El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) determinó aceptar la invitación de la Asamblea Legislativa para participar del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

En esos comicios, la población elegirá a los nuevos miembros de del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). También del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM).

El presidente del Colegio de Abogado de La Paz, Edson Foronda, anunció que este viernes se remitirá la nómina de cuatro representantes de la Conalab. Esas personas participarán en el trabajo de evaluación.

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“Hemos decidido participar (del proceso de preselección), pero de manera activa en esta elección judicial”, explicó Foronda a radio Panamericana.

“Se ha dispuesto que cuatro abogados representen al Colegio Nacional de Abogados en esta comisión, para la calificación de quienes serán los futuros funcionaros judiciales”, agregó el jurista.

Foronda, quien liderará la delegación, aseguró que el trabajo de los profesionales no será de “simples acompañantes”, sino que “emitirán una opinión criteriosa respecto a los méritos y calificación de los postulantes”.

Abogados

Los otros tres integrantes serán nominados hasta este viernes y la lista será remitida al Legislativo para la respectiva acreditación.

La participación del Colegio Nacional de Abogados está definida en el artículo 12 del reglamento de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

Los juristas integrarán ese espacio de acompañamiento y asesoramiento técnico, junto con otras entidades que deberán confirmar su participación.

La Asamblea formalizó invitaciones al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, al Colegio Nacional de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia y a las organizaciones indígena originario campesino, Central Obrera Boliviana (COB).

Preselección

También a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia (CONAMAQ).

A la Confederación Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB).

Elecciones judiciales

Además de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB)).

También se invitó a la Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y a la Asociación Nacional de Periodistas, ésta última se excusó de participar del proceso.

La justicia determinó que el capitán de Policía, Edman Lara, se defienda en libertad. Fue acusado y procesado por el supuesto delito de usurpación de funciones.

En ese marco, se le impuso la presentación periódica para firmar el libro de asistencia en la Fiscalía, se dispuso su arraigo y una fianza.

Los senadora Centa Rek y los diputados Erwin Bazán y Walthy Egüez, todos de la opositora Creemos, estuvieron en la audiencia. Se presentaron en calidad de fiscalizadores.

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Lara deberá permanecer en celdas policiales, ya que este viernes se enfrentará a otra audiencia cautelar. En ese otro proceso es acusado por presunta obstrucción a la justicia.

Lara es conocido por denunciar hechos de supuesta corrupción dentro de la institución policial. Sin embargo, fue aprehendido por una denuncia interpuesta por una de sus camaradas.

Justicia

La uniformada fue investigada junto a otros dos uniformados en un caso de supuesta extorsión.

El lunes, Lara fue trasladado a la comisaría de la zona del Mechero en el Plan 3000 de aquella ciudad.

La familia del capitán anunció que el hombre fue aprehendido por orden de la representante del Ministerio Público de la Unidad de Anticorrupción, la fiscal Mirtha Mejía Salazar.

Lara

Es investigado por presuntos delitos de uso indebido de influencias, usurpación de funciones, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, a denuncia de la sargento Maribel Huayllani Silvestre.

Según su esposa, Diana Romero, la aprehensión es una represalia de las constantes denuncias de corrupción. “Fue aprehendido ilegalmente a las 06.30 de la mañana por una denuncia que le hizo la sargento Huayllani”, lamentó ante los medios de prensa.

El reciente hecho que Lara denunció fue el vinculado al capitán Javier Alberti, quien se encuentra recluido en el penal de Palmasola acusado del delito de robo agravado.

Usurpación de funciones

En 2022 denunció que era objeto de amedrentamiento, persecución y represalias, luego de haber denunciado una presunta corrupción en la Unidad de Recaudaciones en Santa Cruz.

Entonces, fue notificado por un proceso en su contra, además que fue suspendido de sus funciones.

Denunció también actos de corrupción en la unidad de Tránsito, pues señaló que un capitán fue sobornado por una persona para que aquel lo atienda sin hacer fila.

Lara también acusó al efectivo del orden de arrebatarle el celular para borrar evidencias.

Firme, con base en un estudio particular sobre los datos, el exvocal del TSE Antonio Costas refutó el informe de la OEA que en 2019 desahució las elecciones y degeneró en una crisis política sin precedentes.

Los datos que revisé en los últimos años, “me llevan a concluir que no ha habido fraude”, dijo en entrevista con La Razón Radio este jueves.

Costas, detenido el mismo día que el expresidente Evo Morales renunció, el 10 de noviembre de 2019, explicó algunos puntos cruciales sobre dicho informe.

