El viceministerio de Transparencia del gobierno de Jeanine Áñez manipuló incluso la “hoja prontuario” de familiares de los exmandatarios: la hermana de Evo Morales y la hija de Álvaro García; además de la madre de Claudia Fernández, su esposa.
“El 6 de febrero de este año (2020) el viceministro de Transparencia (Guido Melgar) ha solicitado el prontuario de 592 personas para que sean investigadas”, reveló en rueda de prensa el lunes por la tarde el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Es una violación de la privacidad y, por tanto, de uno de los derechos humanos de esas personas, deploró el ministro.
La Razón pudo acceder a una lista de personalidades públicas (aunque no todas) cuyas “tarjetas prontuario” habían sido reveladas al Viceministerio de Transparencia del gobierno transitorio.
Lo primero que llama la atención es que aparte de exautoridades, también hayan estado en la mira sus familiares, la pequeña hija de Álvaro García, la madre de Claudia Fernández, su esposa y de la hermana de Evo, Esther Morales, fallecida en agosto.
Analistas
También al parecer eran investigados analistas, como la politóloga cruceña Helena Argirakis, ahora funcionaria del Gobierno; Rafael Puente o Raúl Prada, éstos últimos ahora ciertamente distanciados del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Otro grupo de personas afectadas son periodistas, como Claudia Fernández (esposa de Álvaro García), Susana Bejarano o Édgar Ramos Andrade, jefe de prensa del gobernador de La Paz, Félix Patzi, quien, por lo demás, también está en lista de investigados.
Entre las exautoridades están Reymi Ferreira, Zulman Yugar (cantante), Sebastián Michel, Magdalena Cajías, Tito Montaño; incluso Mario Gutiérrez Iriarte, exministro de Eduardo Rodríguez.
El ministro Del Castillo detalló que ante el pedido del exviceministro Melgar, el funcionario Wilson Ramos, de la Unidad de Dactiloscopia de entonces, le había respondido que la norma del Servicio General de Identificación Personal (Segip) no permitía que esa información fuera otorgada a simple pedido, así sea de una autoridad del Estado.
Pese a dicha prohibición expresa en la Ley del Segip, el anterior director de esta entidad, Mauricio Gustavo Fernández, “habría remitido al exviceministro de Transparencia Guido Melgar los 592 prontuarios”, señaló Del Castillo.
Para el Ministro de Gobierno, se trata de un “robo” de la privacidad de las 592 personas, y no solo de exfuncionarios del gobierno del MAS, sino de particulares.
En la ley del Segip, figura como un principio de gestión la confidencialidad, que es “el respeto y resguardo riguroso sobre la administración y control de la información proporcionada por las bolivianas y los bolivianos”. En esa línea, el Reglamento Único del Segip prohíbe a sus funcionarios entregar esta documentación.
Del Castillo anunció proceso penal por incumplimiento de deberes al exdirector del Segip.