El Tribunal Cuarto de Sentencia dictó este miércoles detención domiciliaria y una fianza de Bs 10.000 en contra del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz Gonzalo Medina por la muerte de la jefa administrativa y financiera de la joyería Eurochronos Ana Lorena Tórrez durante el atraco y balacera del 13 de julio de 2017.

La fiscal Yolanda Aguilera rechazó la decisión judicial y anunció que apelará la determinación, porque se la tomó a pesar de que se “demostró la probabilidad de autoría y participación de los imputados”.

Una decisión similar fue dictada contra Robert Ruíz con una fianza de Bs 10.000, mientras que para el teniente coronel Jorge Silva se ordenó su libertad irrestricta.

“Voy a apelar la determinación porque me perjudica de cierta manera”, anunció Medina en breve declaración a la televisora Unitel.

El excapitán Fernando Moreira, que es otro de los acusados, no asistió a la audiencia por encontrarse afectado con COVID-19, la fecha de su declaración será reprogramada.

En el atraco frustrado de 2017 y en medio de una balacera murieron Ana Lorena Torrez, el policía Juan Carlos Gutiérrez Valenzuela y los asaltantes Antonio Adao Da Silva, Ronny Suárez Masabi y Camilo Maldonado Pinto.

El 21 de febrero de 2020, el Ministerio Público decidió imputar formalmente a los cuatro funcionarios policiales involucrados en el caso por los presuntos delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves.

En este mismo caso, fue sentenciado a 30 años de cárcel Edwin Erick Landívar Dorado y a cinco Sandra Guzmán Vaca, ambos involucrados en el atraco frustrado.

Landivar, el único asaltante que sobrevivió, fue sentenciado por los delitos de asesinato, organización criminal, robo agravado y portación ilícita de armas de fuego.

Un grupo de pobladores de San Ramón (Beni) bloquearon la carretera e impidieron que el aprehendido subgobernador electo Evert Cuéllar sea trasladado hasta Trinidad para declarar por una denuncia de pérdida de dos tractores.

“Yo les pido a ustedes que permitan el paso del vehículo, porque yo voy a asumir mi defensa respecto a esta acusación”, pidió Cuéllar al dirigirse a los pobladores que obstruyeron el paso del vehículo que lo transportaba.

Según el aprehendido, Control Social de Magdalena lo denunció, mientras que el fiscal de materia Nelson Fernández informó que solo cumplía con la orden de aprehender al acusado.

Miembros del Comité Cívico de San Ramón reaccionaron y se movilizaron para impedir el traslado de la autoridad electa.

“Lo que corresponde es que se dé cumplimiento a todas las emergencias del proceso, en este sentido se ha realizado todos los actos correspondientes y ha surgido una orden de aprehensión, esto en cumplimiento a cabalidad de lo que dispone el procedimiento Penal”, afirmó el fiscal Fernández.

Cuéllar fue electo subgobernador de la provincia Itenez por la alianza Unidos por el Beni, que une a Demócratas del gobernador Rubén Costas y al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Los manifestantes expresaron su temor de que “ocurra con Cuéllar lo mismo que con Jeanine Añez y que lo apresen de manera injustificada”. Dirigentes cívicos de Magdalena denunciaron “rapto en vez de aprehensión”.

Después de media hora y aunque Cuéllar insistió en que debe presentarse a declarar, los movilizados lo llevaron de vuelta a Magdalena.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, recibió la tarde de este lunes a un grupo de dirigentes de Adepcoca encabezados por Armin Lluta, luego que protagonizaran una protesta y fueran reprimidos por la Policía.

“La Defensoría del Pueblo, después de varias semanas de haber hecho una convocatoria al diálogo ha recibido la visita de varias personas de Adepcoca para solicitar nuestra mediación y poner fin al conflicto”, informó Cruz.

Entregaron un pliego de ocho puntos, entre ellos exigen la revisión de la Resolución Ministerial 068 que autorizó el traslado del mercado de la hoja de coca a la zona de Kalajahuira, agravando un conflicto que enfrenta a Lluta con Elena Flores, afín al MAS y representante de otro sector de cocaleros de La Paz.

“Como Defensoría del Pueblo hemos comprometido una revisión técnica respecto a la resolución ministerial, pero se ha solicitado que la dirigencia que ha llegado hasta la Defensoría Del Pueblo también pueda generar una suerte de análisis respecto a soluciones y que le devuelva la paz a los Yungas más allá de la pertenencia a una dirigencia u otra”, remarcó Cruz.

Respecto a la acción policial que antecedió a la reunión, cuestionó el uso desproporcionado de la fuerza.