Esa madrugada, la Organización de Estados Americanos (OEA) libró un informe preliminar, que precipitó la crisis. Morales renunció presionado por un paro propiciado por el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz.

A esa presión se sumó un motín policial y la sugerencia del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de dimisión presidencial, como pidió también el comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón.

Antes de nada, Costas, esa vez vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuestionó que ese documento fue “un informe preliminar sin firmas, que lo publicaron ni siquiera por los canales oficiales”.

En varias ocasiones, el ahora embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, recordó que el acuerdo entre la Cancillería y la OEA era que el informe preliminar sea expedido el 13 de noviembre y no así antes, como ocurrió en 2019.

Observaciones de la OEA

Costas consideró que ese informe no tenías los fines reales. “Es que la intencionalidad de quienes llevaron adelante este trabajo no era buscar si había o no había irregularidades, sino justificar una acción predeterminada que ya había sido concertada”, afirmó.

Dijo que en los últimos años estudió el informe y revisó a la vez la información del TSE sobre los comicios. “¿Yo tengo la razón con esto? Yo digo que tengo los datos, y esos datos me llevan a concluir que no ha habido fraude”, insistió.

Según sus conclusiones, si bien a las 19.42 de ese domingo de elecciones se paró el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), no hubo “ningún salto” que afecte la tendencia del voto al final. Mostró un flujo, que de forma progresiva marca una línea uniforme hasta el final de la transmisión de actas.

Ese parón obligó a la misión de observadores de la OEA a reclamar del TSE una explicación. Y el entonces segundo candidato más votado, Carlos Mesa, afirmó ante sus seguidores que habrá segunda vuelta.

En criterio del exvocal expresado en otra reciente entrevista con La Razón, ese incidente fue el “disparador” de la crisis política y social de 2019, que degeneró en la renuncia de Morales y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez.

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Verificación

Costas admitió que “era delicado dejar de seguir informando” a través del TREP, ante la diferencia “milimétrica” de la votación, sobre los 10 puntos porcentuales. Sin embargo, dijo que finalmente los resultados marcaron las diferencia necesaria de una victoria en primera vuelta.

Explicó que la transmisión de actas dio como resultado 10,3% de diferencia entre el primero, Morales, y el segundo, Mesa. La verificación arrojó 10,1% de diferencia y el cómputo oficial, 10,5%.

La Constitución y la Ley de Régimen Electoral establecen que el ganador de las elecciones generales en primera vuelta debe conseguir el 50% más 1 de los votos. Si no, mínimamente 40%, pero con 10 puntos porcentuales de diferencia respecto del segundo.

El 25 de octubre de 2019, el TSE publicó el cómputo final: 47,08% de los votos para Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y 36,51% para Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).

Además, entre otras consideraciones, Costas negó que se haya roto la cadena de custodia, como denunció el informe de la OEA. “Es mentira” la conclusión en sentido de la misión de observadores, dijo.

No quiso calificar de doloso el informe de la OEA, aunque cuestionó que haya concluido sus observaciones “fuera de la realidad”. “No puede una actuación de este tipo, bajo ningún motivo, poner en duda la democracia”, denunció.

Equivocaciones

Lamentó que el TSE hubiera cometido algunas equivocaciones no cruciales. “Pero eso no justifica un actuar hasta poco ético de la OEA. Y eso, en algún momento, no sé si ahora o después, tendrá que llegarse a ver”, dijo.

Costas fue uno de los primeros detenidos tras la renuncia de Morales y la publicación del informe preliminar de la OEA. La noche del domingo 10 de noviembre fue presentado junto a la presidente del TSE, María Eugenia Choque, como los “autores” del presunto ilícito.

Estuvo dos años años en prisión, primero en la cárcel de San Pedro y luego en su casa, bajo detención domiciliaria. Junto a sus colegas, el lunes fue desagraviado por el Ministerio de Justicia, acto al que asistió el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Joel Hernández.

Durante una audiencia, la justicia determinó ampliar por tres meses más la detención preventiva del dirigente cocalero César Apaza. Cumple esa medida en la cárcel de Chonchocoro.

La tarde de este jueves, el juez Luis Fernando García emitió esa resolución, pese al estado de salud del cocalero opositor al Gobierno.

El expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). Es investigado por la toma violenta y posterior quema del mercado de coca de Villa El Carmen, en septiembre del 2022.

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Primero, fue aprehendido y derivado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Luego, en noviembre del año pasado se dispuso su traslado a Chonchocoro.

El 15 de febrero fue internado en el Hospital de Clínicas debido a un cuadro de embolia que le paralizó medio cuerpo.

