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miércoles 21 abr 2021 | Actualizado a 20:02

El gobierno de Añez echó a 90 funcionarios de la Cancillería y el servicio exterior

Freddy Mamani develó que en la Cancillería trabajaban familiares de Jeanine Áñez y de los exministros Karen Longaric, Arturo Murillo y Álvaro Coímbra.

El viceministro Freddy Mamani, en el 'streaming' de La Razón. Foto: Rodwy Cazón

/ 24 de febrero de 2021 / 21:53

El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, reveló que en noviembre de 2019 el gobierno transitorio de Jeanine Áñez echó a al menos 90 funcionarios de la Cancillería y el servicio exterior.

Mamani, que fue uno de los funcionarios retirados en 2019, recordó el hecho en medio de una denuncia que se hizo conocer la mañana de este miércoles, de que “más de 100” funcionarios del servicio exterior del país habían sido despedidos en los últimos cuatro meses.

En representación de un comité ad-hoc conformado para representar a los desvinculados, el exfuncionario Javier Vizcarra dijo que muchos de los echados son “profesionales de carrera”, algunos con experiencia “de décadas” en la Cancillería. Según dijo, los despidos ocurrieron entre noviembre de 2020 y febrero de 2021.

El viceministro Mamani negó los extremos denunciados por los exfuncionarios. En lo central —dijo— es una “recomposición” del servicio exterior. Hay que recordar —apuntó— que en el gobierno transitorio de Añez hubo la misma remoción de personal y que las vacancias fueron llenadas por personas no siempre con carrera diplomática.

“Como ustedes sabrán, durante el gobierno de facto se han nombrado amigos, familiares de ministros, de la propia Presidenta (Áñez) o de la excanciller (Karen) Longaric”, dijo en ‘streming’ Piedra, Papel y Tinta de La Razón (lunes a viernes, 18.30).

Cuando la conductora de la transmisión, la directora de La Razón, Claudia Benavente, le consultó sobre si puede señalar casos concretos, el viceministro recordó a la hermana del exministro de Gobierno Arturo Murillo, en el consulado de Miami, o al hermano del exministro de Justicia, Álvaro Coímbra, que “sin ser funcionario de carrera” estuvo en misión diplomática en Suiza.

Con todo, Mamani señaló que “en su momento oportuno” hará conocer la lista de las personas que ingresaron a trabajar en el servicio exterior durante el gobierno transitorio, especialmente de aquellos que lo hicieron por cercanía familiar con exautoridades, señaló.

Hay que recordar que la Cancillería y el servicio exterior fueron uno de los sectores gubernamentales en que el gobierno de Áñez dio el mayor giro político e institucional, distanciándose de varios países afines a los gobiernos de Evo Morales y acercándose ostensiblemente al de los Estados Unidos y su línea de política exterior en Latinoamérica. Para la excanciller Longaric, lo que se hizo fue “desideologizar” e institucionalizar el servicio exterior.

En el ámbito laboral —afirmó hoy Mamani en La Razón por internet— lo primero que se hizo en noviembre de 2019 fue desvincular a todos los embajadores, y, sobrepasando el rol constitucional que se le dio al gobierno transitorio de Áñez (de pacificar el país y realizar las elecciones), en la Cancillería se intentó toda una reforma de la entidad, lo que no le correspondía como gobierno interino.

“Se han atribuido, aprovechando que nos han despedido a más del 90% del personal que se ha preparado a lo largo de 14 años, ellos nos han sacado a todos los supuestos militantes del MAS, a profesionales invitados, y aprovecharon esto han invitado a gente, a sus familiares, y han querido institucionalizar la carrera diplomática en la Cancillería, lo que no era la función de un gobierno transitorio”, destacó el también exfuncionario de la Cancillería en el anterior gobierno del MAS.

Como parte del rediseño del servicio exterior hubo “procedimientos internos nada claros, nada concretos, lo que está en proceso de evaluación, y algún momento concluiremos con esa información”, dijo.

