles ya estará presente para presidir la reunión de gabinete de los miércoles. No utilizará el avión presidencial (…) recurrirá a un vuelo comercial», sostuvo Prada.

En octubre de 2017, Arce reveló que tenía cáncer en el riñón por lo que era tratado en Brasil. En julio de ese año se alejó del gobierno de Evo Morales por los problemas de salud, siendo reemplazado por Mario Guillén.

Arce retomó las funciones de Ministro de Economía y Finanzas Públicas en enero de 2019 y este año, en octubre, fue elegido Presidente del Estado en las elecciones generales.

(11/12/2020)

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Ordenan aprehensión de los excomandantes Kaliman y Calderón por caso golpe de Estado

La Justicia también instruyó la anotación preventiva de los bienes de los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón

/ 20 de octubre de 2021 / 20:26

Los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón fueron declarados rebeldes y tienen órdenes de aprehensión en su contra por no haberse presentado a la audiencia de medidas cautelares por el caso denominado golpe de Estado.

Además, se dispuso la anotación preventiva de sus bienes. No se conoce el paradero de ambos uniformados, quienes desaparecieron cuando se activaron las denuncias en su contra por acciones como el pedido de renuncia del expresidente Evo Morales.

Ambos están acusados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, según informó la red Gigavisión. En este mismo caso están procesados y encarcelados la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros.

Kaliman estaba con detención domiciliaria desde septiembre de 2020 por este proceso, sin embargo, huyó y la Policía activó sin resultados su búsqueda.

Calderón también se encuentra prófugo.

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Recuerdan que en 2019 hubo grupos paraestatales como con Banzer o García Meza

La activista de derechos humanos Kathryn Ledebur afirmó en Piedra, papel y Tinta de La Razón que Donald Trump coadyuvó con el "golpe de Estado" de 2019.

El conversatorio en Piedra, Papel y Tinta de este miércoles.

/ 20 de octubre de 2021 / 19:29

A raíz de la preocupación expresada por Estados Unidos acerca de la presencia de “grupos paraestatales” en Bolivia, activistas recordaron que en 2019 actuaron esas facciones irregulares como en las dictaduras de Luis García Meza y Hugo Banzer.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Ruth Llanos, recordó que como ocurrió en 2019 con la irrupción de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en las dictaduras hubo grupos paraestatales incluso que también usaron motos para el acoso.

“Los primeros motoqueros fueron Los Marqueses”, quienes tomaron la universidad, en el gobierno dictatorial de Banzer, dijo este miércoles en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

“En el periodo de Banzer, en Santa Cruz, actuó la Triple A boliviana; y Los Novios de la Muerte en el periodo de García Meza”, explicó.

En el mismo espacio, desde Washington (Estados Unidos), la directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, consideró que la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) “son muy parecidos con lo que ha pasado en las dictaduras anteriores”.

La activista de los derechos humanos apareció en los últimos días en medio de una preocupación que expresó la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, sobre la seguridad de la ciudadana estadounidense.

Así, pidió el Gobierno de Bolivia, a través de una carta dirigida al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, desmantelar esos “grupos de seguridad paraestatales violentos”.

Ledebur se refirió a la RJC y la UJC. “Lo que me ha pasado, tal vez como extranjera, es mucho menor de lo que han sufrido muchísimos bolivianos y bolivianas, especialmente en el caso de la RJC: mujeres de pollera, personas de Cochabamba, y en el caso de la UCJ y Cascos Blancos (La Paz), también”.

Estados Unidos

Su queja llegó a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia debido a las amenazas constantes, de hasta 12 veces a la semana a través de redes sociales, y que persisten en su contra. Sufro “hostigamiento por redes sociales desde antes del golpe de Estado, hostigamiento que señala mi casa, que muestran la foto de mi hija, que me dicen terrorista, que debo ser procesada y expulsada, que me iban a buscar”, dijo a La Razón.

