Con el argumento de defensa de la soberanía económica y respeto a la Constitución Política del Estado, el Banco Central de Bolivia (BCB) anuló y devolvió al Fondo Monetario Internacional (FMI) el crédito de $us 346,7 millones concedido a Bolivia en el gobierno transitorio de Jeanine ÁÑez.
“Este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano, que a febrero de 2021 suman 24,3 millones de dólares estadounidenses de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones a intereses”, establece el ente emisor.
También se denunció que el crédito estaba condicionado a “una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI”.
Ante esa situación, se hizo las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor y se devolvió los $us 351,5 millones, de lo que 346,7 millones son pago a capital y el saldo pago por intereses y comisiones.
Una vez firmó el gobierno de Áñez el crédito, demandó en 2020 al Legislativo, controlado por el MAS, a aprobar la ratificación y uso de esos recursos. La bancada mayoritaria del MAS se negó a viabilizar el crédito que fue el primero que daba el FMI tras los cerca de 14 años del gobierno de Evo Morales.
El ente emisor advirtió que “realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y exservidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación” del crédito.