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lunes 18 ene 2021 | Actualizado a 00:10

El vocero Richter dará también un orden al mensaje estatal

No solo será la voz del presidente Luis Arce, sino también el analista.

Foto: Álvaro Valero

/ 18 de diciembre de 2020 / 08:03

Para el nuevo vocero presidencial, Jorge Richter, la vocería tiene un doble carácter: ser la voz del presidente Luis Arce, pero también serlo del Estado, señaló en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

“La vocería incluye dos labores fundamentales: eres la voz del Presidente, eres la voz del Estado nacional, para cuestiones importantes a las que se refiera el Presidente y no lo haga de forma personal, en lo que significa transmitir su pensamiento, sino también para aquellos temas de Estado que se necesitan referenciar hacia la sociedad”, señaló Richter en el streaming que cerró un primer ciclo el jueves.

Pero también está el otro elemento, “algo que el Presidente ha solicitado de manera puntual”, señaló Richter, que es “el análisis político de lo que acontece en el país”, especialmente los hechos de mayor conflicto; “poder tener un análisis de esto, pero también poder sugerir acciones inmediatas para que podamos tener una estabilidad mejor llevada”.

El politólogo, en Piedra, Papel y Tinta, que conduce la directora de La Razón, Claudia Benavente, distinguió su labor de la del Viceministerio de Comunicación. El presidente Arce ha dividido la labor comunicacional en lo administrativo y de producción, por un lado; y en la vocería, por otro, destacó Richter.

“Esto es lo que ha separado el Presidente: una vocería que puede dialogar, que puede hablar y tener estos roles, y un viceministerio que se ocupa, entre muchas otras cosas, también de sentarse con los medios y establecer sus líneas de relacionamiento, para establecer criterios sobre la pauta oficial, etc.”, remarcó.

El vocero también dijo que otra de sus labores será “reordenar” el discurso general del Estado que se da a través de los ministros.

“También buscar una metodología de comunicación que reordene lo que hoy en día es una iniciativa a veces inconexa, a veces muy desordenada, (cuando) todos los ministros o viceministros salen a enfrentar y a hablar (enfrentar en buenos términos) con los medios de comunicación, y ahí se desordena, porque las líneas pueden ser similares pero no son exactamente iguales, y en los matices encuentras unas diferencias que después te complican”.

(18/12/2020)

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Jueces; que el peso mayor en ver sus méritos lo tenga la sociedad civil

Se vienen las elecciones judiciales. Dada la experiencia pasada (en 2011), fallida para muchos, un tema de ineludible debate será la forma de selección de los candidatos a los más altos jueces del país. En lo que sigue se explora una de las propuestas de reforma.

Carlos Alarcón El mecanismo de combinar el voto popular con la preselección de la Asamblea Legislativa es un sistema ciertamente inédito. El problema es, afirma Alarcón, el sobredimensionado rol que se da a la Asamblea: en este caso, “el voto popular ha sido mediatizado, se lo ha devaluado, se lo ha subordinado a una intervención política tan determinante de la Asamblea, que los ciudadanos vamos de adorno a esas elecciones; ése es el problema”, dice el abogado constitucionalista.

/ 12 de febrero de 2017 / 04:00

Con respecto a las elecciones judiciales que se avecinan, si hay algo en que oficialistas y opositores coinciden es que la “cuestión de fondo” sigue siendo la meritocracia, que los candidatos en verdad sean elegidos por sus méritos (profesionales, éticos, laborales, etcétera). La diferencia empieza en la forma en que se ha de calificar esos méritos. Esto es tan importante que de la credibilidad que tenga el sistema de selección de candidatos dependerá la mayor o menor participación ciudadana en el acto electoral. En esta línea de reflexión acerca del método de selección de los candidatos es que se inscribe el abogado constitucionalista Carlos Alarcón.

Él propone un tanto sacar de la Asamblea Legislativa la selección de los postulantes (que en esta etapa son ‘concursantes’) y depositar esta primera tarea en 11 tribunales de mérito, cinco estatales y seis de instituciones de la sociedad civil. Tribunales de mérito que serían convocados y conformados por: (los estatales) el Presidente; los nueve gobernadores; los alcaldes de las nueve capitales de departamento más El Alto; los alcaldes de ciudades intermedias; y, por el Defensor del Pueblo. Del lado de la sociedad civil, conformarían sus tribunales: los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas; los colegios de abogados; la Confederación de Empresarios Privados; la Central Obrera Boliviana; instituciones de defensa de los derechos humanos; y las asociaciones de periodistas. Serían estos tribunales (conformados por tres miembros cada uno) los que efectuarían la selección de los concursantes; luego, la Asamblea Legislativa elaboraría la lista de candidatos con base en la nómina elaborada por dichos tribunales de mérito. Con esto, afirma Alarcón, se estaría asegurando la mayor probidad, independencia y calidad profesional de los futuros altos jueces del país.

— El primer problema para su propuesta es el artículo 158 de la Constitución, que le da la atribución de la preselección a la Asamblea y no a otra entidad.

— Eso no es problema, porque yo no estoy quitándole ninguna atribución constitucional a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si lee detenidamente ese artículo de la Constitución, la atribución que tiene la Asamblea es la de preseleccionar ‘postulantes candidatos’; lo que yo estoy haciendo con esta ley (proyecto) es reglamentar un paso previo, que es la evaluación de méritos de concursantes, no de postulantes candidatos. De esa manera no habría ese óbice de inconstitucionalidad, porque no se les está restando ninguna atribución ni potestad a la Asamblea; pero sí la Asamblea con su propia ley se estará obligando a respetar la lista que manden esos tribunales de mérito. Ella va a hacer sus nóminas de postulantes candidatos, pero tomando como base de selección esa lista de concursantes mejor calificados. No se cercena ni restringe ninguna atribución de la Asamblea porque mantiene la potestad de seleccionar a los postulantes candidatos por dos tercios de votos.

— ¿Se necesitará una ley específica interpretativa para esto?

— Claro, una de desarrollo, como todas las leyes de desarrollo que hasta ahora se han sacado de la Constitución. La única variante es que yo propongo que sea por iniciativa legislativa ciudadana, porque obviamente el oficialismo no va a tener ninguna voluntad política para promover esta ley. En lugar de que sea un legislador el que presente mi propuesta, seamos un grupo de ciudadanos. Es una ley de desarrollo o de reglamentación.

— Del lado del Ejecutivo también hay esta idea de que una o varias  comisiones externas a la Asamblea hagan el trabajo de preselección que usted propone.

— No soy optimista con eso, porque usted sabe que esos son sectores corporativos y sociales digitados por el propio Gobierno; siempre le van haciendo el juego al Ejecutivo so pretexto de que le están dando legitimidad, cuando en realidad es el Gobierno el que decide algo y los lleva para que sean notarios validadores. Yo lo que estoy planteando es una cosa más de fondo: que el peso mayor en la calificación de méritos, que obligue a la Asamblea, tenga la mayor y mejor representatividad de toda la sociedad boliviana, y que en esa representatividad el peso mayor lo tenga la sociedad civil sobre el Estado, porque planteo que la mayoría de estos tribunales de mérito, de los once, seis emerjan de la sociedad civil.

— ¿Cuál es la ventaja específica, el plus de su propuesta?

— Estos seis tribunales de mérito de la sociedad civil organizada tendrían un peso decisivo y contundente para que no actúen como figuras decorativas o como notarios validadores, sino como verdaderos calificadores de méritos, para que nos garanticen dos cosas: primero, que se va a elegir a los mejores profesionales del derecho, en todo tipo de trayectoria, profesional, social y laboral; y segundo, nos va a garantizar que los profesionales del derecho, los mejores, se animen a participar en este proceso; porque si no se da esta garantía fuerte y categórica, qué va a suceder; va a suceder que nadie que sea serio, que se respete profesionalmente, va a querer entrar a la trituradora del oficialismo en la Asamblea; y es eso lo que no queremos. El otro efecto importante es que la propia Asamblea se obliga a respetar a estos tribunales de mérito, mediante una ley emanada de ella misma.

— Ahora, ¿no será problema esto de los criterios de calificación de los méritos, la definición del mérito?; finalmente, la Asamblea tiene toda una metodología para calificar. ¿Las instituciones que usted propone no deberían tener un reglamento único?

— Lo he previsto. Establecí que estos once tribunales de mérito van a trabajar en los méritos; la ley va a dar esos conceptos generales de cuáles son los pilares y los cimientos de los méritos, pero ya el reglamento minucioso de eso va a ser un texto elaborado por la Comisión mixta de Constitución; ahí no le quito eso a la Asamblea. Va a ser dicha comisión —propongo— la que establezca, pero por dos tercios (del voto) de los legisladores; con eso la minoría va a tener un peso importante para hacer ese reglamento, no como ahora que se lo hace por simple mayoría y la minoría queda colgada. Estos tribunales de mérito van a tener que hacer su trabajo sobre ese reglamento que es único y uniforme. Estos comisionados (del tribunal de mérito), además, trabajarían de manera honoraria, no cobrarían, no costaría ningún peso al Estado, porque sería una función honorífica, de honor hacia la sociedad boliviana, histórica, además, para hacer un trabajo que nunca se ha hecho; ellos mismos definirían su propia organización y modalidad de trabajo; pero se establece en la ley que con la simple mayoría de ellos ya pueden funcionar y tomar decisiones.

— ¿Cómo hacer para que no se caiga en que los nominados al final sean o se sientan ‘representantes’ o de los tribunales o de las instituciones? Digamos la COB o empresarios y sus elegidos.

— Ahí tiene dos cosas que han fallado en la anterior elección. Primero, que será la Asamblea Legislativa la que los va a poner en la papeleta de votación; no es que de los tribunales de mérito van a saltar automáticamente a la papeleta de votación. La Asamblea Legislativa va a ser el segundo filtro y va a incorporar los nombres que van al voto, pero la Asamblea está obligada a poner en la lista al voto uno que sea mayoritariamente calificado de forma favorable por la mayoría de los tribunales de mérito. Digamos que de los once tribunales de mérito, ocho dicen que usted, si fuera abogado, es el mejor y está bien calificado; quiere decir que este profesional tiene una aceptación amplia en todo ámbito de la sociedad y del Estado; en este caso, la Asamblea no puede hacerse de la vista gorda, tiene que incluir a ese profesional mejor calificado en la lista para el voto. Además, para que el Legislativo no priorice a los del Estado y deje de lado a los de la sociedad civil, se dice que tiene que poner en esas listas para el voto por lo menos a nueve mejor calificados por cada uno de los tribunales de mérito. Con todo eso, hay un sano equilibrio entre los once tribunales. Pero los que deciden la lista para el voto no son los tribunales de mérito; decide la Asamblea.

Entonces, estos que sean elegidos por voto popular no se van a considerar ni atados a los tribunales de mérito ni atados a la Asamblea, cosa que no ha habido en la anterior elección; en ésta solo se debían al manejo totalmente defectuoso que hizo la Asamblea. Pero más importante que eso es que quien tiene el sartén por el mango es el ciudadano; porque si el ciudadano ve, por ejemplo, que la COB ha hecho un pésimo trabajo en mandar a ese calificado por mérito y la Asamblea ha hecho otro peor trabajo al ponerlo en la lista, el que puede anular ese proceso electoral con su voto es el ciudadano; lo que no ha ocurrido en la anterior elección, porque si los votos nulos y blancos son mayores a los válidos, yo planteo que se haga un nuevo proceso electoral. Por tanto, el que salga elegido con esa regla, ¿a quién se va a deber? Al voto popular; ahí sí va a ser el voto popular cien por cien de garantía de representatividad de ese juez. Ese juez va a decir: ‘yo he sido investido por el voto popular; si el ciudadano no me hubiera querido, habría votado nulo o blanco; como no ha votado nulo o blanco, yo me debo al ciudadano, no me debo ni al legislador ni al comisionado del tribunal de mérito’.

— ¿No se está dejando de lado al partido político, a los partidos, en su expresión de legisladores?

— No, ni la representación de los legisladores, porque ellos son el segundo filtro decisivo para estar en la papeleta de votación; o sea, no es que los tribunales de mérito mandan las listas y la Asamblea actúa de mensajero; la Asamblea es la que define, como un segundo filtro, quiénes van a ser sujetos a votación, que esa es su atribución que no se puede restringir ni suprimir, y ahí hace valer la representatividad de cada legislador hacia su electorado; pero, se obliga para que no haga el desastre que ha hecho en la anterior elección, se obliga a tres cosas: primero, a que ya no va a hacer dibujo libre por la sola influencia del partido oficialista, que tiene los dos tercios; va a hacer la lista que irá a votación, pero la base no es ilimitada, la base es la que le manden los tribunales de mérito; ese es un primer límite a la discrecionalidad absoluta de la Asamblea. El segundo límite es que los mejor calificados por los tribunales de mérito, y que la mayoría de ellos coincida en un nombre, está obligada (la Asamblea) a poner ese nombre en la boleta, porque quiere decir que para todo el mundo ese tipo es el mejor abogado, no lo puedes obviar; ahora, si el ciudadano no vota por él, ya es problema del ciudadano. Y la tercera limitación es que tienes que tomar en cuenta en tus listas de votación equilibradamente a los once tribunales de mérito, no puedes incluir solo los que te manden los tribunales del Estado y te olvides de la sociedad civil o a la inversa.

— ¿Cómo se traduce esta su propuesta en mejorar la justicia? Finalmente estamos en la fase de votación.

— En la medida en que tienes un juez cuyo puesto no se lo debe a nadie, sino que se lo debe a todos, por decirlo así; o sea, porque muchos han intervenido para que él pueda ser juez, y el más importante al final ha sido el ciudadano con su voto, pero un voto real y que pesa; y además para llegar a ese cargo realmente se ha tenido que pasar por un análisis a profundidad de sus méritos, no solo profesionales, sino de trayectoria, hasta de vida privada, social, personal, etcétera. Con este trabajo profundo, bien ponderado que van a hacer estos tribunales de mérito, realmente va a haber una garantía, óptima yo diría, de que los meritocráticos van a entrar a estos puestos. Entonces, si usted tiene un juez de esa calidad, lo que está en juego en su trabajo es su prestigio y su imagen de vida, una imagen que se la forma uno durante cuarenta años. Entonces, ese profesional del derecho no va a rifar esa imagen por influencias políticas, influencias económicas; se puede dar eso, pero va a ser la excepción, no como ahora, la regla. No se olvide que esos jueces van a designar a quienes vienen por debajo; esa calidad va a hacer que todo vaya subiendo de calidad en el sistema de justicia; que vaya hacia arriba y no hacia abajo. Y, como todo en la vida, después hay que evaluar todo esto, pero yo estoy seguro de que a lo que estamos ahora, no puede haber nada que sea peor.

Datos

Nombre: Carlos Silvestre Alarcón Mondonio

Profesión: Abogado constitucionalista

Cargo:  Ejercicio de la profesión libre

Perfil

Carlos Alarcón fue viceministro de Justicia durante la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005); en mayo de 2013 fue designado Jurado de Imprenta por el Concejo Municipal de La Paz. En diciembre de 2015 presentó la “Iniciativa Popular Constituyente”, una propuesta de reforma parcial de la Constitución enfocada al “rediseño estructural del sistema judicial”; en abril de 2016 introdujo a la Asamblea, como iniciativa legislativa ciudadana, el proyecto de la “Ley de garantía de los derechos a la libertad de expresión, opinión e información en las redes sociales”.

