Pese a haber anunciado que pagó la deuda establecida en un fallo civil, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó este viernes a Manfred Reyes Villa, candidato a la Alcaldía de Cochabamba, por no acreditar el pago total de una deuda de Bs 2,3 millones con el Estado por la irregular compra de seis vagonetas cuando fungió como prefecto de ese departamento.
“El derecho a la participación política de un candidato, como ocurre en el caso, está vigente al cumplirse con la acreditación del pago de las obligaciones pendientes que pueda tener con el Estado. La inhabilitación de Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi se produjo al no haberse acreditado de manera formal, objetiva y documentada el pago total de la obligación ante el Tribunal Supremo Electoral a la fecha de emisión de la Resolución 43/2021”, indica un comunicado del TSE.
Sin embargo, Reyes Villa informó la tarde de este viernes que canceló el total de la obligación contra el Estado, emergente de un fallo ratificado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la denuncia de la compra irregular de vehículos de lujo en 2008 cuando era prefecto de Cochabamba.
“Eso no es malversación, esas vagonetas las están utilizando desde esa época. Pero para evitar cualquier argumento de cualquier inhabilitación hemos terminado de pagar la totalidad (de la deuda), después veremos cómo nos devuelven, porque están usando los vehículos”, afirmó Reyes Villa en entrevista con Los Tiempos.
Mas tarde, el TSE emitió la resolución de inhabilitación del candidato, que según las últimas encuestas tiene virtualmente ganada la alcaldía cochabambina por la intención de voto en su favor, bajo el argumento de “no haberse acreditado de manera formal, objetiva y documentada el pago total de la obligación ante el Tribunal Supremo Electoral a la fecha de emisión de la Resolución 43/2021”.
En un comunicado, el ente electoral establece que por información de la Contraloría General del Estado Reyes Villa tiene un pliego de cargo ejecutoriado. El propio candidato informó al ente electoral de esa situación y de un saldo adeudado que será pagado en un plazo de seis meses.
En ese sentido, se aclaró que “el derecho a la participación política de un candidato, como ocurre en el caso, está vigente al cumplirse con la acreditación del pago de las obligaciones pendientes que pueda tener con el Estado”, situación que no ocurrió.