El Gobierno pidió “acelerar ritmos” de las investigaciones a los policías que participaron del motín de 2019 que terminó, después, con la renuncia del expresidente Evo Morales.
“Nos preocupa, porque no hemos percibido avances importantes y tenemos que acelerar los ritmos, que se establezcan los hechos y se identifiquen las responsabilidades”, dijo a Unitel el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas.
La Fiscalía General Policial anunció a principios de diciembre de 2020 que inició una investigación sobre el motín policial de noviembre de 2019 a partir de un monitoreo realizado por la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) de Cochabamba, donde se gestó la desobediencia y se extendió a todo el país.
Durante los conflictos, el entonces líder del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pactó apoyo de la Policía Boliviana, a la que prometió cumplir un pliego de demandas, como llamó, una vez que Morales sea despojado del poder.
Esta semana desde el Viceministerio de Descolonización denunció a 26 policías por agravio a la wiphala y por participar de las protestas que derivaron en la renuncia Morales. Son investigados un general, ocho coroneles, cuatro teniente coroneles, cuatro mayores, tres capitanes, un subteniente, tres suboficiales, un sargento y un cabo de la Policía Boliviana.
“Algunos están pensando que es una venganza, una persecución política; (debemos) aclarar que esto solo es simplemente pedir el cumplimiento de la ley”, justificó el viceministro Pelagio Condori.