Mediante decreto se autorizó a la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) del Ministerio de Salud el inicio de gestiones en el extranjero para la compra directa de vacunas y pruebas para contener la propagación del COVID-19. De requerirlo el proveedor, incluso se da paso a una cláusula de confidencialidad de tres años y arbitraje en el extranjero.
La administración de Luis Arce busca con el decreto agilizar los trámites para la compra del inmunizante y “de bienes y servicios cuando éstos no estén disponibles en el mercado nacional, no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de mayor beneficio económico y/u oportunidad, para la contención, diagnóstico y atención de la COVID-19”.
Hasta el 31 de diciembre de 2021 estarán vigente los procedimientos habilitados con la aprobación del decreto 4432 que, por otro lado, también autoriza a los gobiernos subnacionales realizar la “contratación directa” de la vacuna, pruebas y otros insumos para la contención, diagnóstico y atención del virus que está en su segunda ola en Bolivia.
También están incluidas en la norma las entidades de Seguridad Social de Corto Plazo que podrán “adquirir de manera directa vacunas y pruebas diagnósticas de la CEASS”.
Para facilitar la compra en el extranjero y de solicitar el proveedor, se autorizó un periodo de confidencialidad de hasta tres años.
Arce aseguró el lunes que el gobierno de Jeanine Áñez no hizo gestiones para concretar la compra de las vacunas contra el virus, por lo que en su gestión se empezó los contactos en momentos de una alta demanda y cupos ya comprometidos de farmacéuticas y laboratorios que trabajaron en el producto.
“Nosotros inmediatamente asumimos el Gobierno hemos estado haciendo tareas y conversando y la tarea es traer vacunas a la brevedad posible para el Gobierno boliviano», afirmó Arce.
Según la norma, “los contratos comerciales suscritos por la CEASS para la adquisición de vacunas para la COVID-19, podrán incorporar el arbitraje como medio de solución de controversias, y sujetarse a la jurisdicción de tribunales arbitrales con sede en el extranjero”.
Para cumplir con los requisitos de registro sanitario de los medicamentos, dispositivos médicos, insumos y reactivos adquiridos, incluso los aprobados por “una autoridad regulatoria de alta vigilancia de otro país, constituirán Registro Sanitario por homologación en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Por otro lado, se autorizó a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) la contratación de reactivos e insumos, medicamentos, dispositivos médicos consumibles, repuestos para el mantenimiento del equipamiento médico, recursos humanos y otros bienes y servicios.
Se presupuestó hasta $us 156 millones para la compra de vacunas contra el COVID-19 si son de doble dosis, pero si son solo de una dosis al menos $us 78 millones, además de $us 11 millones para la adquisición de antígeno nasal.
“La logística y distribución de las vacunas y pruebas diagnósticas estará a cargo de las instancias correspondientes del Ministerio de Salud y Deportes”, establece la norma.
(29/12/2020)