Vocero presidencial evita hablar de precios de vacuna rusa por cláusula de confidencialidad
El vocero presidencial Jorge Richter informó que la confidencialidad fue solicitada por la firma rusa, sin embargó anunció gestiones para levantar esa condición y dar a conocer detalles de este proceso
Aunque ya se reveló que la unidad de vacuna rusa Sputnik V tiene un costo de al menos $us 9,5, el vocero presidencial Jorge Richter evitó este miércoles hablar sobre el tema porque el centro ruso Gamaleya pidió aplicar una cláusula de confidencialidad en la compra del imunizante, aunque anticipó que se hará gestiones para levantar esa condición.
“Hemos pagado un precio internacional como pagan otros países”, respondió consultado sobre el debate surgido en torno al precio de la vacuna rusa que llegará en este mes en una primera partida de 6.000 unidades para inmunizar contra el coronavirus a médicos y al resto de trabajadores del sector salud en Santa Cruz.
Se adquirió 5,2 millones de vacunas Sputnik V. Llegarán en diferentes envíos hasta mayo próximo, como parte de toda una estrategia diseñada para la contención del COVID-19 que está en un segundo brote.
Richter evitó hablar del precio, amparado en una cláusula de confidencialidad requerida por el centro ruso y que está contenida en un decreto aprobado para agilizar las compras a fin de combatir el virus.
“Sin embargo estamos viendo con la contraparte, a quien le hemos comprado la vacuna, qué posibilidad podemos encontrar para que ellos nos permitan levantar esa cláusula de confidencialidad. No tenemos ningún inconveniente si logramos tener este acuerdo para dar estos datos que se mantienen en reserva”, explicó en alusión a los precios.
No obstante el 30 de diciembre, el ministro de Salud, Édgar Pozo, adelantó que cada vacuna rusa costaría cerca de $us 9,5.
“La cláusula de confidencialidad tiene un sentido que es exigido fundamentalmente por los diferentes laboratorios que están vendiendo vacunas. No solamente es cuestión de Gamaleya”, explicó.
Según parte del decreto 4432, para facilitar la compra en el extranjero y de solicitar el proveedor de vacunas, se autorizó un periodo de confidencialidad de hasta tres años.