Nacional

sábado 21 may 2022 | Actualizado a 22:34

Presidente de la brigada paceña acusa a Albarracín de utilizar a la UMSA para el ‘golpe de Estado’

“El exrector ha utilizado a los jóvenes en el golpe (de Estado) prometiéndoles ingreso libre, lo cual no cumplió, otro engaño más a los jóvenes universitarios, no se ha cumplido, eso es politizar la universidad”, denunció José Rengel

/ 15 de marzo de 2021 / 23:17

El presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, José Rengel, denunció que el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y dirigente del Conade Waldo Albarracín incurrió en la manipulación de universitarios para consumar el “golpe de Estado” de 2019.

“El exrector ha utilizado a los jóvenes en el golpe (de Estado) prometiéndoles ingreso libre, lo cual no cumplió, otro engaño más a los jóvenes universitarios, no se ha cumplido, eso es politizar la universidad”, denunció Rengel y aseguró que no respondió a peticiones de informe legislativo.

Las denuncias también tienen que ver con observaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés (STUMSA) que refieren la supuesta contratación irregular de 700 administrativos incorporados con solo una resolución, sin concurso de méritos como es el conducto regular.

“La STUMSA determinó un proceso interno por las acciones y cobros indebidos de hasta Bs 250”, agregó Rengel.

Explicó que Albarracín fue uno de los promotores de las movilizaciones que reclamó la anulación de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 y la renuncia del expresidente Evo Morales.

“El exrector utilizó irregularmente los fondos, en vez de usarlos en el Área de Investigación tanto en Docentes como estudiantes (…) Albarracín hizo invitaciones directas, favoreciendo a quienes apoyaron el Golpe de Estado”, sostuvo.

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Los tres militares bolivianos condenados en Chile son expulsados y llegaron a La Paz

Los tres militares fueron capturados en la frontera chilena en septiembre de 2021 en un confuso incidente en medio de la lucha contra el contrabando

Foto: Viceministerio Lucha Contra el Contrabando

/ 20 de mayo de 2022 / 21:37

Tras permanecer ocho meses detenidos en Chile, tres militares bolivianos fueron condenados y expulsados. Fueron capturados en septiembre de 2021 en un confuso incidente cuando, según autoridades bolivianas, interceptaron un vehículo de contrabando.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, confirmó que los militares están en La Paz realizando los trámites administrativos para ser incorporados a sus respectivas fuerzas, pero evitó dar mayores detalles.

“Solo se ha establecido el paso de la línea fronteriza con el agravante que estaban con armamento, esa actividad se da en el marco de la lucha contra el contrabando”, recordó en alusión a las circunstancias en las que fueron capturados y sometidos los militares.

El 8 de septiembre de 2021 ocurrieron los hechos en la fronteriza Colchane, luego de una denuncia de robo de vehículos por personas vestidas con uniforme militar boliviano y armadas. Carabineros activaron un operativo e interceptaron a los militares, quienes fueron sometidos y llevados hasta la justicia de Pozo Almonte.

Los tres militares actualmente realizan trabajos administrativos.

Inicialmente se les dio detención preventiva en la cárcel, pero una apelación permitió sean beneficiados con detención domiciliaria, que cumplieron en un hotel. Se los condenó a cuatro años de cárcel por ingresar a suelo chileno con armas, pero la condena fue cambiada por su expulsión y prohibición de ingreso a Chile por 10 años.

Un hecho similar ocurrió en 2017, cuando en la frontera fueron detenidos nueve militares bolivianos. También fueron condenados y expulsados. Un trato diferente se dio a dos militares chilenos detenidos en la frontera, porque fueron devueltos a su país a los dos días de ser capturados en suelo boliviano.

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La Fiscalía descubre que un veneno para arañas acabó con la vida de dos niños en Inquisivi

El hecho ocurrió en abril en la comunidad Copacabana, en Inquisivi. Su padre y su pareja están detenidos. La Fiscalía sostiene que el hecho fue planificado

El supuesto autor de la muerte de los niños fue presentado el 29 de abril a la prensa.