Un caso similar fue reportado por el abogado estadounidense Thomas Becker, quien patrocinó a los familiares de las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003. Éste también dijo que su caso es menor en relación a lo que sufren las víctimas de la RJC y la UJC.

También puede leer: El Gobierno anuncia el plan de desmantelamiento de grupos irregulares como RJC y UJC

Desarticulación

“Es importante que se desarticulen estos grupos, que su actividad es ilegal y que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) lo ha comprobado; existe bastante documentación y miles de hojas de testimonios en el expediente”, insistió Ledebur.

“La obligación de desarticular estos grupos no es porque Estados Unidos lo dice, sino que para haya justicia y reconciliación estos grupos ilegales no pueden seguir funcionando”, insistió.

La activista aplaudió la preocupación expresada por su embajada. “Casi nunca aplaudo acciones de mi embajada, pero en este caso ha sido una decisión correcta, ética y moral”, dijo.

Ledebur consideró que en el “golpe de Estado” de 2019 estados Unidos tuvo un papel importante. “Recibí respuesta de la embajada (en sentido de) que están preocupados por mí, pero en la época de Donald Trump no recibíamos desde Washington ni una señal de preocupación, ninguna expresión de rechazo a un golpe violento; la administración Trump coadyuvó en el golpe de Estado en Bolivia y que hay indicios fuertes de eso”, reveló.

En la crisis poselectoral de 2019 fue visible la presencia de la RJC, cuyo centro de operaciones fue la plazuela de Cala Cala en Cochabamba. Su modus operandi fue perseguir a quienes entonces defendían al gobierno de Evo Morales. Una de sus víctimas fue la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien fue vejada, sacada con violencia de su oficina, echada con pintura, rociada con combustible y cortada del cabello.

Su caso fue conocido por el GIEI, que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. El organismo de expertos pidió a las autoridades judiciales investigar el caso, además de exhortar al Estado boliviano a desmantelar estos grupos “parapoliciales”.

La RJC actuó con la aquiescencia de ciertas autoridades de la Policía Boliviana.

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Aprehenden a la jueza que extinguió la causa contra las hermanas de Doria Medina

La juez Melina Lima archivó los obrados contra las hermanas del empresario y político Samuel Doria Medina, quienes estaban vinculas a la empresa offshore Akapana SA

Por Carlos Corz

/ 20 de octubre de 2021 / 18:20

Aprehenden a la jueza Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, Melina Lima, por haber cerrado el caso de las hermanas del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, vinculadas a una empresa relacionada con paraísos fiscales. Acusan a la jueza por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Según una investigación legislativa, Doria Medina vendió en 2005 a sus hermanas Silvia y Susana acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), quienes a su vez la venden, en el mismo día de la transacción, a la cementera mexicana Chihuahua, a través de la empresa offshore Akapana SA.

El 9 de septiembre fue detenida María Lourdes Doria Medina y puesta en libertad después de que prestó sus declaraciones en la Fiscalía dentro de un proceso abierto por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Se la detuvo en el aeropuerto de Viru Viru y se la trasladó a La Paz.

El fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave, informó de la detención de la jueza y explicó que su resolución de extinción de la causa penal contra las hermanas de Doria Medina no está fundamentada de acuerdo a la normativa vigente.

“Es una resolución que ha sido emitida el 2020, en el caso Akapana, donde emitió una resolución contraria a la Constitución por prescripción, esa autoridad a extinguido una acción penal con una argumento que no establece la Constitución”, afirmó, según radio Éxito.

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En Bolivia ven que secretaría de Almagro ‘huye del debate’ sobre datos que descartan un fraude electoral en 2019

El procurador Wilfredo Chávez consideró que “Almagro se corrió” al rechazar invitación a participar de un evento en el que se expondrán informes que descartan fraude electoral

Luis Almagro.

/ 20 de octubre de 2021 / 17:29

En Bolivia cuestionaron la decisión de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA) de no asistir al evento en el que se expondrán estudios que descartan fraude electoral en 2019. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que la representación del organismo “huye de un debate abierto”.

