Nacional

domingo 18 abr 2021 | Actualizado a 11:23

Bolivia y Chile aún construyen una agenda

Pese a las diferencias en la cuestión marítima, hay muchas coincidencias.

El canciller Rogelio Mayta. Foto: José Lavayén.

/ 28 de marzo de 2021 / 11:52

Pese a los mutuos anuncios de acercamiento diplomático entre Bolivia y Chile, lo cierto es que a la fecha la agenda entre ambos países aún está en proceso de construcción, dejó entrever el canciller boliviano Rogelio Mayta.

En declaración a LA RAZÓN a su llegada de México (adonde acompañó al presidente Luis Arce en su visita oficial a ese país), Mayta reveló que hubo reuniones con autoridades chilenas, pero por temas específicos, como los migrantes venezolanos que pasan de uno a otro lado de la frontera.

“Hemos visto temas específicos, pero no tenemos una agenda señalada, apuntada, pero creo que hemos encontrado coincidencias porque desde ambos lados hemos expresado que más allá de nuestras diferencias y posiciones en determinados temas, estamos dispuestos a dialogar, sin excluir nada”, aseveró el Canciller.

El 23 de marzo, el Día del Mar, el presidente Luis Arce Catacora relanzó la política marítima, no solo respecto a Chile (hacia el Pacífico) sino también en miras al Atlántico. En esa medida adelantó nueve pasos que se darán en los próximos meses: el acercamiento con Chile, negociar mejoras al libre tránsito hacia el Pacífico, restablecer instancias de cooperación con Chile, priorizar el Corredor Bioceánico, la hidrovía Paraguay-Paraná, entre otros.

CAUTELA. “Vamos ir avanzando siempre con mucha responsabilidad y cuidado; sabemos que la relación entre Bolivia y Chile es un tema sensible para nuestra población; comprensible desde todo punto de vista”, describió la tarea que lleva adelante su despacho.

Partiendo del reconocimiento de que entre ambas naciones hay “temas muy complicados”, como la cuestión marítima, en el que “nosotros no vamos a renunciar a la reivindicación de tener una salida al océano Pacífico”, también el país debe entender, dice el Canciller, es que objetivamente hay “otros puntos de relacionamiento entre nuestros pueblos que deben ser abordados y regulados de acuerdo al derecho internacional”.

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Mesa remite a Arce y Choquehuanca su propuesta de ‘paz y reconciliación’

En una nota ingresada por ventanilla única del Palacio, Carlos Mesa les hace notar a los mandatarios que “buscar soluciones” no es una opción, sino una obligación.

Carlos Mesa, líder de CC, en conferencia de prensa pasada.

/ 31 de marzo de 2021 / 15:52

El presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, hizo llegar este miércoles su propuesta “Bases para la paz y el diálogo” directamente al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, informó el exmandatario mediante su cuenta en Twitter.

Sin adelantar ningún planteamiento que siga al envío del documento, Mesa en su tuit apunta que remite la propuesta convencido de que para enfrentar “los grandes problemas del país” es necesario el diálogo y, vuelve a insistir, la “modificación de las decisiones que afectan a los DDHH y la democracia”.

En su nota, con sello de recepción de este miércoles, el exmandatario le recuerda al Presidente que buscar soluciones en el marco de la paz, la legalidad y el bienestar del pueblo boliviano, que “no es una opción, sino una obligación” de todos los actores políticos, sociales y económicos, además “de los cívicos del país”.

Si bien ni el presidente Arce ni el vicepresidente Choquehuanca se han referido a la propuesta (hecha pública el lunes 29), legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), como el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ya han calificado el documento de ”demagógico”; de un directo “chantaje” (diputado Héctor Arce) para que CC se allane a aprobar en la Asamblea Legislativa los juicios de responsabilidades a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.

Las bases de CC constan de seis planteamientos.

Primero, que sin renunciar a la interpretación que cada quien tenga de los hechos de noviembre de 2019 se supere “la polarización política que generan los discursos antagónicos entre fraude electoral y golpe de Estado”; “en homenaje al bien mayor de la patria”, CC afirma que el cese de la polarización implica dejar de lado la “judicialización y persecución” política y, “como consecuencia de este espíritu, liberar a los presos políticos”.

En segundo término, añade que se debe “reconocer las elecciones generales de 2020” como el “elemento clave que resuelve ese antagonismo (la polémica de o golpe o fraude)”.

