En una audiencia virtual de apelación, la Justicia determinó este sábado mantener la orden de detención preventiva y ampliarla de cuatro a seis meses contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, acusados en el caso “golpe de Estado”.

Los tres habían sido enviados a la cárcel el domingo 14 en una audiencia cautelar en la ciudad de La Paz. Fueron aprehendidos en Beni en cumplimiento de órdenes fiscales emitidas dentro de la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty para que se establezca responsabilidades en la dimisión del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

Por más de ocho horas se extendió la audiencia virtual. Familiares de los tres detenidos siguieron la audiencia.

Los representantes de la Procuraduría General del Estado, de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno solicitaron en la audiencia de la Sala Segunda de Justicia ampliar el período de reclusión a seis meses, como lo habían pedido en la audiencia cautelar.

Los abogados Armando mejía y Luis Adolfo Guillén coincidieron en una conferencia de prensa cuestionar la decisión de la justicia en la audiencia de apelación.

Áñez fue trasladada la madrugada de este sábado desde la cárcel de Obrajes a la de Miraflores en un operativo sorpresivo y en la madrugada. El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, explicó que el traslado se ejecutó en la madrugada por temas de seguridad ante la presencia de miembros de plataformas en puertas del reclusorio.

La decisión también, aclaró, obedece a darle mejores condiciones a Áñez para atender su salud. En el ambiente preparado en la cárcel de Miraflores tiene, según fotografías difundidas por el canal estatal, una cama hospitalaria, un equipo médico y un gavetero con medicamentos.

Una representante de Naciones Unidas visitó este sábado a la exmandataria, pero no hizo ninguna declaración al salir.

La Justicia había instruido el viernes en medio de la audiencia por un recurso de Acción de Libertad el traslado de la expresidenta a una clínica, pero la decisión fue revertida y se instruyó que se lleve al penal a personal especializado para atender la salud de la exmandatario.

La expresidenta Jeanine Áñez fue estabilizada y permanecerá en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes con una vigilancia médica permanente, informó el director de Régimen Penitenciario, Carlos Limpias.

Áñez se encuentra con detención preventiva por cuatro meses. El lunes fue trasladada al penal, acusada en el caso «golpe de Estado». Dos ministros de su gobierno también fueron enviados a la cárcel de San Pedro.

“Estamos poniendo en turno a un personal de salud de la dirección penitenciaria”, aseguró Limpias, en puertas de la cárcel. Añadió que un informe médico no considera necesario que la exmandataria sea trasladada a un nosocomio.

Norka Cuéllar, abogada de Áñez, confirmó que su cliente se encuentra establece, aunque asistida con oxígeno.

“La familia está desesperada, la doctora Jeanine Áñez continúa mal de salud, está muy afectada, está con un semblante muy decaído. El Director Nacional de Régimen Penitenciario nos ha prometido que se va a quedar un médico controlando su salud toda la noche”, explicó.

Inicialmente se había autorizado la salida de la expresidenta debido a su elevada presión arterial, pero –sostuvo la jurista- se cambió la decisión y se la mantuvo en el penal con control médico.

Carolina Ribera, hija de Áñez, denunció en puertas de la cárcel que no dejan salir a su madre a una clínica, pese a su delicado estado de salud.

Cuéllar informó que este jueves solicitará vía judicial que su clienta sea valorada por especialistas fuera del penal.

“Se la ha puesto en riesgo porque se encontraba con la presión demasiada alta, porque no se le dio la atención oportuna, estaba con una pastillita”, sostuvo.

Limpias informó que personal de la Defensoría del Pueblo llegó hasta la cárcel para resguardar los derechos de la expresidenta.

El excomandante del Ejército Pastor Mendieta fue imputado y este miércoles comparecerá en una audiencia de medidas cautelares por el caso “golpe de Estado”. Por este proceso hay un almirante en la cárcel y dos excomandantes de las Fuerzas Armadas son buscados para su aprehensión.

Mendieta fue detenido el lunes en el marco de la denuncia por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. El proceso activado por la denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS) busca esclarecer los hechos que provocaron en 2019 la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en medio de denuncias de fraude electoral, un paro cívico, un motín policial y la “sugerencia” militar para su dimisión.

