El expresidente Evo Morales criticó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, nunca se pronunció sobre los “asesinatos, heridos y detenidos” en el gobierno transitorio Jeanine Áñez, y junto al secretario ejecutivo de la ALBA-TCP, Sacha Llorenti, lo acusaron de ser corresponsable del “golpe de Estado” de noviembre de 2019 en Bolivia.
Después de las detenciones preventivas de la expresidenta y dos de sus ministros, Almagro expresó este lunes su preocupación por el presunto “abuso de mecanismos judiciales” y sugirió la creación de una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción en la última gestión de Morales y en el mandato de Áñez.
Sin referirse a algún caso en particular, planteó la necesidad de remitir las denuncias de eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional (CPI), para su “juzgamiento imparcial” y la “identificación de responsables”, además de la liberación de detenidos y una reforma del sistema de justicia mediante un diálogo político.
Morales le respondió en su cuenta de Twitter. “Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, más de 800 heridos, 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos. No nos extraña su defensa a Áñez porque él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad en #Bolivia” (sic).
Una denuncia de la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), provocó la apertura del caso “golpe de Estado”, con el excívico Luis Fernando Camacho (gobernador electo de Santa Cruz) y su padre, y exjefes militares y policiales, como principales acusados. La Fiscalía comenzó con las aprehensiones el reciente fin de semana.
El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe de la OEA que alimentó el discurso del fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año, en las cuales ganó el líder del MAS sin necesidad de una segunda vuelta con su principal rival: Carlos Mesa.
Más antes, tras el apoyo de Almagro a un pronunciamiento del Instituto Casla, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio para los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, exministro en el gobierno de Morales, fustigó igualmente al secretario general de la OEA.
“@Almagro_OEA2015 no tiene autoridad moral para pronunciarse sobre lo que sucede en Bolivia. Los pueblos de nuestra América saben que él es corresponsable del golpe de Estado, cómplice de las masacres y que fue soporte del gobierno de facto en Bolivia” (sic).
Áñez es acusada de sedición, conspiración y terrorismo, y fue enviada este lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras que sus exministros Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energías) fueron remitidos al penal de San Pedro, sindicados de los mismos delitos. Ellos y la exmandataria denunciaron “persecución política”.