Tercero, habla de renovar el Ministerio Público (Fiscalía) y el Órgano Judicial, “incorporando nuevos fiscales y jueces que garanticen independencia, imparcialidad e idoneidad”.   

En su cuarta propuesta, CC plantea que solo una vez que se haya renovado la Fiscalía y los juzgados se avance hacia una “verdadera justicia” en relación a “los hechos de violencia” ocurridos entre el 20 de octubre de 2019 y el 18 de octubre de 2020; aquí demanda, además, derogar “las normas que generen impunidad”.

En la quinta sugerencia, el documento de CC se refiere a volver a dar valor a la Asamblea Legislativa: “respetar y garantizar” su rol constitucional “como actor político principal para la renovación total del sistema fiscal y judicial, mediante acuerdos y consensos” entre los tres partidos con representación parlamentaria.

Es en este quinto punto en que habla de viabilizar los juicios de responsabilidades “que correspondan”, pero, añade inmediatamente, “dentro del marco de estas bases” (de las descritas en los anteriores puntos).

Y ya en el ámbito estrictamente parlamentario, CC renueva la demanda que hizo desde que empezó el actual periodo legislativo: “Reponer los 2/3 en los reglamentos de ambas cámaras”, de Senadores y de Diputados.

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11 y 12 nov-2019, la cita que viró la historia

En esta reunión en la Universidad Católica se definió una salida a la crisis política

Por Iván Bustillos

/ 24 de marzo de 2021 / 15:53

EL PUNTO SOBRE LA I

Si hay algo que distingue a una declaración en los medios de comunicación y otra que se deba hacer sobre lo mismo ante un fiscal o un juez, es lo concentrada que tendrá que ser esta última,  porque tales dichos “causarán estado”, serán elemento del juzgamiento de una o más personas; y allí, se sabe, uno no tiene que decir sino “la verdad y solo la verdad”, a riesgo de ser acusado o acusada de “falso testimonio” si no lo hace. Sin duda, la “verdad histórica de los hechos”, como dicen los abogados, construida de este modo tiene distinto talante, que no siempre mejor, que lo declarado a los medios de comunicación.  

Esta nueva forma de “construir la verdad” es lo que empezará a darse sobre los hechos relativos al derrocamiento del expresidente Evo Morales entre fines de octubre y principios de noviembre de 2019, con el caso “golpe de Estado”, presentado el 30 de noviembre de 2020 por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Como parte de este proceso judicial, la semana que termina se conoció la declaración de la exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2011-2015) Teresa Morales Olivera ante investigadores policiales y fiscales, el sábado 13 de marzo. Al finalizar la semana, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) dio una dura respuesta a dicha declaración. En su testimonio, por ejemplo, Morales Olivera atestigua cómo en la reunión del lunes 11 de noviembre, en el rectorado de la Universidad Católica Boliviana (UCB),  Jorge Tuto Quiroga, sin ningún cargo público conocido entonces,  daba “instrucciones” a los militares acerca del vuelo que tendría que sacar del país a Evo Morales y acompañantes.

VUELO. “Tuto habla con el comandante de la Fuerza Aérea y le instruye que emita la autorización de despegue de la nave donde se encontraba Evo Morales, a lo cual el comandante consultó sobre si debe despegar solo Evo Morales o también sus acompañantes, que eran Álvaro García y Gabriela Montaño, a lo que Quiroga le dijo: ‘No… no hay problema, los tres están autorizados’”.

 Tuto colgó el teléfono y les apeló: “Ya está Adriana… va a despegar Evo Morales… así que comenzaremos la reunión”, apunta Morales en su declaración, y cuenta cómo las dos representantes del gobierno de entonces les dijeron a los presentes que no habría reunión mientras no se tenga certeza de que Evo Morales se encuentre a salvo en el exterior del país. Quiroga les insistió que apenas “son dos horas de vuelo a Lima, iremos adelantando”. A lo que Salvatierra le reiteró que no, que primero el aterrizaje en otro país, y dejaron la cita.