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José Luis Exeni: ‘No hay proceso que tenga garantizado el voto’

Pese a que en la ‘historia patria’ hay dos grandes ciclos de la democracia boliviana, el de la ‘democracia pactada’ de los ‘gobiernos neoliberales’, y el de los 11 años del MAS en el poder, no dejan de haber, si vale, ‘cordones umbilicales’ entre ambos periodos; por eso, un estudio de la democracia entre 1985 y 2003, como el que hizo José Luis Exeni, sirve para reflexionar también en  2005-2017, y a futuro, inclusive.

José Luis Exeni. Hay varias razones — afirma Exeni — para publicar hoy, después de más de 13 años, su estudio sobre la ‘democracia pactada’: una es que no hay estudios sistemáticos sobre dicho periodo, de 18 años (entre 1985 y 2003); segundo, que pese al predominio de 11 años de ‘gobierno mayoritario’, los temas estudiados en aquel periodo (presidencialismo, coaliciones, forma de gobierno, sistema de partidos, comportamiento electoral) con seguridad volverán a ser temas de debate.

/ 24 de enero de 2017 / 18:20

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Luis Exeni hace poco publicó, en forma de libro, su tesis doctoral sobre la “democracia pactada” vigente en el país entre 1985 y 2003, un texto que acabó justo un mes antes de la crisis de octubre de 2003; lo que “empezó siendo un examen, terminó convertido en una autopsia”, bromea. Pero he ahí la historia, que para eso sirve estudiar el pasado, Exeni reivindica la utilidad de su texto en el sentido en que allí se reflexiona acaso el habitus electoral boliviano, con sus miserias y sus grandezas, y que hoy mismo, tras 13 años del susodicho velorio, aún podemos aprender de ese periodo para comprender el actual.  

— La ‘democracia pactada’, hoy una mala palabra…

— La “democracia pactada”, primero, permitió superar lo que se llama el “trauma de la ingobernabilidad” heredado del régimen de la UDP, que puso en mesa una evidencia: que es muy difícil que un gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria, o peor, que tiene una mayoría opositora, pueda tener espacios más o menos razonables de gobernabilidad. Se generan situaciones de bloqueo institucional, de conflicto y de parálisis, como pasó en el gobierno de la UDP. Así, se asumió como premisa que un gobierno que quiere tener estabilidad debe tener mayoría parlamentaria; y, en ese momento, la única forma de obtener mayoría parlamentaria —porque básicamente todos eran perdedores de elecciones— era sumar fuerzas y hacer coaliciones multipartidistas; y esas coaliciones dieron un horizonte de estabilidad: permitieron importantes reformas político-institucionales, la del 91, 92, dos reformas constitucionales, varias reformas electorales. Por supuesto que esas coaliciones tenían en sí mismas el “germen de su autodestrucción”: lo que pudo ser virtuoso en términos de conformar mayorías para formar gobierno e impulsar políticas, también tuvo su vicio y perversidad en hacer estas coaliciones para copar el Estado y distribuirse cuotas de poder; la lógica del “peguismo”, del asalto al Estado, que devino en la idea de que la democracia se había vuelto una partidocracia.

— Hugo Carvajal, el dirigente mirista, dice en una de sus entrevistas: ‘había estabilidad política, pero ya no eficiencia administrativa’

— Así es. En un lado había estabilidad política, porque se podían tomar decisiones; y en el otro existían dos problemas: uno de legitimidad, porque se empezó a cuestionar a estas coaliciones por el cuoteo político; y un problema de eficiencia. Quien mejor retrata eso es (Carlos) Mesa, que dice: se empezó a aplicar la lógica de las mil hojas: uno (una hoja) de un partido, luego el otro (otra hoja) del otro partido, luego del otro y del otro… y así era muy difícil generar una gestión pública eficiente, y derivó en lo que derivó el 2003: la coalición de gobierno tenía más de dos tercios en el parlamento, MNR, MIR, NFR, pero igual naufragó el modelo, porque no fue capaz de llevar adelante una gestión pública eficiente y con legitimidad, y dar cuenta de lo que estaba pasando en las calles. En algún momento este modelo se divorció de lo que estaba pasando en las calles, bajo la lógica de la gobernabilidad sistémica, asentada solo en mayorías parlamentarias. Sobre todo a partir de 2000, con la “guerra del agua”, hubo un quiebre: eran como dos mundos paralelos, el de la política institucional y otro de la política en las calles. 

— Distorsión o degeneración de ese sistema, afirma, fue el parlamento subordinado al Ejecutivo; los ‘levantamanos’…

— Sí, una de las cualidades de los gobiernos de coalición es que tienen que garantizar la disciplina partidaria, porque eso implica que todas las políticas del Ejecutivo son avaladas y encaminadas por el Congreso nacional. Efectivamente eso ocurrió, el Congreso se convirtió en algún momento en apéndice del poder Ejecutivo, tenía una lógica de subordinación, y eso también distorsionó el principio de coordinación, de autonomía, de independencia de poderes. Ahora, ese en general es un rasgo del presidencialismo, no necesariamente está asociado a un modelo de coalición; hay gobiernos que son mayoritarios que también mantienen la misma lógica de un parlamento que simplemente avala las decisiones del Ejecutivo. Yo creo que hay el reto democrático, el reto de legitimidad, se tiene que buscar un equilibrio entre garantizar una mayoría parlamentaria que encamine las principales políticas públicas y las leyes, pero al mismo tiempo tenga la suficiente autonomía como para fiscalizar, proponer; tener su propia agenda legislativa. Sigue siendo una asignatura pendiente, no solo de ese momento, sino también en el presente.

— Una de las cosas que no ha cambiado y está presente hasta hoy es el presidencialismo

— Lo que se mantiene, no solo para Bolivia, sino para América Latina, es el presidencialismo, que ha sido copiado del presidencialismo norteamericano, mal copiado. En algún momento hubo algunos debates, en Brasil, Uruguay, en Bolivia también, donde se planteó la posibilidad de transitar hacia el parlamentarismo, pero en ningún caso se lo hizo; en todos los países de Sudamérica se mantuvo el presidencialismo. ¿Qué fue lo que cambió? Dentro del presidencialismo, que básicamente se caracteriza por el presidente elegido directamente en las urnas, que el parlamento también sea elegido en las urnas, por eso se habla de legitimidad dual; lo que ha cambiado es que en algún momento fue presidencialismo de coalición, como se lo identificó, versus lo que hoy es un presidencialismo mayoritario, que no requiere de coaliciones multipartidistas, sino que por sí mismo, con un partido que gana sucesivamente elecciones, puede gobernar. Ahora, por supuesto se mantiene la tradición de un presidente fuerte, que tiene poderes de veto, de decreto; habrá que evaluar qué implica esto para la propia gestión de gobierno y para la propia democracia.

— ¿Será nuestra cultura política?

— Es parte de la cultura política, y eso es parte de la región. Es más, en parlamentarismos europeos más bien lo que se ha estado haciendo casi es ver modelos mixtos que tienen mucho de presidencialismo. Creo que la idea o la necesidad de un liderazgo fuerte es parte de la cultura política; habrá que ver cómo, otra vez, se equilibran esos liderazgos fuertes, que son importantes, con instituciones también sólidas que puedan generar mecanismos de pesos y contrapesos.

— ¿En qué medida ha tenido que ver la debilidad, la crisis, de los partidos en la crisis de la democracia pactada?

