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domingo 24 oct 2021 | Actualizado a 14:55

Estudio: En la crisis de 2019 los medios pasaron de la mediación a la acción política

La fundación Friedrich Ebert publicó un libro que “sale de esa dicotomía sin grises de fraude versus golpe y trata de asumir una posición más analítica”.

José Luis Exeni, Claudio Rossell y Claudia Benavente, en el 'streaming' de La Razón.

/ 23 de marzo de 2021 / 00:40

En los últimos días, a raíz de la detención preventiva de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, muchos medios de información comenzaron a repasar la crisis poselectoral de 2019 y en ese trabajo abundan en la dicotomía fraude-golpe.

Una investigación de la fundación alemana Friedrich Ebert, Nuevo mapa de actores de Bolivia, hizo constataciones respecto de ese episodio político en el que, en medio de cuestionamientos a las elecciones del 20 de octubre, un paro político, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas, renunció Evo Morales y se proclamó Áñez.

El texto reúne nueve ensayos de igual número de autores, que abordan ese pasaje histórico a partir del análisis de los hechos que ahora vuelven a la agenda pública. El libro “sale de esa dicotomía sin grises de fraude versus golpe y trata de asumir una posición más analítica, tomando distancia de las narrativas polarizantes”, explicó el coordinador del documento, José Luis Exeni, en un conversatorio el lunes en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, conducido por Claudia Benavente.

Y en esos análisis se encuentra el capítulo de los medios de información escrito por el periodista Fernando Molina y la politóloga Susana Bejarano, quien dijo que el estudio pudo reafirmar la “alineación de los medios de comunicación a un nuevo bloque de poder”, en alusión al gobierno transitorio.

Según explicó, el ensayo encontró similitudes en las coberturas de los diarios Página Siete, Los Tiempos y El Deber en la línea del nuevo poder político, y el de La Razón, en una posición más neutral.  “Estos medios de comunicación dejan de ser el puente entre la sociedad y lo que sucede, empiezan a ser un actor político que sentencian lo que sucede”, dijo respecto de los tres primeros.

“Se constituyen en actores centrales para el derrocamiento de Evo Morales”, apuntó.

Bejarano dijo que no solamente hubo una “alineación” a un nuevo bloque de poder, representado por Áñez y sus aliados, sino una recomposición de las clases medias. “Algunos medios de comunicación, al estar muy al ritmo de las clases medias opositoras que estaban demandando a Evo Morales, empiezan a cumplir un rol de clase”, afirmó.

Para Claudio Rossell, periodista, comunicador y docente universitario, el fenómeno de los medios y su acción política, no obstante, no es nuevo. “No es un fenómeno que empieza a producirse en 2019 y que tuvo se eclosión a fines de ese año, sino que fue una imagen largamente construida”, comentó en la transmisión de La Razón (lunes a viernes, 18.30).

Opinó que, precisamente, ese rol de los medios está desacreditándolos. “Creo que hemos vivido, por lo menos en la última década, una depauperación sistemática del oficio periodístico, un poco por los ‘duques’ (en alusión a los propietarios) que no suelen mostrar la cara cuando se trata de meter a los medios a hacer acción política y otro poco porque hubo demasiada pugnacidad”.

Exeni, consideró que la crisis de 2019 reconfiguró el campo mediático.

Afirmó que las investigaciones arrojan cinco hipótesis: la relación “muy estrecha” entre los campos político y mediático; una transformación de medios “instantánea” y que “duró horas” (al gobierno del MAS le tomó por lo menos unos seis años construir una hegemonía); una ”transformación restauradora y contrarrevolucionaria”; los medios de comunicación “tuvieron un alineamiento político muy claro” y ese “alineamiento político fue a favor del bloque ‘posevista’”.

“Este estudio lo demuestra, los periódicos adquirieron una protagonismo en la definición de la agenda informativa y de opinión” fue su conclusión.

Bejarano comentó que esa hegemonía del MAS sobre los medios a la que se refirió Exeni se rompió con el caso Zapata, la antigua novia de Evo Morales, que derivó en el “primer revés real” que sufrió el Movimiento Al Socialismo (MAS) con su derrota en el referéndum constitucional.

Ese hecho generó una reacción de los medios, que se alimentó también con “el hostigamiento del Gobierno con el ‘cartel de la mentira’”. Fue “una reacción brutal de algunos medios de oponerse acérrimamente contra el Gobierno”.

Fue una reconfiguración entre 2016 y 2019, y aquí es cuando, por ejemplo, Página Siete, tuvo una reacción “asombrosa” que incluso “sentencia” al MAS, dijo Bejarano. Recordó que al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre de 2019 aquel diario puso en titulares que iba a haber segunda vuelta entre Morales y Carlos Mesa; “cómo podía saber Página Siete” eso “sin poner entrecomillados o ‘se proyecta’”.