Al respecto, Quiroga tiene otra versión, la que dio al periódico cochabambino Opinión en diciembre de 2019: “Adriana Salvatierra me llamaba a cada rato rogando que deje ir del país a Evo Morales. A cambio, dijo que el MAS permitiría una posesión presidencial en el Congreso para Jeanine Áñez”. Y sí confirma que gestionó la salida de Evo, claro, a su modo: “Yo, un opositor enconado, hice de agente de viajes de Evo”. Aún más: Quiroga aseguró al medio cochabambino que le constaba, por las llamadas de teléfono que oía, que Morales lloraba por irse del país. “Estaba, como todo cobarde, llorando para escapar”, dijo Tuto, evidenciando que era dueño de la situación.

Pero otra perspectiva plantea Teresa Morales en su declaración ante la autoridad: Una vez que no le creyeron a Tuto que el avión saldría en cuanto él colgara el teléfono, ella y Salvatierra dejaron la reunión: una actitud muy diferente de quien estuviera “llorando” e implorando por la vida del expresidente.

“Entonces Adriana y yo nos salimos de la reunión y dejamos a todos los golpistas bien sentados, y como usted sabe, el tal avión nunca acabó de salir, que no había autorización de aterrizaje, que el aire, que todo eso. Pasó toda la noche, y al día siguiente, cuando ya aterrizó después de tanta pericia en Paraguay, Tuto Quiroga volvió a llamar a Adriana para decir: ‘Bueno, ya aterrizó (Evo); entonces, reanudaremos el trabajo’”. 

Salvatierra y Morales volvieron a la reunión el martes 12, porque antes de dejar la cita del 11, la exsenadora les dio su palabra de que volverían pero  solo cuando supieran del aterrizaje de Evo y sus acompañantes en el exterior; y así lo hicieron.

En cuanto a la insistencia de que primero estuviera Evo a salvo y luego la reunión, fuentes consultadas por este medio remarcaron que esta exigencia no era gratuita, había evidencia de que se pretendía atentar contra su vida: el incidente que pasó con el helicóptero que lo iba a transportar de Colquiri a Oruro, el 4 de noviembre; la oferta de 50 mil dólares que se habría hecho para dejarlo sin seguridad; el que le quitaran el uso del espacio aéreo; el intento de llevarlo a la terminal militar en vez de a la comercial en el aeropuerto de Chimoré; ya le habían quemado la casa a la hermana de Morales, en Oruro.

Pero, siguiendo el hilo de la declaración de Teresa Morales, ella da cuenta de que en la reunión del 12, de nuevo en la UCB, estaban: monseñor Scarpellini, por la Iglesia Católica; Tuto Quiroga, acompañado por Luis Vásquez Villamor; Carlos Mesa, junto a Ricardo Paz; Samuel Doria Medina, con Roberto Moscoso; Rolando Villena, representando al Conade “y enviado por Waldo Albarracín”, y Juan Carlos Núñez, por la Fundación Jubileo.

Fue Carlos Mesa quien directamente le preguntó a Salvatierra, dice, que si ella había renunciado a la presidencia del Senado, a lo que ésta le respondió que si bien había difundido por las redes sociales su decisión de renunciar, en realidad no había presentado su carta de renuncia formalmente a la Asamblea.

La reunión había sido convocada para pacificar el país, se dijo; se añadió que dicho proceso pasaba por una salida institucional y constitucional. Formularon varias propuestas de procedimiento legislativo, pero con muchos errores. Así, se acordó invitar, por parte de ellos, al senador Óscar Ortiz; y Salvatierra llamó a la diputada Susana Rivero, aunque, se apresura a aclarar Morales, no con la idea de contribuir en el diseño de un procedimiento constitucional, sino como apoyo a Salvatierra en el debate político y jurídico.

Con las representantes del MAS presentes, ellos “abiertamente preguntaron”, cuenta la exministra, si “¿ustedes aceptarían que la presidenta del Estado sea Jeanine Áñez?” Salvatierra les reclamó que la pregunta estaba por demás, cuando “todos sabemos” que Áñez por lo menos desde el domingo 10 (cuando Morales y García renuncian) ya estaba activa, actuando como la nueva jefa de Estado, y desde el lunes 11 “está usando la cápsula (el vehículo) presidencial para moverse en el territorio nacional”. Los propios militares habrían revelado este extremo.