“La OEA huye a un debate abierto, ellos no cumplieron los acuerdos que teníamos y a partir de ello se pierde toda credibilidad de parte de estos personeros de la OEA. Sacaron informes antes de tiempo con objetivos políticos”, cuestionó Rodríguez sobre el accionar del organismo administrado por Luis Almagro.

La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA rechazó una invitación de la Embajada de Bolivia para participar de la exposición de estudios que descartan un fraude electoral en 2019, porque –sostiene- es un “tema cerrado” y que por “dignidad institucional” no participan de esos eventos.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, también cuestionó la decisión del organismo internacional y consideró que se “corrió Almagro y el grupo que nunca probó fraude”.

“¿No que tenían un informe que aguantaba todo?”, sostuvo en un tuit respecto al informe en el que se denunció irregularidades en las justas anuladas de 2019.

Un trabajo de revisión de las cerca de 35.000 actas electorales, a iniciativa del procurador Chávez, concluyó que no hubo ninguna manipulación de los resultados y en consecuencia descartó la denuncia de un fraude electoral.

La secretaria General de Almagro fue invitada a participar del evento denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, precisamente, para exponer los estudios periciales que pusieron en duda una auditoría de la OEA y descartaron un fraude electoral en las justas anuladas de 2019.

El evento se desarrollará el viernes en el Salón de las Américas de la OEA en Washington DC.

“Al amparo de los principios de transparencia e idoneidad, reitero que el cúmulo de situaciones, irregularidades y manipulaciones ocurridas, abonaron a un proceso electoral que perdió toda integridad y que es imposible reconstruir. Tomando eso en consideración, para la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, las elecciones de Bolivia de 2019, como se ha dicho anteriormente, son un caso cerrado», sostiene la carta de respuesta a la invitación de Arce.

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Senadora de CC admite que la sucesión de Áñez ‘no fue ordinaria ni regular’

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez llamó a los opositores a un consenso para analizar el juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos en una entrevista con La Razón Radio.

Por Mauricio Diaz

/ 20 de octubre de 2021 / 17:25

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos afirmó este miércoles que la sucesión de Jeanine Áñez no fue ordinaria ni regular, porque —en su criterio— se generó una alteración de poder después de la renuncia de Evo Morales en los conflictos poselectorales de 2019.

“La sucesión de Jeanine no fue una sucesión ordinaria ni regular; fue una sucesión (en la) que hemos enfrentado una alteración de poder”, dijo la legisladora de oposición en la transmisión digital de La Razón Radio que compartió con su colega del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez.

“Al no estar la señora (Adriana) Salvatierra ni el segundo vicepresidente en la Cámara de Senadores (Rubén Medinaceli), la sucesión le correspondía a (la entonces senadora) Jeanine Áñez (segunda vicepresidenta)”, explicó Barrientos.

Gutiérrez rebatió esa declaración, basado en una resolución emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y aseguró que la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado deben presentarse de manera voluntaria y por escrito “ante el pleno camaral”.

Afirmó que las renuncias de los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores en 2019 no fueron presentadas ante el pleno camaral, por lo que no fueron válidas, además de que no fueron voluntarias.

Gutiérrez justificó su posición y aseguró que Áñez no podía asumir ese cargo debido a que era parte de la minoría legislativa. “Lo que correspondía era que asuma alguien de la mayoría”.

“La asunción de Áñez en 2019 no fue legal ni democrática ni constitucional (…). No hay ningún documento que acredite que la señora Áñez era presidenta del Estado Plurinacional”, insistió el senador oficialista.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a sus funciones en medio de protestas debido a un presunto fraude electoral, un motín policial, la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas y el pedido de renuncia de la Policía Boliviana.

Dos días después, luego de reuniones extralegislativas en la Universidad Católica que sugirieron su nombre, Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa.

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