El viceministro Mamani calificó de “político” el reclamo que hace dicho comité ad-hoc de despedidos de la Cancillería y el servicio exterior, que lo que busca —dijo— es desprestigiar al gobierno del presidente Luis Arce y al MAS en estos días previos a las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

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Tras un año de pronunciarse, el TCP hace público rechazo de demanda contra la repostulación de Morales

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hizo conocer el miércoles un auto constitucional que había emitido hace un año sobre la demanda de inconstitucional del fallo que avaló la repostulación

Evo Morales. Foto: APG.

/ 21 de abril de 2021 / 20:00

A pesar de que se pronunció hace un año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recién notificó el martes a las partes con el auto constitucional que rechazó la nulidad de la sentencia 084/2017 que avaló la repostulación del expresidente Evo Morales.

El fallo fue conocido en una audiencia de Acción de Amparo Constitucional presentada para, justamente, exigir el pronunciamiento del control constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el fallo que viabilizó la postulación de Morales. Esa audiencia también demoró más de seis meses.

La demanda fue planteada el 2019, por los abogados Angelica Siles, José Antonio Rivera Santibáñez, William Bascopé, Gilberto Cortez, William Herrera, Arturo Yáñez y otros que exigían al TCP la nulidad de la sentencia de la repistulación, reportó la versión digital de Correo del Sur.

El abogado Arturo Yáñez lamentó la forma cómo se maneja la justicia constitucional, que notifica fallos con más de un año de retraso de la supuesta fecha de emisión.

Tras que perdiera en un referéndum la repostulación, el MAS acudió al control constitucional para habilitar una nueva candidatura de Morales. Se lo habilitó y terció en las elecciones de octubre de 2019, que fueron anuladas tras denuncias de fraude electoral, sumadas a un paro cívico, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimitir.

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Creemos de Camacho le gana la pulseta al MAS y se hace de la presidencia del Legislativo cruceño

El MAS no logró consolidar el pacto de unidad que había firmado con la bancada indígena. Zvonko Matkovic es el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz

Zvonko Matkovic

Por Carlos Corz

/ 21 de abril de 2021 / 16:48

La agrupación Creemos se hizo de la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, pese a los intentos del MAS de formar un bloque de oposición con asambleístas indígenas para presidir la directiva. Zvonko Matkovic es el presidente del ente deliberativo y anunció que su elección respetó las normas internas.

Las sesiones preparatorias estuvieron marcadas por incidentes, entre ellos la filtración de un audio en el que aparentemente un asambleísta del MAS habla de “pinchar” teléfonos para saber quiénes apoyan a Creemos del gobernador electo Luis Fernando Camacho, quien reveló que acordó con indígenas.

Clemente Ramos, jefe de bancada del MAS, evitó hacer comentarios sobre el audio y denunció que los miembros de su bancada fueron “hostigados” y que fueron perseguidos. No estuvieron en la sesión.

Matkovic aseguró que la sesión en la que fue electo se desarrolló en el marco de la legalidad y el quórum respectivo.

“Ahora que hemos salido de este impasse queda sentarnos y trabajar en las leyes que proponga el Ejecutivo”, anunció quien fuera uno de los acusados en el anulado caso Terrorismo, en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

La estrategia del MAS para hacerse de la presidencia del legislativo departamental no prosperó. Clemente informó el 14 de abril de la firma de un “pacto de unidad” con los asambleístas indígenas para una gestión conjunta y entregarles la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental.

Con el acuerdo, el MAS y los indígenas sumaban 16 votos y la agrupación Creemos de Camacho se queda como la bancada de minoría con 11 representaciones logradas en las subnaciones del 7 de marzo. Sin embargo, Creemos logró la mayoría para controlar el legislativo.

Camacho acudió al Legislativo Departamental para felicitar a Matkovic, quien renunció a la suplencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional para optar por un curul en las justas del 7 de marzo.

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Eva Copa reitera que el gobierno de Jeanine Áñez ‘fue golpista’

Sin embargo, la alcaldesa electa prefirió no entrar en detalles porque alegó que en este momento está en proceso de investigación el “golpe de Estado”.

Eva Copa en entrevista con La Razón Radio.

/ 21 de abril de 2021 / 15:31

La alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, ratificó este miércoles que el gobierno de Jeanine Áñez “fue golpista”, después de que esa administración gubernamental asumió el poder en noviembre de 2019 en medio de un cuestionado proceso de transición. 

