Nacional

lunes 18 ene 2021 | Actualizado a 20:15

El excomandante de la Policía declaró por muertes en Sacaba, aclaró que no tiene orden de apremio

El excomandante de la Policía Rodolfo Montero acudió este lunes a prestar declaraciones ante la Fiscalía que investiga las muertes y violencia en noviembre de 2019

El excomandante nacional de la Policía, general Rodolfo Montero

/ 11 de enero de 2021 / 18:04

El excomandante de la Policía Rodolfo Montero prestó su declaración informativa ante la Fiscalía de Cochabamba en el marco de la investigación por la violencia y muerte en Sacaba, en noviembre de 2019. Evitó dar declaraciones a la prensa y se limitó a señalar que no tiene ninguna orden de apremio en su contra.

Vestido de civil y escoltado por dos personas abandonó las instalaciones de la Fiscalía. Ante la insistencia de la prensa y a medida que caminaba solo atinó a responder que acudía a prestar sus declaraciones. “No, de ninguna forma”, respondió ante consultas de si tenía una orden de apremio.

Montero estuvo al mando de la Policía cuando grupos combinados de policías y militares actuaron en Sacaba para frenar una marcha de cocaleros en apoyo a Evo Morales, que en ese momento ya había renunciado. Los marchistas quisieron entrar a la ciudad de Cochabamba, pero el operativo desplazado en uno de los extremos del puente Huayllani lo impidió.

Ocho personas perdieron la vida por impacto de bala, aunque poco después se conoció de otras dos víctimas mortales. Por este caso es procesado y fue beneficiado con detención domiciliaria el general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición militar de Cochabamba.

El exalto Mando Militar, que estaba comandado por Jaime Alberto Zabala, calificó el 25 de noviembre de “desconcertante” la aprehensión del comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba. El 29 de diciembre fue posesionado un nuevo Alto Mando Militar al mando del general César Vallejos.

A diferencia de sus antecesores, garantizaron el esclarecimiento de las muertes no solo en Sacaba sino también en Senkata, donde murieron 10 personas por impacto de bala en esas jornadas de noviembre tras la toma del poder por parte de la entonces senadora Jeanine Áñez.

“En este sentido de transparencia y compromiso con la patria, este mando garantiza el esclarecimiento de los hechos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado, lo realizaremos sin escatimar trabajo y tiempo para dar con los responsables de tan nefastos actos que enlutaron a la familia boliviana”, comprometió el general Vallejos.

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21 jefes y oficiales entre los 26 policías denunciados por protestas de noviembre 2019

-Un coronel y un mayor fueron acusados de haber estado junto al entonces líder cívico Luis Fernando Camacho, mientras que otros de alentar las protestas o retirar el emblema de la Wiphala de sus uniformes

/ 18 de enero de 2021 / 19:46

De los 26 policías denunciados por agravio a la Wiphala y participar de las protestas que derivaron en la renuncia de Evo Morales, están un general, ocho coroneles, cuatro tenientes coroneles, cuatro mayores, tres capitanes, un subteniente, tres suboficiales, un sargento y un cabo de la Policía Boliviana.

La Razón accedió a los documentos de la denuncia presentada este lunes por el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, en contra de los uniformados identificados en videos cortando o retirando de sus uniformes la Wiphala o justificando su participación en las protestas de noviembre de 2019.

Cada uno de los uniformados está acusado por faltas graves que tienen como sanción el retiro o la baja definitiva de la institución.

En los documentos, por ejemplo, se acusa a un coronel y a un mayor de haber acompañado en La Paz al entonces líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, quien dirigía un par cívico en demanda de la renuncia de Morales.

“En octubre y noviembre de 2019, cuando el país se encontraba en grave crisis social, el coronel DESP (…) realizaba manifestaciones al lado del señor Luis Fernando Camacho Vaca (entonces Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz), generando con esto una serie de acciones de desestabilización, toda vez que las mismas estaban destinadas única y exclusivamente a generar conmoción y enfrentamientos en el país”, refiere un resumen de la denuncia.

Otro coronel es acusado de convocar “a la población (en Cochabamba) a enfrentarse entre ciudadanos e instruyó a la población de Cochabamba que se agrupen organizadamente para impedir el libre tránsito por el lado de Sacaba y zona Sud de dicho departamento”.

Un tercer coronel es acusado de “quitar la Wiphala en televisión nacional junto al Cnl. retirado”.

En la denuncia se identifica a un capitán de la Policía de “instruir y guiar a ésta organización “Resistencia Juvenil Cochala” en los actos vandálicos y delincuenciales que realizaban en el departamento de Cochabamba en los meses de octubre y noviembre de la gestión 2019, adiestrando a dichas personas civiles en el manejo de motocicletas para emplear ésta habilidad en la realización de su vandalismo”.