“Queremos enfatizar que cualquier uso desproporcionado de la fuerza policial debe ser condenado e investigado. Sin embargo, convocamos a las dirigencias y personas que en el ejercicio de su derecho a la protesta se manifiestan en las calles, también sean respetuosos de la integridad y dignidad de todas las personas, más allá del cargo que puedan ostentar”, sostuvo.

En ocasión del Día del Niño y la Niña en Bolivia, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, presentó este lunes una agenda de cinco de puntos para la restitución de los derechos de los menores y el Gobierno declaró como prioridad nacional a la primera infancia.

“El Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señala que en Bolivia se registran 4.062.572 niños y niñas, el 40,38% de la población boliviana que representa a un sector que no vota, que no puede probablemente salir a marchar, salir a bloquear las calles, pero es fundamental e importantísimo en el desarrollo de la Patria”, destacó Lima en el acto que contó con la participación del representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), Rafael Ramírez y diferentes autoridades.

La agenda prioritaria tiene como primer punto, el fortalecimiento del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA) a través de una reingeniería, el segundo se refiere a la protección y desarrollo integral de niñas y niños de la primera infancia, el tercero está relacionado a la prevención, atención y restitución de los derechos de los niñas, niñas y adolescente (NNA), víctimas de violencia sexual y violencia en entornos digitales.

El cuarto punto tiene relación con la implementación de la Ley 1168 de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes (abril de 2019), y la construcción de una política pública de restitución del derecho a la familia.

El quinto punto hace referencia a la protección integral de NNA testigos de violencia de género y feminicidio, quienes también resultan siendo víctimas directas de estos flagelos, por lo que se buscará que cuenten con una categoría de defensa proveniente del Estado.

El 66% de los niños en Bolivia vive en el área urbana y el 34% en áreas rurales. “Ellas y ellos necesitan un compromiso del Gobierno y el compromiso del Estado se plasma en esta construcción de políticas que estamos emprendiendo”, indicó el ministro.

En el evento, además de la agenda prioritaria de cinco puntos, se hizo el lanzamiento de la Campaña Nacional “Primera Infancia con Amor”. Se dio a conocer una Resolución Ministerial que declara como prioridad nacional la protección a infantes.

También se presentaron las directrices para reabrir Centros Infantiles administrados por los gobiernos municipales del país.

En Bolivia existen 5.600 niños y niñas que viven en 180 centros de acogida.

La directora General de la Niñez y Personas Adultas Mayores dependiente del Ministerio de Justicia, Ninoska Durán, remarcó que tras los efectos de la crisis sanitaria y el quiebre constitucional vivido a fines de 2019, las niñas y los niños necesitan de manera urgente el establecimiento y la aplicación de una estrategia de atención prioritaria.

“Se debe dar la pronta apertura de los centros infantiles. Es así que el Ministerio de Justicia pone a consideración de los gobiernos municipales lineamientos para la ´reapertura´ de los centros”, manifestó Durán.

Entre algunos de los puntos está previsto una mayor coordinación con los gobiernos municipales y departamentales, para mejorar el trabajo al interior de las defensorías.

Otro de los aspectos prioritarios, según Durán, es que todos los niños y niñas gocen de su derecho de contar con un hogar, por tanto, se trabaja en la reintegración familiar y adopciones.

“Respecto a quienes no pudieron ser adoptados, se aplicará un programa para adolescentes con el fin de ir preparándolos para su egreso de los centros, a los 18 años”, detalló la autoridad.

El candidato a la gobernación por la agrupación política Chuquisaca Somos Todos (CST) Damián Condori emitió su voto pasadas las horas 8.00 en la Unidad Educativa San Juanillo de Sucre y en escuetas declaraciones anunció que “hará seguimiento exhaustivo al proceso de conteo”.

“Queremos invitar a toda la población a votar y como CTS haremos seguimiento exhaustivo al proceso de conteo para evitar irregularidades”, aseguró.

En la primera vuelta el CST obtuvo un apoyo electoral del 45,62% y ocupó el primer lugar en preferencia electoral, sin embargo, no tuvo acceso directo a la gobernación porque no consiguió los 10 puntos porcentuales de diferencia frente a su inmediato rival del MAS Juan Carlos León.

Después de la primera vuelta, militantes de CTS afirmaron que el Movimiento al Socialismo (MAS) hizo fraude en Chuquisaca. El candidato Condori envió una carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, en la que le alertó sobre las irregularidades en el proceso en municipios como San Lucas, Poroma, Yamparáez y Villa Serrano. Pidió al organismo enviar veedores internacionales con prioridad a las comunidades.

En tanto, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca confirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia) ejercen como observadores para garantizar la transparencia del proceso.