— Ha sido esencial. Ha sido detonante, o sea, causa; pero además ha sido consecuencia de la propia crisis del modelo. A partir del 85, con la democracia pactada, se fue construyendo difícilmente un sistema de partidos. ¿Cuál era la característica de este sistema? Es que tenía una convergencia hacia el centro, y asentada en esta relación entre democracia representativa y neoliberalismo económico; y este sistema lo que hacía era alentar y reproducir eso, independientemente de quién sea presidente. Y la segunda cualidad era que como todos convergían al centro, todos podían aliarse con todos, o cualquiera con cualquiera; se borraron o se difuminaron por lo menos las fronteras ideológicas, los horizontes programáticos, y al final todos terminaron aliándose con todos; la última coalición, la de 2002 era la que faltaba: MNR-MIR, ya hubo coaliciones MNR-ADN, ADN-MIR. Fuera del país se celebraba: ‘somos tan maduros’. Pero aquí se decía: son coaliciones no solo contranatura, sino promiscuas; pero todo eso se hizo trizas a partir de 2002, primero con la emergencia e irrupción del MAS y NFR. Y ya fue muy claro el derrumbe en 2005, cuando el MAS ganó por mayoría absoluta.

— Pero parece que siempre hay las condiciones para que volvamos al sistema de partidos minoritarios

— Tiene que ver con el comportamiento electoral; hasta hoy hemos tenido tres elecciones, 2005, 2009, 2014, donde la ciudadanía en elecciones plurales, competitivas, ha dado el mandato mayoritario al MAS y a Evo Morales; pero eso, los ciclos históricos, puede variar con relación a las correlaciones de fuerza, a las candidaturas o a las propuestas programáticas. Entonces, pueden darse las dos cosas: o continuar durante un periodo de tiempo, o resultar que ya no se dé un mandato mayoritario, sino mandatos minoritarios. La Constitución prevé que no necesitas 50% más 1, sino también 40% con una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo, para llegar directamente a la presidencia.

— ¿Esto cuestiona aquello del voto duro, del voto siempre leal?

— Hay un capítulo en que veo el comportamiento electoral, veo diferentes cualidades del voto. Efectivamente hay un voto duro, leal por una candidatura o una organización política, pero también hay otras formas de expresión del voto. Hay un voto estratégico, se ha demostrado en diferentes procesos electorales que el electorado boliviano es uno estratégico, no necesariamente vota en un mismo sentido, cruza su voto; o puede votar en una dirección en una elección general, y en una dirección distinta en una elección regional, como ha ocurrido en 2010 y en 2015; se dan casos de voto útil, voto a ganador; además existen casos de voto castigo. Es complejo el comportamiento electoral, mal haríamos en identificarlo con una sola cualidad. Es algo que va dependiendo de cada proceso. No hay un proceso que tenga garantizado el voto, hay que gestionarlo, trabajarlo, seducir en las campañas con las propuestas programáticas, con las visiones del país.

— Ahora, la democracia pactada persiste en las regiones, afirma

— Más que democracia pactada, que es un modelo que ya colapsó, yo hablo de que lo que persiste es el pacto democrático. Y digo que ya en esta etapa de un solo partido ya hubo pactos sustantivos entre gobierno y oposición, para encaminar la Asamblea Constituyente, para aprobar la nueva Constitución, para reformarla, para convocar a un referéndum revocatorio. Y efectivamente esta lógica de coaliciones multipartidistas se expresa en algunas asambleas departamentales. También hay organizaciones sociales que están pactando para incidir en las políticas, tener cuotas de poder. Eso es parte de la democracia, habrá que ver que no distorsione la gestión ni atente la legitimidad del proceso mismo.

— Plantea que los partidos ya no son los únicos actores

— Sí, y esa es la buena noticia. Hoy ya no podemos hablar solamente de sistema de partidos, hay que hablar de un sistema de representación política, que por supuesto incluye a los partidos, pero también a las agrupaciones ciudadanas, a las organizaciones indígenas, a las sociales; es decir, ya no se hace política solo vía partidos, sino a través de otras expresiones, de mediación, un sistema de representación más complejo, pero también más participativo.

— Es saludable…

— Sí, porque ya no solamente te limitas a la política institucional, sino abres a lo extrainstitucional, a veces lo antiinstitucional, pero generas mecanismos mayores de participación. Y el segundo dato es que nuestra democracia ya no se define solo como una democracia electoral, donde la ciudadanía va y vota, y a veces elige, sino como democracias en ejercicio. Hoy no podemos hablar de un modelo de democracia al que hay que llegar, sino hablamos de una disputa permanente por la construcción democrática; y esto es saludable porque no existe una democracia dada de una vez y para siempre, lo que hay es un proceso de democratización, que hay que construirlo, que hay que disputarlo, que tiene que estar expresado en las instituciones, que da cuenta de las energías y las voluntades de la sociedad y de los diferentes liderazgos que se van construyendo.

Perfil

Nombre: José Luis Exeni Rodríguez

Nació: 10-04-1965

Profesión: Comunicador, politólogo

Cargo: Vocal del Tribunal Supremo Electoral

Vida

Tiene un posdoctorado en Constitucionalismo y Democracia y en Ciencia Política; es magíster en Ciencias Sociales. Fue presidente de la Corte Nacional Electoral y miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela). Escribió, entre otros: MediaMorfosis. Comunicación política y gobernabilidad en democracia (2005), La larga marcha. El proceso de autonomías indígenas en Bolivia (2015), Democracia impactada. Coaliciones políticas en  Bolivia 1985-2003. (2016).

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Pastor Mamani: Se nos encargó el cambio, pero sin darnos las competencias

El presidente del máximo órgano judicial del país ciertamente hace un reclamo al resto de los órganos de poder: se nos dio la tarea del cambio de la Justicia, pero sin darnos las herramientas para ello. Persiste, además, su reclamo de un mayor presupuesto.

El juez Pastor Mamani, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Bolivia.

/ 10 de enero de 2017 / 16:53

El juez Pastor Mamani es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La siguiente es una entrevista a la distancia, con un cuestionario y respuestas por escrito, como requirió el entrevistado. Pese a lo limitado del recurso, se puede entrever un reclamo de parte del magistrado: “se nos delegó el estandarte del cambio de la Justicia —dice—, empero, sin que se nos hayan otorgado las competencias necesarias para esa labor”.

— ¿Qué significaría ‘abrir la Constitución’ por el tema de Justicia?

— En realidad, decir “abrir la Constitución” es un término impreciso. Lo correcto es hablar de reforma, y en cuanto a ello la propia Constitución se autorregula sobre esta posibilidad.

El tema justicia es álgido y complejo, su atención requiere no solo el ejercicio de una sincera voluntad política de todos los poderes del Estado (al tratarse de un tema legislativo, de erogación presupuestaria y operativo en lo que toca al Órgano Judicial), sino exige el replanteo de las bases competenciales que la Constitución dispone para las instituciones que conforman el Órgano Judicial. Por ejemplo, en la designación de jueces, por cuanto el artículo 195 numeral 8 de la Constitución da esa atribución al Consejo de la Magistratura, lo que en los hechos significó y significa que un mismo ente se encarga de seleccionar, designar, llevar el control del escalafón, procesar disciplinariamente, revisar su apelación y en última instancia destituir a un juez; por otro lado, cuestiones de práctica hacen que la suerte de más de un millar de jueces se concentre en cinco personas. En el caso de la administración de Justicia, lo que se pretende es el replanteo de su base estructural, lo que exige una reforma parcial de la Carta Magna en la administración de Justicia, ello, claro, siguiendo las reglas que ella misma dispone.

— ¿Por qué desconfía del ‘cambio de actitud’ de los operadores de Justicia?

