DIBUJO LIBRE

A lo largo de la existencia de Animal Político, que el próximo abril cumple 12 años, el suplemento tuvo, al menos, cuatro entrevistas con don Xavier Albó, el doctor en Lingüística y Antropología, sacerdote jesuita, huelguista, junto a Luis Espinal, en la huelga de hambre de las cuatro mujeres mineras, en diciembre de 1977 – enero de 1978, que empezó el retorno a la democracia. Hasta eso le debemos al estudioso que se acaba de irse este viernes 20, a la edad de 88 años.

Don Xavier siempre le recibía a uno con una franca sonrisa y le saludaba en aymara, o en quechua, como probándolo en su conciencia de la realidad indígena del país. Don Xavier, amigo, que cuando llegaba a algún foro al que había sido invitado, se presentaba: “Hola, soy el p’ajla”.

Cuatro entrevistas, publicadas el 12 de febrero de 2012, el 25 de enero de 2015, el 10 de abril de 2016, y el 10 de septiembre de 2017. Para recordarlo, en las siguientes líneas, reproducimos partes significativas de dichas entrevistas, en la idea precisar algunos aspectos de su pensamiento. Va, don Xavier.

TIPNIS.

En el diálogo del 12 de febrero de 2012, el tema con don Xavier no podía se otro que la tensión generada por el proyecto de la carretera por en medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La octava marcha de la CIDOB, efectuada entre agosto y octubre de 2011 había conseguido que se declare al TIPNIS territorio “intangible”, pero otra marcha, del Consejo Indígena del Sur (Cnisur) había llegado a La Paz en enero de 2012 pidiendo derogar la ley 180 de Intangibilidad. Luego vendría la consulta en el territorio indígena; justo dos días antes que se publicara la entrevista, el 10 se promulgó la Ley de la consulta.

De ambas marchas, Albó decía que la de la CIDOB fue más legítima. La marcha del Conisur es “menos legítima que la otra (de la CIDOB), pero es legítima. La otra (de la CIDOB) fue de protesta y ésta otra (del Conisur) no la hubiesen hecho si no hubiera sido que el propio Gobierno tenía ganas de mostrar aliados”.

Sobre la consulta en el TIPNIS que se avecinaba, Albó no dejó de ser crítico: la Ley de la consulta debió llamarse, dijo ‘Ley de penetración al TIPNIS’. “Pero claro, tampoco digamos que todo es mala leche; por lo menos se hizo en la Asamblea Legislativa una Ley de Consulta (…) Ahora, no sé si es un intento o disfraz de consulta, no me animo a decir una cosa o la otra; veremos qué es lo que pasa en los siguientes días. Esta ley puede ser un mal menor”.

AUTONOMÍAS.

La entrevista publicada el 25 de enero de 2015 revisaba la vigencia e impulso que tendrían, o no, las autonomías indígenas; el 6 de diciembre de 2009, 11 municipios habían decidido transitar hacia esta nueva forma de administración territorial.

Para una mayor proyección de las autonomías indígenas, decía don Xavier, lo que ha faltado es voluntad política y audacia. “Yo dudo que el Gobierno tenga voluntad política de avanzar; voy directo al grano, me parece cada vez más claro”, protestó esa vez.

Y no era una académico frente al problema, sino alguien que lo vivía: “Falta imaginación de cara a lo que podría ser esto. Yo estoy vinculado a Jesús de Machaca, allí se había avanzado bastante, pero fue el Alcalde el que puso una especie de compás de espera, un bloqueo, como se le quiera llamar, para que la cosa no avance, porque él perdía su silla. Tanto es así que ahora el mismo alcalde se presenta otra vez para la elección, cuando teóricamente había entrado solo interinamente hasta que se apruebe el Estatuto, pero lo bloqueó”.

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Falta de audacia. Por eso criticaba abiertamente algunos estatutos de autonomías indígenas: “Ni son audaces… Son timoratos en general; es la impresión que yo he tenido de lo que he leído. En el de Machaca era un solo punto el complicado: a ver qué ponían sobre el rol de los partidos allí, y habían llegado a una fórmula mucho más timorata que la inicial; decía: ‘para la presentación de candidatos lo haremos según nuestros usos y costumbres, para después, el resultado, lo haremos por elección normal’”.

Hacía notar cómo se había impedido el desarrollo de la justicia indígena: “ninguno de los estatutos que he visto ha avanzado en la cuestión del sistema judicial, de administración de justicia, y esto es porque les cortaron las alas con la Ley de Deslinde Jurisdiccional”.

GALARDÓN.

La plática del 10 de abril de 2016 ocurruió en el contexto de que días antes él y el padre Mauricio Bacardit habían recibido de manos del presidente Evo Morales el Cóndor de Los Andes en el grado de Caballero.

Y ratificaba aún con más fuerza lo que había dicho en la ceremonia de entrega, que a la trilogía ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo), habría que añadirle el ama llunk’u (no seas adulón) y el ama ch’in (no te calles).

“—¿Qué finalmente quiso decirles a Evo Morales y Álvaro García? —Que no hay que ser ni llunk’u ni ch’in; esto último quiere decir “no callarse cuando uno tiene qué decir”, no mantenerse mudo cuando hay que hablar; es lo que yo quiero decir”.