“Claro que fue golpista, pero yo no voy a entrar en tantos detalles porque está en este momento en investigaciones”, afirmó Copa de manera enfática en una entrevista con La Razón Radio, después de que fue consultada si consideraba que el gobierno de Áñez fue golpista.

El domingo 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de una serie de protestas sociales que alegaban un presunto fraude electoral en las elecciones de octubre ese mismo año, la emisión de un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que expresaba “irregularidades” en esos comicios, un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas a dimitir.

Tras la decisión de Morales se registró una cadena de otras renuncias de autoridades del oficialismo y el 12 de noviembre, Áñez, quien era segunda vicepresidenta del Senado, asumió el poder a partir de una cuestionada sesión sin quorum en el Legislativo, en la que se debía considerar las sucesivas dimisiones.

También puede leer: Transición exprés de Jeanine Áñez.

Pero nosotros, que en esa oportunidad éramos asambleístas del Movimiento Al Socialismo, “hemos tratado de llegar al centro (político del país) después de que, de la noche a la mañana, se hizo una convocatoria ‘trucha’ (para la sesión del Legislativo), pero mis colegas no pudieron llegar porque no había paso (por los bloqueos) y tampoco nosotros podíamos ni entrar al kilómetro cero porque había tres (cordones de seguridad) que no nos daban el paso”, recordó Copa.

La alcaldesa electa de El Alto, que luego de la transición de Áñez llegó a ser también presidenta del Senado, ratificó que no se cumplieron ni los reglamentos del Legislativo para la “reconformación de ambas las Cámaras, que en ese momento estaban descabezadas” por las renuncias.

Pero, finalmente, “ella (llegó) al Palacio, hasta los militares la pusieron la banda (presidencial), ella (logró tener) el control de la Policía y de las Fuerzas Armadas y nosotros (en un principio) ni siquiera teníamos seguridad”, lamentó.

Ahora hay un proceso abierto en la justicia ordinaria por ese supuesto “golpe de Estado” a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty y Áñez está recluida de manera preventiva en el penal de Miraflores.

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Molina insta a bajar la tensión por el censo y no caer en un ‘falso debate’

El debate sobre el censo surgió nuevamente a partir de una declaración del director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, quien dijo que 'mínimamente el censo (recién) se llevaría adelante en 2024'.

/ 21 de abril de 2021 / 14:06

El analista Carlos Hugo Molina instó este miércoles bajar la tensión en el país por la posible postergación del censo, que debía realizarse en 2022, y no caer en un “falso debate” como si este trabajo resolvería todos los problemas de las regiones.

“El primer intento que estoy haciendo y voy a continuar (…) es bajar una tensión que efectivamente se estaba encaminando a lo que yo llamo un falso debate (porque) el censo no me va a resolver los problemas, no me va a dar las soluciones; el censo me va a dar los elementos e instrumentos sobre los cuales es imprescindible trabajar para enfrentar los problemas”, dijo en una entrevista con La Razón Radio.

Por tanto, insistió que el país no debe caer ni en falsos debates ni generar una dificultad innecesaria donde no debe haber.

Si “el debate (concluye solo en) sobre si es necesario hacer el censo o no es necesario, va a ser un falso debate, va a generar dificultades en un país en el que nos estamos acostumbrando a resolver los problemas por el conflicto”, remarcó.

Sin embargo, aclaró que “sí tiene que haber censo” y las razones por las cuales no pudiera realizarse en el año previsto tienen que pasar necesariamente por un pacto o una concertación.

Entonces, hay una necesidad “imprescindible (de llegar a un) acuerdo nacional (…) y mucho más en estas condiciones (porque hay que preguntarse) qué es lo que estoy esperando lograr con el censo y por qué es necesario, no se trata de solo cumplir con una obligación internacional (…), se trata en este caso de una responsabilidad con nosotros mismos” como país, señaló.

Pues, por ejemplo, recordó que en los últimos años se está sufriendo un proceso migratorio intenso “que cada vez es ignorando frente a la evidencia y eso es altamente peligroso y riesgoso porque la población no está donde dice estar”.

“Y esto es fundamental, porque si no sabemos dónde está y en qué condiciones está viviendo (la población), va a ser imposible aplicar las políticas públicas”, advirtió.