Hace poco fue dado de alta y retornó a Chonchocoro, pese a que la defensa legal solicitó que pueda defenderse. En libertad por su situación de salud.

Apaza

Al respecto, el juez García pidió que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realice una evaluación médica al dirigente, en un plazo de tres días, y haga llegar el certificado médico al juzgado.

En su intervención en la audiencia, Apaza mostró dificultades para habla y pidió al juez que le deje estar con su hijo y defenderse en libertad.

Denunció que cuando fue detenido estaba sano y que su salud de complicó tras una “golpiza” que sufrió.

Apaza ya cumplió los seis meses de detención preventiva que dictó la justicia por este caso.

Detención preventiva

Sin embargo, la Fiscalía y la parte acusadora pidió ampliar su detención bajo el argumento de que la investigación es compleja.

La defensa de Apaza pidió que el dirigente sea trasladado a un centro médico en tanto se haga la evaluación médica, por la “situación crítica de salud”, pero el juez rechazó el pedido.

“Los argumentos están fuera de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”, fustigó Evelín Cossío, abogada de Apaza.

La jurista lamentó que el juez tampoco haya considerado la solicitud que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de conocer la situación de salud del dirigente cocalero.

“La solicitud señala que el propuesto beneficiario se encontraría en una situación de riesgo, debido a la falta de una adecuada atención en salud”, señala la carta, firmada por Fernanda dos Anjos, a nombre de la Secretaría General de la CIDH.

Justicia

En ese marco, se pidió documentación sobre el estado de salud del dirigente cocalero, exámenes médicos, información de su situación jurídica y del avance de las denuncias que realizó el peticionario, entre otros datos.

Días antes, la directora Nacional de Salud de la Dirección de Régimen Penitenciario, Mariana García Vargas, descartó que Apaza haya sufrido una embolia.

“Se ha descartado la embolia, incluso el director del Hospital de Clínicas ha descartado esa situación por las evaluaciones médicas que se le hizo”, afirmó García.

El 15 de marzo, Apaza fue dado de alta del Hospital de Clínicas, donde ingresó con un cuadro de embolia. Luego, retornó al centro penitenciario, donde fue internado en el área médica.

Luego que el gobernador Luis Fernando Camacho, solicitó la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para indagar la represión del 2022, en Santa Cruz, la Procuraduría del Estado descartó esa posibilidad.

El procurador Wilfredo Chávez, a tiempo de desechar esa posibilidad, afirmó que esas propuestas reflejan el desconocimiento de los procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos.

En ese marco, puso como ejemplo el caso Ayotzinapa, en México. El hecho está referido a la desaparición forzosa de un grupo de estudiantes la Escuela Normal Rural de esa localidad.

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“Comparar eso (Ayotzinapa) con lo que ha ocurrido (en Santa Cruz) no tiene ninguna relación siquiera de prudencia al plantearlo”, cuestionó el funcionario de Estado.

“Creo que implica un desconocimiento de la realidad de los derechos humanos y cómo funciona». «El sistema con relación a la conformación de un GIEI”, agregó el Procurador.

Camacho

A través de una carta, Camacho pidió la conformación de un GIEI, con el objetivo de investigar la represión policial en Santa Cruz. El 2022, durante los 36 días de paro por el Censo.

La solicitud fue hecha el martes, durante una reunión que Camacho sostuvo con la delegación de la CIDH. Que llegó al país, para hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos.

El gobernador cruceño argumentó que el objetivo es que se “investigue las represiones brutales realizadas por la Policía en contra del pueblo cruceño”.

Camacho afirmó que esos hechos “generaron dolor y muerte en la sociedad civil que ejercía su derecho a protestar pacíficamente contra un Gobierno negligente”.

Procuraduría

En la historia de la CIDH, hasta la fecha, se crearon tres grupos para investigar violaciones de derechos humanos. En distintos países, como el caso de México.

El GIEI más reciente se activó en Bolivia, el 2021. Su fin fue para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Camacho pidió que la solicitud “sea atendida lo antes posible”, pues consideró que las cárceles se llenan de “presos políticos” mientras los “represores siguen gozando de impunidad”.

GIEI

El gobernador cruceño cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, desde fines del 2022, luego que fue imputado por terrorismo en el caso Golpe de Estado I.

Ese proceso está referido a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, en medio de denuncias de fraude electoral en los comicios de ese año.

Santa Cruz

Sobre el pedido de Camacho, Chávez insistió en que “es una cuestión de absoluto desconocimiento de procedimientos de normativa de practica de cómo funciona el sistema”.

“En todo caso, todos tiene derecho a pedir todo, pero creo que la ignorancia es lo que trasunta en esa petición”, enfatizó.