/ 20 de mayo de 2022 / 19:58

Un veneno para arañas acabó con la vida de dos niños en la comunidad Copacabana de Inquisivi, en abril. El plaguicida fue encontrado en la mandarina, leche y yogurt que consumieron los niños tras encontrarlos en la puerta de su casa, aparentemente dejados por su padre, ahora con detención preventiva en la cárcel.

Inicialmente se estableció que el padre de los menores tomó la decisión para no cancelar una deuda de más de Bs 12.000 por asistencia familiar. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hizo el estudio laboratorial y concluyó que el veneno estaba en los tres alimentos, por lo que el fiscal departamental de La Paz, William Alave, aseguró que se trata de un hecho planificado.

“Teníamos una hipótesis de que solo hubiese estado en el yogurt, sin embargo estaba en los tres alimentos que dejados en la puerta, eso nos da a entender que este hecho fue planificado. Quizá pudo caer accidentalmente este plaguicida en el yogurt, pero estaba en los tres alimentos”, sostuvo a la red Unitel.

Por el envenenamiento y muerte de dos niños en Inquisivi, fueron detenidos el padre, Juan Carlos P., y su pareja, Ana Q. Ambos son apuntados como los principales responsables del deceso de una niña y un niño, luego de consumir alimentos envenenados.

Una de las hipótesis establece que el padre de los menores cometió el doble infanticidio para evitar pagar la asistencia familiar que superaba los Bs 12.000. El hecho conmocionó a la sociedad.

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Un conscripto pierde una pierna por la explosión de una granada, se inicia una investigación

El hecho ocurrió en un regimiento en el municipio de Colomi, Cochabamba. A investigadores de la Policía no se les permitió entrar a indagar en la escena de los hechos

Foto: RRSS

/ 20 de mayo de 2022 / 18:56

Un conscripto perdió una pierna y corre el riesgo de perder la otra por la gravedad de las heridas como consecuencia de la explosión de una granada de guerra en el Regimiento Mariscal Juana Azurduy de Cochabamba. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y de la Fiscalía iniciaron una investigación de oficio.

El hecho ocurrió el jueves. La víctima fue identificada como Jhoswar Ruiz Cruz, un joven de 18 años, que prestaba su Servicio Militar Obligatorio. Actualmente se encuentra internado en una clínica con un diagnóstico reservado por su delicado estado de salud.

El director de la FELCC, coronel Ronald Tapia, informó que se inició una investigación de oficio y que los investigadores no pudieron ingresar al cuartel para inspeccionar el lugar de los hechos, ya que el Comandante del Regimiento no lo autorizó aduciendo que requería órdenes superiores.

“Se habría producido por la explosión de un artefacto, aparentemente la víctima indicó que se trataba de una granada de guerra. Según el parte médico habría perdido el miembro inferior izquierdo”, informó el jefe policial.

El cuartel se encuentra en Colomi, en el departamento de Cochabamba.

“El acto preliminar es posterior a la revista que estaban realizando en su unidad militar, estarían recogiendo todo lo que son los armamentos y en ese ínterin, el soldado (Jhoswar) estaría transportando las granadas fusil, y en un descuido se habría caído una de ellas y había explotado”, contó el abogado de la familia a la red Unitel.

Durante la mañana de este viernes, miembros del Alto Mando Militar se reunieron con los padres de Jhoswar y sus abogados, donde se comprometieron a brindar un apoyo para el joven y su familia.

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Suman 23 las empresas públicas autorizadas para contrataciones directas en el extranjero

Mediante decreto, el gobierno del presidente Luis Arce autorizó ahora que seis empresas y cuatro instituciones puedan hacer contrataciones directas en el extranjero

Se sumó a este tipo de contrataciones a la Agencia Boliviana Espacial (ABE)

/ 20 de mayo de 2022 / 17:47

Al menos seis empresas estatales y cuatro instituciones públicas fueron sumadas a la posibilidad de realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en el extranjero de bienes, obras y servicios especializados. Ya suman 23 las firmas estatales que tienen la autorización de realizar este tipo de contrataciones.