A varios uniformados se los acusa de participar de los actos de violencia protagonizados por este grupo en Cochabamba.

Condori presentó este lunes la denuncia en la Fiscalía Policial, como establece la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, por faltas disciplinarias graves.

Se está “adjuntando pruebas fehacientes, consistentes en fotografías y videos que claramente denotan que estas personas han cometido faltas disciplinarias”, detalló.

Entre las faltas cometidas están: haber actuado en actos públicos en que se deshonró los símbolos nacionales que lleva la institución policial y en el uniforme de sus efectivos, haberse manifestado públicamente contra la ley e ir contra el reglamento disciplinario policial, haber hecho pública su militancia política estando en servicio activo y con uniforme; también se les acusa de haber instigado a la protesta y al motín estando en servicio activo. Además se los encausará por cometer agresiones físicas por motivos racistas y discriminatorios.

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El Gobierno y los choferes federados instalan diálogo a horas de un paro

Los choferes federados exigen la ampliación del diferimiento de pago de créditos por seis meses, en tanto que el Gobierno defiende su alternativa de periodo de gracia de seis meses sin pago de intereses ni capital

Reunión entre choferes y gobierno, la pasada semana

/ 18 de enero de 2021 / 19:37

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y los dirigentes del transporte federado retomaron el diálogo la noche de este lunes. El dirigente Ismael Fernández explicó que acuden a la cita esperando “la buena voluntad” del Gobierno para atender su demanda.

Ambos sectores se sientan en la mesa de las negociaciones con objetivos diferentes, mientras que los choferes insisten en la vigencia de un diferimiento de seis meses en el pago de créditos el gobierno de Luis Arce anunció que explicará “en detalle” la alternativa planteada.

Montenegro anticipó que en la reunión se “explicará a detalle la propuesta de reprogramación y refinanciamiento con seis periodos de gracia a favor de los prestatarios que difirieron su crédito en la anterior gestión”.

La propuesta, aprobada ya por una parte de la dirigencia de los choferes, consiste en un periodo de gracia de seis meses sin pago de intereses ni capital. Las cuotas diferidas serán, según se explicó, canceladas al final del plan de pagos.

Se retoma la negociación a puertas de un paro nacional con bloqueos de 48 horas.

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Santa Cruz se prepara para lo peor, Costas agenda reuniones con empresarios por eventual cuarentena

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sostuvo que “si el desastre nos va a obligar” hay que pensar en la cuarentena rígida para contener la propagación del COVID-19

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, durante una rueda de prensa.

/ 18 de enero de 2021 / 17:29

En Santa Cruz se preparan para lo peor por el rebrote del COVID-19. El gobernador Rubén Costas informó que sostendrá una serie de reuniones con el sector empresarial y productivo del departamento para asumir una eventual cuarentena rígida si “el desastre nos va a obligar”.

A diferencia de Costas, la alcaldesa de la capital cruceña, Angélica Sosa, no es partidaria de llegar a ese extremo por los costos económicos, por lo que encara una serie de acciones como la retoma de restricciones en la circulación y el rastrillaje.

El Servicio Departamental de Salud (SEDES), que depende de la Gobernación, demandó en todo momento la declaratoria de una cuarentena rígida ante el incremento de casos día. El departamento es el más golpeado con 63.293 positivos hasta el domingo.

Costas expresó que es complejo pensar en esa medida de la cuarentena rígida, pero de ser necesario, dijo, hay que tomarla en procura de preservar la vida.

“Desde este lunes voy a tener con todos los empresarios reuniones (…) porque si el destre nos va a obligar tenemos que hacer un esfuerzo entre todos porque primero está la vida humana”, expresó, visiblemente preocupado por la situación epidemiológica.

El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Moisés Salces, reveló que algunos municipios ya están declarados en emergencia por el COVID-19 e incluso ya están pensando en la cuarentena.

Autoridades de gobierno, ediles y departamentales sostuvieron este lunes una reunión y acordaron acelerar la contratación de al menos 700 profesionales de salud para ayudar en la atención de las pacientes con el virus.

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A horas de un paro, el Gobierno convoca a los choferes a retomar el diálogo esta tarde

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó a los choferes a una reunión a las 18.00 de este lunes para explicarles en detalle en qué consiste el periodo de gracia en el pago de créditos. El transporte federado rechaza esta alternativa al diferimiento

El ministro Marcelo Montenegro, en entrevista con La Razón. Foto: Álvaro Valero

Por Carlos Corz y Ghilka Sanabria

/ 18 de enero de 2021 / 16:46

Con la mirada puesta en evitar un paro de 48 horas, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, convocó a la dirigencia del transporte federado a retomar el diálogo la tarde de este lunes para explicar “a detalle” en qué consiste el periodo de gracia de seis meses sin pago de capital ni intereses en créditos reprogramados y refinanciados.