Justo esos días se daba el debate sobre los “librepensantes” en el MAS. “Entonces, yo manifesté, dijo: ‘Yo quiero estar con el proceso, pero claramente no quiero perder mi libertad de decir lo que me parece que hay que decir en cualquier momento, y el (Luis) Espinal estaría muy preocupado por mí si no fuera capaz de decir lo que me parece que hay que decir’”. Albó reconoció entonces la advertencia que le hizo a Morales: “pero dije la amenaza: que si (Evo) no sabía negar el ch’in y el llunk’u, entonces, devuelvo [la distinción]. Espero que no lo tenga que hacer”.

COCHABAMBA.

Y, la entrevista del 10 de septiembre de 2017, en Cochabamba, donde él ya vivía, a dos meses de que él cumpliera 83 años. Esta vez habló un poco de todo.

Apenas dos meses después el Tribunal Constitucional Plurinacional iba a emitir la polémica sentencia constitucional 0084/2017, por la que por primera vez en la historia del país se establecía la repostulación indefinida para las autoridades electas.

Con todo, de cómo le iba ir al MAS decía que “hablar de 2019, el año de la elección, eso dependerá mucho de qué desgaste hayan tenido Álvaro (García) y Evo (Morales); según ese desgaste no podrían ni plantear sensatamente la reelección”.

No dejaba de criticar a la oposición por su actitud de retirarse de la selección de los futuros candidatos a altos jueces del órgano judicial: “La propia oposición se ha marginado, en la última parte se retiraron y así quedan solo los dos tercios del MAS. Eso de automarginarse, siendo minoría, siempre tiene sus defectos”.

Y, tras recordar su participación en la huelga de hambre de las mujeres mineras a fines de 1978, reivindicó el puño izquierdo en alto (hoy signo del MAS) como un símbolo más amplio que el político o ideológico: “El puño izquierdo, por si acaso, es señal de izquierda, no necesariamente comunista. (…) en una entrevista con radio Fides, puse como ejemplo que cuando resistíamos en la huelga de hambre todos estábamos con el puño izquierdo levantado; tenemos la foto del encuentro en San Calixto y prácticamente todos estábamos con el puño en alto. Eso no quería decir que fuésemos ateos ni comunistas ni marxistas porque el grupo era muy diverso: tres curas, cuatro monjas, también estaba la compañera de Guillermo Lora. Era un grupo mixto”.

(*)Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

El punto sobre la i

A mediados de este mes, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) presentó un provocador estudio acerca de la presencia en el ámbito político de los evangélicos en la región: Venga a nosotros su reino: Iglesias evangélicas y Gobiernos populares en Latinoamérica, por Yair Cybel y Sebastian Furlong. Provocador porque contra la tradición de la naturaleza conservadora de estas iglesias (‘más ligadas a gobiernos de derecha’, se decía), se propone más bien revisar experiencias que ya hubo de un acercamiento, de una fluida relación, entre estas iglesias y gobiernos progresistas, de izquierda, cuando no de una presencia misma de representantes evangélicos en el gobierno; esto se vio/constató, dicen los autores, en cinco países: Argentina, Perú, México, Bolivia y Venezuela.

“Se trata de gobiernos progresistas de características diversas, pero con un rasgo común: con sus particularidades o matices, todos tienen vínculos políticos con sectores evangélicos”, destacan los autores del estudio.

La base obligada para el estudio sin duda tiene que ser la presencia poblacional evangélica, cuál y cuánta es su base social para hablar de su fortaleza política: “Actualmente, la cifra de fieles evangélicos ya supone más de 20% de la población latinoamericana1. En México más de 10% de la población es evangélica; en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y Panamá se habla de una cifra superior a 15%; en Costa Rica y Puerto Rico llega a 20%; en Brasil se barajan cifras que oscilan alrededor de 30% y en países centroamericanos como Guatemala, Honduras y Nicaragua la cantidad de fieles supera ampliamente 40%”, sintetiza el informe del Celag.

CRISTIANOS. Hay que aclarar que el estudio utiliza “evangelismo” como “nombre genérico que incluye: iglesias cristianas evangélicas, pentecostales y neopentecostales”.

En el recuento de porcentajes de presencia evangélica en determinados países, es llamativa la ausencia de Bolivia. Tal vez se deba a la antigüedad del dato a través de un censo. La última vez que en un censo de población y vivienda se indagó sobre la adscripción religiosa de los bolivianos fue en el censo de 2001. En esta consulta se obtuvo que 77,99% de los habitantes del país dijeron ser parte de la Iglesia Católica; 16,22%, de la protestante/evangélica (que incluye a las iglesias históricas, pentecostales y otras); 3,24% correspondía a otras religiones o cultos de origen cristiano como los adventistas, mormones y similares; y, 3,24% reunía a otras creencias, entre rosa cruces, budistas y más. Además, 2,43% afirmó que no pertenecía a ninguna religión.

Al parecer, la situación no ha cambiado mucho. Poco antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019, el 29 de septiembre de ese año, el medio colega Página Siete publicó que, según un ejercicio estadístico efectuado por la encuestadora Mercado y Muestras, 74,9% de la población votante era católica: mientras que 13% se definía de confesión cristiana, y solo 4,9% era votante evangélico; 1,2% mormón; 0,4% Testigo de Jehová; y, apenas 1,2% dijo ser ateo.

Pese al pedido de los evangélicoscristianos y de la propia Iglesia Católica de incluir en la boleta censal la pregunta sobre la religión que profesan los bolivianos, el Instituto Nacional de Estadística (INE), a principios de abril, rechazó ese pedido, porque la pregunta de creencia religiosa va contra el Estado laico, consagrado en la Constitución, según su director, Humberto Arandia.