Mediante decreto 4720 se sumó a este tipo de contrataciones a las firmas Agencia Boliviana Espacial (ABE); Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL); Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC); Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria; Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM); y a la Empresa Metalúrgica Vinto.

También están contempladas el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para las actividades de la Unidad Ejecutora de Pozos – UE-Pozos; el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF); el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización para las actividades del Viceministerio de Interculturalidad; y la Aduana Nacional.

El artículo 1 establece que están autorizadas a “la contratación directa o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes, obras y servicios especializados, pudiendo adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas”.

Ya contaban con esta posibilidad las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH); Servicio Nacional Textil (SENATEX); Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA); Empresa Estatal «YACANA»; la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y sus empresas filiales y subsidiarias; la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B); el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM); la Empresa Nacional de Electricidad Matriz (ENDE); la Empresa estatal de Televisión denominada «BOLIVIA TV»; la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN); la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB); la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA); y la Boliviana de Aviación (BOA).

Según la justificación, las entidades estatales “requieren la adquisición de equipamiento, insumos y servicios que, por sus características, no pueden ser contratados en el mercado boliviano”.

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El dirigente universitario Max Mendoza reaparece, acusa y rechaza congreso en Potosí

Rodeado por dirigentes, Mendoza aseguro que “no hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal”.

Max Mendoza y el Consejo Nacional de Dirigentes de la Confederación Universitaria Boliviana.

/ 20 de mayo de 2022 / 00:03

Tras una avalancha de denuncias y al menos cuatro procesos penales en su contra, el dirigente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Max Mendoza, reapareció la noche de este jueves en un video sin responder a las denuncias de los años de permanencia en la universidad y su sueldo superior a los Bs 21.000, aunque afirmó: “No hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal”.

También anunciaron que no acudirán al XIII Congreso de Universidades que fue convocado para la próxima semana en Potosí, por falta de garantías y observaciones al presídium del rector de la Tomás Frías, Pedro López. En ese encuentro se elegirá a dirigentes del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y se perfilan hacer ajustes en el andamiaje universitario.

Rodeado por dirigentes identificados de la Federación Universitaria Local (FUL) de diferentes universidades públicas, Mendoza se encargó de contra-denunciar a exdirigentes que lo acusan de irregularidades en su gestión y permanencia en la dirigencia de la máxima instancia de representación universitaria nacional.

A los exdirigentes y denunciantes Jonás Ariel Flores y a Ismael Peralta se los vinculó con exautoridades del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez. Mendoza no habló de los cuestionamientos a los 33 años de permanencia en la universidad, a los más de 10 años como dirigente, a sus viajes al exterior y al sueldo que recibió desde 2018 por más de Bs 21.000 como dirigente de los estudiantes universitarios.

“Todo este tipo de denuncias que se han venido presentando son en su gran mayoría calumnias a la Confederación Universitaria de Bolivia y a las federaciones Universitarias Locales. Nosotros nos vamos a defender de todas la denuncias que nos están planteando porque mi persona y los ejecutivos de la FUL no hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal, y tenemos las instancias para descargos”, explicó sin dar mayores detalles.

Ante los hechos denunciados se activaron al menos cuatro denuncias contra el universitario de 52 años por delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Desde el Legislativo se puso atención a este caso. El diputado del MAS Héctor Arce reveló que Mendoza se aplazó en 200 materias y obtuvo una calificación de 0 en otras 100, además denunció de viajes al exterior, cobros de viáticos y el cobro del sueldo de más de Bs 21.000, que le fue retirado.

“Estamos tranquilos porque no hemos cometido ningún delito, menos penal. En ese sentido, una vez que se esclarezca este tema hemos tomado la determinación de tomar acciones legales contra aquellas personas que están difamando el honor de la dirigencia nacional”, advirtió el cuestionado dirigente.

Para la próxima semana, está convocado el XIII Congreso de Universidades que fue avalado por el propio Mendoza. Sin embargo, ahora decidió no acudir y propuso que se desarrolle en un plazo de 30 días.

No obstante, el Congreso, por lo menos hasta el momento, está confirmado.

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