La Asociación de Víctimas de Senkata descartó sumarse a la demanda penal por el caso “golpe de Estado” por considerar que está “politizada” y aseguró que persistirá en el proceso que presentaron hasta lograr que las exautoridades políticas y militares sean juzgadas por los muertos y heridos de bala en Senkata, ciudad de El Alto, en noviembre de 2019.
David Inca, representante de las víctimas, reveló que intentan llevarlos e incluirlos como parte de los demandantes en los procesos planteados contra exautoridades como la expresidenta Jeanine Áñez.
“Nos quieren jalar a un tema que no queremos entrar. En su momento nos han pedido que nosotros nos adhiramos al proceso ‘golpe de Estado’, nosotros no lo vamos a hacer porque si nos adherimos, quiere decir que tenemos que apartarnos del juicio por delitos y asesinatos que ya hemos comenzado y del cual ya hay dos imputados”, explicó en el programa televisivo Averno.
La exdiputada Lidia Patty presentó la denuncia que busca establecer responsabilidades en los hechos que condujeron a la renuncia del expresidente Evo Morales. Áñez, dos de sus exministros y dos exaltos mandos de las Fuerzas Armadas están en la cárcel por este caso que movilizó a los cívicos que exigen paralización de lo que llaman “persecución política”.
Las víctimas de Senkata plantearon una demanda que se procesa en El Alto y que tiene al momento a un general de las Fuerzas Armadas en la cárcel. Se trata del comandante de la División Mecanizada del Ejército general Franco Orlando Suárez, acusado por delitos como asesinato.
Entre el 11 y 18 de noviembre de 2019, durante hechos violentos acaecidos en la zona de Senkata de El Alto, 10 personas perdieron la vida y 46 quedaron con heridas entre graves y leves por impacto de bala.
“No hay ningún ministro imputado por la muerte de nuestros hermanos, están ahí tranquilos. Y con un decreto el exministro Fernando López se llenó los bolsillos con Bs 35 millones y salió del país. Debe ser juzgado por este gasto, que además de haber servido para matar a nuestros hermanos, jamás se le ha pidió cuentas. El proceso de investigación es muy lento”, lamentó Inca.
El decreto destinó recurso al “equipamiento” de la institución castrense. Por otro lado, diputados del MAS presentaron ante la Fiscalía General del Estado una proposición de juicio de responsabilidades contra Áñez por las muertes en Senkata tras la intervención en el cerco a la planta de YPFB por fuerzas militares y policiales.
Inca informó que el resarcimiento a las familias de las víctimas avanza “a cuenta gotas” y que en la lista está el exrector de la UMSA y exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, a quien en las jornadas de noviembre quemaron su casa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga lo sucedido entre septiembre y diciembre de 2019.
“Con este resultado cambiará la figura de nuestro juicio y se debe sentenciar a todos los actores de los hechos del 2019, vale decir, todas las autoridades nombradas bajo el decreto 4077 (ministros) y los nombrados comandantes del alto mando militar y policial (decreto 4076). Ahí tiene la lista de responsables la Justicia”, insistió Inca.