— Mi criterio no se basa ni se enmarca en desconfianza sobre la actuación de los operadores de Justicia; no se olvide que el que habla también en su momento fue juez, e incluso ahora en mi condición de magistrado del TSJ aún mantengo la condición de juez al realizar actividad jurisdiccional. La actitud en esencia tiene un orden individual, por definición es la manera en la que una persona asume o emprende una labor. Un cambio de actitud entonces no puede ser aplicado a un sistema, menos a un sistema de justicia. Lo que se necesita, entonces, es una definición clara y precisa de las labores realizadas por las instituciones que conforman el Órgano Judicial y la forma en cómo se administrará la labor de los operadores de Justicia; y ese cambio no pasa por un retórico cambio de actitud, sino por la determinación clara inscrita en la ley. La frase “cambio de actitud” no servirá para erradicar prácticas como la corrupción y la ineficiencia; por ejemplo, una persona que tiene por costumbre recibir favores económicos por el cumplimiento de sus funciones no dejará esa costumbre con un llamado a cambiar su actitud; sino por la firmeza en la aplicabilidad de la norma y su consiguiente alejamiento de la administración de Justicia, ante su falta de entendimiento de que ejercerla no es solo un trabajo, sino un servicio a la población.

  • Fotos: APG

— ¿Esta ‘debilitado’ el TSJ? Esto parece porque se le quitó la competencia administrativa (que ahora está en manos de Consejo de la Magistratura) y la constitucional (hoy en manos del Tribunal Constitucional).

— No, en absoluto, el debilitamiento es pérdida de fuerza y vitalidad; el TSJ no atraviesa esa situación, al contrario; sin embargo, mi lectura es la siguiente: el 2012, al TSJ simbólicamente se le delegó el estandarte del cambio en la Justicia, empero sin que se nos haya otorgado las competencias necesarias para esa labor; tal es así, que estamos limitados en realizar estudios y definiciones sobre las políticas de gestión de toda la jurisdicción ordinaria, generar nuestras propias estadísticas para un control cuantitativo y cualitativo de la emisión de fallos; definir el perfil del juez para su desempeño en el modelo de justicia plural y definir los parámetros de la carrera judicial. Ciertamente, la concentración de competencias en un solo ente, como ocurre actualmente con el Consejo de la Magistratura, no es el salvoconducto a una mejora en la administración de Justicia; lo que planteamos no es retornar a los tiempos de la Corte Suprema de Justicia monopolizando el total de atribuciones de la administración de Justicia, sino el rediseño de las mismas en función de parámetros de racionalidad y eficiencia; por ejemplo, el hecho de que en un mismo ente se concentre el régimen disciplinario con el manejo de recursos humanos y además se delineen las políticas de gestión, lastimosamente en la realidad demostró ser un pésimo diseño. Las competencias que a la fecha posee el Consejo de la Magistratura deben ser otorgadas bajo criterios de utilidad y mejor servicio.

— ¿Cuáles los mandatos centrales  de la Cumbre de Justicia que pueden llevarse adelante ya?

— Más allá de la coyuntura en la que la Cumbre de Justicia fue realizada, ésta se constituyó en una caja de resonancia para algunos reclamos y anhelos de la sociedad boliviana. Lejos de teorizar qué es la administración de Justicia, el Órgano Judicial es el encargado de resolver conflictos de distinta índole a través de la aplicación de la ley, cuyo principal receptor y beneficiario no son ni gobiernos, ni autoridades, ni instituciones, menos abogados o servidores públicos, sino el pueblo que acude a los juzgados y tribunales. Entonces, el pueblo exige una justicia accesible, pronta, oportuna, pero en especial justa y neutral, todas estas características atraviesan dos aspectos centrales, que son la autonomía y suficiencia presupuestaria y la carrera judicial. La garantía de independencia, vista desde la Constitución, está compuesta por la autonomía presupuestaria y el desempeño de los jueces de acuerdo con la carrera judicial; un presupuesto suficiente, mayor al 0,56% asignado desde el Tesoro General del Estado para la creación de ítems de jueces, mayor número de servidores de apoyo judicial (secretarios, psicólogos, conciliadores, trabajadores sociales), infraestructura civil y tecnológica, dotación de mobiliario, capacitación permanente; emprender una agresiva política de transparencia institucional en toda la jurisdicción ordinaria y otros aspectos de igual naturaleza. Con un mejor presupuesto, no solo se mejora la cobertura del servicio en cantidad y calidad, sino también se pretende —a través de un control tecnológico con medios suficientes— desempeñar las labores judiciales con un amplio acceso a la información para asumir una lucha frontal contra la corrupción de carácter preventivo. La cuestión de presupuesto fue una de las conclusiones tanto de la Cumbre de Justicia Plural como la pre Cumbre del Sistema Judicial Boliviano.

En cuanto a la carrera judicial, un juez designado a partir de parámetros acordes con el modelo de justicia plural y que haya llegado a esa condición por sus propios méritos (intelectuales, académicos y de vida en comunidad), será un juez justo e independiente; por lo que el rediseño de la carrera judicial, incluyendo la instancia que designa a los jueces, debe ser replanteada e implementada de manera inmediata.

— Una idea básica de la reforma de la Justicia es abreviar los procedimientos. ¿Nos puede citar las medidas concretas que el TSJ llevó adelante para lograr este objetivo?

— La celeridad para la emisión de sentencias dentro de los procesos es una parte importante del todo, pero impartir justicia se trata también de que las decisiones contengan una serie de componentes. Una de las variables para la duración de los procesos no se relaciona necesariamente con la actividad jurisdiccional, sino con el ejercicio procesal de las partes, ya que en muchos casos el excesivo uso de recursos (incidentes, apelaciones, casaciones, etc.) hace que un trámite procesal sea indefinido de modo innecesario y una sentencia no pueda adquirir condición de cosa juzgada. Tristemente esa vivencia fue vista en la extinta Corte Suprema de Justicia, pues los abogados interponían un recurso de casación, con la intención de que el proceso se paralice por años, incluso décadas. Esa indeseable situación motivó a que las Salas del TSJ hayan emprendido un plan de descongestionamiento en la gestión 2015, acabando con las causas pendientes de resolución heredadas por la Corte Suprema de Justicia. A la fecha, se atraviesa la implementación de un nuevo plan que contempla la entrega a los nuevos magistrados de “0” causas en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; situación que es preciso aclarar que no ocurrirá en las Salas Especializadas, por la dinámica procesal.

Sin embargo, debe puntualizarse, a fin de que la población se encuentre más informada, que en la actualidad los recursos de casación en todas las materias son resueltos en un plazo no mayor a 3 meses, hecho respaldado por los litigantes y abogados.

— ¿En qué medida debería incrementarse el presupuesto para Justicia y en qué habría que invertir?

— Tanto en la Precumbre del Sistema Judicial Boliviano como en la Cumbre de Justicia Plural se coincidió en la necesidad de que se dote al Órgano Judicial de al menos el 3%  del Presupuesto General del Estado. El incremento demográfico, el alto índice de litigiosidad y las nuevas normas y competencias tuvieron como efecto el incremento desproporcional de causas, lo que hace urgente que esos recursos deban ser destinados a la creación de más juzgados, a fin de cumplir con el principio de acceso a la justicia. En la Asamblea Constituyente ya se había discutido el constitucionalizar el 3% de asignación presupuestaria al Órgano Judicial; sin embargo, desconozco cuál es la decisión final por la que ese proyecto no haya llegado a ser aprobado.

—¿Qué piensa de las medidas que propone el Gobierno contra jueces, fiscales y abogados que suspendan o causen suspensión de audiencias?