El debate sobre el censo surgió nuevamente a partir de una declaración del director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, quien dijo que “mínimamente el censo (recién) se llevaría adelante en 2024”.

El último censo se realizó en 2012, por lo que el siguiente debiera ser el 2022 y el anuncio de Arandia desató una serie de reacciones, principalmente, en el departamento de Santa Cruz, donde incluso se hicieron anuncios de declaratoria de “emergencia” y la articulación de acciones cívicas.

Aunque luego el Gobierno salió a aclarar que por el momento no hay ninguna definición sobre el año de realización del Censo de Población y Vivienda. (21/04/2021)

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En la Cumbre Iberoamericana, Arce pide lucha conjunta contra el COVID-19 y liberar patentes

El Presidente señaló que se torna urgente realizar una reforma de los estándares internacionales, en especial los referidos a los derechos de propiedad intelectual, porque “no se puede ser indiferente ni mucho menos lucrar en momentos de pandemia”.

Foto: Captura de Bolivia TV

/ 21 de abril de 2021 / 13:03

El presidente Luis Arce, durante su intervención en la XXVII Cumbre Iberoamericana, reiteró este miércoles su pedido de una lucha conjunta contra la pandemia del COVID-19 y la liberación de las patentes de las vacunas.

“Este encuentro de países iberoamericanos tiene la tarea ineludible de levantar en alto las banderas de la defensa de la vida, la igualdad, la solidaridad y la complementariedad, pero también de un multilateralismo más solidario para superar (juntos) esta crisis”, dijo.

En ese sentido, enfatizó que es importante avanzar en un proceso de integración efectiva basado en la hermandad y la diplomacia de los pueblos.

Y por eso, “desde esta cumbre, quiero reiterar como país y como nación latinoamericana nuestra preocupación por la constatación de que la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la desigualdad en la distribución de vacunas y su acceso para las naciones del sur, tal como han denunciado, incluso, las Naciones Unidas y la propia Organización Mundial de la Salud”, añadió.

Lamentó que los países ricos hayan comprado más de la mitad del suministro de las vacunas en el mundo cuando solo representan el 16% de la población mundial y en consecuencia, ahora, más de 100 países no han vacunado ni a una sola persona de su población.

“La ciencia médica debe estar al servicio del ser humano sin ningún tipo de discriminación geográfica, política o social, y el acceso a las vacunas debe ser visto como un derecho humano”, subrayó.

Para eso, según el Jefe del Estado, las empresas farmacéuticas y gobiernos deben mantener una cooperación sincera e implementar la divulgación de sus conocimientos y tecnología para que “mediante un trabajo conjunto se garantice el acceso inmediato y oportuno a las vacunas para las personas más vulnerables”.

Asimismo, aseguró que hasta el momento, las medidas implementadas por los países y organismos internacionales no son suficientes para lograr el acceso equitativo a insumos, medicamentos, vacunas y otros elementos necesarios para contener el COVID-19.

Por lo tanto, en criterio de la autoridad, se torna urgente realizar una reforma de los estándares internacionales, en especial los referidos a los derechos de propiedad intelectual, porque “no se puede ser indiferente ni mucho menos lucrar en momentos de pandemia”.

También exhortó de manera enfática a la Organización Mundial de Comercio y a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual a una pronta modificación de los estándares internacionales que protegen la hegemonía de la industria farmacéutica “a costa del perjuicio de miles de millones de seres humanos”.

Pues, “las poderosas transnacionales farmacéuticas, que tienen patentes sobre los diagnósticos, medicamentos y vacunas, deben liberarlas y hacerlas de dominio público o emitir autorizaciones voluntarias sin costo para lograr un acceso real de parte de todas las naciones sin excepción”, remarcó.

En el mismo sentido, hizo un llamamiento a los países desarrollados, que tienen más vacunas de las que su población necesita, a que las distribuyan con aquellos que las carecen.

“Pero, además, hay que advertir que las naciones del norte tampoco superarán plenamente los efectos económicos de la pandemia, por más que destinen miles de millones de dólares, si las naciones del sur son dejadas en la más absoluta vulnerabilidad. (Entonces), cumbres (como ésta) deben aportar al trabajo conjunto a favor de los pueblos”, insistió.

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