El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que este fin de semana un grupo de familiares de los fallecidos en los hechos de violencia en Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y Pedregal (La Paz) en noviembre de 2019 se reunieron con expertos de la CIDH y de las Naciones Unidas.

“James Cavallaro, excomisionado y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Alan García Campos, jefe de la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, compartieron con los afectados los mecanismos, alcances e instrumentos legales para la reparación en casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos como los registrados durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”, explicó Lima.

El encuentro se dio en el marco de un conversatorio con la presencia física de los sobrevivientes, detenidos y familiares de las víctimas mortales de las “masacres”,  intercambiaron criterios con los expertos.

“Lamentablemente vivimos un año y tres meses de vulneración de nuestros derechos humanos, no hemos tenido prioridad, nos siguen tildando de narcotraficantes, maleantes, borrachos”, reclamó la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata,  Gloria Quisbert. 

En noviembre de 2019, durante el gobierno de Áñez hubo intervención policial y militar en la Sur de La Paz, el 11 de noviembre; en Sacaba, Cochabamba, el  15; y en la zona de Senkata en la ciudad de El Alto, el 19. De ese trágico suceso resultaron 30 personas fallecidas, decenas de heridos, y cientos de detenidos.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó este domingo que unas mil propuestas sistematizadas para la reforma de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) fueron presentadas al Ministerio de la Presidencia.

Ahora –dijo- se trabaja en esta temática de manera coordinada con el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez que tiene como Secretaria Técnica al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” (Sepmud), dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Hasta el 8 de marzo se tendrá el cronograma de trabajo para la elaboración del proyecto de ley que permitirá ajustar los mecanismos de prevención, atención y sanción por violencia por razones de género.  

La reforma de la ley se la trabajará interministerialmente, con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; la ministra de Trabajo, Verónica Patricia Navia; la ministra de Planificación del Desarrollo, Felima Gabriela Mendoza; y la ministra de Culturas, Sabina Orellana.

“Ha habido un debate intenso sobre la Ley 348 que protege a las mujeres de la violencia, es un proceso que se ha iniciado el 25 de noviembre del año pasado y que ha recogido más de un millar de propuestas de las organizaciones sociales y de las instituciones que tienen que ver con esta temática”, explicó Lima.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este domingo que en Bolivia serán desplazados 25.000 policiales para dar seguridad en las elecciones subnacionales del domingo 7 de marzo.

“Son 25.000 efectivos policiales a nivel nacional para cuidar el voto de la población boliviana. Hemos realizado un protocolo en conjunto con el Ministerio de Salud, la Policía Boliviana y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para velar por la salud del pueblo boliviano en el ejercicio de su derecho democrático al voto”, explicó en el canal estatal de televisión.

Según el TSE, un día antes de los comicios, cada recinto electoral tendrá policías custodios desde el momento en que se depositen las maletas electorales en aulas y su precintado hasta que comience la votación.

La Policía también protegerá las ánforas durante el conteo y evitará cualquier incidente.

Los policías harán controles en el radio urbano, mientras que las Fuerzas Armadas cuidarán en el área rural.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz derivó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una denuncia en contra del candidato a la alcaldía de Santa Cruz Jhonny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), por haber difundido resultados de encuestas a través de redes sociales.

La acusación fue formalizada el 8 de febrero por Omar Rivera, candidato por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). En cumplimiento al artículo 29 de la Ley N° 2018 del Órgano Electoral Plurinacional, al tratarse de una denuncia contra una organización política de alcance nacional, el TED Santa Cruz remitió los antecedentes al TSE.

Los voceros de UCS argumentaron que los resultados de la encuesta en cuestión “fueron difundidos por una cuenta de Facebook no oficial del partido y por lo tanto la acusación no tiene sustento legal”.

El artículo 136 de la Ley Electoral 026 señala: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”.

Con ese argumento, en las elecciones subnacionales de 2015 el Órgano Electoral inhabilitó la postulación a gobernador de Ernesto Suárez, de Unidad Demócrata, y a sus 228 candidatos en el Beni.

Según recientes resultados de intención de voto de la encuestadora  Ciesmori para Unitel, el candidato de UCS ocupa el segundo lugar con 28, 7%, antecedido por Gary Áñez de Comunidad Ciudadana que tiene 38,1%.

El jefe de campaña de la alianza Súmate Mauricio Muñoz entregó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el recurso de revisión extraordinaria en busca de anular la inhabilitación del candidato a la alcaldía de Cochabamba Manfred Reyes Villa. Este sábado participó de la campaña hacia las elecciones del próximo domingo.

Una huelga de hambre de partidarios de Reyes Villa fue instalada frente a las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba para presionar por la habilitación de su líder, quien dio por asegurada su habilitación en la medida que pagó la totalidad de una deuda con el Estado, emergente de un fallo civil.

«De manera formal, y tal como lo han pedido ellos, se adjuntan las pruebas de los depósitos realizados; por lo cual no existe ningún pago pendiente», explicó Muñoz en un contacto con la red Uno, luego de entregar el recurso establecido en la Ley del Régimen Electoral.

El viernes, se conoció la inhabilitación de Reyes Villa por no haber acreditado el pago de la totalidad de una deuda de Bs 2,3 millones al Estado. Un fallo civil le obligó a devolver esos recursos, como resultado de un juicio por la compra irregular de vehículos de lujo cuando era prefecto en 2008.

El artículo 217 de la Ley de Régimen Electoral fraque el recurso extraordinario de revisión.

“Procederá el Recurso Extraordinario de Revisión a pedido de parte interesada, en los casos de decisiones de los Tribunales Electorales Departamentales y del Tribunal Supremo Electoral cuando, con posterioridad a la Resolución, sobrevengan hechos nuevos o se descubran hechos preexistentes que demuestren con prueba de reciente obtención que la Resolución fue dictada erróneamente. Sólo procede en casos de demandas de inhabilitación de candidaturas; controversias de organizaciones políticas y de los registros civil y electoral; controversias entre organizaciones políticas y Órganos del Estado, entre distintas organizaciones políticas, entre afiliados, directivas y/o candidatos de distintas organizaciones políticas; y entre afiliados, directivas y candidatas y/o candidatos de una misma organización política”, refiere el artículo en el que se apoya Reyes Villa.