Prolongada la reunión sin llegar a acuerdos (hubo desde propuestas de ley para regular la transición hasta una de convocatoria a elecciones, sin prosperar en algún acuerdo), las representantes del MAS decidieron retirarse y ahí fue cuando, coinciden varias fuentes y, ahora, Teresa Morales, que Samuel Doria Medina habló del Plan B: “Adriana dijo ‘nos retiramos’, entonces Samuel Doria Medina al ver que nos parábamos, dijo: ‘deben tomar una decisión de inmediato, hoy mismo. De lo contrario, operaremos por nuestro Plan B’; los miró a todos y todos asintieron con la cabeza, murmurando entre sí”.

El Plan B, testifica Teresa Morales, “era posesionar a Jeanine Áñez sin el apoyo de la bancada parlamentaria del MAS, sin haber leído la renuncia del presidente Evo y del vicepresidente Álvaro García en el Congreso, y sin seguirse ningún procedimiento constitucional debido”.

La reunión del 12 terminó en nada, enfatiza Morales: “Jamás hubo algún acuerdo entre Adriana Salvatierra, Susana Rivero y mi persona con el colectivo de golpistas”; la prueba de esto, concluye, es la forma en que Áñez se posesionó presidenta: una sesión legislativa sin quórum (pues no asistió la bancada mayoritaria, del MAS), “con el hemiciclo vacío, autodenominándose presidenta de la Asamblea y del Estado”.

Cuando el investigador le pregunta que tratándose el caso “golpe de Estado” por “sedición, conspiración y terrorismo”, ¿qué puede decir al respecto?, Morales pone como prueba de conspiración la propia reunión a la que asistió junto con Salvatierra y Rivero: “La reunión de supuesta pacificación convocada por la Iglesia Católica en la UCB (…) desnudó y puso en evidencia todo el proceso conspirativo que desarrollaron todos los asistentes”.

A las asambleístas y a la exministra les llamó la atención, dice, “la manera muy natural que tenían contacto con los militares” (una fuente que prefiere la reserva asegura que el comandante de la Fuerza Aérea de entonces, Jorge Gonzalo Terceros, fue edecán de Jorge Quiroga cuando éste era Presidente), “así como la facilidad, acceso y alcance al Tribunal Constitucional” (“yo vi el documento del Tribunal —que avaló la sucesión de Áñez— media hora antes que el Tribunal lo saque”, apunta esta misma fuente).

Así, destaca Teresa Morales, quedó claro que “quienes decidieron quién iba a ser la presidenta de Bolivia ante la renuncia de Evo Morales fueron las personas reunidas en la UCB y no así los parlamentarios reunidos en una sesión de asamblea”.

Teresa Morales también fue Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entre 2018 y 2019; por esto, añade en su declaración: “Como exdirectora de la UIF tengo especialidad (en) cómo identificar claramente la figura del terrorismo. Estoy segura de que se generará una segunda acción para saber quiénes financiaron todo este movimiento violento”, refiriéndose a las acciones de grupos entre octubre y noviembre de 2019.

IGLESIA. El viernes 19 de marzo, en evidente respuesta a las revelaciones que hizo la exministra Teresa Morales en su declaración judicial, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un comunicado en el que vierte su versión de las reuniones del 11 y 12 de noviembre de 2019.

La referida reunión, dice la CEB, “fue convocada por la Iglesia Católica, como facilitadora del diálogo junto a la Unión Europea y la Embajada de España. El objetivo de aquel encuentro era buscar consensos para la pacificación y la gobernabilidad”.

“En la mesa de diálogo participaron todos los partidos políticos en el Parlamento y los partidos electos en 2019”, añade el comunicado.

Tras confirmar que el 11 de noviembre Salvatierra insistió en la salida segura de Evo Morales antes de nada, la CEB asegura que para este fin se “solicitó que se comunicase esta petición a las autoridades militares, servicio que realizó el expresidente Tuto Quiroga, no como una autoridad que da una orden, sino como servidor que comunicaba la petición del MAS a las autoridades, para facilitar así la salida en paz del expresidente Evo Morales”.

Resuelto el tema de la partida de Evo, la CEB señala que el martes 12 lo primero que se trató en la reunión fue la elección del nuevo Presidente. Y hace notar una llamativa e inusual sugerencia: “La propuesta que se planteó, en un primer momento, fue dar posibilidad a todos los asambleístas para presentarse como candidatos a presidente, idea de los representantes del MAS”.

La CEB no deja de señalar la sujeción en que habrían estado los “representantes del MAS” a alguien en “el exterior”: “Hay que hacer notar que, en todo momento, los representantes del MAS consultaban con sus líderes en forma telefónica, de forma que no había avance que no fuese consultado y autorizado desde el exterior”.

Poco a poco, dice la CEB, se fue abriendo camino a la “solución más constitucional”: “la elección en la Asamblea Plurinacional de la segunda vicepresidenta del Senado, en base a la declaración constitucional del año 2001, 003/2001, que determina que no puede haber vacío de poder, sino que cuando sucede, como era el caso, la sucesión constitucional se realiza ipso facto e, incluso, ahorrados los formalismos”.

Los representantes del MAS, fustiga la CEB, “estuvieron de acuerdo en esta solución” (de Áñez presidenta), que por eso mismo Salvatierra habría “invitado” a todos a la sesión de la asamblea en que se debía posesionar a Áñez como la nueva Presidenta, “en virtud de la Sentencia Constitucional 003/2001, ratificada además por el Tribunal Constitucional, por lo que su investidura fue plenamente ajustada a la Constitución, en el marco de la sucesión constitucional”.

En la parte final de su comunicado, la Conferencia señala directamente a la exministra Teresa Morales. La acusa de que ésta afirmó que “hubo sedición, conspiración y terrorismo en las reuniones del 11 y 12 de noviembre en la UCB”, rechazando esta declaración.

Defendiendo como “diálogo ejemplar” el del 11 y 12 de noviembre de 2019, la CEB deplora que esto se interprete como un “golpe de Estado”; por esto, ya como consecuencia para el presente, alega que todas las detenciones hechas a causa de dicho golpe son injustas, y lo que hoy se da es simplemente “persecución política”, dice la CEB: “Interpretar aquellos hechos como ‘golpe de Estado’ es una fantasía que no corresponde con la realidad, por lo que afirmamos que las detenciones basadas en esta interpretación son del todo injustas y los detenidos por esta razón lo son en virtud de una persecución política que no responde a la verdad de lo sucedido, por lo que seguimos pidiendo para ellos trato humanitario y libertad”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Expresidente Rodríguez: La OEA no puede acudir a la Corte Penal Internacional ‘a conveniencia política’

Eduardo Rodríguez Veltzé afirma que dicha Corte no es un tribunal alternativo para causas nacionales.

Eduardo Rodríguez Veltzé Foto: Archivo-La Razón

/ 17 de marzo de 2021 / 16:09

El expresidente y exmagistrado Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó este miércoles que la Organización de Estados Americanos (OEA) no puede acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) como un tribunal alternativo más por casos que sucedieron en Bolivia, y menos tratar de usarla políticamente.

El también exagente de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, respondió de esta manera a un comunicado emitido hoy temprano por la Secretaría General de la OEA, en el que señala que en su “indeclinable” afán por la verdad y la justicia, “ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata”.

Rodríguez Veltzé, mediante un tuit, añadió que tampoco la Corte Penal Internacional puede ofrecerse a atender causas nacionales “a conveniencia política” de quien presente los casos.

“La Secretaría General de la OEA no puede acudir ante la Corte Penal Internacional ni ésta atender causas como tribunal alternativo a conveniencia política. Su jurisdicción es complementaria a la de cada país según normas del Estatuto de Roma”, destaca en su tuiter el exmandatario.

En el artículo 1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (documento que norma su funcionamiento), se señala que la jurisdicción de la Corte “tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”.

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México le exige a Luis Almagro no intervenir en asuntos internos de Bolivia

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, le pide a la Secretaría General de la OEA a “conducirse de acuerdo a sus facultades”.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard. Foto: AFP

/ 17 de marzo de 2021 / 13:11

El gobierno de México, que preside Andrés Manuel López Obrador, conminó este miércoles al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a “conducirse de acuerdo a sus facultades” y no incurrir en acciones de intromisión en la labor judicial boliviana.

La reacción mexicana ocurre luego de que en días pasados, el secretario Almagro, mediante un comunicado oficial del organismo, puso en duda la actuación independiente de la Justicia boliviana, proponiendo crear una comisión internacional que investigue la corrupción en el país.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló: «Hacemos un recordatorio a la Secretaría General de la OEA para conducirse de acuerdo a sus facultades, fomentando el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio, y no polarizando a la ya dividida organización», según recogió el portal de Telesur.

Por su lado, Efraín Guadarrrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y coordinador nacional de México ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia pro témpore ejerce ese país, en su cuenta de Twitter ratificó la exigencia a Almagro.