Las elecciones fueron anuladas luego debido a que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) halló “graves irregularidades”, conclusión que degeneró en una grave crisis política que terminó con la renuncia de Morales y la proclamación de Áñez.

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Gobierno calcula que existen más de 5.000 víctimas del ‘golpe’ y alista nueva norma

El viceministro César Siles anticipó que la nueva normativa, a diferencia del Decreto Supremo 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez, beneficiará incluso a las víctimas de 2020.

Una marcha de víctima de 2019 se acerca a La Paz. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 24 de octubre de 2021 / 13:52

El viceministro de Justicia, César Siles, calculó este domingo que existen más de 5.000 víctimas del periodo de crisis en Bolivia, identificado por el Gobierno como un “golpe de Estado”, y anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia durante el último trimestre de 2019, recomendó realizar un “censo” de las víctimas conforme al principio de universalidad y Siles dijo que para eso “necesariamente primero se debe hacer una norma”.

“Esa norma va a determinar los criterios de calificación de la condición de víctimas (porque) calculamos que pueden ser más de cinco mil víctimas, pero (antes) tenemos que establecer los criterios de quiénes entran a la categoría de víctimas para ser beneficiarios de esta norma y de la reparación integral que pretendemos hacer”, afirmó.

La autoridad gubernamental, en contacto con medios estatales, agregó que esta nueva normativa ya se está trabajando con el diputado Juan José Jauregui en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, “lo primero (que establece) es el alcance, (es decir) no se va a circunscribir únicamente a los hechos de Sacaba y Senkata (como el 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez), sino a otras víctimas” más, incluso, de 2020, señaló.

Según el funcionario, en 2020, también existieron “torturados, perseguidos y heridos”, que ahora, al igual que las víctimas de 2019, igualmente exigen justicia.

Por lo que anticipó que la nueva normativa, al igual que el decreto de Áñez, también contemplará una indemnización económica, además de la búsqueda de fuentes de trabajo.

Asimismo, “en materia procesal, después de una acción penal que no ha prosperado, (tiene que) venir la reparación del costo que le causó un proceso (a una determinada persona, ya sea por) detención domiciliaria o detención preventiva, y va a tener que responder el Estado”, indicó.

Además, en la normativa, según Siles, se trabajará en “temas de educación, de salud y principalmente en el principio de no repetición”.

Porque “no pueden repetirse estos hechos por ningún motivo y por eso igual queremos hacer una casa de la memoria para que todos los que visitemos ese lugar estemos conscientes de las cosas que han sucedido en el golpe de Estado y que no pueden volver a suceder”, apuntó.

Este anuncio surge, mientras una marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se acerca a la ciudad de La Paz en demanda de justicia.

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Evo Morales defiende otra vez la continuidad de los gobiernos

El expresidente Evo Morales considera que la derecha no acepta la continuidad por “mezquindad”.

Evo Morales durante su reciente visita a México. Foto: @evoespueblo.

/ 24 de octubre de 2021 / 09:30

El expresidente Evo Morales, que en su momento fue cuestionado por buscar su cuarto mandato consecutivo pese al resultado de un referendo que le negó esa posibilidad, volvió a defender este domingo la continuidad de los gobiernos porque, según dijo, solo así se consiguen los “resultados”.    

“Se requiere pues, algunas políticas tienen que ser programas de Estado, políticas de Estado y ahí (en) nuestra experiencia ha sido importante la continuidad;  (aunque) la derecha repudia eso”, afirmó.

Morales, en su programa dominical que se emite por la radio Kawsachun Coca, remarcó que cuando cada gestión se cambia de gobernante no hay el mismo resultado que cuando existe continuidad.

“Cuando cada año se cambia, qué resultado (había), nunca había, y cuando uno continúa, por dos gestiones, tres gestiones, hay resultados y ahí se ve (como en) Alemania, (donde Angela) Merkel estuvo como 16 años de presidenta (canciller) y hay resultados, Alemania lidera toda Europa, (pero) la derecha mezquina no acepta eso”, justificó.

También puede leer: Líderes de la UE ovacionan a Merkel en su última cumbre.

El artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

El oficialismo impulsó una consulta ciudadana para reformar esa disposición de la CPE y se realizó un referendo el 21 de febrero de 2016, cuyo resultado negó la posibilidad de ampliar el número de mandatos consecutivos del Presidente.

Sin embargo, el oficialismo no se rindió y mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional logró que Morales vuelva a ser habilitado como candidato, alegando que era su “derecho humano”, para las elecciones de 2019, que finalmente fueron anuladas en medio de protestas y denuncias de supuesto “fraude”.

Y en agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinó que la reelección presidencial indefinida “no constituye un derecho” protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

También puede leer: La Corte-IDH define que la reelección ‘no constituye’ un derecho humano.

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Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata con el pliego de demandas. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el lunes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

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El Gobierno convoca al diálogo a trabajadores de AASANA tras amenaza de nuevas protestas

El viceministro Israel Ticona calificó de “irresponsable” la advertencia de los trabajadores de AASANA de entrar en un “paro colectivo”.