En una misiva dirigida al dirigente Ismael Fernández, Montenegro pidió a la dirigencia acudir a la convocatoria en el marco “de amplitud al diálogo y la concertación”.

En la cita, refiere la carta, se “explicará a detalle la propuesta de reprogramación y refinanciamiento con seis periodos de gracia a favor de los prestatarios que difirieron su crédito en la anterior gestión”.

Los choferes amenazaron con efectuar un paro de 48 horas a partir de mañana martes en rechazo a la propuesta alterna al diferimiento.

Parte de la dirigencia de los choferes aceptó la propuesta. El Gobierno aclaró que las cuotas que se dejen de pagar estos seis meses se trasladarán al final del plan de pagos.

Sectores sindicalizados de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba condicionan el paro al resultado de la negociación de esta tarde, otros, como los de Tarija, descartaron la posibilidad de paralizar su trabajo.

En tanto, el ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de El Alto, Víctor Tarqui, declaró que su sector “no está en condiciones de pagar, por el momento, las deudas con entidades bancarias, por tanto acatarán el paro inicialmente anunciado, en caso que el Gobierno no acepte sus condiciones”.

Además varios grupos económicos de esta urbe, entre gremiales, artesanos y microempresarios expresaron que acatarán el paro “para paralizar El Alto”.

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El Gobierno fijará precios máximos para la atención de casos COVID-19 en clínicas

Se creó una instancia que controlará que el sector privado fije precios que estén en la línea de los que aprobará el Ministerio de Salud. Se prohíbe la no atención de casos por “barreras” financieras. Los propietarios infractores se exponen a sanciones administrativas y penales

Frontis del Ministerio de Salud.

/ 17 de enero de 2021 / 11:21

Las clínicas privadas están obligadas a presentar a los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) de cada departamento los “precios máximos” de sus servicios para pacientes de COVID-19, que no deberán superar los que fijará como referencia el Ministerio de Salud, y a prestar servicios a quienes lo soliciten “sin poner barreras ni restricciones de tipo financiero o de otra índole”.

El decreto 4452 dispone los lineamientos de la regulación y crea el Comité Nacional de Coordinación de Monitoreo del Abastecimiento, Regulación de Precio de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Prestaciones de Servicios de Salud (Comarpre) para hacer el control respectivo de los costos que serán de conocimiento público.

Las clínicas deberán hacer conocer al SEDES, dependiente de cada Gobernación, los precios de “los servicios clínicos, quirúrgicos, de laboratorio, imagenología y otros relacionados, para el diagnóstico y rehabilitación de casos de la COVID-19”, establece el parágrafo III del artículo 9 de la norma.

Los SEDES aprobarán la lista de los precios en el sector privado siempre y cuando se adecúan a la lista de precios máximos y referenciales que publicará el Ministerio de Salud en los próximos días.

Bolivia se encuentra en un rebrote de casos de coronavirus que empiezan a colapsar los servicios de salud públicos. El sábado por tercer día consecutivo los casos nuevos de COVID-19 superan los 2.000 y Santa Cruz sigue como el departamento más golpeado con 889 contagios este sábado. El acumulado nacional desde marzo llegó a los 185.680.

La Agencia Estatal de Medicamentos Y Tecnologías en Salud (AGEMED) aprobará la lista de precios referenciales de venta al consumidor de medicamentos y dispositivos médicos relacionados a la COVID-19, mientras que el Ministerio de Salud los de “servicios de análisis de laboratorio y de servicios de salud relacionados a la COVID-19, incluyendo los aranceles por servicios profesionales médicos que no deberán exceder los vigentes antes de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 además del costo del equipo necesario de protección personal (EPP)”.

Quienes infrinjan la normal serán sancionados administrativamente por el Comarpre, el SEDES o las alcaldías, sin prejuicio de procesos penales de encontrarse la comisión de delitos.

“Los propietarios o responsables de la venta de medicamentos, dispositivos médicos, prestación de servicios de análisis de laboratorio y/o prestación de servicios de salud, relacionados a la COVID-19, con precios mayores a los precios máximos o referenciales, o que hayan realizado cobros anticipados ilegales, serán procesados por la comisión de delitos, en el marco de la normativa penal vigente”, establece el parágrafo III del artículo 10.

También se prohíbe “a las empresas farmacéuticas, laboratorios, importadoras, distribuidoras y comercializadoras de medicamentos y dispositivos médicos relacionados a la COVID-19, clínicas privadas, institutos, centros médicos, productores de alcohol y otros productos relacionados a la COVID-19, respecto a la prohibición de la manipulación, fijación e intercambio de información de precio de venta o compra de bienes o servicios en salud”.

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