La “reconducción” de la conducta de Almagro —dice Guadarrama en su cuenta de Twitterr—  “incluye el evitar aquellos posicionamientos que busquen tener injerencia en los asuntos internos de Bolivia”.

El gobierno mexicano enfatiza en la acción personalista que lleva adelante Almagro en la gestión de la Secretaría General del organismo internacional, especialmente en su relación con Bolivia.

“La Secretaría General debe atender la naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno electo democráticamente como es el boliviano”, destaca el director de Organismos Regionales de la Secretaría de Exteriores de México.

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El Gobierno alista un quinto juicio de responsabilidades contra Áñez, por las ‘masacres’

Se trata de un proceso por las “masacres” producto de la represión militar y policial, avalada por la firma del Decreto Supremo 4078.

El ministro Iván Lima, en entrevist vía Zooom con La Razón Radio.

/ 16 de marzo de 2021 / 11:38

El Gobierno alista la acusación para un quinto juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez; esta vez será por las “masacres” (Sacaba y Senkata) producto de la crisis política de octubre-noviembre de 2019.

“Y el último caso, el más importante para nosotros, las masacres sangrientas en el país; lo vamos a presentar en las próximas semanas, porque las víctimas lo exigen de esa manera, y ellas deben merecer la atención del país, del ministerio de Justicia”, señaló al respecto el ministro de Justicia, Iván en el ‘streaming’ La Razón Radio.

Los anteriores cuatro casos corresponden, según el Gobierno, a la ampliación irregular del contrato de concesión con la privada Fundempresa; al crédito que el anterior gobierno contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa; al Decreto 4200 que a título de lucha contra la pandemia coartó la libertad de expresión y fue usado para “criminalizar” la disidencia; y, el cuarto, referido al impedimento que durante varias semanas sufrieron los bolivianos al regresar al país, especialmente en la frontera con Chile.

Dijo que los cinco procesos se los plantea como juicios de responsabilidad porque de todos modos, al ser investida con la banda presidencial, y por un militar jefe de las Fuerzas Armadas, Áñez fue presidenta pero de facto, “lo mismo que Hugo Banzer o Luis García Meza, e igual que ellos tiene un juicio de responsabilidades”.

Con plazos perentorios, estos casos de juicio de responsabilidades deben ser analizados por el Ministerio Público, luego ser remitidos al Tribunal Supremo de Justicia, el que, también con plazos definidos, debe después presentarlos a la Asamblea Legislativa.

Lima fue enfático en señalar que al final será responsabilidad de la Asamblea Legislativa si estos juicios prosperan, toda vez que —en su criterio— para proseguirlos en esta instancia se necesita de los dos tercios de voto.

“Yo calculo que entre 20 y 30 días hábiles tendremos los cuatro casos en la Asamblea Legislativa; ahí la Asamblea deberá decirle al país si quiere justicia o quiere impunidad, si va acompañar a los dos tercios, que no tiene el MAS para lograr la autorización de juicio”, apuntó Lima.

En caso de que los procesos no sean viabilizados en la Asamblea Legislativa, éstos serán archivados.

Con respecto al proceso por las muertes, en las masacres de Sacaba y Senkata y otros, Lima dijo que si bien es útil la investigación llevada adelante sobre lo mismo por una Comisión Mixta de la anterior Asamblea Legislativa, ésta solo tiene un carácter de recomendación, y no un efecto vinculante.

Precisó que a la fecha ya existen procesos penales abiertos contra los responsables materiales (policías y militares) de dichas muertes, lo cuales seguirán su curso.

Lo que se está haciendo ahora más bien es sustentar el caso bajo la norma correspondiente, a fin de que tenga el suficiente carácter vinculante ante la Asamblea Legislativa, dejó entrever el ministro.

“Lo que vamos hacer nosotros es plantear una proposición acusatoria contra la señora Áñez, solo contra la señora Áñez; no vamos a incluir a ninguna otra persona, no hace falta; los demás no tienen caso de corte (juicio de responsabilidad), pidiéndole a la Asamblea que autorice el inicio de juzgamiento de las señora Áñez por la emisión del decreto (4078) que ha permitido salir a las Fuerzas Armadas a masacrar al pueblo boliviano”, detalló Lima sobre el carácter de la acusación que se prepara.

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