Tribunal ratifica que Goni y Sánchez Berzaín deben indemnizar a víctimas de octubre de 2003
El caso, identificado como “Mamani v. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín”, fue presentado en 2007 en el marco de la ley TVPA. El CCR indica que se probaron las “ejecuciones extrajudiciales” en la crisis de 2003, en el juicio civil en EEUU.
El Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), que impulsa el juicio civil iniciado por un grupo de víctimas de la masacre de octubre de 2003 contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y su exministro Carlos Sánchez Berzaín en Estados Unidos, informó que un juez federal ratificó el veredicto dictado por un jurado para que los dos procesados indemnicen con $us 10 millones a las víctimas.
Según los antecedentes, en abril de 2018 un jurado halló responsables a las dos exautoridades bolivianas por “ejecuciones extrajudiciales”, en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA).
Sin embargo, “en una acción insólita, un mes después, el tribunal de primera instancia (también llamado ‘el tribunal de distrito’) emitió un fallo que anuló el veredicto del jurado y emitió su propia sentencia declarando que, por no haber suficientes pruebas, los acusados no eran responsables”, recordó CCR, mediante una nota de prensa.
En agosto de ese año, el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos anuló el fallo del tribunal de distrito y remitió el caso al mismo tribunal para que continuara con los procedimientos.
Después, los acusados presentaron una moción para anular el veredicto del jurado y la indemnización por daños. Pero el lunes reciente, “el tribunal de primera instancia rechazó esa solicitud”, confirmó CCR.
El tribunal de apelaciones –según el mismo documento– sostuvo que los demandantes proporcionaron pruebas suficientes de que “los soldados dispararon (en 2003) deliberadamente tiros mortales con una conciencia mesurada de que herirían de muerte a civiles que no representaban ningún riesgo de peligro. Ninguno de los fallecidos iba armado ni había pruebas de que representaran una amenaza para los soldados. A muchos les dispararon mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. A otros les dispararon mientras se escondían o huían”.
Por eso, ese tribunal de apelaciones anuló el fallo del tribunal de primera instancia y remitió el caso al tribunal de distrito para que éste decida si el veredicto del jurado debe restablecerse, “esta vez utilizando el estándar correcto”.
En ese sentido, el lunes, “el tribunal de distrito falló a favor de los familiares de las personas que perdieron su vida en la masacre, restableciendo el veredicto del jurado de $us 10 millones. El tribunal sostuvo que los demandantes habían presentado pruebas suficientes de que las muertes constituían ‘ejecuciones extrajudiciales’ según el derecho internacional y que los acusados eran responsables de esas muertes según la doctrina de responsabilidad del mando”, ratificó CCR.
Thomas Becker, abogado de la Red Universitaria Para Los Derechos Humanos, consideró que esa decisión envía un “mensaje importante” de que los gobernantes que cometan abusos de derechos humanos tendrán que rendir cuentas. Por tanto, “esta es una victoria, no solo para los familiares, sino para todos los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos”.
Mientras, Beth Stephens, abogada cooperante del Centro de Derechos Constitucionales, también se mostró complacida por la nueva determinación porque los “demandantes han trabajado duro” durante varios años hasta obtener “esta importante victoria”.
El caso, identificado como “Mamani v. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín”, fue presentado en 2007 en el marco de la ley TVPA por los familiares de ocho personas asesinadas durante la masacre de 2003.
En la denuncia se señaló que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín planearon y ordenaron los asesinatos en octubre de 2003, en una crisis que fallecieron 58 civiles, lo que provocó la renuncia y huida de Sánchez de Lozada. Ambas exautoridades consiguieron asilo en Estados Unidos y tienen pendiente un juicio en Bolivia, para lo cual se solicitó su extradición, sin éxito.
Los familiares están representados por un equipo de abogados del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y los bufetes de abogados de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, y Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP.