Nacional

jueves 15 abr 2021 | Actualizado a 14:17

CC apela a la voluntad política para la ‘reconciliación nacional’ y la reforma judicial

La senadora Cecilia Requena considera que es posible acercar criterios pese a las diferencias ideológicas entre las fuerzas que hablan de “fraude” y “golpe”.

La senadora Cecilia Requena, en el 'streaming' La Razón Radio de La Razón.

/ 30 de marzo de 2021 / 13:11

Para Comunidad Ciudadana (CC), es posible la «voluntad política» para reformar el Ministerio Público y el sistema judicial antes de cualquier proceso penal por el caso «golpe de Estado» y otros relacionados a la violación de derechos humanos en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

En el programa La Razón Radio por internet, la mañana de este martes, la senadora de CC Cecilia Requena afirmó que mirando sin preconceptos «no es complicado» que haya la voluntad política suficiente de los partidos para encarar una reforma de la Justicia en lo inmediato.

Dicha reforma, como adelantó el lunes su organización política en un comunicado, sería requisito indispensable para esclarecer los hechos de violencia y de violación de derechos humanos en 2019 y 2020, y, de este modo, iniciar un proceso de “reconciliación nacional”.

La concertación es el único camino para salir del actual encono en que está el país, apuntó Requena, entre las denuncias de “fraude electoral” y “golpe de Estado”.

Los procesos penales que hoy lleva adelante la Justicia, remarcó Requena, están viciados de nulidad, por el irrespeto al debido proceso.

El lunes, CC propuso seis bases para un diálogo nacional: que haya un acercamiento entre los partidos, superar la confrontación ideológica en aras del bien común mayor, reconocer las elecciones de octubre de 2020 como el fin del debate sobre si hubo o no fraude, viabilizar los juicios de responsabilidades que correspondan en el marco de una reforma judicial previa, entre otros.

Como primer llamado, CC convocó a “superar la polarización política que generan los discursos antagónicos entre fraude electoral y golpe de Estado” y, “como consecuencia de este espíritu, liberar a los presos políticos”.

Comparte y opina:

Departamentos, los gobiernos complejos

En seis asambleas departamentales, el MAS es mayoría; en tres, los indígenas tienen el ‘voto de oro’

Por Iván Bustillos

/ 14 de abril de 2021 / 14:57

EL PUNTO SOBRE LA I

Hoy, 11 de abril, en cuatro departamentos se define en segunda vuelta quién será el gobernador: La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. Gana quien obtenga así sea un solo voto más que su adversario, con el porcentaje que sea. En los cuatro departamentos la contienda es entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus oposiciones: Jallalla en La Paz, Chuquisaca Somos Todos (CST) en Chuquisaca, Unidos por Tarija (UPT) en Tarija, y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Pando. En tres departamentos el MAS ganó en primera vuelta la gobernación: Oruro, Potosí y Cochabamba. También en primera vuelta, la oposición se hizo con la gobernación en dos: Beni con el MTS, y Santa Cruz con Creemos.

Pero el gobierno departamental no solo es el Ejecutivo, el gobernador, sino que está además, como un contrapeso, su órgano legislativo y fiscalizador, la Asamblea Departamental; y los miembros de las asambleas ya fueron elegidos el 7 de marzo, ya hay una distribución del poder en su interior, una correlación de fuerzas que no siempre se corresponde con quien ganó la silla de gobernador (que la mayoría de la asamblea departamental la tenga el partido del gobernador).

Y he aquí las sorpresas. De las nueve asambleas departamentales ya electas, en cuatro (Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) hay una franca hegemonía del MAS, pues cuenta con dos tercios o incluso más de los asambleístas; y en dos, de La Paz y Pando, tiene mayoría absoluta (50 por ciento más uno).

 Pero, lo verdaderamente novedoso es que en las asambleas de Tarija, Beni y Santa Cruz, ante el práctico empate entre los dos grandes bloques partidarios (el MAS frente a sus oposiciones), los asambleístas indígenas tienen lo que se puede considerar los “votos de oro”, dirimidores, la llave para que uno de los dos grandes bloques, mayoritarios, se imponga al otro.

Aquí es preciso aclarar que mientras los asambleístas de partido (territoriales o por población) son electos mediante el voto universal, lo que pasó el 7 de marzo, los asambleístas indígenas son elegidos, designados, directamente por usos y costumbres propios de cada pueblo indígena; excepto Potosí, en todos los departamentos hay representación indígena en la asamblea departamental. 

HEGEMONÍA. Las asambleas de “extrema” hegemonía del MAS son las de Oruro, Potosí y Cochabamba, pues en ellas, como se puede apreciar en los gráficos adjuntos, los asambleístas masistas no solo alcanzan los dos tercios del legislativo departamental, sino que llegan a 7475%, los tres cuartos.

En Oruro, donde en primera vuelta ganó el candidato a gobernador por el MAS, su legislativo lo conforman 33 asambleístas: 16 por territorio (uno por cada una de las 16 provincias que tiene el departamento), 16 por población y 1 indígena; de los 33, 25 son del MAS. Buena parte de la supremacía masista se debe a que este partido ganó en las 16 provincias orureñas. También logró la mayoría de los escaños por población, 9 de 16; pero, he aquí un hecho que se repetirá en prácticamente todos los departamentos: si las oposiciones al MAS tienen alguna presencia en las asambleas, sobre todo es por sus asambleístas por población, aquellos que se asignan según la votación obtenida en el departamento, proporcionalmente, por cada partido. En Oruro, las oposiciones suman 7.

Similar situación es la potosina: de los 32 miembros que tiene su asamblea, 24 (75%) son del MAS, y de las 16 provincias que también hay en el departamento, en 15 ganó el MAS; solo en una, en la provincia Tomás Frías (donde está el municipio de Potosí), se hizo de la victoria el Partido de Acción Nacional Bolivia (PAN-Bol). Aquí aparece otro rasgo de la distribución del voto: las oposiciones al MAS ganan asambleístas sobre todo en las provincias en que está la capital del departamento. Para gobernador, en Potosí ganó el MAS en primera vuelta.

En Cochabamba, la hegemonía del MAS en su asamblea nuevamente se expresa en contar con más de dos tercios de los asambleístas departamentales, 25 de 34, lo que equivale a 74%. Lo mismo que en los anteriores departamentos, en Cochabamba en 15 de las 16 provincias ganó el MAS; la única provincia en que triunfó la oposición (la agrupación Súmate de Manfred Reyes Villa), es Cercado, la que alberga al municipio de Cochabamba; y solo de esta forma obtuvo  5 de 16 asambleístas por población.

Pero, sin duda, el caso más llamativo es Chuquisaca. Allí, en la primera vuelta ganó Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST), con 45,62% de los votos válidos, contra 39,12% del segundo, Juan Carlos León, del MAS; como la distancia entre ambos es de solo 6,5 puntos porcentuales, irán a segunda vuelta hoy. Lo peculiar pasa en la Asamblea Legislativa: pese a su derrota, el MAS logra dos tercios de los miembros del legislativo departamental, de un total de 21 asambleístas, el MAS sumó 14, CST 5, y 2 escaños los indígenas. ¿Cómo pudo pasar este inusual hecho, perder la elección de la cabeza de la Gobernación y ganar, de lejos, la elección de los asambleístas? La primera sospecha estaría en un alto índice del “voto cruzado” (voto por el CST para gobernador, pero voto por el MAS para asambleísta). En una parte de la votación al parecer ocurrió eso, el voto cruzado, pues mien

tras CST le ganó al MAS en el voto para gobernador (por 45,62% a 39,12%), en la votación de los asambleístas por población, fue el MAS el que ganó, con 43,10%, contra 35,20% de CST.  Pero nuevamente se impone el voto por territorio (por provincia). Así, de las 10 provincias que tiene el departamento (un asambleísta territorial por provincia), en 9 ganó el MAS; como en los anteriores casos, y confirmando que en las ciudades capitales al partido de gobierno no le va bien, perdió en la provincia Oropeza, que tiene a Sucre como su principal municipio.

MAYORÍA. Como se ilustra en los gráficos adjuntos, en la asamblea legislativa de La Paz, de 45 miembros, 25 (56%) son del partido azul. Se enfrenta a tres minorías de algún peso: Jallalla, que tiene 8, Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP) 5, y la representación indígena 5 asambleístas departamentales. Las minorías de un solo asambleísta cada una son Sol.bo y el MTS. Hoy se define la gobernación entre el MAS y Jallalla.  

También aquí es necesario hacer notar que si hay algo que sube la hegemonía del MAS en el legislativo paceño es que de sus 25 asambleístas, 16 fueron elegidos por territorio, ganó en 16 de las 20 provincias de La Paz. En cambio, la oposición de alguna manera es más fuerte entre los legisladores por población; de los 20 asambleístas por población paceños, 11 son opositores. PBCSP (de Rafael Quispe), por ejemplo, que sin tener ningún representante por territorio (lo que significa que no ganó en ninguna provincia), sí logra tener 5 asambleístas por población.

En Pando, si bien al MAS en su asamblea le falta un solo asambleísta para tener los dos tercios de voto, tiene un práctico predominio del legislativo departamental.

Lo peculiar es que en Pando hubo un práctico empate por la Gobernación: el MAS ganó con 41,08% contra 39,07% del MTS, apenas 2 puntos porcentuales de distancia, que por eso hoy en el departamento se va a segunda vuelta. Pero he aquí que su Asamblea Departamental nuevamente presenta una supremacía del MAS “desmedida” en relación a ese cuasi-empate: de 21 legisladores departamentales, 13 pertenecen al MAS, 5 a sus oposiciones y 3 a los indígenas.

 En la presencia masiva del MAS en la asamblea pandina, definitivamente tiene que ver el número de asambleístas por territorio: de los 15 asambleístas por territorio que hay en el departamento, 11 son del MAS y 4 de sus oponentes. En relación a los asambleístas por población, en Pando ocurre un hecho peculiar: solo hay 3 asambleístas por población, provenientes de las dos provincias más pobladas, Nicolás Suárez (dos asambleístas) y Madre de Dios (un asambleísta, de los cuales 2 son del MAS.

INDÍGENAS. Son los casos de Tarija, Beni y Santa Cruz que presentan la más peculiar correlación de fuerzas y la nueva importancia dirimidora que tendrán los indígenas en las asambleas departamentales.

En los tres departamentos, el rasgo común es la fuerte presencia del MAS: tiene la primera mayoría en Tarija (13 de 30 legisladores departamentales) y en Beni (12 de 28 asambleístas) y, con 11 legisladores, iguala el número de asambleístas que tiene Creemos en la asamblea cruceña.

En Tarija, donde el MAS ganó la primera vuelta a gobernador por apenas 358 votos, que por eso allí hoy también hay segunda vuelta, la preferencia electoral está más equitativamente dividida: si el MAS tiene 13 legisladores, Unidos por Tarija (UPT) cuenta con 12, la grupación Todos tiene 2, y los indígenas suman 3 escaños. Si bien las oposiciones al MAS (UPT y Todos) sumadas ya hacen mayoría frente al MAS, pues suman 14 asambleístas, son los indígenas, con 3 votos, quienes podrán decidir si se consolida esta mayoría opositora al MAS, sumando 17 votos en total, o si hacen del MAS la mayoría relativa, con 16 votos (13 del MAS y 3 de los indígenas). En Beni, donde ya es gobernador el candidato del MTS, aparte de que de 28 asambleístas, el MAS cuenta con 12, es llamativo que el MTS, el partido del futuro ejecutivo de la Gobernación, apenas tenga 7; a ello se agrega que la agrupación Todos cuenta con 5 asambleístas y 4 indígenas.

En resumidas cuentas, si el MAS tiene 12 asambleístas, sus oposiciones unidas sumarían otros 12 legisladores; y aquí nuevamente la llave la tendrán los 4 votos indígenas, que inclinarán la balanza a uno u otro lado.

Pese a que en Beni, el MTS ganó la gobernación con un contundente 41,79% contra 22,21% del MAS, en asambleístas, el MAS casi le dobla el número al MTS. Y es que otra vez pesó la representación territorial: en el departamento hay 24 asambleístas por territorio, pero, cuando en el resto de los departamentos el territorio a representar es la provincia, en Beni más bien son los municipios: un asambleísta por cada uno de los 24 municipios que hay allí. Y he aquí que de los 24 escaños en 12 gana el MAS, y como en Beni no hay asambleístas por población, pues lo que manda es la representación territorial.

Santa Cruz, lo mismo. Luis Fernando Camacho, de Creemos, ganó la elección de gobernador con un significativo 55,64% contra 38,17% del MAS, nada menos que 17 puntos porcentuales de distancia; pero, paradoja, esa mayoría absoluta no se refleja en la composición de la asamblea. Y aquí ya no se puede hablar tanto del voto cruzado, pues son de muy similar porcentaje las votaciones tanto por gobernador como por asambleísta por población, con Creemos como claro ganador.

La diferencia nuevamente la establece el voto territorial. El órgano legislativo cruceño está compuesto por 15 asambleístas por territorio, 8 por población y 5 indígenas. Pues bien, de los 15 asambleístas territoriales, el MAS se lleva 8, Creemos tiene 6 y Alianza Solidaria Popular (ASIP) 1; entre los asambleístas por población, que solo son 8, el MAS tiene 3 y Creemos 5. Si bien Creemos puede hacer una alianza natural con ASIP, como frente antimasista, y lograr la mayoría relativa ante el MAS, sumando 12 legisladores, pasa que son los legisladores indígenas los que tendrán los llamados “votos de oro”, pues con sus 5 votos pueden inclinar la balanza o hacia el lado del MAS o hacia el polo de Creemos.

El gobernador es de Creemos, y de darse la eventual alianza MAS-Indígenas, tendría mucho trabajo para llevar adelante su gestión con una óptima gobernabilidad.

Finalmente. Algo pasa con el voto en blanco por los asambleístas por población, pues en todos los departamentos registra inusuales altos porcentajes, tratándose en promedio de un tercio de los votos emitidos: 35% en La Paz, 31% en Oruro, 41% en Potosí (aquí, si se le suma los votos nulos, se llega a 46%: poco menos de la mitad de los electores se apartaría de elegir representantes), 20% en Cochabamba, 32% en Chuquisaca, un promedio de 24% en Tarija, entre 29 y 30% en Pando, y 28% en Santa Cruz.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

Comparte y opina:

EL IPSO FACTO Y LA ASAMBLEA

Dos temas para entender 2019: el funcionamiento de la Asamblea y el comunicado del TCP

Por Iván Bustillos y Susana Rivero Guzmán

/ 7 de abril de 2021 / 13:45

EL PUNTO SOBRE LA I

Si la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta fue o no constitucional es un debate de mucho tiempo todavía. Buena parte de la discusión jurídica, sin embargo, según nuestros entrevistados, se concentra en dos hechos: la fuerza legal que tuvo o no el  comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 12 de noviembre de 2019, y la existencia o no de un vacío de poder y la forma en que se lo “llenó” en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Antes, urge tener clara conciencia, reclama el ministro de Justicia, Iván Lima, de que la condición del debate jurídico sobre la sucesión-posesión de Áñez en 2019 fueron las acciones de hecho, la violencia que se usó en esos días para presionar a dar determinada salida jurídica a la crisis.

La renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, por ejemplo, recuerda el ministro, se produce a la misma hora en que su hermano “era torturado y que casi lo matan en la plaza de Potosí”. Con este antecedente, por decir algo, se puede cuestionar lo “voluntario” de dicha renuncia, si en rigor se la puede considerar como tal.

Para Lima, el vacío de poder es una figura forzada, pues, tal como señala la exdiputada Susana Rivero en estas mismas páginas, en el día crítico, el 12 de noviembre, ella fungía como presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados. Y, aplicando el artículo 169 de la Constitución, ya renunciada la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Rivero era la depositaria automática de la sucesión, pues “ella sí representaba a la fuerza de mayoría”; en ella “terminaba la sucesión”: y, como último eslabón en la cadena de sucesión, no le quedaba sino convocar a la Asamblea, discutir las renuncias de los mandatarios y llamar a elecciones.

Por el contrario, en la perspectiva del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aparte de que hubo un vacío de poder, éste tuvo que ser resuelto con la sucesión en el mismo Senado, con base en el Reglamento General de la Cámara: “No es verdad el argumento de que siempre la presidencia del Senado debe recaer en alguien de la mayoría, porque claramente el Reglamento dice que cuando no hay la presidenta ni la primera vicepresidenta en el Senado, la que reemplaza, en calidad de presidenta, es la segunda, de manera automática” (artículo 41 del Reglamento).

MAYORÍA. Lima remarca que la sucesión dispuesta en el artículo 169 de la Constitución prevé precisamente que el cargo debe mantenerse en manos de la mayoría de la Asamblea: “cuando asume como presidenta alguien que solo tiene 4% de apoyo de la gente, estamos hablando de que no se ha respetado el derecho. Áñez jamás podría haber sido elegida presidenta de la Asamblea” (según los artículos 33 del Reglamento de Diputados, y 35 del de Senadores, apunta).

Otro tema central en el debate de la constitucionalidad o no de la posesión de Áñez, es la contundencia legal del comunicado del TCP.

Alarcón insiste en que si bien el comunicado no tiene fuerza legal por sí mismo (no es ni sentencia ni declaración ni auto constitucional), sí la tiene la norma a que hace referencia: la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001. En lo principal, el considerando III.3, que cita el referido comunicado del TCP, dice: “Frente a una sucesión presidencial en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionado por el jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia”. Alarcón no deja de señalar que apelar a la carencia legal del comunicado del TCP es una inconsecuencia del MAS, que en el pasado usó, dice, también un comunicado para instaurar juicios de responsabilidades por los petrocontratos a Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Aquí, para Lima, “el TCP no ha avalado nada, un comunicado no es una sentencia y el Tribunal ya lo ha aclarado (se refiere a la declaración del magistrado Petronilo Flores ante una comisión de Diputados, en febrero de 2020, que dijo que el referido comunicado “no tiene ninguna relevancia jurídica”).

En lo relativo a la Declaración Constitucional 0003/01, Lima es enfático al afirmar que la misma, por estar enmarcada en la Constitución anterior, no es aplicable hoy. “Esa jurisprudencia está basada en la Constitución de 1995, por tanto la posibilidad de aplicarse a hechos de la Constitución de 2009 no es válida, no es posible”, destacó.

VIGENCIA. La discusión va para largo, pero he aquí que recobra vigencia jurídica y política. En el plano jurídico, por la instauración en la Fiscalía del llamado caso “golpe de Estado”, y en lo político, por el planteamiento que hizo Comunidad Ciudadana (CC) en su reciente comunicado “Bases para la reconciliación nacional”.

“Nosotros hemos dicho que hay que trascender esta polémica; es una polémica que a estas alturas de lo que necesita el país resulta un lastre, es estéril; entonces no queremos alimentarla, por el contrario, la queremos trascender, ir más allá para tener un escenario de paz en el país, lo que no quiere el MAS, éste quiere un escenario de guerra”, defiende Alarcón el comunicado de CC.

Insistiendo en que la propia elección del presidente Luis Arce es consecuencia “de un proceso electoral encauzado y desarrollado por el gobierno de la señora Áñez”, dice el diputado de CC, el “elemento superador político y jurídico de todo eso han sido las elecciones de 2020”.

Para Lima, por el contrario, la posesión de Áñez es una cuestión pendiente: “El momento que se ha cometido un delito es cuando la señora Áñez sesiona ante una Cámara vacía, en el Senado, luego baja a la de Diputados y se proclama a sí misma Presidenta. Ese es el hecho que debe explicarle al país, por qué lo ha hecho y con el respaldo de quién lo ha hecho; esas son las preguntas que se deben resolver en un juicio penal”.

En cuanto a que la posesión de Áñez sea un hecho superado, Lima apela a que esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas solo son un acto de justicia; que luego la democracia se haya podido reencauzar solo expresa lo que se tuvo que hacer para reparar el daño, pero que hubo delito, lo hubo. Cuando se comete un delito, los actos de reparación, de desagravio, de restablecimiento a la víctima, no se pueden considerar como actos que eliminan el ilícito, concluye.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

LA NO SUCESIÓN CONSTITUCIONAL DE 2019

Por Susana Rivero G

El 10 de noviembre de 2019 hubo renuncias públicas y bajo presión —pedidos de renuncia por parte de altos mandos policiales y militares, vejaciones físicas, cercos y quemas de viviendas propias y de familiares— de Víctor Borda que estaba en Potosí, Evo Morales y Álvaro García en Cochabamba, Rubén Medinacelli en Oruro y Adriana Salvatierra en La Paz, en ese orden.

Ese domingo por la noche escuchamos a la senadora Jeanine Áñez, de Demócratas, desde Trinidad afirmar por teléfono a Unitel: “Hemos visto hoy día finalmente lo que todos los bolivianos esperábamos, las renuncias del presidente, del vicepresidente y hemos visto muchas otras renuncias de quienes acompañaban al presidente Morales… y obviamente, lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando han renunciado la presidenta del Senado, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, yo obviamente funjo como oposición y como lo establece nuestro Reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores, yo estoy en la segunda vicepresidencia y en ese orden constitucional pues me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, pacificar el país y que todo vuelva a la normalidad. Espero que podamos convocar a una asamblea”… “tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración las renuncias de los primeros mandatarios”.

Veamos si la norma se cumplió, si la Constitución fue respetada a través de la aplicación de los reglamentos del Senado y de Diputados.

Opción 1: Permitir que cada una de las cámaras considere las renuncias de Adriana Salvatierra y Víctor Borda, y en caso de rechazo, cualquiera de los dos podía haber asumido la conducción del país, pues sus renuncias verbales para tener validez debían ser presentadas por escrito en sesiones de sus cámaras para consideración del pleno, como lo mandan los artículos 28 y 31 de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.

Estas renuncias no fueron ni leídas y menos tratadas hasta después del 12 de noviembre en que se produjo la autoproclamación de Áñez.

Opción 2: Convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa por la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, como última autoridad de la fuerza mayoritaria en la línea sucesoria, para admitir o negar las renuncias de Morales y García:

Artículo 161 CPE: Las cámaras se reunirán para: 3. Admitir o negar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado. Áñez, sin competencia alguna, interpretó y cesó en sus mandatos a Morales y García escogiendo de entre las cinco formas de cesación contempladas en el artículo 170 de la Constitución, la ausencia o el impedimento definitivo, bajo la especulativa argumentación de que ya habían salido del país, inobservando que no habían transcurrido los 10 días de ausencia permitidos por el artículo 173 de la CPE.

Artículo 170 CPE: El Presidente cesará en su mandato: por “muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa, por ausencia o impedimento definitivo, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y por revocatoria de mandato”. Artículo 173 CPE: “El Presidente podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa, hasta un máximo de 10 días”.

Por otro lado, ¿con qué facultad jurídica podía Áñez instalar una sesión de la Asamblea, sin el quórum necesario en la directiva y en el Pleno, desconociendo los artículos 9 y 73 del Reglamento de Diputados? Artículo 9: “La Asamblea y la Cámara de Diputados sesionarán con la mayoría absoluta de sus miembros”. Artículo 73: “Toda sesión plenaria se efectuará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Opción 3: Convocatoria a sesión en cámaras separadas, para la elección del presidente o vicepresidente o vicepresidenta del Senado, carteras a ser ocupadas por representantes de la mayoría. Y para la ratificación de la presidencia en ejercicio o nueva elección en Diputados, pues en este caso la vicepresidencia sí estaba ocupada por la fuerza de mayoría. En estricto apego a los artículos 35 y 33 de los reglamentos del Senado y Diputados, respectivamente. 

Artículo 35: (Senado): II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría. Artículo 33: (Diputados): La Presidenta o el Presidente, la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente, la Primera y Segunda Secretarias o el Primer y Segundo Secretarios, corresponderán al bloque de mayoría; la Segunda Vicepresidenta o el Segundo Vicepresidente, la Tercera y Cuarta Secretarias o el Tercer y Cuarto Secretarios, al bloque de minoría.

Como se puede ver, el reglamento del Senado no permitía a la minoría hacerse de la presidencia de la Cámara, menos instalar sesiones sin quórum de mayoría absoluta para el Pleno camaral y de tres miembros en el quórum de la directiva.

Artículo 75: (Senado): “Para instalar válidamente una sesión del Pleno es necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Artículo 76: (Senado): “I. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, con la asistencia de por lo menos dos miembros de la Directiva. II. Previa verificación del quórum, el Presidente de la Cámara instalará la sesión a la hora señalada en la convocatoria. III. De no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente el quórum. IV. Si luego de la postergación persiste la falta de quórum, la sesión será suspendida”.

Opción 4: Aplicar textualmente el artículo 169 de la Constitución y permitir que la presidencia en ejercicio de Diputados convoque a sesión de Asamblea para discutir las renuncias y convocar a elecciones en el plazo máximo de 90 días, tomando en cuenta que ella sí representaba a la fuerza de mayoría y que según el artículo 169 de la CPE con ella termina la sucesión en esta instancia, obligando a llamar a elecciones cuando se llega a este punto. No habla de volver arriba a recomponer directivas y elegir presidente o presidenta.

Artículo 169 CPE: “I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”.

Como se puede ver, existían varias alternativas legales, independientes e incluso combinadas entre sí que pudieron y debieron aplicarse; sin embargo, a ellas se antepuso el asalto irregular tanto del Senado como de la Asamblea Legislativa y hasta hoy los únicos argumentos para refutarlos o anteponer otra línea interpretativa son un comunicado de prensa sin firmas del Tribunal Constitucional Plurinacional y que Evo y Álvaro ya habían partido con asilo a México.

(**) Susana Rivero G. es abogada

Comparte y opina:

Lula, Mujica, Rousseff y Lugo, entre otros, fustigan la injerencia de Almagro en Bolivia

El comunicado de la OEA sobre Bolivia y su Justicia irrespeta el mandato que ostenta, afirman. La Cancillería se congratuló relievando la “diplomacia de los pueblos”.

