Se anuló los contratos por comparación de oferta para la defensa del Estado. El Gobierno restituyó a la Procuraduría General del Estado la contratación directa de consorcios jurídicos nacionales o extranjeros bajo confidencialidad para evitar dar ventaja a la parte demandada o demandante.
El decreto 4447, aprobado por el gabinete del presidente Luis Arce, anuló el decreto aprobado por el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez en febrero de 2020 para la contratación de consorcios de abogados bajo la modalidad “por comparación de ofertas” y sin ningún tipo de confidencialidad.
Según los argumento de la actual administración, el abrir la contratación a la comparación de ofertas deja “en desventaja la defensa legal del Estado Plurinacional y los intereses de su población, toda vez que este procedimiento obliga a la Procuraduría General del Estado a develar los antecedentes e información confidencial, permitiendo a actores externos al proceso obtener información del caso y utilizarla indebidamente”.
Bolivia encara procesos internacionales de arbitrajes y la demanda instaurada por Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por derechos sobre el agua del Silala. Ese proceso se encuentra en puertas de la etapa de alegatos orales.
“Se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado”, refiere el parágrafo I del artículo 5 del decreto. También se define que se hará conocer a la Contraloría General del Estado la firma de los contratos.
Además se registrarán “las contrataciones directas en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES, una vez finalizado el periodo de confidencialidad establecido en el contrato”.