La exministra de Salud Eidy Roca tiene una Alerta de Migración en su contra, por lo que será detenida si pretende abandonar Bolivia. La Fiscalía imputó a la exautoridad en el gobierno de Jeanine Áñez por la compra con supuesto sobreprecio de 324 respiradores chinos durante la primera ola del COVID-19.

El fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, confirmó que la exministra no podrá salir de Bolivia y que se espera la audiencia de medidas cautelares para determinar la situación legal de la acusada por delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

“Conforme establece procedimiento, sí, hemos requerido a Migración (la Alerta Migratoria)”, aseguró Cossio, reportó Unitel.

Según la denuncia, hay un sobreprecio de al menos $us 6 millones en la adquisición de los equipos que fueron calificados por expertos como simples ventiladores y no respiradores para atender a pacientes críticos de COVID-19.

Roca descartó que haya participado del proceso de compra, aunque la Fiscalía aseguró que sí fue parte.

Para el Gobierno, en más del 80% de los servicios públicos de salud se atiende con normalidad a la ciudadanía. Los médicos cumplen el cuarto día del paro ampliado por 15 días y anuncian una nueva reunión para retomar desde el lunes con mayor “radicalidad” las protestas en demanda de la anulación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

Por los autos de buen gobierno que empezarán a regir desde el viernes, a horas de las elecciones subnacionales, lo médicos suspenderán sus protestas. El dirigente médico Wilfredo Azoátegui informó que el lunes se reunirá el Consejo Nacional de Salud (Conasa) para retomar las protestas tras las restricciones derivadas de las justas del domingo.

Mientras que el ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró que un seguimiento mostró que en más del 80% de los servicios de salud la atención es normal, por lo que pidió no generalizar al conjunto de galenos con la extrema medida que cumplen desde el 12 de febrero.

“Por respeto a esos profesionales que trabajan debemos evitar generalizar, expresar nuestro reconocimiento a ellos”, sostuvo la autoridad.

Desde el 12 hasta el 28 de febrero se cumplió la primera etapa del paro. El domingo 28 decidieron ampliar la protesta por 15 días más en demanda de la anulación de la Ley de Emergencia Sanitaria que avalaron en un principio tras la aceptación de sus observaciones y la modificación del texto original.

La iniciativa legal regula los precios de los medicamentos y de los servicios de las clínicas privadas, además facilita la contratación de profesionales que hayan estudiado fuera o dentro de Bolivia y prohíbe la suspensión de los servicios de salud en situaciones de emergencia como la que se vive por el COVID-19.

Se cumplen ya 20 días de un paro en medio de la pandemia y la vacunación contra el virus que en una primera etapa beneficia a los profesionales y trabajadores de la salud. Se dispuso solo la atención de emergencias y en el Hospital de Clínicas la atención es irregular.

La representación de las clínicas privadas también se sumó a la protesta y demanda de los galenos del sector público.

El presidente Luis Arce exhortó a los galenos a deponer actitudes y retornar al trabajo.

Quiero “exhortar a esos médicos que están priorizando sus intereses personales, y no los intereses del pueblo boliviano, a que depongan esas actitudes, que empiecen a trabajar y que vacunen al pueblo boliviano, que lo necesitamos todos”, afirmó durante el inicio de vacunación a personas con enfermedades de base en Cochabamba.

En las últimas horas fue aprehendido Carlos A., como consecuencia de una serie de denuncias de abuso sexual publicadas en una página de Facebook. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó de la aprehensión y aseguró que “no se puede permitir más violencia a la mujer, ni acosos sexuales de ninguna naturaleza”.

El nombre de Carlos A. aparece en varias denuncias de abuso publicadas por sus supuestas víctimas en la página de Facebook “El Confesionario UCB”. Por los relatos, los hechos se dieron en medio de bebidas alcohólicas y sedantes.

“Este gordo asqueroso me estaba tocando mis pechos y mis partes íntimas, besándome a la fuerza quise reaccionar, pero seguía como sedada y me decía que: solo déjate llevar, bien que te gusta, más tarde estarás gritando en mi casa”, relató una de las que se identificó como víctima del ahora aprehendido.

Varias mujeres contaron su drama, luego que una optara por hacer pública en el muro de la red social la vejación de la que fue víctima.

“Ante las denuncias realizadas por mujeres que fueron acosadas sexualmente por el señor Carlos A. en la Universidad Católica Boliviana #UCB, informo a la población de su aprehensión. No se puede permitir más violencia a la mujer, ni acosos sexuales de ninguna naturaleza”, informó Del Castillo a través de su cuenta en la red social Twitter.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Jhonny Vega, convocó a las víctimas de Carlos A. a formalizar sus denuncias.