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. Foto: AFP

/ 1 de abril de 2021 / 19:11

Doce expresidentes, ocho excancilleres y 22 personalidades suscribieron la declaración «Rechazo a la injerencia en Bolivia» contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En el documento, que se lo hizo conocer este jueves, los firmantes deploran los comunicados que la Secretaria General de la OEA emitió hace dos semanas, en el que se permite descalificar a la Justicia boliviana, proponiendo crear una Comisión Internacional que investigue la corrupción en el país y que establezca el camino para una reforma del sistema judicial boliviano.

Según el texto, en dichos comunicados Almagro manifiesta una abierta «intromisión en los asuntos internos en Bolivia» y sus declaraciones «exceden, largamente su misión como Secretario General del organismo regional e ignoran el funcionamiento del sistema interamericano».

«El Secretario General debe abstenerse de  realizar pronunciamientos unilaterales en los cuales involucra a todos los miembros de la organización, sin respetar el carácter colegiado de su mandato y no debe intervenir en los asuntos internos de los estados miembros de la OEA», reclaman las exautoridades y personalidades.

Entre los firmantes están los expresidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay, José Pepe Mujica de Uruguay, Rafael Correa de Ecuador, Ernesto Samper de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Leonel Fernández de República Dominicana, Manuel Zelaya de Honduras, Salvador Sánchez Ceren de El Salvador, Álvaro Colom y Vinicio Cerezo de Guatemala.

Algunos de los exministros de Exteriores son: Celso Amorín de Brasil, Ricardo Patiño y Guillaume Long de Ecuador, además del excanciller de Bolivia Diego Pary.

Entre las personalidades destacan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Óscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur; Alejandro Moreno, presidente de la Copppal, entre otros.

Los firmantes, tras recordar la responsabilidad que tuvieron la OEA y Almagro en la crisis poselectoral de 2019, «denuncian y rechazan con vehemencia» esta «nueva maniobra contra un gobierno elegido democráticamente».

La Cancillería de Bolivia se congratuló del mensaje con un la frase en Twitter de que es la “diplomacia de los pueblos”.

Comparte y opina:

Candidatos en Chuquisaca: La gestión dependerá de la relación con el Gobierno

Pese a perder la elección de gobernador, el MAS en Chuquisaca controla la Asamblea Departamental: tiene 14 de 21 asambleístas.

Juan Carlos León y Damián Condori hablaron por separado con La Razón Radio.

/ 1 de abril de 2021 / 12:46

Los candidatos a la Gobernación de Chuquisaca en segunda vuelta, Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST) y Juan Carlos León del Movimiento Al Socialismo (MAS), entrevistados en La Razón Radio, dejaron entrever que una cuestión clave en la futura gestión departamental será la relación con el Gobierno, hoy día en manos del MAS.

Ambos candidatos irán a segunda vuelta el 11 de abril en virtud de que en la primera Condori ganó con 45,62% de los votos válidos, en tanto que León obtuvo 39,12%; una distancia de poco más de seis puntos porcentuales, insuficiente para una victoria en primera vuelta.

En la plática vía zoom con La Razón Radio, Condori, disidente del MAS y su rival desde las anteriores elecciones departamentales, apuntó enfático que el Gobierno, antes que un favor, tiene la obligación de asistir a Chuquisaca.

“Damián Condori, como autoridad del departamento, está en su obligación de buscar financiamiento, cooperación, pero el Gobierno central también está en su obligación; no es un favor que va a hacer a los departamentos, sino que es su deber de equilibrar la inversión pública en los nueve departamentos”, destacó el candidato opositor al MAS.

Reclama: Lo que el gobierno central dé para la Gobernación bajo el mando de Condori “no va a ser para Damián, va a ser para los municipios, las regiones, el departamento, para la ciudad de Sucre”. Si se le “bloquea” los recursos, los primeros en ser cuestionados por la gente serán los asambleístas departamentales y los diputados chuquisaqueños del MAS, advirtió el candidato.

Por su lado, el candidato del oficialismo nacional, Juan Carlos León, al reivindicar que hay una mejor gestión departamental si existe afinidad política con el Gobierno central, cuestionó que en la práctica la oposición más hace política que gestión siendo autoridad departamental.

“Ustedes saben que los de la oposición se dedican a pelear. Cuando Evo presidente iba a entregar a los alcaldes recursos de Bolivia Cambia Evo Cumple, por el hecho de que no era de su partido, por el temor de que Evo crezca políticamente, se lo devolvían; varios proyectos han sido paralizados. La gente (opositora) entra a enfrentarse, no entra a trabajar”, recordó León de las gestiones pasadas.

Precisamente, el candidato del MAS dejó entrever que por esta razón la población no debería votar por Condori, pues se vendría una gestión más de oposición política. Con el MAS en la Gobernación habrá estabilidad, “eso tiene que entender nuestra ciudadanía”, concluyó León.

Si es que Condori gana la segunda vuelta del domingo 11, un problema que se viene en la gobernación de Chuquisaca será la gobernabilidad.

Pese a la victoria de Condori el 7 de marzo (aunque insuficiente para serlo en primera vuelta), de los 21 asambleístas departamentales que hay en Chuquisaca, el MAS logró 14, CST tendrá solo 5 y la Nación Guaraní (que elige a sus asambleístas por sus propios usos y costumbres) contará con 2 representantes.

