La jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de Sucre, Ximena Mendizábal, fue suspendida de sus funciones por un mes sin goce de haberes, una semana después de haber otorgado libertad irrestricta al líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Jassir Molina.
La decisión es resultado de un proceso disciplinario activado en el Consejo de la Magistratura por una denuncia de demora en la resolución de un caso que data de hace seis años, reportó la versión digital de Correo del Sur.
Molina fue aprehendido en Cochabamba y trasladado a Sucre por un proceso abierto en su contra debido a su supuesta participación en los hechos de violencia exigiendo la renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa.
Mendizábal defendió su fallo en favor de Molina y aseguró que la Fiscalía no presentó pruebas contundentes en su contra.
“Si bien se han imputado casi diez tipos penales, se ha traído la misma prueba para cada uno de los tipos penales. El Ministerio Público no ha desglosado prueba por prueba la situación de los elementos de la presunta comisión de cada delito”, explicó el 15 de marzo.
La decisión fue cuestionada por diferentes sectores sociales afines al oficialismo. Tras el fallo, el viceministro de Justicia, César Siles, adelantó que su despacho pidió una auditoría jurídica al expediente y que se determinará lo que corresponde contra la operadora de justicia.
Molina fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de organización criminal, y deterioro del patrimonio histórico, cometidos supuestamente durante la manifestación que pedía la renuncia de Lanchipa.
Mendizábal salió de un cuadro crítico de COVID-19 y admitió que fue notificada con la resolución de suspensión por un proceso disciplinario iniciado en 2015.
“Le confieso que al momento de dictar la resolución me moría de miedo, pero también estaba muy presente las palabras de mi padre, (quien me decía) ‘nunca hagas nada incorrecto y haz justicia’; entonces, seguí adelante y pensé que sola iba a asumir las consecuencias”, dijo la jurista sobre el caso.