Pero, antes de ver el nexo evangelistas- gobiernos progresistas, es bueno precisar, destacan los autores, por qué, por lo general, las iglesias evangélicas tienden a sumarse a regímenes de derecha. Son cuatro rasgos claramente identificables, aseveran: “posturas ultraconservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales; abierta defensa del neoliberalismo y la sociedad de consumo; gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses; despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales”.

Desde la vereda del frente (los gobiernos hacia la izquierda), sin embargo, los autores del estudio del Celag ven que hoy día “la relación entre iglesias evangélicas y gobiernos progresistas se materializa principalmente a través de dos vías: por un lado, la creciente presencia evangélica en los territorios más pobres refuerza una intermediación con las esferas estatales para obtener recursos de asistencia o de mejoramiento en los barrios populares; por otro, la búsqueda de erigirse en grupos de presión a partir de reuniones periódicas con las máximas autoridades gubernamentales y/o con los despachos ministeriales para influir en las políticas públicas y la aprobación de proyectos de ley que defiendan sus intereses”.

PASTORES. Ahora, se preguntan los estudiosos, ¿cuáles son los rasgos religiosos centrales que están en la base de los cristianos-evangélicos? “Están basadas en el mismo hito fundacional del pentecostalismo: la unción de sus pastores por el espíritu santo y una orientación medieval de lucha contra el ‘demonio’; al mismo tiempo, sostienen una estética show, un discurso de la prosperidad, el emprendedurismo y una particular atracción por el marketing profesional”. Pero he aquí una característica central: al no existir un “Vaticano evangélico”, o sea, la ausencia de una “institución vertical e integradora a la que respondan las diferentes iglesias”, pues se extendió el proceder más bien autónomo de los pastores: esa falta de Vaticano evangelista “ha permitido que los predicadores puedan instalar cultos adaptados a regiones o rasgos culturales, dando lugar a una mayor autonomía económica, política y religiosa”. Los pastores carismáticos pueden establecer reglas propias para su presencia en barrios populares, en la solución de los problemas de estos sectores populares. Al no haber reglas rígidas desde arriba, “esta situación también habilita a que un peronista, un chavista o un castillista pueda ser predicador, siempre y cuando su intervención política se adapte a una lectura bíblica o teológica del proceso en cuestión”.

Presencias en la política que, se apresuran a aclarar los autores, pueden ser contradictorias: “Pastores bautistas dirigen la histórica organización revolucionaria ‘Centro Martin Luther King’ en Cuba, mientras que sus mismos correligionarios fueron pioneros en reunirse con la presidenta golpista Jeanine Áñez en Bolivia”.

Ahora, ¿por qué mayor afinidad con los gobiernos progresistas (al menos en los referidos cinco países?)

Por su presencia extendida en los barrios y áreas rurales populares y por la capacidad que tienen de “representar” las demandas de mejores condiciones de vida de la gente:

“Consiguen y gestionan recursos y colaboran en sostener el tejido social en tiempos de crisis. Este fenómeno no fue ignorado por los gobiernos populares y de izquierda en la región, que basaron su credibilidad en la integración de los excluidos a la arena política y la redistribución del ingreso vía intervención estatal”.

VÍNCULOS. Pero aún arriesgan los autores del estudio del Celag algunas conclusiones que dan luz sobre “el vínculo cada vez más estrecho entre gobiernos populares y sectores evangélicos”:

– El vínculo entre iglesias evangélicas y gobiernos populares no es un fenómeno novedoso.

– La incursión político-partidaria de los líderes y pastores evangélicos se ha dado a título personal, sin la intervención ( formal) de sus iglesias o federaciones.

– En el mundo del evangelismo político conviven una multiplicidad de miradas político-ideológicas, incluso de izquierdas, pero algo que no se puede negar es que un mayor compromiso del gobierno con los evangelistas puede frenar la generación de derechos sociales, incluso se puede retroceder, “en pos de priorizar las agendas conservadoras ‘pro-vida’ y ‘pro-familia’”.

– Dada su enorme extensión territorial, el progresismo, dicen, mal haría enfrentándolas. “El desafío es cómo incorporarlos en forma subordinada a la construcción política de justicia social y redistribución de la riqueza sin retroceder en aspectos fundamentales de un Estado laico”.

– Finalmente, de lo que se trata no es de retroceder en la historia. “Es preciso destacar que en los países donde la religión es el eje preponderante de la política, los cambios sociales tienden a ser bastante complejos o regresivos, como en los casos donde gobiernan las visiones integristas del hinduismo; las facciones musulmanas más conservadoras (Arabia Saudita, Afganistán) y el propio catolicismo (lo que ocurre en Hungría o Croacia). En ese sentido, el dilema es si con este giro a la integración de sectores evangélicos no se propiciaría el regreso a un pasado donde la religión fue un elemento de discordia política”.

ARGENTINA

EN SOLO 11 AÑOS, LOS EVANGÉLICOS AUMENTARON 70%

Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas (2019), las personas que se reconocen “evangélicas” crecieron 70% en apenas 11 años: de 9% en 2008 a 15,3% en 2019. El avance evangélico tiene su correlato en la disminución de los fieles que se identifican como “católicos”: de 76,5% al 62,9 % en el mismo periodo.

En la relación Gobierno- evangélicos, hubo:

– Reunión de Cristina Fernández con pastores evangélicos para tender lazos con el peronismo y ampliar la base social de representación (febrero 2019).

– Incorporación de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas al programa gubernamental “Argentina contra el Hambre” (diciembre 2019).

– La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas manifiesta respaldo a la iniciativa de quita de la deuda externa y acerca posiciones con el Gobierno sobre la despenalización del aborto (abril 2020).

– Congregaciones evangélicas se ponen a disposición del Gobierno para asistir a los sectores más afectados por la crisis económica y la pandemia (mayo 2020).

BOLIVIA

EVO PROMULGÓ LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA

Según una encuesta de Statista (2018), en Bolivia 11,6% de la población se identifica evangélica, 2,5% como adventista, 1,6% como evangélico pentecostal, 1,2% como mormón y 1,1% como evangélico bautista. En las elecciones presidenciales de 2019, los datos revelaron que el 17,9% de los votantes era cristianoevangélico y que en el caso de los aymaras solo 65,9% es católico, 22,5% es cristiano y 4,8% es evangélico. A nivel socioeconómico, cabe destacar que en los sectores populares 21,8% de la población es cristiana evangélica

Evangelistas y Estado se relacionaron:

– La Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas se suma a la Cumbre de Justicia organizada por el Gobierno boliviano y manifiesta estar dispuesta a participar en “aspectos diversos de la construcción del Estado” (enero 2016).

– El expresidente Evo Morales promulga la Ley de Libertad Religiosa — cuyo trasfondo fue reconocer a las distintas iglesias y espiritualidades— con el apoyo de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (abril 2019).

PERÚ

EN 35 AÑOS, LOS EVANGÉLICOS SE QUINTUPLICARON

Como explica el investigador José Luis Pérez Guadalupe: “en 1972 los evangélicos en el Perú eran solo 2,5% (los católicos, 96,1%)”, pero para 2007 quintuplicaron esta cifra hasta ubicarse en 12,5% (con 81,3% de católicos). Para 2017, Pérez Guadalupe estimaba entre 15% y 18% de comunidad evangélica en el Perú.

En la relación evangélicos- Castillo, se dio:

– El Colectivo de Cristianos Comprometidos expresa su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

También lo respalda el Colectivo Ciudadanía Cristiana por el Desarrollo y el Buen Vivir (mayo 2021).

– Pedro Castillo ora junto al joven predicador evangélico Anthony Lastra (Centro Cristiano Vida de Dios), quien señala que al maestro rural “lo eligió Dios como presidente del país”.

– La esposa y los hijos de Pedro Castillo —él se confiesa católico— pertenecen a la Iglesia del Nazareno. Precisamente, la casa del presidente en Cajamarca está ubicada frente a una iglesia de esta congregación.

MÉXICO

SE CONTRAVIENE LA SEPARACIÓN ESTADO-IGLESIA

Censo de Población: 11,2% de la población se reconoce protestante y evangélica, número relativamente menor al resto de la región por la importante pregnancia del catolicismo. Sin embargo, el crecimiento de estos credos es sostenido y en detrimento del catolicismo: entre 2000 y 2020 los católicos pasaron de 92,9% a 77,7%, mientras que los protestantes subieron de 7,3% a 11,2%.

Relaciones:

– El Partido Encuentro Social (PES), de raigambre evangélica, se suma a la coalición Juntos Haremos Historia que alcanza la presidencia de México con la candidatura de AMLO (diciembre 2017).

– El PES presenta un proyecto para permitir deducir de impuestos las donaciones a iglesias, otro para regular la educación con enfoque de género y un último para permitir el financiamiento privado de partidos políticos (2018).

– El Instituto Nacional Electoral concede la reinscripción del PES, pese a que 15 ministros de culto participaron como líderes de afiliación de voto, contraviniendo la legislación laica mexicana que establece la separación entre iglesias y Estado (septiembre 2020).

VENEZUELA

CHÁVEZ ASUMIÓ CONSIGNA BÍBLICA PARA SU CAMPAÑA

El movimiento bolivariano conducido por Hugo Chávez vio en el sector evangélico un potencial aliado desde comienzos de la década de 1990. Ya en la campaña que lo llevó a la presidencia, Chávez mencionaba a los evangélicos como uno de los grupos de la sociedad civil que quería movilizar para su “revolución democrática”. Su parafraseo de un versículo bíblico: “El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos, que oiga” llegó a ser el lema principal de su candidatura.

Estrecha relación:

– Sectores cristianos evangélicos marchan en respaldo al presidente Nicolás Maduro con una movilización denominada Gran Caminata por la Paz y Prosperidad de Venezuela (abril 2018).

– Maduro firma un decreto mediante el cual declara el 15 de enero de cada año como el Día Nacional del Pastor, en tributo a Martin Luther King y a petición del Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela (diciembre 2019).

– Maduro aprueba la propuesta para crear la Universidad Teológica Evangélica de Venezuela (diciembre 2019).

 (*) Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

El punto sobre la i

En verdad, la concentración en la plaza San Francisco y alrededores el 29 de noviembre, culminando la denominada Marcha por la Patria, debe ser, como dice el comunicador y politólogo Manuel Mercado, una de las más numerosas de los últimos 10 años. Sin embargo, hasta que no se pruebe de alguna forma el millón y medio de personas que se habría reunido, según el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, será un dato todavía incierto; pero, al margen de la cifra, lo que más valora Mercado es la capacidad que tuvo el “bloque nacional-popular” (que no se reduce al Movimiento Al Socialismo, MAS, insiste) de aglutinar a los sectores más diversos. “Es algo que no tiene que pasar desapercibido”, porque si hasta hace poco se hablaba mucho de las fisuras o fracturas en ese bloque, “hoy vemos que esas fracturas o no eran tan profundas o se están cerrando”, señaló Mercado en una entrevista junto a la socióloga Luciana Jáuregui en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta, del martes 30 de noviembre. “Vemos al Pacto de Unidad, junto a la COB, indígenas, al propio Instrumento Político y sectores urbanos” reunidos, ilustró Mercado la diversidad del MAS.

Para la socióloga Jáuregui, una de las finalidades no menores de la marcha ha sido establecer unas mínimas condiciones de gobernabilidad para el Gobierno nacional. “Materializar la fuerza electoral del gobierno de Luis Arce (el 55,1%), generar un escenario de gobernabilidad mínima para que pueda desempeñar sus funciones, frente a las amenazas de las oposiciones más radicales”, destacó la investigadora.

Calles. El MAS, coincidieron los analistas, necesitaba “recuperar las calles”, escenario que le habían arrebatado las oposiciones políticas, cívicas y de otros sectores, por lo menos desde 2019.

“Con esta marcha, el MAS recupera las calles, la marcha, la movilización, recupera la capacidad de convocatoria, y masiva”, señaló a este suplemento el politólogo Marcelo Silva.

Y he aquí el mayor reto que tiene el MAS tras la masiva marcha y concentración de la semana pasada, añadió Silva, y es el desafío de convertir esta muestra de unidad y cohesión que mostró en factores positivos para la gestión pública de su gobierno.

Ahora, si bien la Marcha por la Patria mostró capacidad de cohesión entre sectores, como apuntó Mercado en anteriores líneas, el otro problema, añadió Silva, es la cohesión y articulación, buena coordinación entre el trípode gobierno-partido-movimientos sociales, la mecánica básica de funcionamiento del MAS.

Hasta hace algunos meses parecía que estas instancias definitivamente no coordinaban.

Aquí hay un hecho clave que destacó Silva: que antes, cuando Evo Morales era presidente, esta articulación no era tanto problema, pues “Evo Morales capturaba las tres cosas, él era el Presidente, él era el jefe del partido y además era el líder nato de las organizaciones sociales”; ahora no hay ese escenario de coordinación.

Esta es la otra importancia de la marcha: al parecer es la forma de articular al gobierno, al partido y a las organizaciones sociales. Y al parecer también aquí Evo Morales puede cumplir un rol central: ser el articulador, el mediador entre esos tres ámbitos (gobierno, partido y organizaciones). Esto es una necesidad ya no solo del MAS, sino del propio país, insistió el politólogo: de cómo el actual partido en el poder logra hacerse eficiente en la gestión pública sobre la base de una productiva coordinación entre la burocracia, el partido político y los movimientos sociales.

Si el MAS logró este desafío, aseveró Silva, se verá “en el ámbito de la gestión, porque esta estructura de poder político tiene que transmitirse al ámbito de la gestión; veremos si el gobierno de Luis Arce, ahora aparentemente fortalecido, es capaz de transformar ese poder político, esa estructura de unidad en políticas públicas, en determinaciones gubernamentales”.

Ahora, si la marcha ha hecho ver cómo está la cohesión entre sectores sociales, la cohesión y coordinación entre el trípode gobierno-partido-organizaciones, también debería resolver la cohesión deseable entre tendencias políticas, de liderazgos, al interior del MAS, insistieron Mercado y Jáuregui.

Tendencias. La marcha, provocó la socióloga Jáuregui, también se la puede ver como el nuevo mecanismo de articulación, de juego, entre las tres mayores tendencias políticas hoy en el MAS: las alas lideradas por Evo Morales, David Choquehuanca y Luis Arce.

“De algún modo se ha encontrado un nuevo mecanismo de gestión de lo político al interior del MAS, que antes recaía en el liderazgo de Evo Morales, ahora no es menos cierto que sigue siendo importante, pero da la impresión de que se está construyendo una suerte de trípode, en el que el liderazgo de Choquehuanca, de Arce y de Evo se articulan a través de sus bloques sociales. El bloque de Choquehuanca, que tiene una base más campesina de Los Andes; el de Morales, que cuenta con una base cocalera fundamentalmente; y la burocracia, con Luis Arce”, describió Jáuregui la otra compleja articulación a lograr.

Luego, otro problema de la marcha es su señal “hacia afuera”, lo que puede significar para el resto, tanto de los sectores sociales como de los partidos.

Desde una perspectiva más bien crítica, la socióloga cochabambina María Teresa Zegada observó que la Marcha por la Patria, con toda la legitimidad que pueda tener, “lamentablemente se ha visto contaminada” por la mezcla y confusión en que ha caído entre los intereses partidarios (de reorganización, posicionamiento, etc.) y los intereses propiamente estatales, entre el interés partidario y el interés público.

Esta mezcla o superposición de lo estatal con lo partidario antes que un beneficio para el MAS redundará en un perjuicio, apuntó Zegada: la dinámica de organización de su base social, por ejemplo, no es autónoma, netamente partidaria, sino más bien está contaminada por el poder desde el Estado.

Aquí, Mercado llamó la atención sobre una suerte de reposicionamiento del MAS. “La señal externa que envía esta marcha no es ‘somos mayoría’ [eso lo dice el propio 55,1%], sino que dice ‘estamos movilizados’, esto es lo que la marcha le dice al país; cosa que no podía decir, por ejemplo, en 2019, cuando te encontrabas a un bloque nacional-popular desmovilizado, desmoralizado, que no tenía el control y presencia en las calles”.

Para la socióloga Jáuregui, hacia lo externo, la marcha también muestra la posibilidad del MAS de replantear su proyecto político, de “irradiarse” hacia las clases medias.

“La pregunta es de qué forma la marcha impacta entre las clases medias, porque las clases medias es donde se juega el verdadero terreno de la lucha política, y aquí el desafío del MAS está en transitar del momento de la fuerza al momento de lo político, y esto quiere decir que no se trata solamente de ocupar el espacio físico, el centro físico (de la ciudad), sino de ocupar el centro político, y esto necesariamente tiene que pasar por la reactualización de su proyecto político, por el acercamiento a las clases medias; la contundencia de la marcha no tiene que significar una clausura para el MAS, al contrario, tiene que convertirse en un nuevo momento para pensar cómo se puede irradiar el MAS hacia los sectores medios”, verdaderamente provocó Jáuregui.

Para Mercado, es un problema de ubicación ya no solo del MAS sino del sistema político en general. “Todo el sistema político está rezagado respecto a una nueva realidad cultural, social y económica”

Desafío. El MAS, en particular, dijo el comunicador, “no está pudiendo entender cuáles son los nuevos vectores sobre los cuales se está moviendo la sociedad que el mismo MAS ha ayudado a generar [la bonanza de 14 años]: el reto del MAS es leer a esta nueva sociedad”.

En cuanto al futuro de la marcha, en el curso de la misma Marcha por la Patria, entre los marchistas, contó Evo Morales, surgió la idea de marchar lo mismo a Sucre para reclamar y apurar la aplicación de la justicia en los casos de las muertes y represión durante el gobierno de Jeanine Áñez.

Al respecto, tanto Silva como Zegada ven la peor perspectiva si es que el MAS empieza a abusar del recurso marcha. “Está bien eso de haber recuperado la calle, pero puede ser contraproducente hacer una constante de ello (la permanente marcha), una calistenia”, cuestionó el politólogo; peor por la época que se vive, cuando la gente está pensando ya en otras cosas “de fin de año”, aseveró.

De persistir en marchas para cualquier demanda, como es el caso de ir a Sucre a exigir celeridad, afirmó Zegada, es el camino al desgaste, no solo del partido sino de la sociedad misma, después de haber superado la crisis de 2019 y 2020. “El país quiere estabilidad política para poder enfocarse en los verdaderos problemas que está enfrentando la gente. Todo esto no deja de resonar como polarización política, cuando realmente se necesitan otras respuestas desde el poder público”.

Ya en una perspectiva más del MAS y del bloque nacional-popular, Mercado cuestionó: está bien que se haya logrado una masiva marcha, conseguido una mejor cohesión en los distintos niveles descritos, pero ahora ¿qué debe venir?

“Y la pregunta que hoy viene es: ¿y ahora qué? Porque no puedes reunir a más de medio millón de personas, generar una marcha de siete días que recupera la épica del proceso de cambio, de movimientos, organizaciones, sectores, regiones que han llegado desde diferentes lugares del país, para decirles, ‘bueno, gracias por la visita, nos vemos en las siguientes elecciones’. Tiene que condensarse esto en un hecho político que vaya más allá de la simple demostración de fuerza”, sentenció Mercado.

(*)Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

Con respecto a las elecciones judiciales que se avecinan, si hay algo en que oficialistas y opositores coinciden es que la “cuestión de fondo” sigue siendo la meritocracia, que los candidatos en verdad sean elegidos por sus méritos (profesionales, éticos, laborales, etcétera). La diferencia empieza en la forma en que se ha de calificar esos méritos. Esto es tan importante que de la credibilidad que tenga el sistema de selección de candidatos dependerá la mayor o menor participación ciudadana en el acto electoral. En esta línea de reflexión acerca del método de selección de los candidatos es que se inscribe el abogado constitucionalista Carlos Alarcón.

Él propone un tanto sacar de la Asamblea Legislativa la selección de los postulantes (que en esta etapa son ‘concursantes’) y depositar esta primera tarea en 11 tribunales de mérito, cinco estatales y seis de instituciones de la sociedad civil. Tribunales de mérito que serían convocados y conformados por: (los estatales) el Presidente; los nueve gobernadores; los alcaldes de las nueve capitales de departamento más El Alto; los alcaldes de ciudades intermedias; y, por el Defensor del Pueblo. Del lado de la sociedad civil, conformarían sus tribunales: los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas; los colegios de abogados; la Confederación de Empresarios Privados; la Central Obrera Boliviana; instituciones de defensa de los derechos humanos; y las asociaciones de periodistas. Serían estos tribunales (conformados por tres miembros cada uno) los que efectuarían la selección de los concursantes; luego, la Asamblea Legislativa elaboraría la lista de candidatos con base en la nómina elaborada por dichos tribunales de mérito. Con esto, afirma Alarcón, se estaría asegurando la mayor probidad, independencia y calidad profesional de los futuros altos jueces del país.

— El primer problema para su propuesta es el artículo 158 de la Constitución, que le da la atribución de la preselección a la Asamblea y no a otra entidad.

— Eso no es problema, porque yo no estoy quitándole ninguna atribución constitucional a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si lee detenidamente ese artículo de la Constitución, la atribución que tiene la Asamblea es la de preseleccionar ‘postulantes candidatos’; lo que yo estoy haciendo con esta ley (proyecto) es reglamentar un paso previo, que es la evaluación de méritos de concursantes, no de postulantes candidatos. De esa manera no habría ese óbice de inconstitucionalidad, porque no se les está restando ninguna atribución ni potestad a la Asamblea; pero sí la Asamblea con su propia ley se estará obligando a respetar la lista que manden esos tribunales de mérito. Ella va a hacer sus nóminas de postulantes candidatos, pero tomando como base de selección esa lista de concursantes mejor calificados. No se cercena ni restringe ninguna atribución de la Asamblea porque mantiene la potestad de seleccionar a los postulantes candidatos por dos tercios de votos.

— ¿Se necesitará una ley específica interpretativa para esto?

— Claro, una de desarrollo, como todas las leyes de desarrollo que hasta ahora se han sacado de la Constitución. La única variante es que yo propongo que sea por iniciativa legislativa ciudadana, porque obviamente el oficialismo no va a tener ninguna voluntad política para promover esta ley. En lugar de que sea un legislador el que presente mi propuesta, seamos un grupo de ciudadanos. Es una ley de desarrollo o de reglamentación.

— Del lado del Ejecutivo también hay esta idea de que una o varias  comisiones externas a la Asamblea hagan el trabajo de preselección que usted propone.

— No soy optimista con eso, porque usted sabe que esos son sectores corporativos y sociales digitados por el propio Gobierno; siempre le van haciendo el juego al Ejecutivo so pretexto de que le están dando legitimidad, cuando en realidad es el Gobierno el que decide algo y los lleva para que sean notarios validadores. Yo lo que estoy planteando es una cosa más de fondo: que el peso mayor en la calificación de méritos, que obligue a la Asamblea, tenga la mayor y mejor representatividad de toda la sociedad boliviana, y que en esa representatividad el peso mayor lo tenga la sociedad civil sobre el Estado, porque planteo que la mayoría de estos tribunales de mérito, de los once, seis emerjan de la sociedad civil.

— ¿Cuál es la ventaja específica, el plus de su propuesta?

— Estos seis tribunales de mérito de la sociedad civil organizada tendrían un peso decisivo y contundente para que no actúen como figuras decorativas o como notarios validadores, sino como verdaderos calificadores de méritos, para que nos garanticen dos cosas: primero, que se va a elegir a los mejores profesionales del derecho, en todo tipo de trayectoria, profesional, social y laboral; y segundo, nos va a garantizar que los profesionales del derecho, los mejores, se animen a participar en este proceso; porque si no se da esta garantía fuerte y categórica, qué va a suceder; va a suceder que nadie que sea serio, que se respete profesionalmente, va a querer entrar a la trituradora del oficialismo en la Asamblea; y es eso lo que no queremos. El otro efecto importante es que la propia Asamblea se obliga a respetar a estos tribunales de mérito, mediante una ley emanada de ella misma.

— Ahora, ¿no será problema esto de los criterios de calificación de los méritos, la definición del mérito?; finalmente, la Asamblea tiene toda una metodología para calificar. ¿Las instituciones que usted propone no deberían tener un reglamento único?

— Lo he previsto. Establecí que estos once tribunales de mérito van a trabajar en los méritos; la ley va a dar esos conceptos generales de cuáles son los pilares y los cimientos de los méritos, pero ya el reglamento minucioso de eso va a ser un texto elaborado por la Comisión mixta de Constitución; ahí no le quito eso a la Asamblea. Va a ser dicha comisión —propongo— la que establezca, pero por dos tercios (del voto) de los legisladores; con eso la minoría va a tener un peso importante para hacer ese reglamento, no como ahora que se lo hace por simple mayoría y la minoría queda colgada. Estos tribunales de mérito van a tener que hacer su trabajo sobre ese reglamento que es único y uniforme. Estos comisionados (del tribunal de mérito), además, trabajarían de manera honoraria, no cobrarían, no costaría ningún peso al Estado, porque sería una función honorífica, de honor hacia la sociedad boliviana, histórica, además, para hacer un trabajo que nunca se ha hecho; ellos mismos definirían su propia organización y modalidad de trabajo; pero se establece en la ley que con la simple mayoría de ellos ya pueden funcionar y tomar decisiones.

— ¿Cómo hacer para que no se caiga en que los nominados al final sean o se sientan ‘representantes’ o de los tribunales o de las instituciones? Digamos la COB o empresarios y sus elegidos.

— Ahí tiene dos cosas que han fallado en la anterior elección. Primero, que será la Asamblea Legislativa la que los va a poner en la papeleta de votación; no es que de los tribunales de mérito van a saltar automáticamente a la papeleta de votación. La Asamblea Legislativa va a ser el segundo filtro y va a incorporar los nombres que van al voto, pero la Asamblea está obligada a poner en la lista al voto uno que sea mayoritariamente calificado de forma favorable por la mayoría de los tribunales de mérito. Digamos que de los once tribunales de mérito, ocho dicen que usted, si fuera abogado, es el mejor y está bien calificado; quiere decir que este profesional tiene una aceptación amplia en todo ámbito de la sociedad y del Estado; en este caso, la Asamblea no puede hacerse de la vista gorda, tiene que incluir a ese profesional mejor calificado en la lista para el voto. Además, para que el Legislativo no priorice a los del Estado y deje de lado a los de la sociedad civil, se dice que tiene que poner en esas listas para el voto por lo menos a nueve mejor calificados por cada uno de los tribunales de mérito. Con todo eso, hay un sano equilibrio entre los once tribunales. Pero los que deciden la lista para el voto no son los tribunales de mérito; decide la Asamblea.

Entonces, estos que sean elegidos por voto popular no se van a considerar ni atados a los tribunales de mérito ni atados a la Asamblea, cosa que no ha habido en la anterior elección; en ésta solo se debían al manejo totalmente defectuoso que hizo la Asamblea. Pero más importante que eso es que quien tiene el sartén por el mango es el ciudadano; porque si el ciudadano ve, por ejemplo, que la COB ha hecho un pésimo trabajo en mandar a ese calificado por mérito y la Asamblea ha hecho otro peor trabajo al ponerlo en la lista, el que puede anular ese proceso electoral con su voto es el ciudadano; lo que no ha ocurrido en la anterior elección, porque si los votos nulos y blancos son mayores a los válidos, yo planteo que se haga un nuevo proceso electoral. Por tanto, el que salga elegido con esa regla, ¿a quién se va a deber? Al voto popular; ahí sí va a ser el voto popular cien por cien de garantía de representatividad de ese juez. Ese juez va a decir: ‘yo he sido investido por el voto popular; si el ciudadano no me hubiera querido, habría votado nulo o blanco; como no ha votado nulo o blanco, yo me debo al ciudadano, no me debo ni al legislador ni al comisionado del tribunal de mérito’.

— ¿No se está dejando de lado al partido político, a los partidos, en su expresión de legisladores?

— No, ni la representación de los legisladores, porque ellos son el segundo filtro decisivo para estar en la papeleta de votación; o sea, no es que los tribunales de mérito mandan las listas y la Asamblea actúa de mensajero; la Asamblea es la que define, como un segundo filtro, quiénes van a ser sujetos a votación, que esa es su atribución que no se puede restringir ni suprimir, y ahí hace valer la representatividad de cada legislador hacia su electorado; pero, se obliga para que no haga el desastre que ha hecho en la anterior elección, se obliga a tres cosas: primero, a que ya no va a hacer dibujo libre por la sola influencia del partido oficialista, que tiene los dos tercios; va a hacer la lista que irá a votación, pero la base no es ilimitada, la base es la que le manden los tribunales de mérito; ese es un primer límite a la discrecionalidad absoluta de la Asamblea. El segundo límite es que los mejor calificados por los tribunales de mérito, y que la mayoría de ellos coincida en un nombre, está obligada (la Asamblea) a poner ese nombre en la boleta, porque quiere decir que para todo el mundo ese tipo es el mejor abogado, no lo puedes obviar; ahora, si el ciudadano no vota por él, ya es problema del ciudadano. Y la tercera limitación es que tienes que tomar en cuenta en tus listas de votación equilibradamente a los once tribunales de mérito, no puedes incluir solo los que te manden los tribunales del Estado y te olvides de la sociedad civil o a la inversa.

— ¿Cómo se traduce esta su propuesta en mejorar la justicia? Finalmente estamos en la fase de votación.

— En la medida en que tienes un juez cuyo puesto no se lo debe a nadie, sino que se lo debe a todos, por decirlo así; o sea, porque muchos han intervenido para que él pueda ser juez, y el más importante al final ha sido el ciudadano con su voto, pero un voto real y que pesa; y además para llegar a ese cargo realmente se ha tenido que pasar por un análisis a profundidad de sus méritos, no solo profesionales, sino de trayectoria, hasta de vida privada, social, personal, etcétera. Con este trabajo profundo, bien ponderado que van a hacer estos tribunales de mérito, realmente va a haber una garantía, óptima yo diría, de que los meritocráticos van a entrar a estos puestos. Entonces, si usted tiene un juez de esa calidad, lo que está en juego en su trabajo es su prestigio y su imagen de vida, una imagen que se la forma uno durante cuarenta años. Entonces, ese profesional del derecho no va a rifar esa imagen por influencias políticas, influencias económicas; se puede dar eso, pero va a ser la excepción, no como ahora, la regla. No se olvide que esos jueces van a designar a quienes vienen por debajo; esa calidad va a hacer que todo vaya subiendo de calidad en el sistema de justicia; que vaya hacia arriba y no hacia abajo. Y, como todo en la vida, después hay que evaluar todo esto, pero yo estoy seguro de que a lo que estamos ahora, no puede haber nada que sea peor.

Datos

Nombre: Carlos Silvestre Alarcón Mondonio

Profesión: Abogado constitucionalista

Cargo:  Ejercicio de la profesión libre

Perfil

Carlos Alarcón fue viceministro de Justicia durante la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005); en mayo de 2013 fue designado Jurado de Imprenta por el Concejo Municipal de La Paz. En diciembre de 2015 presentó la “Iniciativa Popular Constituyente”, una propuesta de reforma parcial de la Constitución enfocada al “rediseño estructural del sistema judicial”; en abril de 2016 introdujo a la Asamblea, como iniciativa legislativa ciudadana, el proyecto de la “Ley de garantía de los derechos a la libertad de expresión, opinión e información en las redes sociales”.