— Existen malas prácticas forenses, eso es indudable y es un mal que aqueja al sistema de Justicia desde hace bastante tiempo. La chicana judicial, es decir, entrampar los procesos con argumentos lánguidos basados en meras formalidades e incluso sin ellas, son asumidas como estrategias simplistas. Lamentablemente esa situación hace que la labor y el compromiso profesional y ético de la mayoría de los abogados se vea opacada e incluso absorbida por esas malas prácticas. Recalcar, sin embargo, que las medidas para evitar prácticas procesales dilatorias si bien ya se encuentran en la ley, requieren de una mayor precisión para su aplicación.

— ¿Algo que desee agregar?

— Bolivia es ejemplo en el mundo sobre la democratización del aparato de Justicia a través de la elección de altas autoridades por voto popular, y es innegable que se trata de una apuesta política de amplia y gran envergadura, ajena a cualquier receta o modelo impuesto desde el extranjero; sin embargo, su éxito dependerá de no tenerla como una medida aislada de cambio, sin un acompañamiento de medidas que reformen las estructuras coloniales y neoliberales de la Justicia boliviana; con ello quiero decir que la segunda fase de la revolución de la Justicia en Bolivia debe encarar una profunda reforma de su estructura orgánica y procesal. La verdadera revolución de la Justicia que añora la población no solo debe limitarse a solicitar a los operadores de Justicia un cambio de actitud, pues ello no se logrará si el Estado no toma una decisión política de cambiar estructuralmente el sistema de Justicia, promulgando leyes acordes a la nueva visión constitucional sobre justicia, y se sancione con la mayor rigidez, sin distinción, a todos aquellos que se vean involucrados en actos de corrupción y retardación de justicia.

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Pastor Mamani: Se nos encargó el cambio, pero sin darnos las competencias

El presidente del máximo órgano judicial del país ciertamente hace un reclamo al resto de los órganos de poder: se nos dio la tarea del cambio de la Justicia, pero sin darnos las herramientas para ello. Persiste, además, su reclamo de un mayor presupuesto.

/ 10 de enero de 2017 / 16:53

El juez Pastor Mamani es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La siguiente es una entrevista a la distancia, con un cuestionario y respuestas por escrito, como requirió el entrevistado. Pese a lo limitado del recurso, se puede entrever un reclamo de parte del magistrado: “se nos delegó el estandarte del cambio de la Justicia —dice—, empero, sin que se nos hayan otorgado las competencias necesarias para esa labor”.

— ¿Qué significaría ‘abrir la Constitución’ por el tema de Justicia?

— En realidad, decir “abrir la Constitución” es un término impreciso. Lo correcto es hablar de reforma, y en cuanto a ello la propia Constitución se autorregula sobre esta posibilidad.

El tema justicia es álgido y complejo, su atención requiere no solo el ejercicio de una sincera voluntad política de todos los poderes del Estado (al tratarse de un tema legislativo, de erogación presupuestaria y operativo en lo que toca al Órgano Judicial), sino exige el replanteo de las bases competenciales que la Constitución dispone para las instituciones que conforman el Órgano Judicial. Por ejemplo, en la designación de jueces, por cuanto el artículo 195 numeral 8 de la Constitución da esa atribución al Consejo de la Magistratura, lo que en los hechos significó y significa que un mismo ente se encarga de seleccionar, designar, llevar el control del escalafón, procesar disciplinariamente, revisar su apelación y en última instancia destituir a un juez; por otro lado, cuestiones de práctica hacen que la suerte de más de un millar de jueces se concentre en cinco personas. En el caso de la administración de Justicia, lo que se pretende es el replanteo de su base estructural, lo que exige una reforma parcial de la Carta Magna en la administración de Justicia, ello, claro, siguiendo las reglas que ella misma dispone.

— ¿Por qué desconfía del ‘cambio de actitud’ de los operadores de Justicia?

— Mi criterio no se basa ni se enmarca en desconfianza sobre la actuación de los operadores de Justicia; no se olvide que el que habla también en su momento fue juez, e incluso ahora en mi condición de magistrado del TSJ aún mantengo la condición de juez al realizar actividad jurisdiccional. La actitud en esencia tiene un orden individual, por definición es la manera en la que una persona asume o emprende una labor. Un cambio de actitud entonces no puede ser aplicado a un sistema, menos a un sistema de justicia. Lo que se necesita, entonces, es una definición clara y precisa de las labores realizadas por las instituciones que conforman el Órgano Judicial y la forma en cómo se administrará la labor de los operadores de Justicia; y ese cambio no pasa por un retórico cambio de actitud, sino por la determinación clara inscrita en la ley. La frase “cambio de actitud” no servirá para erradicar prácticas como la corrupción y la ineficiencia; por ejemplo, una persona que tiene por costumbre recibir favores económicos por el cumplimiento de sus funciones no dejará esa costumbre con un llamado a cambiar su actitud; sino por la firmeza en la aplicabilidad de la norma y su consiguiente alejamiento de la administración de Justicia, ante su falta de entendimiento de que ejercerla no es solo un trabajo, sino un servicio a la población.

  • Fotos: APG

— ¿Esta ‘debilitado’ el TSJ? Esto parece porque se le quitó la competencia administrativa (que ahora está en manos de Consejo de la Magistratura) y la constitucional (hoy en manos del Tribunal Constitucional).

— No, en absoluto, el debilitamiento es pérdida de fuerza y vitalidad; el TSJ no atraviesa esa situación, al contrario; sin embargo, mi lectura es la siguiente: el 2012, al TSJ simbólicamente se le delegó el estandarte del cambio en la Justicia, empero sin que se nos haya otorgado las competencias necesarias para esa labor; tal es así, que estamos limitados en realizar estudios y definiciones sobre las políticas de gestión de toda la jurisdicción ordinaria, generar nuestras propias estadísticas para un control cuantitativo y cualitativo de la emisión de fallos; definir el perfil del juez para su desempeño en el modelo de justicia plural y definir los parámetros de la carrera judicial. Ciertamente, la concentración de competencias en un solo ente, como ocurre actualmente con el Consejo de la Magistratura, no es el salvoconducto a una mejora en la administración de Justicia; lo que planteamos no es retornar a los tiempos de la Corte Suprema de Justicia monopolizando el total de atribuciones de la administración de Justicia, sino el rediseño de las mismas en función de parámetros de racionalidad y eficiencia; por ejemplo, el hecho de que en un mismo ente se concentre el régimen disciplinario con el manejo de recursos humanos y además se delineen las políticas de gestión, lastimosamente en la realidad demostró ser un pésimo diseño. Las competencias que a la fecha posee el Consejo de la Magistratura deben ser otorgadas bajo criterios de utilidad y mejor servicio.

— ¿Cuáles los mandatos centrales  de la Cumbre de Justicia que pueden llevarse adelante ya?

— Más allá de la coyuntura en la que la Cumbre de Justicia fue realizada, ésta se constituyó en una caja de resonancia para algunos reclamos y anhelos de la sociedad boliviana. Lejos de teorizar qué es la administración de Justicia, el Órgano Judicial es el encargado de resolver conflictos de distinta índole a través de la aplicación de la ley, cuyo principal receptor y beneficiario no son ni gobiernos, ni autoridades, ni instituciones, menos abogados o servidores públicos, sino el pueblo que acude a los juzgados y tribunales. Entonces, el pueblo exige una justicia accesible, pronta, oportuna, pero en especial justa y neutral, todas estas características atraviesan dos aspectos centrales, que son la autonomía y suficiencia presupuestaria y la carrera judicial. La garantía de independencia, vista desde la Constitución, está compuesta por la autonomía presupuestaria y el desempeño de los jueces de acuerdo con la carrera judicial; un presupuesto suficiente, mayor al 0,56% asignado desde el Tesoro General del Estado para la creación de ítems de jueces, mayor número de servidores de apoyo judicial (secretarios, psicólogos, conciliadores, trabajadores sociales), infraestructura civil y tecnológica, dotación de mobiliario, capacitación permanente; emprender una agresiva política de transparencia institucional en toda la jurisdicción ordinaria y otros aspectos de igual naturaleza. Con un mejor presupuesto, no solo se mejora la cobertura del servicio en cantidad y calidad, sino también se pretende —a través de un control tecnológico con medios suficientes— desempeñar las labores judiciales con un amplio acceso a la información para asumir una lucha frontal contra la corrupción de carácter preventivo. La cuestión de presupuesto fue una de las conclusiones tanto de la Cumbre de Justicia Plural como la pre Cumbre del Sistema Judicial Boliviano.