«Fue aprehendido en horas de la tarde y será presentado ante el Ministerio Público. El caso fue abierto por abuso sexual», señaló Vega a la red Unitel.

Al respecto, a través de un comunicado, los administradores de la página de la UCB publicaron, el 1 de marzo, lo siguiente: «Por medio de las confesiones recibidas en estos últimos días llegamos a la conclusión que es una red de abusadores sexuales (organizadores de fiestas, relacionadores, amigos de estos) su modo de operandis organizar fiestas solo con este fin (abuso, violación), generar cierto grado de confianza, invitar bebidas alcohólicas agregado con sedante para hacer más dóciles a sus víctimas, proceder al abuso sexual llevándola a un sitio discreto, sacar fotografías para una futura extorsión, una vez consciente la víctima fingir que no paso nada, seguir con estos abusos sexuales en cada fiesta existen muchos implicados».

La Fiscalía aprehendió hasta la noche de este miércoles a siete de los ocho firmantes de la convocatoria a una asamblea estudiantil que acabó con la tragedia de siete universitarios muertos de la UPEA, entre ellos el acusado de alentar la protesta junto a cuatro encapuchados. Se los acusará por homicidio culposo y se pedirá su detención preventiva.

El fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, informó que los testigos identifican a Wilson Q. como al dirigente, también firmante de la convocatoria a la asamblea, que instigaba, junto a cuatro encapuchados, a subir al quinto piso del edificio de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde ocurrió la tragedia la mañana del martes.

“Tendríamos en total a 7 aprehendidos, nos faltaría uno. Vamos a emitir la imputación por homicidio culposo y lesiones culposas. El homicidio culposo con su agravante nos va a permitir solicitar la detención preventiva de los detenidos”, explicó en una entrevista con Noches Sin Tregua de Cadena A.

El artículo 260 del Código Penal refiere que será acusado de homicidio culposo el que “por culpa causare la muerte de una persona” y se expone a una reclusión de seis meses a tres años.

Momentos antes de ser aprehendido, Wilson Q. aseguró en la red Uno que es dirigente y que la asamblea fue en el patio central y que “gente ajena provocó subir” hasta las oficinas, desatando un conflicto y el desenlace fatal.

Padres y estudiantes de la UPEA marcharon e hicieron una vigilia en puertas de la universidad de El Alto en demanda de justicia y renuncia del rector Carlos Condori y de los dirigentes del centro de estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas.

Siete universitarios cayeron del quinto piso tras ceder una baranda de seguridad ante decenas de movilizados que protestaban en el lugar.

Álvaro Elías, abogado de Wilson Q., confirmó que su defendido concluyó hace la carrera, pero que por el estatuto universitario puede ejercer labores dirigenciales hasta dos años después de egresar.

Tres de los siete universitarios muertos fueron sepultados este miércoles. Condori deslindó responsabilidades de lo ocurrido.

El jefe de Jallalla, Leopoldo Chui, descartó la noche de este miércoles que haya hecho cambios en la lista de candidatos a concejales a la alcaldía de El Alto o a la Gobernación de La Paz, tras una serie de denuncias que activaron protestas y vigilia frente a las oficinas del TED paceño por parte de partidarios de la candidata Eva Copa.

“No ha habido ningún cambio por parte de mi persona, estoy sorprendido por estos hechos”, aseguró e informó que tuvo contactos con Copa y el candidato a la Gobernación Santos Quispe para aclarar las denuncias y descartar algún cambio en la lista de candidatos.

David Apaza, vocero de Copa, denunció que la dirigencia de Jallalla pretende efectuar cambios en la lista de concejales, a horas del cierre del plazo para cambiar candidatos.

“No es posible. Lo que nosotros y la hermana Eva hemos manifestado es que en la ciudad de El Alto vamos a hacer gestión. Y si de pronto aparece alguien elegido a dedo lo único que va hacer es robar y nosotros no lo vamos a permitir. Estamos empezando con nueva sigla y nuestros concejales han sido consensuados en asamblea. Ahora, de pronto quieren poner a alguien que no está consensuado o están vendiendo cargos, por eso es la protesta”, denunció.

Chui aseguró en la red Uno que respeta los acuerdos firmados con sus aliados y atribuyó a la inexperiencia de Quispe las acusaciones de que había sido influenciado por el MAS para anular su candidatura.