La denunciante del caso ‘golpe de Estado’ califica de ‘gran paso’ la detención de Áñez
En criterio de la exlegisladora, la Asamblea Legislativa debe tratar el tema de la suspensión de los sueldos vitalicios de ex autoridades como Jorge Quiroga y Carlos Mesa.
La denunciante del caso “golpe de Estado”, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, consideró que la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez en la cárcel de Obrajes de La Paz es “un gran paso”.
Áñez y los colaboradores durante su gobierno Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra fueron derivados a la cárcel de forma preventiva por cuatro meses, investigados por la crisis poselectoral que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales y la posterior proclamación de la mandatarais sucesora. Fueron acusados los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Patty, tras conocer la resolución judicial, mostró su conformidad con la determinación toda vez que, en su criterio, es una muestra de que hay una luz al final del túnel respecto a los hechos de octubre y noviembre de 2019.
“Eso pedía el pueblo, el pueblo buscaba justicia; me llamaban y decían ‘¿cuándo vamos a hacer traer a la golpista?’ Ahora se ha emitido esa resolución para cuatro meses; cuando ella era senadora han provocado desestabilización de nuestro país”, dijo.
Según Patty, la denuncia contra Áñez y su entorno está relacionada con su participación durante los hechos luctuosos de octubre y noviembre de 2019, aunque, empero, dijo que al margen de esa causa debe ser procesada mediante un juicio de responsabilidades.
En criterio de la exlegisladora, la Asamblea Legislativa debe considerar la suspensión de los sueldos vitalicios de ex autoridades como Jorge Quiroga y Carlos Mesa porque —justificó— promovieron la desestabilización del país con recursos del Estado.
Consultada sobre si su denuncia sería ampliada contra esas personas, enfatizó que junto a su defensa solicitará ese extremo. “Se va a ampliar, el pueblo está pidiendo su ampliación y vamos a ampliar”, puntualizó.
Patty recordó que durante los conflictos de 2019 los legisladores de origen indígena sufrieron el acoso de grupos radicales que se apostaron en plaza Murillo y que —contó— no les permitían ingresar a la Asamblea Legislativa.