En cuanto a la carrera judicial, un juez designado a partir de parámetros acordes con el modelo de justicia plural y que haya llegado a esa condición por sus propios méritos (intelectuales, académicos y de vida en comunidad), será un juez justo e independiente; por lo que el rediseño de la carrera judicial, incluyendo la instancia que designa a los jueces, debe ser replanteada e implementada de manera inmediata.

— Una idea básica de la reforma de la Justicia es abreviar los procedimientos. ¿Nos puede citar las medidas concretas que el TSJ llevó adelante para lograr este objetivo?

— La celeridad para la emisión de sentencias dentro de los procesos es una parte importante del todo, pero impartir justicia se trata también de que las decisiones contengan una serie de componentes. Una de las variables para la duración de los procesos no se relaciona necesariamente con la actividad jurisdiccional, sino con el ejercicio procesal de las partes, ya que en muchos casos el excesivo uso de recursos (incidentes, apelaciones, casaciones, etc.) hace que un trámite procesal sea indefinido de modo innecesario y una sentencia no pueda adquirir condición de cosa juzgada. Tristemente esa vivencia fue vista en la extinta Corte Suprema de Justicia, pues los abogados interponían un recurso de casación, con la intención de que el proceso se paralice por años, incluso décadas. Esa indeseable situación motivó a que las Salas del TSJ hayan emprendido un plan de descongestionamiento en la gestión 2015, acabando con las causas pendientes de resolución heredadas por la Corte Suprema de Justicia. A la fecha, se atraviesa la implementación de un nuevo plan que contempla la entrega a los nuevos magistrados de “0” causas en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; situación que es preciso aclarar que no ocurrirá en las Salas Especializadas, por la dinámica procesal.

Sin embargo, debe puntualizarse, a fin de que la población se encuentre más informada, que en la actualidad los recursos de casación en todas las materias son resueltos en un plazo no mayor a 3 meses, hecho respaldado por los litigantes y abogados.

— ¿En qué medida debería incrementarse el presupuesto para Justicia y en qué habría que invertir?

— Tanto en la Precumbre del Sistema Judicial Boliviano como en la Cumbre de Justicia Plural se coincidió en la necesidad de que se dote al Órgano Judicial de al menos el 3%  del Presupuesto General del Estado. El incremento demográfico, el alto índice de litigiosidad y las nuevas normas y competencias tuvieron como efecto el incremento desproporcional de causas, lo que hace urgente que esos recursos deban ser destinados a la creación de más juzgados, a fin de cumplir con el principio de acceso a la justicia. En la Asamblea Constituyente ya se había discutido el constitucionalizar el 3% de asignación presupuestaria al Órgano Judicial; sin embargo, desconozco cuál es la decisión final por la que ese proyecto no haya llegado a ser aprobado.

—¿Qué piensa de las medidas que propone el Gobierno contra jueces, fiscales y abogados que suspendan o causen suspensión de audiencias?

— Existen malas prácticas forenses, eso es indudable y es un mal que aqueja al sistema de Justicia desde hace bastante tiempo. La chicana judicial, es decir, entrampar los procesos con argumentos lánguidos basados en meras formalidades e incluso sin ellas, son asumidas como estrategias simplistas. Lamentablemente esa situación hace que la labor y el compromiso profesional y ético de la mayoría de los abogados se vea opacada e incluso absorbida por esas malas prácticas. Recalcar, sin embargo, que las medidas para evitar prácticas procesales dilatorias si bien ya se encuentran en la ley, requieren de una mayor precisión para su aplicación.

— ¿Algo que desee agregar?

— Bolivia es ejemplo en el mundo sobre la democratización del aparato de Justicia a través de la elección de altas autoridades por voto popular, y es innegable que se trata de una apuesta política de amplia y gran envergadura, ajena a cualquier receta o modelo impuesto desde el extranjero; sin embargo, su éxito dependerá de no tenerla como una medida aislada de cambio, sin un acompañamiento de medidas que reformen las estructuras coloniales y neoliberales de la Justicia boliviana; con ello quiero decir que la segunda fase de la revolución de la Justicia en Bolivia debe encarar una profunda reforma de su estructura orgánica y procesal. La verdadera revolución de la Justicia que añora la población no solo debe limitarse a solicitar a los operadores de Justicia un cambio de actitud, pues ello no se logrará si el Estado no toma una decisión política de cambiar estructuralmente el sistema de Justicia, promulgando leyes acordes a la nueva visión constitucional sobre justicia, y se sancione con la mayor rigidez, sin distinción, a todos aquellos que se vean involucrados en actos de corrupción y retardación de justicia.

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Roger Denzer. La democracia no funciona sin los medios de comunicación

El Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (Padem) nació en 1996, como proyecto de la cooperación suiza administrada por AOS (Ayuda Obrera Suiza), que desde 2010 se denomina Solidar. Como señala el Embajador de Suiza, el Padem es uno de los programas de más prolongada existencia (20 años), cuando en otros países el mismo tipo de proyecto máximo llega a 14 años. Padem es apoyo al fortalecimiento de la democracia desde el espacio local, organizaciones, medios, la propia alcaldía.

El Embajador de Suiza, Roger Denzer. Foto: Alejandra Rocabado

/ 19 de diciembre de 2016 / 16:17

Si hubo algo que distinguió a la cooperación suiza en Bolivia, ha sido trabajar en el ojo de la tormenta del quehacer político nacional, y desde el lugar básico, el espacio local. Mientras otras cooperaciones, muy en su lógica nacional, se orientaron al desarrollo productivo, temas de medioambiente, lucha contra la pobreza, etcétera, el énfasis que ponía la cooperación suiza no era otro que la democracia; el desarrollo y la construcción de la democracia; pero, he aquí su peculiaridad, la democracia desde su ámbito básico, la democracia local. Es éste el origen y razón de ser del conocido Programa de Apoyo a la Democracia Municipal, Padem, que hace poco cumplió 20 años de vigencia. La gobernabilidad, la cultura democrática, la democracia en la organización social, el funcionamiento y desarrollo del hábito democrático en los gobiernos locales, entre muchos otros aspectos, es en lo que se concentró el Padem, con la ayuda suiza y la gestión de lo que antes fue Ayuda Obrera Suiza (AOS) y ahora es Solidar Suiza.

— Cada país tiene su peculiar orientación en la cooperación que brinda; la suiza no deja de ser peculiar: apoyo en democracia, gobernabilidad…

— Cada país que tiene cooperación, obviamente, va a seleccionar sus temas por equis razones; por decir algo, nosotros no somos expertos en el mar, tampoco en la Amazonía; pero sí somos expertos en becas, en asuntos de montañas, en asuntos de inversión y empleo, y también en mucho que tiene que ver con la democracia, y usted conoce la situación de Suiza en relación a la democracia, donde también tenemos municipios, gobernaciones, aunque con otros nombres; y, claro, el Gobierno nacional. Y siempre en la cooperación, desde hace muchas décadas, para nosotros era importante el asunto del desarrollo local. ¿Por qué? Porque ahí es la vida cotidiana de la gente, se trate de suizos o bolivianos; obviamente, la cooperación no se queda en el nivel local, porque siempre está trabajando en la parte sistémica. La gobernabilidad está en nuestra estrategia desde hace mucho tiempo; por eso entramos con la Participación Popular (1994); através de eso podemos reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los pobres y vulnerables.  

