Bolivia adeuda a Rusia $us 1,44 millones por el uso del avión bombero Iliushyn
El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, dijo a La Razón que fue formalizada una carta ante el gobierno de Rusia para conciliar una solución extrajudicial.
Más de 1,2 millones de euros ($us 1,44 millones al tipo de cambio actual) debe pagar Bolivia a una empresa estatal rusa por concepto de los gastos operativos del avión bombero Ilyushin que operó en nuestro país durante los incendios de la Chiquitanía y cuyo convenio fue incumplido durante el gobierno transitorio. El Gobierno busca ahora una salida extrajudicial para evitar ir a un arbitraje internacional.
“Aproximadamente la deuda es de un millón de euros y el interés anual por todo un año que es de 0,5%, vale decir un 20% del monto total. Estamos hablando de unos 200 mil Euros más, agregados al monto inicial, sin contar los costos judiciales que es un dato que no tengo”, afirmó el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, en una entrevista con La Razón.
Blanco aclaró además que durante la firma del convenio no correspondía cursar boletas de garantía, puesto que la empresa encargada del avión no es privada, más bien depende del Ministerio de Emergencias de Rusia.
“Normalmente cuando se trata de empresas privadas, o un contrato entre un privado y un Gobierno, se utilizan boletas de garantía. Sin embargo, como este fue un trato con una instancia estatal, se confió en la buena fe, por eso no existen boletas de garantía”, aclaró.
Según el convenio de cooperación, si una de las partes incumplía lo suscrito, se llevaría a un arbitraje judicial la solución de los términos. En este caso, Bolivia solo realizó un pago el 11 de octubre de 2019 y durante el gobierno transitorio no se continuó con el compromiso porque el Ministerio de Defensa consideraba que “era una deuda adquirida durante el gobierno de Evo Morales”. En consecuencia está en puertas un arbitraje internacional.
“Si es que no podemos resolver por la vía de la conciliación extrajudicial, tendremos que enfrentar un arbitraje internacional”, sentenció el Viceministro.
Asimismo, lamentó que durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez se hayan cortado las relaciones con Rusia, cerrando las puertas a su delegación diplomática.
“Este es un efecto de la imposición ideológica del gobierno de facto, que termina perjudicando al pueblo boliviano. Esto le causará un considerable daño económico al Estado. La señora (Karen) Longaric (excanciller), pese a que declaró otra cosa ayer, reconoció hoy que puso en conocimiento del exministro de Defensa (Fernando López), las notas que le llegaron de Rusia por el cobro de esta deuda. Lamentablemente no lo comunicó a la Procuraduría General (del Estado), que es la instancia encargada de defender los intereses del Estado y tampoco hizo un seguimiento al tema”, explicó.
Blanco afirmó que el único documento con que se cuenta de la anterior gestión del Ministerio de Defensa y “a mucha insistencia de Rusia”, es una carta de respuesta a la Embajada que indicando que “el único responsable es el jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa”.
“Ni siquiera (Fernando) López accedió a una reunión para tratar de solucionar el tema, lo que muestra un total desgobierno. La comunicación entre Cancillería y el Ministerio de Defensa era nula. No han logrado ni han puesto interés en pagar estas deudas de las cuales también se tienen que asumir gastos adicionales, que probablemente nos toque a nosotros”, dijo.
Blanco recordó que “todos los asuntos con otros países son competencia de la Cancillería porque son instancias estatales. Mal puede afirmar la exministra Karen Longaric que este tema no era de su competencia y que no conocía lo que hacían sus viceministros”, remarcó.
La autoridad aseguró que por el momento no se conoce de quién fue la responsabilidad individual para abrir una investigación judicial, que en este caso corresponderá a la Procuraduría General del Estado.
“Lo que nos compete como Cancillería es enviar todos los documentos que cursan en nuestro ministerio a las instancias correspondientes como lo establece la norma. La decisión de empezar o no un proceso no nos corresponde. La Procuraduría se encarga de la defensa legal del Estado”, afirmó.
Aseguró que en este momento “se está apelando a la buena relación que se tiene con Rusia” para que sea la propia Embajada o el gobierno de ese país los que ayuden a encontrar una solución extrajudicial.
“La solicitud ya la hemos formalizado y estamos esperando una reunión entre las partes contratantes”, concluyó. (08/02/2021)