El propio Condori lo reconoció en el programa radial por internet de La Razón, que incluso su gestión será un tanto complicada, toda vez que de las 29 alcaldías que existen en el departamento, 21 están en manos del MAS.

“Para mí, desde el día en que voy asumir como gobernador, sean del MAS, sean del blanco, de otro color, son iguales autoridades electas;  trabajaré con todas las autoridades sin discriminación, sin miramiento, porque el color político se tiene que acabar el 11 de abril”, insistió Condori.

Ambos candidatos, con todo, coincidieron en que uno de los puntales de desarrollo del departamento es la construcción de infraestructura caminera, de conexión con el norte del país y hacia el sur.

Mientras Condori habló de incentivar al pequeño y mediano productor, por ejemplo, no cobrándole impuestos durante los primeros cuatro años de su emprendimiento, León (como también ofreció Álvaro Ruiz, candidato del MAS en Tarija) más bien dijo que la reactivación económica se la impulsará con un bono anual de 500 bolivianos.

Comparte y opina:

Almagro y la fractura de la OEA

La reelección del uruguayo como secretario general de la OEA fue por voto dividido; hoy, esta tensión persiste

Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA

Por Iván Bustillos

/ 31 de marzo de 2021 / 15:01

EL PUNTO SOBRE LA I

Esta semana, en una declaración conjunta, los presidentes de Bolivia y México, Luis Arce Catacora y Andrés Manuel López Obrador, reclamaron de la Organización de Estados Americanos (OEA) una misión electoral sobre todo técnica y una actuación no intervencionista en los asuntos internos de los países por parte de su actual Secretaría General (o sea, de Luis Almagro Lemes).   No es poco lo que demandan los mandatarios en su comunicado.

Coinciden en la importancia, dicen, que tiene para el continente “promover el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial de las misiones de observación electoral de la OEA”; y si algún rol político que estas misiones deban desarrollar, insisten, es el empeño por el diálogo y la concertación: “deben ceñirse a los principios de no intervención, el respeto a la autodeterminación, el diálogo, la negociación, la búsqueda de consensos y la solución pacífica de controversias”, afirma la declaración.

Luego, aunque sin nombrar al actual secretario general (Luis Almagro Lemes), los mandatarios le señalan directamente: existe la “necesidad”, reclaman de que “la Secretaría General de la OEA se limite a actuar dentro de su propio marco institucional y (deba) abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros”. Tras recordar que el Gobierno mexicano “exhortó a la OEA a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la democracia”, ambos jefes de Estado coinciden —advierten— “en no tolerar injerencias en asuntos internos de los países”.

JUICIO. Hay que recordar que el 16 de marzo el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno boliviano analiza el encausar judicialmente al secretario Almagro, tanto por sus acciones que considera injerencistas en asuntos internos de Bolivia, como por el incumplimiento en 2019 de lo convenido entre el Estado boliviano y la OEA en lo relativo a la auditoría “Análisis de Integridad Electoral de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”.

El distanciamiento entre los dos Estados parte (Bolivia y México) y la actual Secretaría General de la OEA, con todo, no es nuevo: la propia  reelección de Almagro en el cargo fue dividida; en vez de aminorar esta confrontación, la misma persiste.

Pese a que Luis Almagro alcanzó a ser elegido secretario general de la OEA con 33 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, el 18 de marzo de 2015, en su reelección (ocurrida el 20 de marzo de 2020) no logró repetir el respaldo de hace cinco años. Como no sucedía antes, su reelección el año pasado tuvo como principal característica la votación dividida de los países miembros: de 33 asistentes, 23 lo hicieron a su favor y 10 por su contrincante, la excanciller de Ecuador María Fernanda Espinosa Garcés.

La votación, que es secreta, se realizó pese al pedido de postergación planteado por México y la Comunidad del Caribe (Caricom) dada la emergencia sanitaria por el coronavirus que empezaba a galopar en la región a principios de 2020.

Mientras que la candidatura de Espinosa había sido respaldada por Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas —naciones caribeñas cercanas al presidente venezolano Nicolás Maduro—, además de México y Argentina, la de Almagro contó con el respaldo de Estados Unidos. El propio exsecretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, había discursado en la OEA, en enero de ese año, apoyando la reelección del uruguayo.

Si bien se trató de un triunfo por una mayoría que superaba incluso los dos tercios de los países electores, rompió con la tradición de las anteriores reelecciones, cuando el Secretario General que asumía por segunda vez el cargo era reelecto con el apoyo unánime o casi unánime de los países miembros. Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la mayor parte de los secretarios generales de la OEA habían cumplido las dos gestiones continuas.

Tal era el contexto de la victoria de Almagro en 2020, lo que ya dejaba entrever la división persistente y futura en la OEA con el excanciller uruguayo dirigiendo el organismo.

Fuente: OEA

DIFERENCIAS. Venezuela fue una de las cuestiones que mayor división produjo en el organismo interamericano. Fue el 27 de abril de 2017 que el gobierno de Nicolás Maduro anunció que se retiraba del foro regional a causa de que se convocó una reunión de cancilleres para tratar, precisamente, la situación en Venezuela, cita con la que el país de Bolívar no estaba de acuerdo; por procedimiento, esta salida debía durar dos años, la cual concluyó el 27 de abril de 2019. Según registros de ese momento de la prensa internacional, el 10 de abril de ese mismo año, el Consejo Permanente de la OEA (la reunión de los representantes de los 34 países miembros) decidió admitir como delegado de Venezuela al funcionario enviado por la Asamblea Nacional venezolana (su Parlamento), entonces controlada por la oposición a Maduro, “hasta que haya elecciones en ese país”. La resolución fue aprobada por 18 de los 34 representantes, 9 votaron en contra, 6 se abstuvieron y uno estuvo ausente.

En el “caso boliviano”, como se conoce a la tensión que ya había por la “cuestión venezolana” entre la Secretaría General de la OEA y el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego se vino a sumar el rol de la Misión de Observación Electoral del organismo y el secretario Almagro en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y la posterior crisis política que terminó con la salida del gobierno del expresidente Evo Morales, el papel que jugó la auditoría de la OEA sobre dichos comicios, que luego fueron anulados.

Luego de que al menos ocho informes de instituciones de investigación pusieran en duda los documentos de la OEA (que señalaban “irregularidades” y “manipulación dolosa” del proceso electoral de 2019), empezaron a surgir los cuestionamientos desde los estados mismos.

Entre julio y septiembre de 2020, congresistas de Estados Unidos exigieron a su gobierno (en manos del republicano Donald Trump por entonces) informes acerca del papel de la OEA en las elecciones bolivianas fallidas de 2019. Una de las mayores manifestaciones en este sentido fue la del 22 de septiembre de 2020, cuando el senador Bernie Sanders y una veintena de congresistas demandaron al Departamento de Estado que el trabajo de observación electoral de la OEA en Bolivia sea evaluado de forma independiente, tras la polémica por el rol del organismo en los anulados comicios de 2019.

En enero de 2021, dos organismos parlamentarios, el Parlamento del Mercosur, Parlasur (que reúne a legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y el Parlamento Andino (que integran parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) anunciaron pedir cuentas de lo hecho por la OEA en la elección de 2019 y su rol en la crisis política poselectoral.

Mientras el Parlasur, en voz de su presidente, el legislador argentino Óscar Laborde, anunció que llevará adelante una investigación sobre el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA y el rol del Secretario General en la narrativa del “fraude electoral”, el Parlamento Andino, a fines de noviembre de 2020, resolvió “solicitar la realización de una auditoría del informe de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 y exhortar a las representaciones diplomáticas de los países miembros del Parlamento Andino en la Organización de Estados Americanos (OEA) a motivar su tratamiento”, informó a este medio su actual presidente, el diputado supranacional boliviano Adolfo Mendoza.

Al respecto, en un último contacto con Animal Político, el viernes 26, el diputado Mendoza informó que hasta la semana pasada (luego de tres meses y medio) la Secretaría General de la OEA aún no había respondido a la solicitud hecha por los parlamentarios andinos. “Inicialmente, no nos contestaron; la anterior semana hemos reiterado nuestro pedido, con oficio ante la OEA”.

Pero la solicitud ya no es solo del Parlamento Andino, reveló Mendoza: “ya tenemos a diez países que han pedido que dé respuesta inmediata el señor Almagro”. Si bien no se puede indicar qué países están demandando el referido informe sobre la auditoría de la OEA, “porque es algo interno del organismo”, señaló Mendoza, “lo que sí puedo decir es que entre los petición antes está incluido el Senado de Estados Unidos”.

Una vez que la presión sobre Almagro aumenta, en sentido de revisar la auditoría que el organismo hizo de los comicios bolivianos, Mendoza adelantó que se espera alguna respuesta por parte de la Secretaría General “máximo hasta principios del siguiente mes” (abril). 

PROCESO. Al momento de anunciar que se analiza la mejor vía de abrir una causa judicial contra Almagro, el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó que una posibilidad es sumarse a la denuncia que ya presentaron el 15 de octubre de 2020 la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy día presidida por la expresidenta de Chile, Michele Bachelet.

Se trata de una denuncia formulada “contra el Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los informes preliminares e informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia, por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral, el cual no han podido probar”, según detalla la organización en su sitio web.

Asimismo, destacan, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme “un grupo de expertos para que lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Para las elecciones del 18 de octubre de 2020, cuando el MAS ganó con 55,1%, arribó al país la Misión de Observación Electoral de la OEA presidida por la misma autoridad que lo había hecho en 2019, el excanciller de Costa Rica Manuel González.

En su informe preliminar, hecho público el 21 de octubre de 2020, la MOE/OEA “felicita a la ciudadanía y a las autoridades por la celebración de unos comicios exitosos que transcurrieron de manera pacífica. La Misión felicita, asimismo, al presidente electo Luis Arce y al vicepresidente electo David Choquehuanca Peña por su triunfo en las urnas”.

El 7 de marzo, día de las elecciones subnacionales, fue notoria la ausencia del presidente Luis Arce en el acto de inauguración del sufragio. Horas después, luego de emitir su voto, el mandatario dejó en claro no solo por qué no asistió al acto protocolar, sino cuál aún es el distanciamiento de su gobierno con la OEA: “Mientras esté la OEA, nosotros no vamos a acudir a ninguna invitación del Órgano Electoral”, señaló el Jefe de Estado. Cuando se le preguntó sobre el motivo de esta decisión, Arce, escueto dijo: “por razones obvias, ustedes saben el papel nefasto que tuvo la OEA en las elecciones de 2019; no hay credibilidad en la OEA”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

Comparte y opina: