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domingo 24 oct 2021 | Actualizado a 18:17

Exdiputada Rivero revela que oposición activó ‘plan B’ para hacerse del poder y poner a Áñez

"Yo no renuncie nunca, ellos en todo momento se saltaron mi presencia y por eso me tenían tan apretada y tan amenazada", dijo la exasambleísta.

La exdiputada Susana Rivero. Foto: Rodwy Cazón

/ 12 de marzo de 2021 / 22:17

“Bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B”. Es la frase que soltó la mañana del 12 de noviembre de 2019 el empresario y líder político de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina a los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en medio de negociaciones políticas que terminaron con la toma del poder de la entonces senadora opositora Jeanine Áñez.

Áñez asumió el poder el 12 de noviembre. La exdiputada Susana Rivero, quien retornó al país después de un año de residencia en Argentina, afirmó en el programa de La Razón y Extra “Piedra, Papel y Tinta” que ese juramento estuvo rodeado de presiones y amenazas, de ilegalidades y que ella se encontraba en la línea de sucesión presidencial lo cual no fue respetado.

Según explicó Rivero, Adriana Salvatierra, entonces presidenta del Senado, era la primera en la línea de sucesión y después de ella estaba el presidente de Diputados Víctor Borda, pero ante su ausencia era a ella a quien le correspondía asumir como Presidenta de Diputados en ejercicio.

“Por la coyuntura, si no estaba Víctor, estaba yo en ejercicio, tampoco, intentaron decir que renunció Adriana, Víctor, renunció (Rubén) Medinacelli, primer vicepresidente del Senado. Yo no renuncie nunca, ellos en todo momento se saltaron mi presencia y por eso me tenían tan apretada y tan amenazada con mis hijos; si presionaron y amenazaron a mis hijos, si luego presionaron a mi madre prácticamente me dejaron con poco margen de maniobra”, reveló.

Rivero detalló lo ocurrido el 11 y 12 de noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales presionado por manifestaciones sociales que denunciaban fraude en las elecciones de octubre, un motín policial y finalmente la “sugerencia” militar de dejar el cargo.

“Nunca vi la renuncia escrita de Adriana, mientras Áñez desde Beni decía ‘me toca suceder, eso era domingo y el lunes el monseñor (Eugenio) Scarpellini convoca a una reunión en la Universidad Católica Boliviana. En el primer día de reunión, dejamos que vaya Adriana sola porque decíamos que si agarraban a las dos nos quedábamos sin línea de sucesión presidencial”, relató.

En la reunión que prosiguió el martes, Rivero asistió y contó que incluso el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, fue quien la llevó en su vehículo hasta la UCB donde se hallaban Jorge Tuto Quiroga y su abogado Luis Vásquez, Carlos Mesa y Ricardo Paz, Óscar Ortiz, Samuel Doria Medina y el representante de Luis Fernando Camacho, el exministro Jerjes Justiniano.

“Tuto y su abogado dicen que hacían una consulta al Tribunal Constitucional y que no podía haber un vació de poder, por lo que se buscaba una resolución que habilite a Jeanine, y nosotras insistíamos en que debíamos hablar con nuestra bancada y ahí a Samuel Doria Medina se le salió y dice: ‘bueno, apúrense a hablar con su bancada, porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B’. Creo que se le salió”, indicó.

La exdiputada y exministra afirmó que De La Torre llegó “desesperado” a la residencia de la embajadora de México para llevarlas hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el martes 12 de noviembre y dije: “No puedo salir hasta hablar con toda la bancada (…) no vamos a salir hoy… y bueno se fue y ya en la tarde vimos en la televisión que Áñez solita se puso la banda con los militares, o sea ese era el plan B”, dijo.

Según la exdiputada, hasta embajadores ejercían presión para que se tomara una decisión por “fuera de la Constitución” para camuflar un golpe.

Rivero dejó el país entre la madrugada del 18 y 19 de noviembre rumbo a Argentina. En enero de 2020, renunció a su cargo de asambleísta. “No iba a ser cómplice de ningún golpismo, ni iba a negociar con golpistas, ni me iba a sentar a título de pacificación en la misma mesa mientras seguían matando gente, porque era ilegal absolutamente todo lo que hicieron”.

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Al menos 250 efectivos logran controlar el incendio en el Parque Tunari

El Gobierno considera que fue provocado el incendio en la reserva ubicada en el departamento de Cochabamba.

El trabajo de sofocación del incendio. Foto: @EDelCastilloDC.

/ 24 de octubre de 2021 / 17:57

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó la tarde de este domingo que el incendio en el Parque Nacional Tunari, ubicado en el departamento de Cochabamba, fue controlado gracias a la movilización de unos 250 efectivos.

“Informamos al pueblo boliviano que el incendio en el Parque Nacional Tunari está controlado. En total se movilizó 250 efectivos entre personal policial, bomberos, Sar-Bolivia, municipal, etc.”, escribió la autoridad en sus redes sociales.

El incendio se produjo en horas de la mañana y, según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, fue provocado, al igual que otros similares hechos que se registraron en las últimas semanas en la misma reserva.

“Lo que llama la atención y preocupa en el Parque Tunari es que es el sexto incendio que venimos sofocando, ya las anteriores semanas se han venido suscitando incendios muy continuos”, señaló Calvimontes en un contacto con los medios estatales.

El viceministro consideró que todos esos incendios fueron provocados “por personas que tienen intereses muy marcados para que se pueda generar zozobra en el país”.

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Un nuevo incendio se produce en Tunari, el Gobierno afirma que fue provocado

Calvimontes informó que es el sexto incendio registrado en la zona durante las últimas semanas y apunta a “personas con intereses muy marcados para generar zozobra”.

El incendio visto desde la ciudad de Cochabamba. Foto: Facebook/ Andrea Barrientos.

/ 24 de octubre de 2021 / 14:55

Un nuevo incendio se suscitó este domingo en una serranía del Parque Nacional Tunari, ubicado en el departamento de Cochabamba, y el Gobierno, en una primera evaluación, estableció que se trata de un hecho provocado.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que a las 10.00 se recibió el reporte del incendio e inmediatamente se movilizaron los equipos de bomberos, militares, funcionarios de la Gobernación y de otras instituciones.

“En este momento (13.00) todavía se encuentran en el lugar combatiendo el incendio, que efectivamente reviste cierta gravedad, tomando en cuenta que es un área protegida y lamentablemente el fuego ha sido provocado en una zona boscosa”, afirmó.

Sin embargo, la autoridad también aclaró que, a comparación de otros incendios, como los registrados en la Chiquitanía, “éste no es de gran magnitud”.

Tampoco “en este momento hay ninguna comunidad cercana donde actualmente está el incendio, (pero) lo que llama la atención y preocupa en el Parque Tunari es que es el sexto incendio que venimos sofocando, ya las anteriores semanas se han venido suscitando incendios muy continuos”, añadió en contacto con los medios estatales.

Calvimontes indicó que todos esos incendios también fueron provocados “por personas que tienen intereses muy marcados para que se pueda generar zozobra en el país”.

Entretanto, “en toda Bolivia ya hemos sofocado y controlado 170 incendios, de los cuales 148 (fueron) en Santa Cruz, nueve en Beni, cinco en Cochabamba y ocho en toda la región amazónica”, puntualizó.

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El Gobierno calcula que existen más de 5.000 víctimas del ‘golpe’ y alista una nueva norma

El viceministro César Siles anticipó que la nueva normativa, a diferencia del Decreto Supremo 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez, beneficiará incluso a las víctimas de 2020.

Una marcha de víctima de 2019 se acerca a La Paz. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 24 de octubre de 2021 / 13:52

El viceministro de Justicia, César Siles, calculó este domingo que existen más de 5.000 víctimas del periodo de crisis en Bolivia, identificado por el Gobierno como un “golpe de Estado”, y anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia durante el último trimestre de 2019, recomendó realizar un “censo” de las víctimas conforme al principio de universalidad y Siles dijo que para eso “necesariamente primero se debe hacer una norma”.

“Esa norma va a determinar los criterios de calificación de la condición de víctimas (porque) calculamos que pueden ser más de cinco mil víctimas, pero (antes) tenemos que establecer los criterios de quiénes entran a la categoría de víctimas para ser beneficiarios de esta norma y de la reparación integral que pretendemos hacer”, afirmó.

La autoridad gubernamental, en contacto con medios estatales, agregó que esta nueva normativa ya se está trabajando con el diputado Juan José Jauregui en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, “lo primero (que establece) es el alcance, (es decir) no se va a circunscribir únicamente a los hechos de Sacaba y Senkata (como el 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez), sino a otras víctimas” más, incluso, de 2020, señaló.

Según el funcionario, en 2020, también existieron “torturados, perseguidos y heridos”, que ahora, al igual que las víctimas de 2019, igualmente exigen justicia.

Por lo que anticipó que la nueva normativa, al igual que el decreto de Áñez, también contemplará una indemnización económica, además de la búsqueda de fuentes de trabajo.

Asimismo, “en materia procesal, después de una acción penal que no ha prosperado, (tiene que) venir la reparación del costo que le causó un proceso (a una determinada persona, ya sea por) detención domiciliaria o detención preventiva, y va a tener que responder el Estado”, indicó.

Además, en la normativa, según Siles, se trabajará en “temas de educación, de salud y principalmente en el principio de no repetición”.

Porque “no pueden repetirse estos hechos por ningún motivo y por eso igual queremos hacer una casa de la memoria para que todos los que visitemos ese lugar estemos conscientes de las cosas que han sucedido en el golpe de Estado y que no pueden volver a suceder”, apuntó.

Este anuncio surge, mientras una marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se acerca a la ciudad de La Paz en demanda de justicia.

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Evo Morales defiende otra vez la continuidad de los gobiernos

El expresidente Evo Morales considera que la derecha no acepta la continuidad por “mezquindad”.

Evo Morales durante su reciente visita a México. Foto: @evoespueblo.

/ 24 de octubre de 2021 / 09:30

El expresidente Evo Morales, que en su momento fue cuestionado por buscar su cuarto mandato consecutivo pese al resultado de un referendo que le negó esa posibilidad, volvió a defender este domingo la continuidad de los gobiernos porque, según dijo, solo así se consiguen los “resultados”.    

“Se requiere pues, algunas políticas tienen que ser programas de Estado, políticas de Estado y ahí (en) nuestra experiencia ha sido importante la continuidad;  (aunque) la derecha repudia eso”, afirmó.

Morales, en su programa dominical que se emite por la radio Kawsachun Coca, remarcó que cuando cada gestión se cambia de gobernante no hay el mismo resultado que cuando existe continuidad.

“Cuando cada año se cambia, qué resultado (había), nunca había, y cuando uno continúa, por dos gestiones, tres gestiones, hay resultados y ahí se ve (como en) Alemania, (donde Angela) Merkel estuvo como 16 años de presidenta (canciller) y hay resultados, Alemania lidera toda Europa, (pero) la derecha mezquina no acepta eso”, justificó.

También puede leer: Líderes de la UE ovacionan a Merkel en su última cumbre.

El artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

El oficialismo impulsó una consulta ciudadana para reformar esa disposición de la CPE y se realizó un referendo el 21 de febrero de 2016, cuyo resultado negó la posibilidad de ampliar el número de mandatos consecutivos del Presidente.

Sin embargo, el oficialismo no se rindió y mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional logró que Morales vuelva a ser habilitado como candidato, alegando que era su “derecho humano”, para las elecciones de 2019, que finalmente fueron anuladas en medio de protestas y denuncias de supuesto “fraude”.

Y en agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinó que la reelección presidencial indefinida “no constituye un derecho” protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

También puede leer: La Corte-IDH define que la reelección ‘no constituye’ un derecho humano.

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Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata con el pliego de demandas. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el lunes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

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