El almirante Flavio Gustavo Arce San Martín fue enviado a la cárcel el viernes 12 porque formó parte de la conferencia de prensa del 10 de noviembre de 2019 en la que el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “sugirió” a Morales dejar el cargo. En ese entonces, el almirante era jefe de Estado Mayor de la institución castrense.

Kaliman y Sergio Orellana, también excomandante de las FFAA, fueron incluidos y tienen órdenes de aprehensión en su contra.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, informó el martes que al momento no dieron con el paradero de los dos buscados. Aunque dijo que “si se encontraran fuera del país, efectuaremos las gestiones que son pertinentes para la deportación si es que se encontraran de manera ilegal o en su caso otros trámites que correspondan al Órgano Judicial”.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó que el actual Alto Mando militar entregó a la Fiscalía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la documentación que encontraron sobre la actuación militar en las jornadas de violencia de noviembre de 2019, aunque reiteró que parte de esa documentación fue destruida por los anteriores mandos.

“Esto ya demuestra un principio de autoculpa de su conciencia porque sabían que esas cosas los podían complicar en cualquier momento, en cualquier proceso, porque lo que habían hecho era un acto delictuoso”, advirtió en una entrevista con el canal estatal.

Mendieta permaneció en celdas policiales a la espera de la audiencia cautelar fijada para las 08.30 de este miércoles. También está incluido el excomandante de la Policía Yuri Calderón, de quien no se conoce su paradero.

La Policía no ejecutó hasta el momento la orden de aprehensión contra el excomandante de las Fuerzas Armadas general Sergio Orellana. El comandante de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, reveló que Orellana salió de Bolivia entre el 10 y 16 de noviembre, por lo que se requerirá un informe actualizado a Migración.

“Ya en el pasado habíamos tomado conocimiento de que entre el 10 y 16 de noviembre había salido de nuestro suelo, sin embargo hay que esperar una nueva rectificación de Migración para establecer la fecha de sus salidas, si es que se encontrara fuera del país”, explicó.

Orellana fue citado para el 26 de febrero por la Fiscalía, pero no se presentó. Ante esa situación el fin de semana se conoció de la orden de aprehensión emitida en su contra para que declare en la denuncia presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty por los hechos de violencia y muerte que derivaron en la renuncia forzada del expresidente Evo Morales en 2019.

Orellana estuvo al mando de las FFAA en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez y cuando se dispusieron operativos policiales-militares para “restablecer el orden”. Militares y policías operaron para reprimir protestas en apoyo a Morales que se saldaron con muertos y heridos de bala.

Aguilera informó que se desarrollarán todas las acciones operativas y de cooperación para cumplir con el mandamiento de apremio de Orellana.

Al final de una audiencia de al menos ocho horas, la Justicia decidió enviar este jueves a la cárcel con detención preventiva a los siete dirigentes universitarios que convocaron a una asamblea que acabó con la trágica muerte de siete estudiantes en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Los cinco varones fueron enviados a la cárcel de San Pedro y las dos mujeres al penal de Obrajes de La Paz. Fueron aprehendidos el miércoles y tras prestar su declaración informativa se los imputó y remitió a una audiencia de medidas cautelares.

Se trata de Pablo C., Vladimir P., Wilson Q., Javier Yapu, Sergio B., Fanny V. y Nayeli Ch. El juez Ángel Medoza del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Pena de El Alto valoró que hay riesgo de obstaculización de la investigación, por lo que decidió enviar a los imputados a la cárcel por cuatro meses.

Fueron acusados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. El fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, informó de la imputación y de la solicitud de detención contra los dirigentes que firman la convocatoria a un ampliado de los estudiantes de la Carrea de Administración de Empresas de la UPEA.

«Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que demuestran la probabilidad de autoría de los sospechosos, la declaración de testigos del hecho, acta del levantamiento de cadáveres, acta de precinto policial, informe de la Universidad Pública de El Alto, entre otros elementos que consideró la autoridad jurisdiccional, asimismo, se demostró la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización», explicó Cossío.

Los siete universitarios cayeron el martes de más de 16 metros al ceder la baranda de seguridad de un quinto piso, cuando decenas de estudiantes se concentraron en el lugar debido a un conflicto por el control del centro de estudiantes.

Wilson Q. es identificado como uno de los dirigentes que azuzó a subir al quinto piso tras la asamblea realizada en el patio principal.