Una pasada movilización de los trabajadores de AASANA. Foto: La Razón.

/ 23 de octubre de 2021 / 18:00

El viceministro de Transportes, Israel Ticona, convocó a los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) al diálogo, después de que su dirigencia advirtió con volver a las protestas.

“Hago conocer que (el viernes) hemos hecho una invitación a la Federación de Trabajadores de AASANA para un diálogo abierto (el próximo martes con el fin de) abordar los 14 puntos de su pliego petitorio para encontrar una solución a este conflicto de la institución”, dijo. 

Este llamado surge después de que el Gobierno tomó conocimiento de un nuevo pronunciamiento de los trabajadores que advierten –según Ticona– con un paro colectivo inminente.

Ticona calificó de “irresponsable” esa amenaza porque, en su criterio, “si van a un paro colectivo habría incidentes y accidentes en las operaciones aéreas”.

Por tanto, “pedimos a los hermanos (trabajadores) ser un poco más serios con esta posición porque como Gobierno estamos en plena predisposición de encontrar soluciones a su pliego petitorio”, insistió. 

Arminda Choque e Israel Ticona en conferencia de prensa. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

En la misma línea, la directora nacional de AASANA, Arminda Choque, remarcó que la “seguridad operacional es responsabilidad de todos” y lamentó se realicen ese tipo de advertencias.

Deudas

Choque agregó que, de acuerdo al pronunciamiento de los trabajadores, “supuestamente se les adeuda sueldos y salarios”.

Sin embargo, “desmiento categóricamente este tema; nosotros no debemos sueldos y salarios a la fecha, (aunque sí hay deudas) por horas extras a una parte del personal, que no fue pagada en 2020 (y los tres primeros meses de 2021)”, admitió.

No obstante, según la Directora, desde abril no se debe “un solo centavo por sueldos, salarios ni horas extras”. 

Reestructuración

También Choque dijo que los trabajadores hablan de una imposición de reestructuración. Pero “esta autoridad jamás ha ido a imponer una reestructuración”, enfatizó.

La funcionaria señaló que tras el conflicto de agosto, ella hizo en reiteradas ocasiones invitaciones a los representantes de los trabajadores para tratar este tema, pero no fue escuchada.

“Ni siquiera el cronograma que establecimos se cumplió pese a mis invitaciones”, sostuvo.

“Acoso y hostigamiento”

Choque denunció que desde el momento que asumió su actual cargo en AASANA ha sido “constantemente hostigada, acosada y hasta discriminada”.

Pero “no voy a permitir que (ahora) se me acuse de malos manejos administrativos y menos de corrupción; hice todo para ahorrar y ser lo más austera posible (…); tampoco voy a permitir que me digan falsamente que estoy despidiendo al personal”, puntualizó.

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La marcha de las víctimas de 2019 deja en la Casa Grande su pliego dirigido a Arce

El dirigente Roberto Jucumari, entre lágrimas, cuestionó que los periodistas no hagan cobertura de la marcha, como suelen realizar sobre otras movilizaciones en el país.

El dirigente Roberto Jucumari rompió en llanto. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 23 de octubre de 2021 / 15:44

Una delegación de la marcha de las víctimas de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) llegó la tarde de este sábado hasta la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz, para dejar su pliego petitorio dirigido al presidente Luis Arce.

Los marchistas no detallaron el contenido del documento, pero, de manera general, aseguraron que solo piden justicia. 

“Nosotros solo pedimos justicia; ¿hasta cuándo vamos a caminar? Me duele mucho (esta situación), me duele mucho; (espero) que estas lágrimas no sean en vano”, dijo entre sollozos Roberto Jucumari, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba).

El dirigente Roberto Jucumari. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

Las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez, comenzaron el 19 de octubre con una marcha de protesta en demanda de justicia desde la localidad de Caracollo, en Oruro, rumbo a la ciudad de La Paz.

Según Jucumari, la movilización prevé llegar a la sede de Gobierno el próximo lunes. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –cuyo saldo fue 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, en su informe final, el GIEI identificó el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno de Áñez, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, como el principal instrumento con el que se pretendió dotar de “cobertura legal” a la represión del Estado en la crisis poselectoral de 2019.

Reclamo a periodistas

Jucumari también cuestionó que los periodistas no hagan cobertura de la marcha, como suelen realizar sobre otras movilizaciones en el país.

“Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista”, apuntó.

Respuesta del Gobierno

El director general del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, aseguró que se atenderá el pliego petitorio.

“El Gobierno tiene la total predisposición y mantiene la intención de atención permanente a toda petición que sea legítima; nosotros vamos a analizar el pliego, vamos a valorar cada una de las solicitudes”, afirmó.

Aunque anticipó que “varios de los puntos ya están siendo atendidos o están en proceso de atención”.

Tito Tornero responde a marchistas. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

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