— Algo singular del Padem al nacer fue que su contraparte nacional para ver el tema de la democracia eran las organizaciones sociales, no la autoridad municipal. Así, por ejemplo, se empezó a plantear la democracia en las mismas organizaciones sociales, una cosa no muy usual…

— Hay que ver que 20 años es mucho ¿no? Además, el desarrollo es tan rápido. Y hay que ver el desarrollo del Padem, en esos 20 años, en tres épocas: el primero tiene que ver con el empoderamiento; luego fue el asunto de la ciudadanía, con derechos, pero también con obligaciones; y la tercera época era de gobernabilidad y los servicios adecuados, eficientes y efectivos para la ciudadanía.

— ¿No hubo problemas? Recuerdo que la primera contraparte fue la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), pero que muy poco pudieron hacer porque ésta andaba con divisiones y otros problemas; por eso, luego se decidió trabajar con las organizaciones medias, las centrales campesinas…

— Cuando nosotros prestamos cooperación es en la búsqueda de caminos de desarrollo. Obviamente, (en la sociedad) hay diferentes intereses y opiniones, quizás quejas también, búsqueda de conflictos. Pero nosotros pensamos que diferentes actores, o mejor, todos los actores que están en un espacio, como el municipal, deben justamente ver cómo ellos van a encontrar un camino común; y, en ese sentido, la búsqueda de un compromiso; es así que cada uno tiene sus intereses legítimos, pero para nosotros, como dije, no es un problema cuando hay diferentes intereses, porque eso es un hecho; pero la búsqueda, el empuje, o mejor dicho, el apoyo hacia los actores para ser creíbles, que ellos también entiendan otras opiniones, lo que los demás quieren, no tanto que acepten, pero que las entiendan para hacer luego, en base a eso, un compromiso.

  • Fotos: Alejandra Rocabado, La Razón.

— ¿Por qué la elección del espacio local en el tema democracia?

— El asunto del empoderamiento es más a nivel individual, luego en grupos, pero después el empoderamiento también tiene que ver con el fortalecimiento institucional de los municipios. Y la agenda de un municipio, de un espacio municipal, al final es una creación de la ciudadanía, que tiene mucho que ver con los famosos elementos de la gobernabilidad: la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, lo que se construye en las asambleas municipales, donde los diferentes actores quieren construir conjuntamente una agenda.

— Hay lo que ustedes llaman el “Triángulo de la corresponsabilidad”: sociedad civil, municipio y medios de comunicación, específicamente ‘comunicadores locales’. ¿Por qué tanta importancia de los medios?

— Es la convicción del Padem sobre democracia local, la democracia no funciona sin medios de comunicación; la información es muy importante, obviamente adecuada, con idioma y con ética. Muy importante para replicar y potenciar, porque sin eso nos quedamos en lo local-local, cuando se puede replicar, ver a través de la radio, por ejemplo, hablar sobre las experiencias en un municipio, sobre el seguro de salud en lugar  y sé que se puede replicar en otro; eso tiene su potencial increíble porque después todos escuchan, y acaso hay algunos alcaldes que dicen, ‘eso es una buena idea, voy a contactar al colega, y voy a ver cómo puedo implementar eso en mi municipio’. Yo estoy muy cerca de eso, porque en Suiza la democracia también funciona muy fuertemente conlos medios de comunicación, además de la educación.

— Ahora, una de las marcas del Padem ha sido su labor comunicacional y educativa; llevaron adelante varios concursos (La cosa es proponiendo; Municipio con rostro de mujer: El municipio es buena noticia; Ojo con la violencia; Mi municipio va a la Escuela; Vale la pena copiar; Tu curso, tu ciudad, entre otros); el Consultorio Municipal y la célebre doctora Edilicia.

— Al final, si es que la cooperación ha sido bien hecha, es justamente porque es la respuesta a las necesidades de la población; que nosotros, como Padem, también podamos responder a las iniciativas de la gente; y si alguien está convencido que tiene una buena creatividad, nosotros podemos seleccionar la mejor propuesta, porque al final no es un proyecto suizo, es un apoyo hacia las actividades expuestas por la población local; y eso tiene sus frutos; ya tenemos también la experiencia de un fondo cultural también ejecutado por Solidar (Lo que antes era Ayuda Obrera Suiza, la administradora del Padem).

— Lo valioso parece ser que lo que nació como iniciativas pequeñas, personales, fruto de los concursos, ahora son políticas públicas locales.

— Claro, la idea al final son ideas. Influye también la agenda política a nivel municipal, el presupuesto que se asigna a determinadas áreas, pero también las políticas del municipio; si hay un presupuesto anual, o quizás de tres-cuatro años. Es toda una construcción del espacio local; después la gente dice, ‘sí, vale la pena haber construido conjuntamente; tenemos mejores índices, mejor condición de vida, mayor acceso de los jóvenes a la escuela’.

— Durante mucho tiempo,el Consultorio Municipal fue un referente para la información legal, técnica, económica y social sobre los municipios del país.

— Desde 2006, el Consultortio ha tenido un millón de consultas, de llamadas telefónicas; eso es un éxito. Ha sido muy buena idea lo de la señora doctora, que es de alguna manera la proyección hacia una persona artificial y no artificial, pero también con respuestas muy adecuadas, no demasiado técnicas, pero de contenido adecuado para mover algo.

— Se llama ‘Edilicia Barrios Campos…’.

— Barrios por lo urbano, y campos por el área rural.

— En las conclusiones del libro que están presentando (Construyendo ciudadanía y democracia desde el municipio. Los aprendizajes del Padem), veo como una suerte de ‘retorno’ al inicio del Padem: más democracia, más municipio…, claro, en otras condiciones.

— Yo más bien no veo como un retorno al inicio; para mí es una fase diferente; hay diferentes actores, muy importantes. Como futuro, ahora terminamos el proyecto Padem, pero concluimos en el sentido del apoyo; Padem no va a terminar, pero nuestro apoyo va a terminar, porque también la cooperación, una inversión de 20 años es mucho, normalmente es hasta 12, 14 años; pero  por equis razones ha sido muy pertinente la idea de hacer un apoyo de 20 años; pero también hay que terminar con nuestro apoyo, porque ya están empezando, los resultados se aplican, hay sostenibilidad. Para nosotros, obviamente, el asunto es gobernabilidad.

— Parece que Padem es peculiar, 20 años de un programa…

— Como dije, el asunto de la gobernabilidad es uno de los temas más importantes en la estrategia mundial de la población suiza, y obviamente se replica eso también en otros países donde haya un contexto adecuado, hay en África, en Asia, en otros países.

— ¿Se llaman lo mismo, Padem?

— No sé si se llaman lo mismo, pero el asunto de los municipios es algo muy importante y se replica donde hay condiciones adecuadas, con buenos resultados también. Sin embargo, hay que decir que el Padem con su triángulo llegó a un nivel de aprendizaje e impacto que es fruto también de 20 años, hay mucho pensamiento, muchas experiencias.

— ¿El ‘triángulo’ (de corresponsabilidad) es ‘Padem Bolivia’, una de sus marcas.

— Sí, de esta manera también existen en otros países otros tipos de triángulo, pero así, tan obvia y tan profesional, y tan definida a este nivel, muy alto, Padem sí tiene un poquito,  una historia especial.

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